Es así: usamos la expresión “vergüenza ajena” cada vez que una inconducta de alguien es tan flagrante, que termina avergonzándonos aun a quienes nada tenemos que ver con él.
Es la sensación que dan las recientes revelaciones sobre la Coordinadora Popular y Solidaria, que se arrogó la potestad de recibir y distribuir insumos alimenticios durante la pandemia y más acá, pero al final se supo que infló números y utilizó los recursos con fines que nada tenían que ver con la solidaridad invocada.
Los detalles informados por el Mides son bochornosos y también lo es la respuesta de la organización denunciada: se extienden en insultos al gobierno y, en un tramo final de su misiva, terminan admitiendo que no documentaban de ningún modo la relación de insumos recibidos y entregados, realizando su tarea con cero trazabilidad.
Alguien podría suponer que esa falta de organización y control se debió al voluntarismo, a una motivación de ayuda que se salteaba formalidades. Pero cuando vemos que esa actitud iba de la mano de una sistemática prédica contra el gobierno, con un discurso alarmista que blandía demandas inexistentes, e incluso utilizando comités de base partidarios y condicionando los apoyos a la adhesión política de los beneficiarios, bueno, allí no hay voluntarismo que valga.
Hay una simple y mera estafa.
Y resulta muy triste que se haya practicado utilizando como excusa y escudo justamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, aquellos que necesitan de verdad de la contención del Estado para sobrevivir en momentos de extrema vulnerabilidad.
A la vergüenza ajena por la Coordinadora Popular y Solidaria, se suma otra no menor, por el comportamiento de un alcalde comunista de La Floresta, que no solo practicó acoso laboral contra sus subordinados sino que literalmente hizo desaparecer 38 toneladas de alimentos donados por el Mides.
Abrumado por el peso de estas denuncias, el alcalde renunció a fines del mes pasado, y esa sola decisión resultó suficiente para que la mayoría del FA en la Junta Departamental de Canelones entendiera innecesario continuar investigando sus irregularidades.
En paralelo, el intendente Yamandú Orsi, un casi seguro precandidato del Frente Amplio para las próximas elecciones, elogió la “valentía” del hombre por haber renunciado, un exceso de consideración que fue criticado luego hasta por sus propios correligionarios.
Estos episodios tienen un denominador común: ponen de manifiesto la distancia entre los dichos y los hechos, entre la pretendida vocación social de algunos y lo que verdaderamente practican: el uso discrecional de recursos que el Estado otorga no a ellos sino a quienes más los necesitan, la malversación de su gestión y un aprovechamiento político-electoral ni siquiera mínimamente disimulado.
La ocasión resulta propicia para reflexionar sobre las distorsiones que generan determinadas organizaciones sociales supuestamente independientes.
A esta altura parece evidente que el gobierno -cualquiera sea el partido o sector que lo integre en el futuro- debe retomar las riendas de los comedores populares como principal fuente de ayuda a los más desposeídos. Y que aquellas organizaciones populares que quieran colaborar, deberán hacerlo bajo un control estricto de las autoridades competentes.
La opinión pública está tomando nota de estos desbordes.
Por eso, declaraciones como las de Fernando Pereira, saliendo en defensa de la Coordinadora de ollas, lo único que consiguen es distanciar aún más al Frente Amplio del sentido común y los valores solidarios que identifican a nuestra sociedad, desde los orígenes de los partidos fundacionales.
Son momentos en que queda claro que quienes desde la izquierda juegan a disfrazarse de batllistas, no lo son en absoluto.
Hay un verdadero abismo de separación entre un sistema de ideas humanistas como el del Batllismo, y estos penosos traficantes de falsas promesas.