Contrato “poco humano”, “vende patria”, “indecoroso” y “secretista”, son solo algunas de las adjetivaciones que ha recibido por parte de varios políticos de nuestro país. Ahora, la polémica ha llegado al viejo continente.

El día de ayer, un grupo de organizaciones sociales finlandesas denunciaron ante la ONU el contrato firmado en 2017 entre la República Oriental del Uruguay y la empresa de celulosa UPM.

En la denuncia elevada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se solicita una auditoría de carácter independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población uruguaya como consecuencia de la mega inversión de la pastera.

Asimismo, el reclamo agrega que Finlandia es responsable de las acciones de la empresa, pues la misma tiene su administración central ubicada en dicho país, y por consiguiente, la corporación está constituida bajo su legislación nacional.

Al estar involucrados intereses públicos y privados muy delicados, el Estado finlandés debe asegurar y controlar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones internacionales; utilizando el poder de control estatal con el fin asegurar el respeto de los derechos humanos en inversiones realizadas en el exterior.  

Según las organizaciones denunciantes, la iniciativa tuvo su génesis en que “numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay”.

No podemos negar, que esta denuncia pone el balón en juego una vez más, a favor de quienes nos opusimos desde un primer momento al contrato ROU-UPM. Sin embargo, quiero dejar algo en claro: la gran mayoría de los ambientalistas no estamos en contra de la industria, ni de las inversiones extranjeras, ni siquiera en contra de la empresa UPM; simplemente entendemos que existe un contrato mal negociado económica y ambientalmente, que no traerá grandes ganancias para nuestra nación, y que acarreará importantes consecuencias ecológicas a mediano y largo plazo.

Este contrato, atenta contra los derechos humanos de nuestra soberanía, nos obliga -entre varias cosas- a invertir más del 7% de nuestro PBI anual, crea un ferrocarril que dividirá ciudades y vidas, interviene nuestros planes educativos, ubica su planta en una locación ecológicamente inviable (para evitar tener problemas con Argentina), y lo más preocupante, deja al arbitrio de UPM el cumplimiento de sus obligaciones una vez que Uruguay cumpla con las suyas.

Más allá de estar a favor o en contra de este contrato, todos deberíamos estar de acuerdo en que se realice una auditoria independiente tutelada por la ONU, dado que dotará de mayor transparencia a un contrato negociado entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo uruguayo.

Estoy convencido de que el partido aún no está perdido, pues la auditoría podría abrir una puerta para que el actual gobierno logre renegociar varias cláusulas que hoy perjudican a nuestro país. ¿Sabremos cumplir?