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Voto consular: ¿SÍ o NO?

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El otro día estaba navegando por Twitter, y como siempre, había polémica. Esta vez los tuiteros se indignaron porque una pareja que reside en La Haya firmaron para habilitar el referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC); también lo hicieron desde Viena (Austria), Argentina y Noruega, entre otros países. Lo que me trajo acuerdo de la discusión sobre si habilitar o no el voto en el exterior. ¿Qué relación hay entre residencia y ciudadanía?, ¿es un derecho humano? ¿Qué consecuencias trae? Trataré de abordar esta cuestión brevemente.

Para no hacer extenso el planteamiento de la discusión, partiré de la hipótesis de que el voto consular es uno de los efectos de la globalización sobre la democracia. Durante las últimas décadas, muchos países en democracia han tenido en su agenda la discusión sobre la desvinculación entre la residencia y la ciudadanía, a fin de evaluar si permitir o no la emisión de voto de manera no presencial a los ciudadanos que se encuentran fuera del territorio, a través del voto consular o epistolar. Particularmente, a partir de la década del 90, hubo un incremento sustancial de la cantidad de países que adscribieron a este mecanismo.

Antecedentes: 

En octubre de 2009 se plebiscitó una enmienda constitucional para implantar el voto epistolar, que tuvo resultado negativo. Con respecto a esto, el Instituto Nacional de Derecho Humanos y Defensoría del Pueblo (2014) expresaba que “(…)debe advertirse que lo que estaba en discusión era la “modalidad de emitir el voto en el exterior” y no “el derecho a hacerlo”.​El Informe presentado en la 20ª Sesión del Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares se expresa en el Uruguay, las ciudadanas y ciudadanos que residen en el exterior no pierden la ciudadanía, y siendo ciudadanas y ciudadanos, tienen derecho a votar. Y pueden hacerlo, pero en la actualidad, deben concurrir a ejercer su derecho en el territorio nacional. No obstante, no existe impedimento constitucional para que la ley instrumente un mecanismo hábil a efectos de que puedan ejercer su derecho en el extranjero.

Según un informe de Datos Macro, a 2019 Uruguay tenía 633.439 emigrantes, que corresponden a un 19,28% de la población de nuestro país (censo 2011) y los principales destinos son: Argentina (135.076), España (75.539) y Estados Unidos (56.230). No está disponible la información de cuántas de estas personas estarían habilitadas para votar, pero siguiendo la tendencia nacional (82,15% apróx. de la población), estaríamos hablando de 520.397 compatriotas en condiciones de ejercer su derecho al voto.

Rol de la globalización:

Siguiendo la caracterización realizada por García Canclini “la globalización se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, cuando la convergencia de procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios acentúa la interdependencia entre casi todas las sociedades y genera nuevos flujos y estructuras de interconexión supranacionales” ​(2006, p.2). Una de las grandes consecuencias de la globalización a nivel mundial está relacionada a los movimientos migratorios, ya que muchos países han visto a sus ciudadanos esparcirse por el mundo, en busca de mejores oportunidades, o exiliados por motivos políticos, como sucedió durante el régimen dictatorial en nuestro país. 

En la actualidad, todos los países de América Latina, a excepción de Uruguay, tienen legislación vigente que posibilita el voto consular y a nivel mundial, según datos de IDEA (2007), 115 de 214 democracias relevadas permiten alguna forma de voto a la diáspora. Aunque en nuestro país constitucionalmente un emigrante no pierde la calidad de ciudadano ni el derecho al voto, la única forma de emitir el sufragio es personalmente a través de las mesas receptoras dispuestas por la Corte Electoral. El art. 1 de la Constitución explicita: “la​ República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” dejando ya en claro el vínculo entre el Estado y el territorio, la asociación política de los ciudadanos se da en un territorio dominio del Estado. 

Según Robert Dahl (2005), en los Estados democráticos, la categorización de ciudadano “debe  incluir a toda persona sujeta a la ley del Estado con excepción de los transeúntes y las personas que se ha probado son incapaces de cuidar de sí mismas”. En este sentido Urruty (2000) distingue la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, donde la nacionalidad es un nexo entre el individuo y el Estado, según su lugar de nacimiento o sangre, y la ciudadanía es un concepto jurídico que tiene valor en el derecho interno y determina la participación de los habitantes en la vida política. 

Son diversos los argumentos que se esgrimen tanto a favor como en contra del voto desde el exterior. En ese sentido, Garcé (2008) enumera varios de ellos. Un elemento a considerar, suponiendo que todos los ciudadanos no residentes quieran hacer uso de su derecho al voto, es que sólo podrán hacerlo aquellos cuyas posibilidades económicas les permitan viajar hasta el país de origen. Siendo un derecho del ciudadano, y también una obligación podría discutirse si corresponde o no al Estado ser el garante del cumplimiento de ese derecho. También en términos de justicia, se formulan argumentos respecto a si es justo o no que la diáspora pueda incidir en las decisiones políticas que le afectarán a sus conciudadanos pero no a sí misma, puesto que no tendrá el mismo interés que los residentes: el ciudadano que reside en el exterior no se encontraría sujeto a las leyes de su Estado de origen ni de lo que suceda allí, por lo que votar desde el exterior sería una forma de injerencia a nivel político sin estar expuesto a las consecuencias de su decisión. Y al igual que con el voto, los que firman para derogar los 135 artículos de la LUC, no se verán afectados por tal decisión.

Organizaciones internacionales especialistas en Derechos Humanos, consideran el derecho al sufragio como un derecho inalienable, por lo que el voto en el extranjero sería una garantía de ese derecho. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el derecho al voto es un derecho humano fundamental, consagrado en el Artículo 21. En este sentido, la tendencia a la ampliación de la democracia que se ha dado desde el siglo pasado, hace pensar que el voto consular o epistolar es otro peldaño en pos de la mejora de la calidad democrática (Garcé, 2008).

¿SÍ O NO?: democracia y derechos

Según el informe elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, a 2019 Uruguay lideraba el ranking de democracia plena en la región latinoamericana, encontrándose además en el puesto número 15 a nivel mundial, quien para establecer dicho indicador, evalúa aspectos tales como la pluralidad electoral, las libertades civiles, la participación ciudadana, el proceso electoral, entre otras. Por tanto, se podría asumir que el voto consular no presentaría un riesgo para la calidad de la democracia, sino más bien todo lo contrario, en tanto garantizaría el ejercicio del derecho al voto. A partir de estos mismos datos también se puede concluir que la existencia o no de voto consular, no está estrictamente ligada a la calidad de la democracia, porque nos encontrarnos a un nivel superior en el ranking respecto a los países vecinos que lo implementan.

Más allá de la discusión y argumentación en el plano teórico, la cuestión electoral parecería definir la postura de los diferentes partidos políticos respecto al tema en función de lo que estiman sería favorable para ellos al momento de la contienda electoral, así lo ha documentado Garcé (2008). Si consideramos la elección nacional de octubre de 2019, suponiendo la misma tendencia al voto, no se verían afectados los resultados electorales a nivel ejecutivo, pero variaría la asignación de bancas a nivel parlamentario en favor del Frente Amplio. De todos modos no podemos concluir que la tendencia se mantendría o favorecería a algún partido político en particular, ya que no contamos con datos de intención de voto de los emigrantes de nuestro país.

Como efecto de la globalización, las fronteras nacionales se desdibujan, y por tanto las comunidades se vuelven transnacionales. Sería un error circunscribir las ciudadanías a un territorio concreto, inamovible. El impacto económico de las remesas es creciente, y demuestra la permanencia en los lazos que mantienen los migrantes con sus países de origen (Garcé, 2008). “Las fronteras de los estados cada vez corresponden menos a las naciones. No deberían, por lo tanto, ser decisivas a la hora de asignar derechos de ciudadanía.” (Garcé, 2008, p. 45).

Sin lugar a duda, la discusión e implementación del voto consular responde a las particularidades de un mundo globalizado, donde los Estados ponen en consideración los derechos de la diáspora.


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