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 A menos de dos semanas del referéndum que determinará sí se mantienen los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la campaña entró en su momento más intenso con los militantes trabajando para captar a los votantes indecisos necesarios para ganar la elección. Con las últimas encuestas dando una moderada mayoría al “No” por encima del “Sí”, todo parecería indicar que no se llegaría a los votos necesarios para anular los artículos en disputa. Este hecho parece haber resonado en la dirigencia de la campaña por el “Sí”, que ha redoblado sus esfuerzos de militancia para aumentar su porcentaje de voto. Tristemente, esto ha implicado el aumento de las mentiras empleadas en una campaña donde han abundado las medias verdades y las falsedades por parte de los dirigentes que promueven la derogación. Estas han incluido la amenaza de una privatización de las empresas públicas y el sistema de educación,  el aumento de la cantidad de muertes a causa de los efectivos policiales (el llamado “gatillo fácil”) o el “desalojo express” en el cual un sinnúmero de personas serían echadas de su hogar por incumplimiento de pagos gracias a la modificación en la normativa que genera la LUC. Esto contrasta directamente con los hechos de la realidad, ya que, posterior a un año y medio de vigencia de la los artículos en disputa, no ha habido un aumento de muertes debido a causas policiales ni la cantidad de desalojos realizados (en la actualidad, de los 1.400 contratos firmados bajo la nueva reglamentación solamente se desalojaron a 30 inquilinos). A su vez, este discurso choca con los hechos ocurridos en el parlamento ya que la ley de fijación de precio del petróleo mediante la paridad de importación (artículo sujeto a derogación) fue aprobada con votos de todos los partidos políticos. 

     El problema de fondo es que el centro de la discusión nunca fue la LUC como normativa legal, sino que fue la LUC como excusa de generar un hecho política. En este caso, el hecho político sería el de generarle una derrota a un gobierno que, hasta el momento ha consecutivamente tenido números altos de aprobación. Tal es así que los referentes por el “Sí” están llamando a votar anulado para bajar el porcentaje de votos válidos y necesarios para obtener la victoria. A medida que fue pasando el tiempo la campaña fue desviando su foco de los artículos a conceptualizaciones generales que poco tienen que ver con las normativas vigentes, potenciado en una campaña de marketing que únicamente ha aportado mentiras, exageraciones y victimizaciones. A esto se le ha sumado unos expertos que, utilizando su conocimiento profesional, buscaron generar errores conceptuales sobre el significado de los artículos para fomentar el desconocimiento general de las leyes (el ejemplo más claro siendo la supuesta subyugación del derecho a la vida por debajo del de la propiedad). Uno de los últimos episodios fue cuando durante una manifestación convocada por los partidos a favor del “no” una señora se puso en el medio de 18 de Julio para insultar y agredir a los autos pasantes y, al ser retirada por la policía, se buscó aprovechar la situación para martirizar a la señora como forma de comprobar las consecuencias negativas de las acciones del gobierno. La jugada salió mal dado que los hechos fueron filmados y divulgados quedando descubierta la mentira. Esto, más allá de las fallas éticas que implican y la pérdida total de credibilidad que le genera a los autores, tampoco sirven para convencer a los indecisos que ven la mentira por lo que es. 

     Volviendo al último llamado de anular el voto, queda claro que hay poco argumento real para derogar cada uno de los artículos y que lo que se busca es generar una victoria política. Frente a este escenario yo pregunto, sí para convencer a las masas para derogar una norma se debe mentir y manipular sobre las implicancias sus implicancias, realmente conviene derogar, y peor, premiar las malas prácticas empleadas brindando el voto o conviene dar un mensaje claro de rechazo hacia estas prácticas que dañan a nuestro sistema político?


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