El Día

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La libertad, bien entendida

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En referencia al principio de libertad, el filósofo inglés John Stuart Mill señalaba que el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La única razón legítima por la que una comunidad puede imponer límites a cualquiera de sus integrantes es la de impedir que se perjudique a otros miembros. En lo que no importa a nadie más que a uno mismo, la libertad de acción es absoluta. 

Con tal alcance el principio de libertad es recogido en nuestra Constitución Nacional, que con criterio garantista dispone que tal principio y derecho fundamental, solo puede ser limitado por razón de interés general mediante norma legal que lo establezca.

Bajo esta premisa debe enfocarse el debate sobre la vacunación contra la COVID-19. Como es sabido, para que la vacunación tenga el efecto deseado, y alcancemos la tan deseada inmunidad de rebaño, en el entorno del 70% de la población mayor de 18 años debe vacunarse, de acuerdo con los porcentajes manejados por el Ministerio de Salud Pública. Esto supone que vacunarse no es solo una cuestión de libertad individual, sino también es una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad. La vacunación no solo repercute en la salud de la persona que se inocula, sino también influye en la salud del resto de la sociedad. Tal cuestión hace, objetiva e indiscutible, de interés general la promoción de la inoculación masiva de la población contra un flagelo devastador para la salud de la población en general y la economía del país.

En el marco del concepto de libertad responsable, no se ha optado por establecer la obligatoriedad legal de la inoculación contra la COVID-19, por lo cual las personas tienen el derecho a no vacunarse.  El ejercicio de ese derecho tiene en este caso consecuencias negativas directas en la salud pública, de modo que resulta absolutamente necesario que sea la ley la que establezca mecanismos para proteger la salud de las personas potencialmente vulneradas.

Las vacunas que se ofrecen en el país son seguras y efectivas. No hay ninguna opinión científica seria a nivel mundial que haya demostrado que las mismas constituyen un riesgo para la salud de las personas. Por supuesto que como cualquier otra vacuna tienen efectos adversos en una mínima proporción. Pero nada más que eso.

En tal sentido hemos propuesto que en el marco del derecho de admisión los organizadores de espectáculos públicos y responsables de espacios privados de acceso público tengan la potestad -no se trata de una imposición- de requerir la certificación de vacunación contra la COVID-19 para permitir el ingreso. Asimismo, planteamos que se contemple la situación de las personas que por prescripción médica no han podido vacunarse, así como también las que por razones ajenas a su voluntad tampoco lo han podido hacer.

A través de este proyecto de ley que presentamos, en primer lugar buscamos promover la inoculación masiva como principal herramienta para el regreso de la normalidad, la protección de la salud comunitaria y con esta, la protección del trabajo de nuestra gente y la economía del país.

En segundo lugar, proteger y amparar el derecho de la población a participar de espectáculos públicos y espacios privados de uso público, de la forma más segura para la salud, dotando de herramientas a los responsables u organizadores para contribuir a la prevención de contagios. Es absolutamente legítimo que el responsable de un establecimiento en ejercicio del derecho de admisión pretenda hacer de su negocio un lugar lo más seguro posible desde el punto de vista sanitario, como también que las personas quieran concurrir a espacios donde no corran tantos riegos de contagio. Por su parte, la promoción de estos espacios puede ser una forma de contribuir a reactivar la actividad de los distintos sectores comerciales que en virtud de la pandemia se han visto sumamente perjudicados.

Distintos países del primer mundo están promoviendo iniciativas de similar naturaleza. En el caso de Israel se ha creado un “pasaporte verde” que le permite acceder sin restricciones a los vacunados contra la COVID-19 a gimnasios, hoteles, piscinas, y otros lugares. Por su parte en los últimos días se ha informado que la Unión Europea tendrá su pasaporte sanitario, que podrá ser requerido no solo para ingresar a los distintos países, sino también para ingresar a determinados lugares. También Nueva York anunció el lanzamiento de nuevo pasaporte sanitario digital con el propósito de reiniciar los eventos en vivo de manera segura.

Somos un país de avanzada en muchos aspectos, porque el batllismo impulsó trasformaciones mirando lo que hacía el mundo desarrollado. Esa esencia hoy nos debe sigue inspirando.


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3 comentarios

  • Por La Libertad
    Por La Libertad

    Si tu objetivo es que alguien no salga de su casa porque puede contagiar a los demás, en ese razonamiento burdo de la libertad positiva. Entonces que los ancianos y los inmunodeprimidos se tienen que quedar en su casa porque tienen mayores probabilidades de contagiar a otros.

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  • Lic. Ps. Juan Friedl
    Lic. Ps. Juan Friedl

    Olvidé aclarar que “transmitirle el patógeno en cantidad significativa” es en cantidad suficiente como para desarrollar una infección, que las distintas vacunas previenen o atenúan.

    Sigue siendo absolutamente consistente con el principio de libertad el derecho de admisión en propiedad privada; no así otros llamados derechos (¿a ver al cuadro o grupo musical preferido?) luego mencionados, que si -como derechos- representan obligación de otro de admitir, intercambiar o contratar, pueden ir en abierta contradicción con el derecho de admisión que se defiende…

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  • Lic. Ps. Juan Friedl
    Lic. Ps. Juan Friedl

    El argumento contiene un error lógico importante: Al afirmar que el ejercicio del derecho a no vacunarse tiene consecuencias directas negativas en la salud pública, omite que para causar perjuicio a la salud de un tercero se debe, en primer lugar, estar infectado; en segundo, transmitirle el patógeno en una cantidad significativa.

    Esto obviando que el camino de responsabilizar exclusivamente por procesos como la transmisión no dolosa de enfermedades respiratorias a quien porta una carga viral suficiente como para contagiarla es un camino peligroso, siendo que preservar la propia salud de hechos fortuitos también es parte de la responsabilidad individual; y que las vacunas capaces de prevenir cuadros graves, no obstante, no necesariamente impiden la infección viral.

    Es absolutamente consistente con los principios de libertad el más extenso derecho de admisión en la propiedad privada. En esto, la propuesta no es objetable.

    En los espacios comunes, la solución más cercana a estos principios es aquella que habilita a los representantes de la ciudadanía en cada ámbito descentralizado a decidir sus criterios de admisión en el marco de la ley. Reglar el uso de los espacios públicos aún es algo que compete al Estado, no así la propiedad privada en cuestiones que no lesionan derechos de terceros involuntarios.

    No corresponde al Estado establecer castigos a quienes hacen un uso legalmente amparado de su libertad que al gobernante de turno no le gusta. No corresponde al gobierno dictar las costumbres “correctas” a las personas, sino preservar sus derechos. El móvil en cuestión contradice abiertamente la prédica “liberal” con la que el artículo comienza.

    En el contexto de la expansión del Estado y los poderes centrales por sobre las autonomías individuales y de los países, el tema del “pasaporte sanitario” amerita una discusión aparte.

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