El Día

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De la «Ley de Caducidad» a la Justicia Militar.

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Luego de una guerra civil y posterior dictadura, con el “NO” a la reforma Constitucional de 1980 y las elecciones de 1984, retornó al poder un gobierno democrático. Aquella elección histórica de 1984 culminó con Julio María Sanguinetti como Presidente Electo y Enrique Tarigo como Vicepresidente Electo. El pasado 16 de abril se cumplió fecha del primer referéndum contra la Ley N°15.848 llamada “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.

Ambiente de conflicto

En 1985, año que asume el gobierno democrático, se vivía un ambiente turbulento y hostil; conllevó mucho esfuerzo, trabajo y -sobre todo- acuerdo político para entrar en un ambiente de paz institucional y democracia plena. Democracia que gozamos hasta el día de hoy.

Recién asumido el nuevo gobierno y como una de las primeras medidas del parlamento democrático se dictó la Ley N°15.737 sobre amnistía para todos los “delitos políticos, comunes y militares conexos a estos” que se cometieron a partir del 1/1/1962.

En este caso, la excepción eran los delitos cometidos por funcionarios policiales y mandos militares. Esto era el principal foco que generaba un ambiente hostil en la sociedad uruguaya. La sociedad, una vez más, se volvió a dividir en dos: Por un lado, entre quienes buscaban perdón y paz con una Ley de amnistía para los funcionarios policiales y los mandos militares. Por otro lado, quienes buscaban justicia intentando mandar militares a prisión, generando arengas en un ambiente de conflicto e incertidumbre.

Un caso muy particular fue el de German Araujo, Senador por parte del Frente Amplio, quien (en palabras de Sanguinetti) “se abanderó la causa de llevar militares a prisión”. German Araujo generó un ambiente de conflicto tan grande que llegó a provocar una asonada (protesta violenta de un grupo numeroso de personas). Tal fue el daño institucional que estaba generando este Senador que fue separado de su cargo mediante juicio político.

Dar vuelta la página…”

El ambiente de conflicto que se había generado se debía resolver de forma urgente, de otro modo podría haber culminado en tragedia. La única solución era una amnistía general: una Ley de amnistía para los policías y militares que se sumará a la ya promulgada para los civiles. En la época -los uruguayos- no éramos los únicos que estaban transitando estos problemas sociales, en Argentina también se había vuelto al régimen democrático recientemente pero con una realidad de los mandos militares muy diferente. En Argentina, tomaron el camino de la búsqueda de la justicia y llevaron militares ante los juzgados, lo cual provocó un ambiente de violencia.

Dada la realidad argentina y el ambiente de nuestro país, buscar justicia y llevar militares ante los juzgados podría llevar a episodios imprevisibles. Además, los militares se mostraban en una profunda colaboración institucional, no caía nada bien amnistiar civiles y no militares. Considerando que se entregó el poder de forma pacífica y lo único que querían era paz y volver a sus funciones.

El compromiso de los militares por la búsqueda de la paz fue tal que realizaron una declaración adhiriéndose al régimen democrático. En palabras del Teniente General H. Medina: “los milicos queremos vivir en paz pero no vamos a ser monigotes de nadie; no queremos usar parcelas de poder; simplemente queremos vivir nuestra vida profesional en paz, dentro de un país democrático y libre”.

Amnistía: ¿A favor o en contra? Uruguay se dividió en dos:

Quienes estaban en contra de la votación de una Ley de amnistía general difundían un discurso con una visión muy simplista de los hechos y sin considerar el ambiente social que vivía Uruguay. El discurso versaba sobre la búsqueda de justicia y que en un país sin verdad y sin justicia nunca habría paz. También se hacía mención al Art. 8 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley exceptuando los talentos y las virtudes, discurso el cual perdería mucha fuerza por los argumentos de quienes estaban a favor, que ya mencionaré. También proponen que no se podía dejar de insistir en la búsqueda de los desaparecidos. Alegaban que dicha ley era inconstitucional (lo que en su momento llegaría en varias ocasiones a la SCJ y fallando de forma diferente a lo largo del tiempo). También se insistía en que la legislación internacional de DDHH obligaba a perseguir estos tipos de crímenes por considerarlos de lesa humanidad (imprescriptibles). Posteriormente el Estado Uruguayo va a ser castigado por la Corte IDH en el “Caso Gelman” declarando al mismo responsable por la desaparición forzada de María Claudia García, supresión y sustitución de identidad de su hija, violación de Derechos Humanos, falta de investigación de los hechos como consecuencia de la interpretación y aplicación de la ley de caducidad.

Por otro lado, el discurso de quienes estaban a favor del tratamiento de una amnistía para militares se refería a que si se buscaba justicia -como en Argentina- nunca se llegaría a generar un clima de paz y estabilidad: la búsqueda de la paz no tenía que estar necesariamente atada al pasado. No se quería que la realidad uruguaya fuera como la de Argentina, en donde por insistir en mandar militares ante los juzgados se seguían vulnerando y poniendo en riesgo los DDHH. Considerando el discurso de la igualdad ante la ley, quienes estaban a favor de la amnistía hacían reflexionar a la ciudadanía comentando que ya se había dictado una amnistía para civiles y si no se hacía lo mismo para los militares (que fueron ambos quienes atentaron contra el régimen democrático y las instituciones del Estado) se estaría vulnerando la igualdad ante la ley en el intento de juzgarlos.

De la “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” a su restablecimiento:

Luego de un largo debate parlamentario, como suelen serlo, se llegó a el acuerdo de votar la “caducidad de la pretensión punitiva del estado” redacción que realizó Héctor Martin Sturla, diputado herrerista. Se votó en el senado con 22 votos afirmativos contra 9 en contra (6 del FA y 3 PN). En diputados fue de 60 a 37.

Una vez que se promulgó y publicó la Ley N°15.848 comenzó la batalla de la oposición.

En primer lugar, se interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la ley mencionada por las consideraciones expuestas. En enero de 1987 se creó la típica Comisión Nacional Pro Referéndum (como hoy vemos contra la LUC) y en febrero se comenzó con la recolección de firmas. A la oposición le costó mucho llegar a las firmas necesarias para el referéndum. Esto provocaba un clima de tensión -aún más fuerte- pero finalmente se pudo llegar, lo cual le dio tranquilidad hasta al mismo oficialismo que estaba en contra del Referéndum.

Mientras tanto, antes de llegar al referéndum, en 1988, la SCJ fallaba negativamente ante la interposición del recurso de inconstitucional por 3 votos a 2.

Los resultados de aquel primer referéndum en contra de la Ley N°15.848 fueron de 57.53% en contra y 42.47% a favor de la derogación de la ley. La ciudadanía decidió que era necesaria una ley de amnistía.

Años después, precisamente en 2009, el Frente Amplio intenta anular dicha ley a través de una enmienda constitucional y volvió a ser ratificada 52% a favor y 47.9% en contra. Es decir, la ciudadanía ya se había expresado en dos ocasiones a favor de dicha ley y la SCJ no la había declarado inconstitucional. Si seguía insistiendo en contra de la ley era ir en contra de la Suprema Corte de Justicia y en contra de la ciudadanía. El mismo Korzeniak, constitucionalista y Ex Senador del Frente amplio, declaró que “Un órgano inferior no puede derogar lo que hizo un órgano superior. El parlamento, que es inferior al cuerpo electoral, no puede ni derogar ni anular lo que hizo el cuerpo electoral”. El Art. 82 de la Constitución expresa que la “soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral”.

En 2009 la SCJ volvió a fallar, cambiando su jurisprudencia y declarando inconstitucionales los Arts. 1, 3 y 4 de la Ley sobre la caducidad de la pretensión punitiva del Estado pero esto es solo para el caso concreto, la ley de caducidad seguía vigente y eficaz. Lamentablemente, en 2011, se aprobó la Ley N°18.831, derogando la caducidad con retroactividad y se calificaron a los delitos como crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles. Dejó sin efecto el fallo de la SCJ que los había declarado como homicidios.

En conclusión:

En conocimiento de todos estos hechos vemos dos posiciones muy marcadas con respecto a dicha Ley. Por un lado, quienes se embanderaron la causa de llevar militares a la Justicia y que, finalmente, lograron su cometido. Me deja muchas dudas si los impulsaron sentimientos de justicia o venganza. Por otro lado, aquellos que quieran “dar vuelta la página”, como decía E. Tarigo, en búsqueda de paz y otorgando el perdón. La conciliación es la tradición de la historia uruguaya luego de conflictos de tal magnitud.

Bibliografía

  • Sanguinetti, Julio María, La Reconquista, Montevideo, 2015.
  • Risso, Martin, Cumplimiento de la Sentencia de la CIDH en el Caso Gelman, 2013.
  • Larrieux, Jorge, Caso Gelman vs Uruguay. Justicia Transicional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad, 2013.

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6 comentarios

  • Jebert serron
    Jebert serron

    Muy buena nota

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  • Romi
    Romi

    Excelente! 👏👏👏

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  • Verónica
    Verónica

    Muy buena nota, me representa.

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  • Carolina Valiente
    Carolina Valiente

    Excelente y muy claro

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  • Cristian
    Cristian

    Refiriéndose a los militares golpistas que incurrieron en terribles violaciones a los DDHH @CianoBritos dice:

    “… se entregó el poder de forma pacífica y lo único que querían era paz y volver a sus funciones.” (¿?)
    Le faltó decir que fueron héroes también. Cambian las generaciones, pero algunas ideas romantizadas del pasado reciente quedan.

    No hay una sola expresión de condena al golpe ni al proceso defecto en el articulo. Ojalá haya espacio para la renovación en serio dentro del PC.

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  • vilma lombardo
    vilma lombardo

    muy buena nota

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