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En un acto político multitudinario, el actual candidato y expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva lanzó un exabrupto descomunal, de esos que no hay disculpa que los arregle.

Enfervorizado, gritó a sus adherentes: “si querés pegarle a una mujer, pegale en otro lado, no en tu casa”.

Una supone que no habrá querido decir lo que efectivamente dijo. Que fue uno de esos “lapsus” en que la gente declara algo muy distinto a lo que quería expresar.

Lo cierto es que la violencia de género es uno de esos temas en que más deberíamos medir nuestras palabras, porque se trata una gravísima disfunción social que compromete la convivencia en toda América Latina. Y que aparezca en los discursos que declaman los políticos para ganar votos, no significa que esté suficientemente internalizada por ellos mismos.

A lo largo de mi vida política he escuchado todo tipo de opiniones sobre este asunto, algunas francamente infundadas y peregrinas. Están aquellos que creen que nuestras denuncias contra la violencia de género son influidas por un supuesto feminismo radical que agrede ciegamente a los hombres.

Nada más lejos de la realidad.

Los números de femicidios colocan a Uruguay en un vergonzante ránking internacional (como también ocurre con los suicidios), en proporción a la cantidad de habitantes.

Y está claro que la incidencia del femicidio dentro del hogar es aplastantemente mayoritaria, en comparación con los crímenes de hombres cometidos por sus parejas o exparejas mujeres.

Entender el problema y valorarlo en toda su dimensión no significa subirse al carro de radicalismos tontos como lo de “muerte al macho”.

Suponer que la causa de defensa del derecho a la vida de las mujeres es patrimonio del Frente Amplio (como lamentablemente postulan algunos dirigentes -pocos y aislados- que integran nuestra coalición republicana) significa concederle a la oposición una fortaleza de la que carece, porque si ha habido regímenes con violencia machista (y homofobia), estos han sido los colectivistas afines al marxismo.

El embanderamiento de las izquierdas actuales con la causa feminista tiene más que ver con una tendencia de “izquierda woke” que, lejos de estar en las fuentes intelectuales que los alimentan, proviene de determinadas universidades norteamericanas y europeas que han instalado nuevos paradigmas, al advertir que el mito de la lucha de clases está completamente perimido.

Pero somos nosotros, los republicamos y liberales, quienes más hemos levantado las banderas de la igualdad de género y el respeto a las minorías, y también quienes tenemos la responsabilidad de seguir haciéndolo, en procura de un futuro de verdadera inclusión y libertad.

Somos nosotros quienes debemos denunciar las atrocidades que comete no solo el machismo en las sociedades occidentales, sino también los vejámenes a que son sometidas las mujeres en las naciones aún gobernadas por oscurantismos religiosos y fanáticos. Es el caso de Afganistán, donde la actual “revolución” de los talibanes ha llevado más bien a una trágica involución de los derechos de las mujeres, aunque las feministas de izquierda no reparen en ello, por ser los talibanes enemigos de Estados Unidos.

En nuestro país, el actual gobierno ha dado pasos importantes en el combate a la violencia de género. Recordamos que una de las primeras medidas de la ministra Azucena Arbeleche fue la adquisición de tobilleras electrónicas, elemento imprescindible que en gobiernos anteriores había probado su eficacia pero resultaba escaso para la alta demanda generada. También se inició el camino de la incorporación de juzgados especializados en violencia de género, un objetivo que los gobiernos del FA habían aprobado a nivel jurídico, pero nunca concretado en la práctica.

Ha habido desde 2020 una eficaz labor de Inmujeres, el instituto del Mides específicamente destinado a esta tarea.

Pero los logros de la coalición republicana aún son insuficientes.

Los niveles de denuncias por este tipo de violencia todavía son elevados y hace falta una mayor severidad del Estado en políticas de prevención.

Los fondos otorgados para atender este problema siguen siendo menores a los que se reclaman.

Por eso el 27 de agosto pasado, la Convención Nacional del Partido Colorado votó una declaración en que expresa “su firme aspiración a que en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento Nacional y en futuras instancias presupuestales se incluyan los recursos que reclaman el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en particular los destinados a mejorar la calidad de la respuesta a las situaciones de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, en línea con la Declaración de Mujeres Coloradas del 23 de setiembre de 2019. Un Poder Judicial fuerte, independiente y con recursos suficientes, constituye una condición ineludible para un funcionamiento institucional republicano y democrático”.

En esto, como pasó con Lula, todos corremos el riesgo de caer en “lapsus” que empeoren la situación en lugar de corregirla.


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