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No se puede jugar con las necesidades de la gente. Usar el hambre con fines políticos partidarios.

Muchos son los grupos, organizaciones o individuos que ayudan desinteresadamente y muchas veces desde el anonimato a quienes màs lo necesitan. Empuñando una sola bandera: la de la solidaridad.

Pero también, lamentable y desgraciadamente se ha podido comprobar y que la investigación llevada por el Mides corroboró, que alguna organización en forma oportunista e inescrupulosa vió en los sectores con más carencias un campo fértil para los propósitos más ruines.

Cambiando un plato de comida por una firma, cambiando una vianda de alimentos por la militancia partidaria.

Las ollas populares no deberían existir, porque demuestran carencias asistenciales que hay que intentar cubrir con urgencia. Pero existen. Llegar con un plato de comida a determinados lugares se volvió en algo imprescindible, no como un fin en si mismo, no como algo permanente y estable, sino como una solución temporal y necesaria mientras de instrumentan medidas de fondo.

La difícil situaciòn por la que atravesò el mundo entero con la pandemia aún se siente, incluso hasta en los países màs poderosos económicamente. Las ollas populares, existentes hace varias décadas, aumentaron en forma notoria durante el 2020 y 2021 en Amèrica Latina. Uruguay no fue la excepción.

Donde la caída drástica de la actividad, golpeó con mayor dureza al trabajador cuentapropista, informal o al desocupado, más allá de la acertada estrategia de libertad responsable instrumentada por el gobierno.

A medida que lo peor de la pandemia iba pasando, los números en materia económica iban mejorando, comenzando poco a poco la reactivación económica.

Lo que comenzaba a llamar la atención que mientras el gobierno daba cuenta de la disminución del número de ollas, de quienes se atendían en ellas y por consiguiente de la caída de platos distribuidos.

Desde el Frente Amplio y desde organizaciones como la Coordinadora Popular Solidaria (CPS), tenían otro discurso, intentando implantar otro relato, que hablaba del aumento de las ollas, de los merenderos y de quienes se atendían en ellos. Se quejaban además que los insumos que les otorgaba el Mides eran totalmente insuficientes, con fuertes críticas en ese sentido.

Hay que señalar que la Coordinadora Popular y Solidaria recibió el apoyo total del Frente Amplio, dato importante para tener en cuenta.

Dado esa tan “extraña” diferencia en el relato, en los números, el Mides le solicitó a esa Coordinadora le hiciera llegar un informe sobre: cantidad de ollas y merenderos, ubicación, días, horarios y porciones servidas.

La respuesta inicial fue tan contundente como soberbia: “por cuestiones políticas no vamos a dar la información, es un tema del ministerio conseguir esa información”. ¡Increíble! Se les entregaban toneladas de alimentos y se negaban a rendir cuentas.

A partir de allí y después de varias idas y vueltas se obtuvieron los resultados finales de la investigación interna con datos tan contundentes como sorprendentes.

Por lo menos 68 ollas de las que la Coordinadora decía atender hace tiempo que no existían o incluso nunca existieron.

Se inflaban los datos.

Se actuaba de forma muy poco transparente, con ollas que recibían mucho menos insumos que los que tenían asignados.

Se hacía participar a los referentes de las ollas de plenarios donde se hablaba más de política que de las propias necesidades y problemáticas concretas.

Se los inducía a firmar contra la ley de urgente consideración.

Se retiraban insumos con un destino al que nunca llegaban.

Se hablaba también del desvío de alimentos hacia comités de base.

Hay denuncias concretas que afirman que los alimentos eran comercializados en forma particular en ferias barriales.

Esos datos no surgen de la nada, se recabaron a través de la investigación con más de 200 visitas y decenas de declaraciones de los involucrados, de referentes de ollas, vecinos de las mismas y los propios usuarios.

Una desgraciada situación.

El ministro de desarrollo social decidió enviar todos estos antecedentes a la fiscalía para que sea la justicia que investigue a fondo y diga si hubo delito. Hay hechos con apariencia delictiva, se habla de apropiación indebida e incluso fraude.

Las diferencias políticas, partidarias o ideológicas no pueden terminar en un vale todo.

Las medidas del Ministerio forman parte lo que debe hacer una buena administración, custodiando celosamente los dineros de los contribuyentes, asegurándose que beneficien a quienes verdaderamente lo necesiten. La CPS frente a esto recurre a la vieja estrategia de denunciar persecución, sobre todo cuando no hay argumentos que sustenten sus dichos.

La justicia tendrá la última palabra, de comprobarse delitos que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y con ellos la sanción moral a quienes siempre salieron desde lo partidario a apoyarlos.


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