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El “Big Tech” y la Censura en Redes Sociales en Estados Unidos

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El pasado 6 de enero, un grupo violento que formaba parte de una manifestación a las puertas del Capitolio, Washington D.C., irrumpió en el mismo bajo condiciones difíciles de determinar (circula información de que miembros del operativo de defensa facilitaron el acceso a los manifestantes, así como de posibles “infiltrados” en esa manifestación, volviendo confuso distinguir entre las falsedades y los hechos reales). Dejando eso de lado, queda claro que la entrada de manifestantes al edificio del Capitolio, donde muchos de ellos robaron y saquearon la instalación (no sin respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, dejando 5 muertos, entre ellos un oficial de policía), consistió en un ataque a los valores democráticos y la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no es así con la manifestación pacífica realizada en los alrededores del mismo, la cual se ubicaba dentro de los marcos constitucionales y no atentaba contra la democracia. Cabe destacar, por ejemplo, que el presidente Trump criticó a los manifestantes violentos, mientras elogiaba la manifestación pacífica.

            Tras los sucesos anteriormente mencionados, las diversas redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, han llevado a cabo una intensiva labor de eliminación y censura, no solo sobre los sucesos del Capitolio y el posterior llamado a la paz por parte de Trump, sino también muchas personalidades dentro del espectro político de la derecha, la centro-derecha y el conservadurismo (principalmente estadounidense, pero también tuvo repercusiones a lo largo del continente) en general. Tanto el ya mencionado Trump, como el tres veces candidato a la presidencia Ron Paul, se suman a la larga lista de personalidades importantes del pensamiento centroderechista que han sido o bien suspendidos temporal o permanentemente de las redes o directamente las han abandonado tras repetidas suspensiones, como Milo Yiannopoulos, buena parte del equipo de campaña y gabinete de Trump, entre otros.

            Pero no fueron solo las cuentas de grandes personalidades las que se suspendieron. Se estima que alrededor de 2 millones de cuentas relacionadas a las tendencias políticas de la centroderecha tuvieron publicaciones censuradas en las 24 horas posteriores al ataque al Capitolio. Esto fue acompañado con una caída de 11% en la bolsa de Nueva York[1], mostrando la desconfianza generada.

            De forma paralela, una buena parte de la población afiliada a la centro-derecha realizó una migración masiva hacia redes como Parler o Gab, de corte más conservador, que no entran en la moda de la corrección política. Sin embargo, mientras esto sucedía, los servidores de Apple y Google decidieron eliminar de sus tiendas (IOS y Play Store, respectivamente) la aplicación de Parler, mientras Amazon le rescindía el contrato de alquiler de servidores, dejando a Parler sin espacio en las tiendas de aplicaciones, ni con los servidores que tenía hasta el momento (a día de hoy, Parler está en búsqueda de una nueva red de servidores para mantenerse activa).

            Hay que destacar que esta serie de suspensiones sistemáticas no es nueva, lleva sucediendo desde hace más de un año, sin embargo se ha intensificado últimamente, tras las elecciones en Estados Unidos y toda la polémica que trajeron.

            La respuesta de los sectores de la derecha no se hizo esperar, dándose en varias formas: por un lado, con la llamada a migrar a otras redes sociales, por fuera de la égida Twitter-Facebook. Por otro, con diversas quejas, declaraciones e incluso con la gestión de demandas a estas redes sociales por censura y actitudes monopólicas (estas últimas están prohibidas en Estados Unidos debido a leyes como la “Sherman Antitrust”).

Frente a estas declaraciones, la opinión pública de los demócratas, la izquierda, el liberalismo e incluso ciertos representantes republicanos de entidad, consistió en afirmar que, al ser propiedad privada, las empresas pueden hacer lo que se venga en gana con el contenido que se publica en las redes. Al defender las ideas de la libertad, no podría estar más de acuerdo en que los únicos que deberían decidir por sobre su “bajada de línea” o tipo de contenido, son los dueños de las redes, al ser propiedad privada. Sin embargo, afirmar que esto es lo que se da en el caso norteamericano es desconocer la situación jurídica de las redes sociales, así como sus libros de contabilidad.

En primer lugar, redes como Twitter o Facebook están amparadas en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones:

“No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.”[2]

“Ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo de computadora (por ejemplo, Twitter), será tratado como el publicador o emisor de ninguna información proveída por otro proveedor de información.”

En pocas palabras, bajo esta ley se le otorga inmunidad jurídica a las redes sociales por contenido de terceros publicados en ellas. Por ejemplo, si alguien realiza amenazas de muerte vía Facebook, la justicia no podrá imputar a la red social por esos comentarios. Esta inmunidad excluye algunos temas como la explotación sexual o violaciones al copyright, por ejemplo.

            Bajo la sección 230, las redes sociales son “foros públicos neutrales”, y como tal, deben respetar la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para con sus usuarios. El senador republicano Ted Cruz, varias ocasiones[3] ha interrogado a los CEO de las compañías Facebook y Twitter, cuestionando si las redes actúan como foros públicos neutrales, o si bien operan como entidades amparadas por la primera enmienda dando sus opiniones, afirmando que el predicado o requisito para ampararse en la sección 230 es que el “servicio interactivo” sea un “foro público neutral”, donde se permita a los individuos expresarse dentro de la Primera Enmienda. Para este caso, que la red social sea neutral con las opiniones de sus usuarios (y que, por ende, aplique el reglamento de forma igualitaria). 

Los altos cargos de dichas redes sociales han afirmado repetidas veces que su objetivo es ser neutrales[4]. Sin embargo, tanto el senador Cruz como la comunidad de la centro-derecha y el conservadurismo han alzado la voz, nombrando diversas personalidades cuyas cuentas o publicaciones han sido eliminadas o suspendidas, y dando el ejemplo reciente de dos publicaciones realizadas por el New York Post,[5] donde se exponían e-mails de Hunter Biden, hijo del presidente electo, que desmentían declaraciones de su padre durante la campaña electoral. Asimismo, Matt Gaetz (Republicano representante del 1er Distrito Congresional de Florida), un confidente tanto de Ron DeSantis (Gobernador de Florida) como de Trump, ha argumentado que la sección 230 otorga a las empresas de tecnología “inmunidades especiales que los periódicos locales e incluso las cadenas de televisión no disfrutan en términos de su responsabilidad por el contenido (…) Disfrutan de esas protecciones porque se definen como plataformas imparciales y neutrales”, dijo Gaetz durante una aparición en CNBC en junio de 2019. “Pero si no están dispuestos a demostrar que, de hecho, son imparciales y neutrales, creo que deberíamos derogar esa sección de la ley”.[6]

            Además de la cuestión meramente legal, también está la económica: la mayoría de los Estados miembros de los Estados Unidos financia de una forma u otra a las redes sociales, pudiendo causar inclinaciones políticas producto del financiamiento público. Tras la polémica electoral, han surgido voces dentro de la centro-derecha para eliminar el financiamiento a dichas plataformas, notándose especialmente el pedido de un representante del Estado de Florida, Randy Fine.[7] En la carta que envió a Ron DeSantis, Fine plantea la necesidad de, como en casos anteriores impulsados por su persona, desinvertir el dinero o boicotear a Alphabet (empresa que engloba a Google), Facebook, Amazon y Twitter, debido a que sus acciones van en contra de los principios estatales (como por ejemplo, la Primera Enmienda). “Los contribuyentes de Florida no deben estar obligados a financiar empresas que los pueden censurar”, declaró Fine[8]. Las medidas consisten en la eliminación de anuncios del gobierno de Florida en redes sociales y viceversa, dejar de utilizar los servicios de Amazon, o detener la compra de dispositivos de Apple, por dar ejemplos.

            Sumándose a todo esto, está el problema del comportamiento de Apple, Google y Amazon con respecto de las redes alternativas, actuando como un conglomerado monopólico en favor de la corrección política, buscando eliminar competencia a las redes más importantes, llegándose a realizar diversos reportes e investigaciones al respecto, ya mencionados anteriormente.[9]

            Entonces, la cuestión deja de ser si plataformas privadas deciden tener una cierta “bajada de línea” en el aspecto político-económico; pasa a ser si plataformas con inmunidad jurídica (para la cual no es claro que cumplan los requisitos) y financiamiento proveídos por los contribuyentes, es decir empresas apoyadas de una u otra forma por el Estado, pueden mantener una política de censura sistemática hacia un sector de la población (de quienes extraen parte de su presupuesto, por más pequeña que sea), y manteniendo actitudes anticompetitivas apoyadas por dinero estatal.

            Dos posibles soluciones asoman en el horizonte. En la primera de ellas se investiga a las empresas y se las obliga a cumplir con las regulaciones necesarias. Esto es una tarea difícil, no solo por el tamaño de las empresas sino por la intromisión del Estado en las mismas: esto podría darle al Estado la capacidad de censurar a la población, independientemente del color del gobierno en el poder. Darle poder al Estado es un arma de doble filo, porque si bien en un momento ese poder puede jugar a favor de uno, al momento siguiente puede ser apuntado en contra del que lo utilizó anteriormente; cuanto menos poder de intromisión tenga el Estado, más difícil es que éste pueda oprimir las libertades de los individuos, y menos probable es que se transforme en benefactor de unos pocos. Además, existe la posibilidad de la coima por medio del financiamiento económico. Generar precedentes para ambas cosas podría poner en peligro las bases institucionales del Estado, independientemente si hablamos de los Estados Unidos, de Uruguay o cualquier otro país.

La segunda solución es directamente eliminar la sección 230 y el financiamiento público a las redes sociales, y que cada una se vea libre y responsable, tanto por el público objetivo y la línea política de la red, como de la totalidad de sus activos, sin comprometer el dinero de los contribuyentes, ni dar poder al Estado, por medio de la posibilidad de censura. Esto conllevaría que las redes pudieran continuar con su línea de pensamiento, pero sin la intromisión estatal, sea con dinero o inmunidad jurídica. Es entonces que las redes, siendo auténticamente privadas (sin recibir facilidades del Estado), pueden verse en su total derecho de suspender las cuentas de quienes quieran, y soportar el golpe económico que puedan recibir en los mercados bursátiles tras esa suspensión (como ya sucedió en el caso de Trump, antes mencionado), sin estar utilizando fondos de los contribuyentes para pagar su “caza de brujas”.

Mantener la situación tal como está no es una opción; avalar que se siga destinando dinero de los contribuyentes a empresas que censuran a gusto,  con la tensión y las rispideces que eso ha generado, tanto en las esferas políticas como en la sociedad en general, contribuye (por más leve que sea esa contribución) a avivar un fuego que hace meses arde a lo largo de los Estados Unidos, y que amenaza con extenderse de forma generalizada, y con la misma o mayor intensidad, por todo Occidente.


Referencias:

[1] Twitter cae con fuerza en bolsa tras el veto permanente a Donald Trump. (2021). Extraido 13/01/2021, de https://www.elconfidencial.com/mercados/2021-01-11/twitter-bolsa-donald-trump-veto_2902423/

[2] 47 U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material. (2021). Extraído 15/01/2021, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230

[3] Sen. Cruz to Big Tech CEOs: Who Elected You to Decide What the Media Can Report and What the American People Can Hear? | Ted Cruz | U.S. Senator for Texas. (2021). Extraído 15/01/2021, https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=5451 Véase el resto de las declaraciones e interpelaciones a altos cargos de las redes en cuestión.

[4]  Véase un extracto de la interpelación por parte de Ted Cruz a Mark Zuckerberg, en Ted Cruz Grills Zuckerberg About Facebook’s Approach to Political Speech. (2018). Extraído 15/01/2021, https://www.youtube.com/watch?v=19eX_jn6gEk

[5] Hedge, Z. (2021). Watch Live: Ted Cruz Squares Off With Dorsey, Zuckerberg Over Censoring Republicans. Extraído 15/01/2021, https://www.nationandstate.com/2020/11/17/watch-live-ted-cruz-squares-off-with-dorsey-zuckerberg-over-censoring-republicans/

[6] Alic, H. (2021). Florida Legislator Urges Ron DeSantis to Divest from Big Tech. Extraído 15/01/2021, from https://www.breitbart.com/politics/2021/01/12/florida-legislator-urges-ron-desantis-to-divest-from-big-tech/

[7] Ibíd.

[8] Haughey, J. (2021). Florida to consider divesting from tech companies that pulled plug on Trump. Extraído 16/01/2021, https://www.thecentersquare.com/florida/florida-to-consider-divesting-from-tech-companies-that-pulled-plug-on-trump/article_34ba3cbe-5515-11eb-9114-53d191e19425.html

[9] The Big Tech antitrust report has one big conclusion: Amazon, Apple, Facebook, and Google are anti-competitive. (2021). Extraído 15/01/2021, https://www.vox.com/recode/2020/10/6/21505027/congress-big-tech-antitrust-report-facebook-google-amazon-apple-mark-zuckerberg-jeff-bezos-tim-cook


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1 comentario

  • Helena

    Buenísimo el articulo. Reciba un cordial saludo.

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