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Consideraciones jurídicas sobre el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido

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Artículo escrito por Juan Diego Romero y Gonzalo Méndez

Luego de la presentación del proyecto sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, comenzó en la sociedad la discusión propia de los temas que pueden generar una polarización de ideas. En este caso, regulación o prohibicionismo. El mundo jurídico no es ajeno. Hemos oído variadas opiniones al respecto; opiniones algunas que tienen como única motivación la búsqueda de apoyo a su posición, incluso fundamentando en base a falacias argumentativas. Así se instala la desinformación, cuestión harto problemática en nuestros tiempos, que poco aporta a la construcción de ideas y argumentaciones fundadas.

Esta iniciativa legislativa debe afrontarse con la seriedad que merece, con una visión humanista y liberalista, reafirmando el ideal reformista que caracteriza y marca la Historia de nuestro Estado de Derecho.

Luego de realizar algunas lecturas del tema analizando esta iniciativa legislativa, encontramos lo que creemos pueden ser algunos puntos sobre los que nos gustaría poner el foco.Así como entendemos que el proyecto cuenta con una base sólida, encontrando y proponiendo una solución primaria a un problema hoy latente, en consonancia con la normativa supralegal, creemos que deben contemplarse la mayor cantidad de aristas posibles para alcanzar una regulación que otorgue las garantías y la seguridad necesaria para los actores intervinientes por tocar derechos sensibles. Esbozaremos puntos a profundizar y/o agregar.

1. Colisión con Código de Ética

En primera instancia, si bien quienes impulsan el proyecto explicaron públicamente las razones éticas por las cuales no se contempla, debería derogarse o modificarse el artículo 46 del Código de Ética Médica (establece: “La eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión”). Lo mismo, en cuanto al artículo 17 Literal D de la ley 18.335, ya que expresamente se opone a la posibilidad de recurrirse a la eutanasia para el adelantamiento de la muerte. Si el proyecto de eutanasia se aprobara, subsistiendo tales disposiciones, posicionaría a todos los médicos en un limbo jurídico indeseable frente a la contradicción de las normas; y no solo al médico, sino que también arremete contra las garantías y derechos de los pacientes, ya que estos (teniendo la posibilidad de recurrir a la eutanasia) podrían encontrar graves restricciones a su derecho de seguir ese camino.

Podría, sin embargo, ensayarse una armonización de las disposiciones del proyecto y -específicamente- el artículo 46 del Código de Ética, señalándose que, en realidad, la eutanasia sigue siendo una falta ética -regla general- a menos que se practique en la forma y bajo las estipulaciones que se establecen en el proyecto de ley -excepción-. Somos conscientes que esta interpretación no se condice con el espíritu del artículo 46, pero ciertamente es una de las alternativas posibles para respaldar los derechos y garantías del paciente y, además, a los profesionales que la practiquen a pedido de aquellos.

2. Salud mental

Frente a la relevancia y las consecuencias de la decisión, entendemos acertada la intervención de dos médicos en el examen del paciente. Estos médicos serán quienes determinen si, en el caso, resulta procedente y se dan los requisitos necesarios para recurrirse a la eutanasia. Sin embargo, y frente a la indeterminación o amplitud del término “médico” en el proyecto de ley, entendemos pertinente que se establezca expresamente la necesaria participación de un profesional de la salud mental.

Como señala Aller (aunque el autor no está de acuerdo con la eutanasia) “hemos logrado controlar el dolor superficial (…) pero no tenemos panacea para el dolor profundo que proviene del miedo, el abandono, la soledad, la angustia, lo desconocido, la falta de esperanza y de ilusión” (1); y se podría agregar la profunda depresión frente a la agonía y frente a la destrucción del proyecto vital.

Estos, constituyen la sintomatología más o menos regular de los pacientes terminales o incurables; agregado al padecimiento físico o superficial que, aunque puede ser controlado, tiene graves consecuencias.

En este sentido, y también como respuesta a quienes postulan que los cuidados paliativos son suficientes -excluyendo, de tal manera, la eutanasia- veamos lo siguiente. La llamada sedación paliativa (género), tiene diferentes modalidades. La moderada, donde el individuo tiene un umbral de conciencia disminuido, pero responde todavía a estímulos auditivos y táctiles, donde se le administran bajas dosis de opiáceos; la sedación leve, suave o ligera, donde se le administran sólo ansiolíticos, por lo que el paciente mantiene su conciencia, es decir, queda despierto. Y, por último, la sedación en la agonía (o profunda), se trata del mayor grado de sedación; cuando el enfermo no responde a ningún tipo de estímulo, administrándole -en consecuencia-, opiáceos a grandes dosis, etc. Esta sedación hace perder completamente la conciencia al paciente.

¿No parece razonable respetar que algunas personas no deseen estar de esta manera? Nosotros entendemos que es totalmente válido que una persona no desee quedar totalmente sedada para “soportar” sus padecimientos. Y, más allá de que se pueda controlar el dolor físico, no se puede combatir los otros sufrimientos. Las personas sufren, y sufren mucho. Y, a esta altura, realmente no parece comprensible por qué muchos se obstinan en impedir que el paciente tenga la libertad de elegir cómo afrontar su sufrimiento.

Nos preguntamos… ¿Es legítima esa restricción del campo de decisión por otros? Pero es peor, porque esa restricción, no es solo una restricción, es la imposición de la decisión contraria, imponiendo al individuo el camino de los cuidados paliativos (que perfectamente el paciente podría no desear para sí, porque tampoco es obligatorio) o el sufrimiento puro. Además, sostener que la “moral pública” se ve atacada para defender convicciones personales no es aceptable, y mucho menos si ello lleva a limitar libertades personales. En tal sentido, compartimos plenamente la posición del Fundador y Presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y miembro del Comité de Bioética de España, Marcelo Palacios, quien dijo que: “El Estado, la sociedad, el gobernante o el legislador no tienen derecho a incautar el modo de morir de algunos enfermos para sostener a ultranza unos valores o derechos relativos o abstractos, máxime cuando no causa quebranto social ni obliga a su cumplimiento a quienes no lo comparten” (2).

3. Objeción de conciencia del médico y consecuencias

Como destaca Blengio, el proyecto tampoco deja demasiado claro el derecho a la objeción de conciencia del médico o personal sanitario (3). Entendemos que debe estar expresamente establecido ya que, así como entendemos que no puede limitarse (e imponerse) la elección a los pacientes, negándoles elegir sin restricciones de ese abanico de alternativas (incluida la eutanasia); creemos que el médico no debe ser obligado a practicar la eutanasia si así no lo desea. Deben respetarse todas las decisiones en juego y las convicciones íntimas y personales de cada uno de los de actores.

Esto, sin embargo, no puede traer aparejado una vulneración de los derechos de los pacientes. En este sentido, debería estar también expresamente previsto cómo debe procederse en tal caso. Es decir, establecerse que, si el médico decide apartarse, otro médico deberá hacerse cargo de la situación o, en caso de que la institución médica en conjunto decida no practicarla, derivar al paciente a otra institución. Asimismo, como agrega Blengio, “no se releva esta intervención médica dentro de la atención de la institución ni como prestación sanitaria dentro y eventualmente considerada como parte del Sistema Nacional Integrado de Salud” (4).

Una realidad innegable

En 2017, la escritora francesa Anne Bert publicó, post mortem, su libro “El último verano”. En él cuenta cómo afronta ese escabroso pasaje por lo que serían los últimos momentos de su vida. Anne, luego de luchar incansablemente por la legalización de la eutanasia en Francia, no encontró otra solución que viajar a Bélgica para dar fin a su vida según sus propias convicciones.

En uno de los pasajes de su obra cuenta:

Morir no es mi proyecto de vida, no quiero morir, es la ELA mi adversario, que me está matando, me niego a pasar un pacto con el enemigo, a colaborar, a observarla mientras está construyendo mi cárcel. Rechazo una agonía que sería solo una inútil lucha llena de angustias. No renuncio a asumir la responsabilidad del final de mi vida porque es parte de mi vida. No la entrego en contra de mi voluntad al cuerpo médico, me queda una última libertad, la de elegir cómo voy a morir”.

Luchemos por reforzar la libertad de todos nosotros, para elegir el sendero de nuestra historia y busquemos los consensos necesarios para reconocer una realidad que está presente ante nuestros ojos.

Referencias

  1. ALLER, G. (2005). “Eutanasia, Eugenesia y Vida”. Criminología y Derecho Penal T.I.
  1. PALACIOS, M. (2011). Asistencia a la muerte con dignidad y Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. Autonomía personal, cuidados paliativos y derecho a la vida (N°1).
  1. BLENGIO, M. (2020). ¿Por qué hablar de eutanasia? Revista de Derecho Público (N° 57).

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