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En 1934 y a un año del golpe de estado de Terra se aprobaba una reforma constitucional que entre otras cosas introducía el voto obligatorio en nuestro sistema electoral. En aquel contexto de dictadura la reforma fue muy resistida por una oposición mayoritariamente formada por el Batllismo despojado del poder, el cual la veía como una reacción conservadora y nacionalista. La vida cívica se compone de derechos y obligaciones y en ese entonces se entendió que el incluir la instancia del voto dentro de estas últimas obligaría al ciudadano a informarse debidamente para emitir su voto de forma responsable. Sin embargo desde una perspectiva liberal una obligación que en su incumplimiento no afecta los derechos de los demás ni se manifiesta en contra de los intereses generales de la sociedad, bien pude ser interpretada como una limitante innecesaria de las libertades personales.

Varios de los artículos de esa nueva constitución fueron plebiscitados y sustituidos en sucesivas reformas durante las siguientes tres décadas, y si bien el voto obligatorio nunca fue eliminado del texto constitutivo en ninguna de esas instancias tampoco fue debidamente reglamentado, por lo que durmió una larga siesta de casi 4 décadas hasta que la ley N°13.882 de setiembre de 1970 hiciera efectiva su aplicación. Desde ese entonces y en vísperas de una nueva dictadura su vigencia obligaría a todos los uruguayos inscriptos en los padrones electorales a concurrir a las urnas bajo apercibimiento, para votar en las instancias de elecciones nacionales y departamentales.

Poniendo el voto obligatorio en el contexto internacional encontramos que en general los países más prósperos y menos corruptos del mundo no lo poseen, por lo que al menos en principio esta modalidad de sufragio no aparece como una condición necesaria para alcanzar ambas condiciones. En Europa sólo tres países poseen voto obligatorio mientras que en América Latina esta cantidad supera el 50 %. Con respecto al índice democrático Uruguay está muy bien posicionado a nivel regional debido a su histórica cultura cívica, la cual se remonta atrás en el tiempo hasta épocas donde el voto no era obligatorio. Pero en la actualidad, al no poder distinguir si la gente concurre a votar por voluntad propia u obligada bajo la amenaza de ser multada, se hace imposible valorar el mencionado índice de forma contundente. Algunos especialistas opinan que nuestro país podría tener un mejor índice democrático si el voto no fuese obligatorio.

Sin ambición de demostrar unívocamente la existencia de una relación entre falta de prosperidad, corrupción y voto obligatorio podemos aproximarnos al problema analizando nuestro sistema electoral actual, el cual fue modificado en la reforma constitucional de 1996. En dicha reforma además de introducirse el sistema de Balotaje se agregó una instancia primaria no obligatoria de elecciones internas donde se eligen fórmulas presidenciales únicas por partido. Este nuevo sistema con características mixtas nos permite analizar el comportamiento del electorado en instancias obligatorias y de voto voluntario. Si observamos la instancia no obligatoria de las internas vemos que a esta concurre aproximadamente un 40% de los habilitados, porcentaje que se conforma mayoritariamente por un electorado poseedor de un voto de opinión que busca informarse por cuenta propia. Se trata de un público que no decide su voto por la calidad audiovisual de una propaganda ni por su frecuencia temporal lo que lo hace más difícil de corromper con dádivas y promesas. Este 40% le requiere al aparato político una menor inversión en propaganda publicitaria lo que nivela de alguna manera las posibilidades de todos los partidos políticos en la contienda ya que no todos cuentan con la misma capacidad de financiación. Sin embargo cuando se llega a las instancias donde el voto es obligatorio, el sistema político se ve en la necesidad de convencer al 60% restante del electorado que no participó en la instancia de las internas. En este caso se trata en general de un público desinformado y en cierta medida descreído de la política, aquel ciudadano que debía informarse por responsabilidad y voluntad propia luego de casi 100 años hay que ponerle el cartel de propaganda política frente a su casa o invadir sus redes sociales para informarlo sobre la oferta política de la cual está obligado a elegir. Notoriamente se necesita mayor inversión económica para convencer a esta franja del electorado lo que significa un “llamador” para capitales que entienden que invertir en campañas políticas puede otorgarles beneficios a futuro. Es justo en este punto donde aparece un posible nexo entre corrupción y voto obligatorio.

Un ejemplo de cómo opera este vínculo es la conocida práctica que realizan las empresas que desean participar en el financiamiento de las distintas campañas políticas, la cual consiste en financiar a todo el sistema político de forma proporcional a las posibilidades de triunfar que estas empresas creen que cada uno de los partidos o sectores pueden llegar a tener. En este punto el voto obligatorio viene a facilitar el trabajo de las encuestadoras las que aportan el insumo fundamental para que el empresario pueda tomar su mejor decisión. Por lo general es el oficialismo el que se lleva la mayor parte de estos capitales otorgándole ventaja sobre la competencia opositora, lo que conduce a una práctica conservadora que contribuye a perpetuar en el poder a las mismas clases políticas. La relación entre falta de alternancia en el poder y corrupción ha sido ampliamente estudiada y el voto obligatorio puede estar de alguna forma contribuyendo a su existencia.   

El financiamiento de las campañas políticas no significa necesariamente corrupción siempre que se haga dentro de un marco de legalidad. Es así que en el acierto o en el error se ha legislado con el fin de que no hayan inequidades en la forma en que los distintos partidos políticos financian sus campañas electorales, pero también es sabido que existen financiamientos no declarados o abusos de poder departe de personas que ocupando cargos públicos se benefician para lanzar sus candidaturas, lo que escapa a toda buena voluntad legislativa. Siempre que exista un territorio propicio para que los capitales aterricen en busca de réditos entonces va a existir el financiamiento ilegal, y el territorio es más propicio cuando el voto es obligatorio que cuando no lo es.

Las preguntas que debemos hacernos entonces es si realmente vale la pena poner en riesgo la transparencia del sistema para hacer que ese 60% del electorado que no quiere ir a votar lo haga, o si suma positivamente a la calidad de nuestra democracia que gente que no se siente preparada para decidir o bien no le interese, tenga la obligación de hacerlo. Cualquiera que haya militado en política conoce el malhumor de la gente al darse cuenta del enorme gasto que se hacen en las campañas electorales, lo que se traduce en suspicacias y desconfianzas sobre el sistema político que termina haciéndose así mismo muy mala prensa. Los partidos políticos de los países donde el voto no es obligatorio no tienen esa preocupación y enfocan sus campañas hacia un electorado receptivo y preparado para decidir. Sopesando en la balanza por un lado las bondades que se pueden argumentar sobre el voto obligatorio desde el punto de vista de la inclusión y compromiso social y del otro lado la amenaza de corrupción del sistema y las consecuencias que este puede comportar en las épocas en que vivimos, bien vale la pena poner sobre la mesa para discutir la pertinencia del voto obligatorio.


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