El Día

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Una respuesta a “La desmonopolización del Banco Central”

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Tras haber leído el artículo “La desmonopolización del Banco Central”, de Iván Delmonte, publicada en la anterior edición de El Día, no pude sino estar muy de acuerdo con sus planteos. Sin embargo, me gustaría matizar ciertos aspectos, y darles una mayor profundidad a otros, especialmente en su dimensión histórica, y quizás, llegar a una conclusión bastante fuerte, o incluso impactante.

            En primer lugar, me gustaría mostrarme de acuerdo con los planteos sobre plantear el escenario de un sistema de competencia de monedas dentro de la economía uruguaya. Como Iván aprecia claramente, este escenario llevaría al BCU a tener que nivelar su emisión y adoptar política monetaria “sana” (aunque, si vamos al caso, toda política monetaria es mala, en mayor o menor medida). Sin embargo, también quiero demostrar mi desacuerdo con que el retorno al patrón oro sea problemático, ya veremos por qué.

            Pasando al tema de la banca libre, considero que, afirmar que el Estado era el que regulaba a los bancos es una verdad a medias. Con la implementación de la llamada “Ley Villalba” (por el creador de dicho proyecto de ley, Tomás Villalba), se planteaban unos requisitos mínimos (principalmente ligados a la emisión de billetes y su numeración, así como el respaldo de los mismos en monedas que mantuvieran las características indicadas en la ley monetaria de 1862), pero también planteaba garantías a la libertad de los individuos, al no establecer el curso legal de los billetes (es decir, los billetes podrían ser rechazados por el receptor de un pago) y lo más importante, los bancos se encargarían de remunerar a los comisarios encargados del control de los requisitos mínimos. Además, dichas instituciones bancarias no podrían ser obligadas a concederle préstamos al Estado (con ello evitando una de las principales causas de crisis bancarias en ese momento, véase las numerosas sufridas por el Banco Mauá[1]. Es decir, el contralor se ejercía desde ambos extremos, e incluso el individuo de a pie podía funcionar de contralor al decidir aceptar o no un billete de un banco X, en base a variables como la reputación del mismo (forjada en sucesos como cuando el presidente Atanasio Aguirre intentó forzar a los bancos a prestarle dinero para afrontar la insurrección de Flores, frente a lo cual el Banco Comercial se negó rotundamente, afirmando que sus clientes eran lo primero). Más allá de eso, es patente en nuestra historia que la ley de banca libre trajo prosperidad y progreso sin precedentes (periodo que Ramón Díaz denomina “la gran expansión”[2]). En efecto, dicho autor establece relaciones directas entre dicha ley, que fue acompañada de una reducción general de los aranceles y la ley monetaria mencionada anteriormente, y el crecimiento económico, el aumento de la inmigración, la mayor recaudación por parte del Estado (esto en consonancia con la denominada Curva de Laffer) y flujos del comercio en auge.

            Con respecto del retorno al patrón oro, considero que no sería problemático, sino que incluso podría garantizar cierta seguridad y estabilidad monetaria (recordemos que a pesar de que el dólar y el euro, por ejemplo, no tienen los niveles de inflación que nuestro peso uruguayo, siguen acumulando niveles importantes de la misma en el largo plazo: en unos 20 años un ahorrista podría llegar a perder el 40% del valor de sus ahorros). El sistema de banca libre en nuestro país fue aplicado con un sistema de patrón oro, y desde junio de 1862 hasta enero de 1935 con el mal llamado “revalúo”, y la primera devaluación oficial en 1938, el peso oro uruguayo mantuvo su valor estable.[3] Asimismo, ya desde nuestros primeros años como nación independiente, nuestro país era ensalzado con la expresión “un enano de oro entre dos gigantes de papel”[4], en referencia a nuestro sistema monetario y a su estabilidad, en comparación con las situaciones de nuestros vecinos, ahogados en billetes del Banco de Buenos Aires o monedas de cobre. El retorno a un patrón oro obligaría al Estado a controlar de mejor manera sus gastos y reducir su déficit fiscal, al no poder recurrir a la vil emisión monetaria, que golpea a los pobres para garantizar los caprichos de los gobernantes, indistintamente de su signo político. Aunque eso mismo traería a colación la tarea de reducir dicho déficit fiscal, para el cual no suele haber voluntad política. En pocas palabras, con políticos adictos al gasto, implementar un patrón oro llevaría directamente a una explosión de la deuda o bien a un aumento de impuestos, antes que a una reducción del gasto público.

            A modo de cierre, no puedo sino expresar mi respaldo a las ideas planteadas por Iván en su artículo, así como mi satisfacción con que las ideas de la libertad se pongan sobre la mesa.


[1] Díaz, R (2018) Historia Económica de Uruguay. Montevideo, CED. Véase pp:137-146 y 172-181.

[2] Ramón Díaz, op cit. Cap. 4 135-197

[3] Ibid. Pp: 321-324.

[4] Ibid. P: 90


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