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La crisis del 2002 tiene varios puntos de análisis. Para algunos economistas se remonta a la cesación de pagos de Rusia en 1998. Esto afectó a Brasil que tuvo que devaluar la moneda el 13 de octubre de 1999. En Argentina el problema estaba en la existencia de problemas en su sistema cambiario, tenía una paridad U$S -$ quedando expuesta su política fiscal derivada de su dependencia del mercado brasilero. En el 2001 Argentina tenía problemas con su deuda pública, y la confianza de los ahorristas se complicaba sacando ahorros. La respuesta fue congelar los retiros llamados comúnmente “corralito”. El drama se extendió a la política obligando a la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa el 20 de diciembre del 2001. Se sucedieron dos presidentes en el plazo de 10 días. En nuestro país la percepción era, como históricamente lo había sido, de algo transitorio que aumentaba el proceso inflacionario.

La realidad era mucho más profunda: la devaluación inmediata presenta con crudeza problemas estructurales y fragilidades endémicas. El PBI tuvo un descenso del 11%. El cierre fiscal aumentó el endeudamiento bruto que estaba dolarizado en su mayoría. Esto agregaba otra debilidad hacia el sistema cambiario. Por otro lado hubo una serie de problemas coyunturales como una gran sequía que afectó al agro y a la generación de energía. Todo esto culmina con un brote de fiebre aftosa en el marco de negociaciones de venta de carne a los Estados Unidos. La realidad era que se trataba de una crisis regional con circunstancias locales que en conjunto generaron una tormenta perfecta.

La administración liderada por el Dr. Jorge Batlle se había iniciado en marzo del 2000 actuó inicialmente con cautela. El problema mayor no percibido al comienzo de este proceso era la gran cantidad de depósitos en U$S en manos de ahorristas argentinos que oscilaba en unos 6500 millones de U$S más o menos el triple de las reservas del Banco Central del Uruguay (BCU). Por otro lado existía una vinculación de esos depósitos con empresas y por extensión con la deuda soberana argentina. Los Bancos Públicos y en especial el Banco Hipotecario del Uruguay prestaban dinero a muy largo plazo en unidades que se ajustaban a salarios por esta razón cualquier efecto que despertara desconfianza sobre la viabilidad del sistema bancario podría desencadenar una corrida bancaria. Es lo que ocurrió. Los factores estructurales, entonces, fueron:

1) Recesión económica que afectaba las carteras de crédito de los bancos.

2) Gran dolarización de la economía y en particular del sistema financiero que afectaba la percepción de solvencia de los deudores.

3) Las crisis anteriores y en especial la de 1982 traían malos recuerdos, cuando el Estado compró carteras pesadas de los bancos y se sucedieron refinanciaciones para solucionar el endeudamiento de los sectores productivos.

4) El sistema bancario tuvo una muy baja contribución al desarrollo productivo cuando suspenden los financiamientos a largo plazo.

5) La gran exposición del sistema financiero uruguayo al riesgo argentino por tres vías, la gran concentración de créditos de bancos locales en Argentina, sobretodo el caso del Banco de Galicia-Uruguay, Banco Comercial y Banco de Montevideo. Lo que originaba una gran cantidad de depósitos de argentinos en el sistema financiero uruguayo. Finalmente la vinculación patrimonial entre Banco Galicia-Uruguay con Banco Galicia de Argentina, Banco Comercial con Banco General de Negocios y Banco de Montevideo con Banco Velox.

6) Un gran crecimiento del déficit fiscal complicaron la asistencia del Estado al sistema financiero.

7) El establecimiento del “corralito” a principios de diciembre de 2001 en Argentina determinó el retiro de los depósitos de los bancos uruguayos por parte de los argentinos buscando liquidez y previendo medidas similares en nuestro país.

8) La devaluación realizada en junio del 2002 trajo inmediatas consecuencias de solvencia y creciente morosidad en el sistema bancario local

9) La pérdida del grado inverso en febrero de 2002 elevó el índice de riesgo país lo que debilitó al Estado para hacer frente al déficit fiscal.

A comienzos del 2002 el Banco General de Negocios de Argentina tenía acusaciones de prácticas ilícitas que van a llevar al cierre de esa institución y una serie de procesos judiciales en contra de sus directores los hermanos Rohm. Ante esta situación, en febrero de 2002 se llegó a un acuerdo para capitalizar al Banco Comercial. El Banco emitiría U$S133 millones de acciones que se dividieron entre el Estado uruguayo U$S 33 millones y los bancos accionistas del grupo BGN: JPMorgan, Dresdner Bank y Credit Suisse. Por otro lado el Banco Galicia-Uruguay comenzó a tener problemas por el retiro de depósitos como consecuencia del corralito en Argentina. El BCU decide intervenirlo y suspender su actividad por 90 días. En diciembre de 2002 se homologó un concordato que consistía en la devolución a 9 años del 100% de los depósitos en U$S con los intereses correspondientes. Durante el transcurso de estos episodios se produce la renuncia del Ministro de Economía Cr. Alberto Bensión y del Presidente del BCU Cr. César Rodríguez Batlle. En su lugar asume el Senador Alejandro Atchugarry como Ministro de Economía y el Economista Julio de Brum en el BCU. El 30 de julio de 2002 el gobierno decretó un feriado bancario que se extendió hasta el 5 de agosto. A fines de julio se envía una misión de urgencia a Estados Unidos integrada por Ariel Davrieux, Isaac Alfie, Humberto Della Mesa y Enrique Guerra para pedir el apoyo de organismos internacionales. El chileno Eduardo Aninat, número tres del FMI y Marcelo Figuerola responsable del FMI para América Latina informaron la negativa de prestar asistencia a Uruguay.

Frente a esta situación el Presidente Batlle le pide al embajador en Estados Unidos, Hugo Fernández Faingold y al representante uruguayo frente a los organismos internacionales Carlos Steneri que gestionaras una asistencia directa de Estados Unidos frente a la negativa del FMI. La amistad del Presidente Batlle con el presidente Bush facilitaron la negociación y John Taylor subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales confirmó oficialmente la ayuda a nuestro país. Uruguay contaría con los fondos necesarios que alcanzaban la cifra de U$S 1500 millones para reprogramar los depósitos a plazos en el BROU y el BHU, se suspenderían las actividades de los cuatro bancos con dificultades, Comercial, Caja Obrera, Montevideo y Crédito se creó un fondo de estabilidad del sistema bancario. Este crédito puente debía ser aprobado por el FMI que tuvo que ceder ante la presión del gobierno de Estados Unidos. El país inició un camino de recuperación económica que fue más rápido que el gran costo político que todavía, injustamente,  se mantiene en el caudal electoral del Partido Colorado.


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