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De Constitución, referéndum y derrotas

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Desde su fundación el Frente Amplio ha demostrado en muchas ocasiones su poco apego por seguir y respetar los principios constitucionales.

Hace pocos días escribió una nueva página en este sentido al solicitar formalmente a los otros partidos políticos prorrogar el plazo constitucional de un año desde la promulgación de una ley, para interponer sobre esta o sobre alguno de sus artículos el recurso de referéndum, que implica su derogación total o parcial por el cuerpo electoral.

Durante el 2020 discutimos por más de 5 meses el proyecto de Ley de Urgente Consideración remitido por el Poder Ejecutivo. Allí se escucharon argumentos de todo tipo por parte de la oposición, que en vez de centrarse en su contenido se dejaba llevar por eslóganes que poco tenían que ver con la discusión, como “lo urgente es la gente”.

Más allá de las consignas, muchos de sus argumentos fueron derribados por la realidad y por las propias instituciones republicanas del país. Con insistencia se dijo que era una ley inconstitucional en lo formal, porque muchas de las materias tratadas no eran supuestamente “urgentes”. La propia Suprema Corte de Justicia se encargó de poner las cosas en su lugar en un fallo de marzo de este año, estableciendo la constitucionalidad de la Ley de Urgente Consideración, ya que su carácter “no está condicionado al objeto o materia del proyecto de ley que se trate, sea urgente”, y que el Poder Ejecutivo tampoco “debe fundar y acreditar tal urgencia”.

Muchos de los supuestos efectos negativos y nocivos que el Frente Amplio pregonaba, no se vieron en estos meses. Basta señalar que la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera que contenía la LUC, no significó perjuicios, ni sanciones para nuestro país, cómo tanto auguraban.

Más allá de las diferencias, durante la discusión parlamentaria se tomaron algunas sugerencias de la oposición para mejorar algunos artículos. Esto llevó a que si bien no votó en general el proyecto de ley, en su votación particular terminó acompañando más de la mitad de los artículos que contenía. Es que siempre supieron en su fuero íntimo, que muchos de los cambios que introducía en variadas materias, eran necesarios para poder avanzar.

Esto los llevó a no tener una opinión totalmente contraria a la ley.

El PIT-CNT arremetió junto a la intersocial con organizaciones afines al Frente Amplio como FUCVAM y la FEUU, para llevar parte de la ley a referéndum. El Frente Amplio no estuvo convencido, pero claramente por fines políticos de oposición y enfrentamiento con el Gobierno, decidió plegarse a la campaña y así movilizar a su gente.

Los cabildeos fueron largos, y durante casi 6 meses no se pusieron de acuerdo. Finalmente decidieron impugnar 135 artículos, de los cuáles algunos de ellos fueron acompañados por el Frente Amplio en su votación en el Parlamento.

Desde el punto de vista jurídico es muy claro que la solicitud de prórroga de un plazo constitucional (art. 79 de la Constitución), es totalmente inconstitucional y no hay dos lecturas al respecto. La Ley de Urgente Consideración fue promulgada el 9 de julio de 2020, por lo que el plazo vence indefectiblemente el 9 de julio de este año, y no admite su prórroga.

Cualquier ley que cambiara el plazo estaría viciada de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia así lo declararía. El Partido Colorado, en la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional del 5 de abril pasado, fue categórico en señalarlo.

Agrego también que el término establecido en la Constitución, es de caducidad, lo que implica que el derecho a la impugnación se extingue por el sólo cumplimiento del plazo, por lo que de ninguna manera puede renacer el derecho bajo ningún artificio.

En los aspectos prácticos-materiales del asunto no es de recibo el argumento de que por la pandemia, y por la ley que intenta evitar las aglomeraciones no se han podido juntar las firmas. Todos hemos visto como han juntado firmas en la puerta de las escuelas, de los vacunatorios, en las ferias, en plazas, en los barrios y departamentos, sin ningún tipo de restricción. Incluso después de la aprobación de ley que prohíbe las aglomeraciones. No hubo ningún episodio demostrado en el cual una autoridad les haya impedido juntar firmas en la vía pública.

Los promotores han señalado que no se estaría cumpliendo con el principio del Derecho procesal que “al impedido por justa causa no le corre el término”.

Jamás puede constituir una “justa causa” la propia impericia y negligencia de quién la aduce.

En todo caso nuestros tribunales recogen el principio jurídico “Nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans” por el cuál “nadie puede invocar o alegar su propia falta o su propia torpeza”, que es lo que ocurre en este caso.

Demoraron seis meses en iniciar la recolección de firmas. Tuvieron la posibilidad que les da la ley reglamentaria del art. 79 de la Constitución (ley 16.017, modificada por ley 17.244) de ir por la vía corta, juntando sólo el 2% del padrón electoral –apróx. 56.000 firmas- dentro de los 150 días de promulgada la ley, para convocar a un acto de adhesión para obtener el 25% de adhesiones de los habilitados para votar, y no lo hicieron.

Por todo esto no pueden invocar ningún impedimento, y queda demostrada su propia culpa. Lo cierto es que no han logrado concitar la atención de la gente. No han podido convencer de los supuestos efectos nocivos de los artículos impugnados de la LUC.

La gran mayoría de la ciudadanía entiende que la ley de Urgente Consideración ha sido una buena ley, y por eso la respalda, como respalda al nuevo Gobierno de Coalición que la lleva adelante.

El Frente Amplio que dudó, y se embarcó en una recolección de firmas, a la cual le puso militancia y recursos financieros, sabe que su fracaso es inminente, y es por esto que necesita excusas y culpables.

Podrá ensayar para que la derrota no sea tan traumática para alguno de sus fanáticos, con argumentos débiles y falaces,  pero lo que no puede evitar es el veredicto de la ciudadanía, ni menos aún desatender a los términos claros de la Constitución de la República. Si lo siguen haciendo será una razón más para que sigan perdiendo pie ante la ciudadanía, y dejen un muy triste ejemplo para nuestra democracia.


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