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BOLIVIA: inestabilidad social y crisis política

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El arresto de la ex presidenta Jeanine Áñez, el sábado 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, y puesta en prisión preventiva junto a otros miembros del anterior ejecutivo, abrió un nuevo capítulo de tensiones sociales e institucionales en el país sudamericano.

Jeanine Áñez fue encontrada en el baúl de un sommier, en dónde intentó esconderse para evitar su captura.

Jeanine Áñez asumió como Presidenta de Bolivia a fines de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales en medio de un escándalo institucional enmarcado en acusaciones de fraude electoral. Hubo denuncia de irregularidades por parte de la Organización de Estados Americanos, violentas protestas civiles en las calles, y la propia intervención del comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, sugiriendo al entonces Presidente Morales dar un paso al costado “para poder normalizar la situación”.

Tras la renuncia de Evo Morales, la hasta entonces senadora opositora Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019 asumió provisionalmente la presidencia del país, ocupando el cargo hasta el 8 de noviembre de 2020 cuando, tras las elecciones realizadas, asumió Luis Arce como su sucesor .

Finalmente, en medio de un proceso de “transición institucional”, a fines del año pasado se celebraron elecciones generales, resultando electo presidente Luis Arce, perteneciente al movimiento socialista MAS, sector político de Evo Morales, quién también retornó al país y retomó su actividad política luego de haber estado exiliado durante el mandato de Áñez.

Luis Arce fue ministro de economía durante la gestión de Evo Morales. Estuvo meses exiliado en México junto a Morales desde fines de 2019, antes de volver a Bolivia para presentarse y ganar las elecciones como candidato presidencial.

Así Bolivia, luego de vivir una de las peores crisis políticas y sociales de su historia, parecía haber dejado en segundo plano su persistente inestabilidad institucional, centrándose la atención en la crisis sanitaria, social y económica que sacude a uno de los países más afectados en el continente por la pandemia mundial de Covid-19.

Sin embargo, y en un escenario incambiado en cuanto a la situación sanitaria, el clima de tensión política volvió a captar principal atención luego de ejecutarse la orden de arresto de la expresidenta, junto a otros miembros de su ex gabinete de gobierno.

Las detenciones marcan una avanzada de acciones judiciales por parte del gobierno actual, en lo que, según el ministro de gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, se caratula como “el caso golpe de Estado”. Particularmente se acusa a la ex presidenta, junto a parte de su gabinete, de haber provocado el derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Áñez, por su parte, ha denunciado “persecución política” a través de su cuenta de Twitter, acusando al partido oficialista de “volver a los estilos de la dictadura”. Durante su traslado y primeros días de reclusión, se generaron vigilias de manifestantes opositores a la ex presidenta, así como otras personas manifestaban su apoyo a la misma en distintos puntos del país.

Este accionar por parte del gobierno aparece luego de que, se celebraran nuevas elecciones locales en el país, a principio de marzo, no exentas de incidentes e irregularidades denunciadas que provocaron la anulación de algunas mesas. Dichas elecciones determinaron una bajísima performance del partido oficialista, perdiendo en pocos meses un gran caudal electoral comparado a las pasadas elecciones generales, y dejando las alcaldías de las principales ciudades bolivianas, incluida su capital, en manos de la oposición.

Finalmente, el pasado sábado 13, la justicia boliviana instruyó prisión preventiva para Áñez, extendiendo su duración de 4 a 6 meses y confirmando los cargos por los que será investigada. La ex presidenta ha publicado un certificado médico indicando la necesidad de ser medicada y monitoreada por problemas de presión arterial, y solicitando ser trasladada a una clínica. Si bien este petitorio fue avalado en principio por un juzgado, finalmente la Procuraduría del país lo denegó, trasladando a la acusada al centro penitenciario de Miraflores.

A la grieta social y política que se profundizó en Bolivia en los últimos años, y que enfrentó a quienes convencidos gritan “¡Golpe!” y quiénes de igual forma gritan “¡Fraude!”, se le suma una nueva controversia marcada por la legitimidad y responsabilidad, o no, de la ex presidente Áñez, ante los cargos por los que será juzgada.

La situación tomó trascendencia internacional rápidamente. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comparó la situación a la pasada acusación, por parte de la ahora acusada, a Evo Morales, indicando que no cree que en ninguno de los casos exista el delito de “terrorismo”, y llamando a la mesura y seriedad. Más allá de esto, y pidiendo se dejen de lado las arbitrariedades, indicó su deseo de que se investiguen las presuntas violaciones a los Derechos Humanos sufridos por manifestantes durante la presidencia de Áñez.

La ONU, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos han manifestado su preocupación por la situación boliviana, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue categórico, al declarar que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”, solicitando la liberación de los detenidos. Evo Morales, en respuesta, indicó que Almagro también debería ser juzgado por “propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad”.

A esta ola de pronunciamientos geopolíticos debemos sumar la declaración del presidente argentino, Alberto Fernández, tratando a Luis Almagro de “traidor e inmoral”, y sugiriéndole su renuncia. Pedido al que nuevamente se sumó el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El Gobierno de México solicitó la no intervención en los “asuntos internos de Bolivia”. Y por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro calificó de “arbitrarios” lo arrestos, declarando que espera que “Bolivia mantenga en plena vigencia el Estado de Derecho y la convivencia democrática”. Posiciones que evidencian como se mueven actualmente los bloques políticos en la región.

El pasado 24 de marzo, Luis Arce se reunió con su par mexicano, López Obrador, en Ciudad de México, agradeciendo por haberlo recibido junto a Evo y otros líderes en 2019. Allí además acusó al CEO de Tesla, Elon Musk, de “financiar y apoyar el golpe de Estado en Bolivia”, afirmando que “el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano”.


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3 comentarios

  • Marcos Lopez
    Marcos Lopez

    La situación boliviana maniefiesta los planes de perduración e instalacion de sistemas autoritarios que pregona el grupo de puebla. Añez no es santa de mi devoción tampoco pero si hubiese querido imponerse y perpetuarse no hubiera entregado el poder, estamos nuevamente ante la construcción de un relato. Por eso se defienden en bloque los mismos de siempre, mientras trabajan para desestabilizar donde tienen escollos para llegar al poder. La izquierda rancia y su histórica tradición anti democrática.

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  • José Luis
    José Luis

    Si bien el como ella llego al poder fue algo confuso, las medidas que esta tomando el gobierno boliviano parecen mas una caza de brujas.
    Muy completo el articulo.

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  • Emiliano
    Emiliano

    Muy bueno el artículo 👌🏽

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