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Australia y Facebook protagonizan una disputa por el uso de información y capitalización de publicidad en redes

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En el año 2003 Mark Zuckerberg creó una red social que sumó 500 millones de usuarios, revolucionó la forma de comunicarnos y lo convirtió en el billonario más joven de la historia. 18 años después, Facebook enfrenta una nueva batalla. Desde la semana pasada los 17 millones de australianos que utilizan la plataforma ya no pueden ver ni compartir noticias en la misma luego de que la red social las restringiera en represalia por el proyecto de ley que quiere obligar a la compañía, junto a Google, a compartir sus ingresos con los medios de prensa australianos.

Facebook asegura que el intercambio entre su plataforma y los editores genera millones de dólares en ganancias para los medios por lo que no está dispuesto a asumir una regulación.

Hoy por hoy, vivimos en un contexto global financieramente deficitario para la prensa, que se ha visto agravado por los negativos efectos económicos del Coronavirus. Estos han provocado millonarias pérdidas de ingresos por concepto de publicidad, que de otra forma se estarían capitalizando en las arcas de las distintas plataformas tecnológicas responsables de las redes sociales y buscadores. En este marco, el “Proyecto Canberra”, impulsado por el gobierno australiano, ha contribuido a que el mundo informativo, los medios de prensa en particular y las plataformas tecnológicas posen sus ojos sobre el continuo acontecer de los hechos.

En Australia, acompañando la tendencia global, han sido decenas de periódicos los que han cerrado y centenares de periodistas los que han quedado sin empleo.

Según datos manejados por las autoridades australianas, Google capta el 53% de la publicidad en el país y Facebook el 28%, repartiéndose el resto entre diferentes actores de mercado, en dónde se incluye a la prensa.

Para entender qué es lo que está sucediendo en el país oceánico, comencemos haciendo un repaso cronológico de los hechos:

En 2018, una investigación de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) encontró un desequilibrio de poder entre las empresas tecnológicas y los medios. En consecuencia, instó a la creación de un código de noticias que nivele estas relaciones.

Fue en julio de 2019, en medio de la pandemia por coronavirus, que el gobierno australiano finalmente dio a conocer el proyecto de ley que promulgaría el mencionado código.

Desde Canberra, sede del gobierno australiano, se defendió la creación de este nuevo marco regulatorio aludiendo a la necesidad de hacer pagar a las compañías tecnológicas una “cantidad justa” a las salas de redacción por el periodismo que realizan. Se le daría apoyo financiero a la industria de noticias, por considerarla un bastión en la defensa de la democracia en el país, que actualmente estaría captando ingresos insuficientes para financiar periodismo de calidad.

Una vez dadas a conocer las intenciones regulatorias del gobierno australiano, la entonces vigente administración Trump se opuso a las medidas que en ese momento aún se estaban discutiendo, en una fase inicial en Australia. El gobierno norteamericano aseguraba que el proyecto en cuestión atacaba directamente a dos empresas estadounidenses, y generaba una relación desigual y ventajosa en favor de los medios de comunicación.

La Universidad de Canberra publicó en 2020 un estudio mediante que indicaba que el 21% de los australianos utiliza las redes sociales como principal fuente de información, siendo Facebook una de las más utilizadas.

Las repercusiones que pueda generar este proyecto gubernamental podrían sentar un precedente que cambie sustancialmente la relación de los medios de prensa con las empresas de tecnología, arrastrando a otros países, algunos de los cuales ya intentaron anteriormente y sin éxito regular estas relaciones.

Así nació el borrador del “código de conducta vinculante” que promueve el gobierno australiano, el cual prevé que Google y Facebook (solamente éstas dos plataformas están incluidas en el proyecto) remuneren a los medios australianos, particularmente al grupo público ABC y los periódicos del grupo News Corp de Rupert Murdoch, responsables del contenido periodístico, por la utilización de su contenido en los “hilos de actualidad” y los motores de búsqueda.

Para la determinación de las remuneraciones, los gigantes tecnológicos deberán someterse a un arbitraje vinculante con cada medio, siendo el árbitro, desde una posición neutral, quien finalmente decida entra ambas partes el monto a pagar.

También se obliga a las empresas tecnológicas a notificar a los medios de prensa cuando se concreten cambios de algoritmo que afecten las clasificaciones de búsquedas.

Este proyecto, en su carácter restrictivo, y por lo cual se destaca a nivel mundial, estipula sanciones millonarias en casos de incumplimiento.

En contrapartida, Google, a través de su Directora General en Australia, Mel Silva, sostuvo su disposición de apoyar a los medios de comunicación. Sugirió, sin embargo, algunas modificaciones al código presentado por el gobierno; transformándolo, según la vocera de la compañía, en “un código justo” para todas las partes, y fundamentalmente viable.  

La corporación californiana anunció el pasado jueves haber llegado a un acuerdo similar para la fijación de remuneraciones con la prensa francesa, destrabando una situación que podría haberse sumado a la problemática australiana.

Mel Silva, declaró ante una comisión del Senado australiano que el “peor escenario” posible sería que el borrador del código se aprobara tal cual.

“Si esta versión del código se convierte en ley, no nos dejaría otra opción más que suspender Google Search en Australia”, finalizó Silva.

En respuesta, el Primer Ministro Australiano, Scott Morrison, señaló que “Australia es la que establece las reglas de lo que se puede hacer en Australia. Es nuestro Parlamento el que decide. (…) Las personas que estén dispuestas a trabajar dentro de este marco en Australia son bienvenidas. Pero no cedemos a las amenazas”.

En este choque de fuerzas, el pasado 29 de enero, Google se pronunció contundentemente. Luego de las amenazas de suspender los motores de búsqueda en el país, y de concretar parcialmente la restricción de acceso a contenidos de medios de prensa a internautas australianos, la empresa se manifestó a través de un mensaje de su directora general en Australia, publicado en su propio buscador intentando involucrar a los usuarios. En este, expresó su oposición al “Proyecto Canberra”, el cual considera una amenaza al “internet libre y abierto”.

Tim Berners-Lee, principal inventor de la Web en 1989, apoyó la postura del gigante tecnológico, asegurando que el proyecto australiano, además de atentar contra principios fundamentales de internet, es “irrealizable”.

Facebook, el otro peso pesado involucrado en esta contienda, y actual protagonista de la misma, inicialmente se sumó a los argumentos expuestos por Google. Además , agregó por su parte, el argumento que los editores ya estarían gozando de un beneficio, al hacer que los enlaces a su contenido figuren en los resultados de búsquedas y las redes sociales.

“Los editores eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook, ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y aumentar los ingresos por publicidad”, ha declarado William Easton, gerente de Facebook en Australia y Nueva Zelanda.

Pero estas acciones y declaraciones no lograron frenar el proyecto de ley australiano, que el miércoles pasado fue aprobado en la Cámara Baja del Parlamento y ya se encaminó al Senado, en donde se espera su aprobación definitiva.

Sumándose a lo hecho por Google, Facebook pasó a la acción desde el jueves pasado restringiendo a los medios australianos las publicaciones de noticias en su plataforma, y no permitiendo a los usuarios compartir las ya publicadas. Según datos del canal público ABC y la compañía de análisis Chartbeat, en el lapso transcurrido desde la restricción, el tráfico web de los medios de comunicación australianos cayó un 13% en el país, y un 30% en el extranjero.

También se notificó la baja temporal de servicios de emergencia, organizaciones no gubernamentales y perfiles de gobiernos regionales en la red social.

Nuevamente, el Primer Ministro australiano realizó declaraciones en contra de lo que consideró “lobby” por parte de los gigantes tecnológicos. Estas consistieron en un pedido de que se cancelen las medidas, invitando a la negociación, pero advirtiendo que eventualmente otros países podrían comenzar inminentemente a tomar el ejemplo australiano en defensa del periodismo.

Finalmente, Google, luego de la aprobación del proyecto en el parlamento, anunció conjuntamente con el australiano, una serie de acuerdos con varias empresas de medios. Estos estipularon remuneraciones por la publicación de sus contenidos, un programa de colaboración en la plataforma Youtube (propiedad de Google), inversiones en “videoperiodismo” y ganancias de publicidad compartidas.

Una de las principales empresas de medios beneficiadas con el acuerdo es News Corp de Rupert Murdoch. Su jefe ejecutivo, Robert Thomson, declaró que “el acuerdo tendrá un impacto positivo en el periodismo de todo el mundo en tanto que establece firmemente que debe premiarse el periodismo premium. (…)Durante años, se nos acusó de recostarnos en los molinos de viento tecnológicos, pero lo que fue una solitaria campaña, una quijotesca cruzada, se convirtió en un movimiento y tanto el periodismo como la sociedad serán fortalecidas”.

Facebook, en cambio, actualmente mantiene las medidas de restricción, pese a que el gobierno adoptó un tono conciliador en sus últimas declaraciones, y a las conversaciones que las propias autoridades australianas aseguran haber tenido directamente con el fundador de la plataforma, Mark Zuckerberg. La compañía parece estar dispuesta a asumir los riesgos de medir fuerzas con el gobierno australiano, y permanecer con su postura rígida a la espera de lo que suceda finalmente con el proyecto regulatorio.

Son incontables las voces que se han alzado en consecuencia de esta disputa, en muchos casos moviendo fichas, como si de un juego de ajedrez se tratase, ante un panorama que rápidamente podría generalizarse a nivel mundial. En referencia a esto, podemos puntualizar la posición de Microsoft, que, mediante declaraciones de su presidente, Brad Smith, instó a la administración de Biden a rever la posición adoptada por la anterior administración, e incluso a copiar la propuesta australiana. Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, actualmente se encuentra muy por detrás de Google en participación de mercado.

“Al final del día, ¿Qué hay de malo en compensar a las organizaciones de noticias independientes por los beneficios que los guardianes de la tecnología obtienen de este contenido?” sostuvo Smith, agregando que por más que la ley australiana no aplicaría inicialmente a Microsoft, la compañía se encuentra lista para integrarse a las obligaciones de la nueva ley y redistribuir los ingresos con los medios.

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5 comentarios

  • Jorge Camaño
    Jorge Camaño

    Lindo lío se va a armar cuando esta cuestión se generalice y quieran entrar a sacar su tajada por decreto todos.

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  • Emiliano
    Emiliano

    Aguanten los canguros viejo!

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  • Roxana
    Roxana

    👏🏽👏🏽

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  • Groucho
    Groucho

    “Mis respetos a Australia y su gente. Enfrentaron al imperio otomano, al expansionismo japonés, no ceden ante el chantaje de China y ahora desafían con firmeza el matonaje de Facebook” Mirko Tarsetti.

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  • Rocío
    Rocío

    La iniciativa australiana es buena pero hay que tener en cuenta que por norma fiscal cada vez que el estado introduce una regulación se distorsiona el orden natural de las relaciones productivas

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