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Las “Dinocárceles”

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Análisis y crítica sobre la situación de las cárceles en Uruguay.


Es indiscutible que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos, según los datos más recientes obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización 2017 realizada por el INE, el 21% de los encuestados (la mayoría) indicó que la inseguridad es la primera de sus inquietudes.

El tema de la inseguridad es un tema complejo con múltiples causales y para cuyo abordaje se debería realizar una investigación más profunda desde una perspectiva multidisciplinaria, por lo tanto un simple artículo no alcanzaría para responder todas las incógnitas que surgen en torno al tema. Eso me lleva a hablar de un tema puntual dentro de la complejidad que abarca el tema de la inseguridad: hoy escribiré sobre la situación de las cárceles.

Según el informe del año 2019 del Comisionado Parlamentario Penitenciario, en lo que va del siglo XXI la población penitenciaria se triplicó. El informe muestra cómo Uruguay figura en los puestos más altos del gráfico de la Tasa de prisionización (c/100.000 Hab.) de distintos países del mundo elaborado en base a datos del Instituto de Investigación en Política Criminal de la Universidad de Londres.

De acuerdo con dicho informe, la población penitenciaria no ha parado de aumentar desde 1999, cuando tenía unos 4.000 presos. Para noviembre de 2019, la cifra aumentó a 11.574.

A pesar del crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza y del aumento de la cantidad de presos en las cárceles, la inseguridad no ha parado de aumentar. Según los datos del Ministerio del interior, la cantidad homicidios en el año 2000 era de 214, en 2018 paso a ser 414. En cuanto a las rapiñas para el año 2000 se registraron 6.751 denuncias y en 2018 aumentaron a 29.904. La cantidad de hurtos en el año 2000 era de 60.608, y en 2018 pasó a ser de 145.161.

En torno a estos datos surgen varias incógnitas, algunas son las siguientes: ¿Cuáles son las causales de la delincuencia? ¿Qué hacemos para frenarla? El debate respecto de estas preguntas es variado, hay quienes atribuyen las causas al “maldito sistema neoliberal en el que vivimos”, otros al avance de la cultura de la drogadicción y la falta de moral, pero para tratar de encontrar las causas se requeriría un análisis técnico más en profundidad, que excede las posibilidades y el objetivo de este artículo.

En cuanto a las posibles soluciones, hay quienes reclaman mayor gasto social y posibilidades de trabajo, y quienes reclaman “mano dura y plomo”. En lo atinente a este punto, es necesario aclarar que la realidad social es compleja y nadie tiene la bola de cristal. Existen múltiples fórmulas para abarcar la problemática, pero la que vamos a tratar sigue una línea Batllista, y por lo tanto se apega a principios humanistas.

Muchos dirán: ¿Debemos ser humanistas con los delincuentes? ¡No hay que tenerles piedad! ¡Que no salgan nunca más! ¡Que sufran ahí adentro!

Es entendible que quienes perdieron a un ser querido en manos de un mal encaminado tengan sentimientos de furia y de venganza, al fin y al cabo somos seres humanos y cualquiera en ese lugar sentiría lo mismo. La cuestión es que aquellos mal encaminados no sigan arruinándole la vida a otras personas.

Actualmente las cárceles no garantizan la rehabilitación, sino por el contrario, garantizan la reincidencia. El 61,9% de las personas privadas de libertad son reincidentes, mientras que los primarios son el 38,1%.

La razón por la que tenemos estas cifras se explica por las condiciones de vida que hay en las cárceles: tan solo el 27% de los presos tienen oportunidades de integración social, mientras que el 47% de los presos presentan insuficientes condiciones para lograr la misma; por otro lado, 26% de los presos reciben tratos crueles, inhumanos o degradantes y aproximadamente el 50% de los presos en la Zona Metropolitana presenta problemas de salud mental (Informe del comisionado Parlamentario Penitenciario, 2019).

Esto se complementa con el problema de la superpoblación carcelaria que no contribuye al proceso de rehabilitación: en promedio, la densidad poblacional del sistema penitenciario (2019) es del 87% en la Zona Metropolitana, mientras que en el Interior del país es de 117,6%. Cabe destacar que es un promedio elaborado en base a la totalidad de los módulos; si analizamos la situación en base a cada módulo los porcentajes varían.

En cuanto a los homicidios, en 2019 la tasa se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas. La distribución de las muertes violentas tiende a concentrarse en los establecimientos de mayor tamaño, ubicados en el área metropolitana. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente 4 veces más que la cifra nacional (Datos extraídos del informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2019).

¿Quién en su sano juicio puede pensar que una persona se puede rehabilitar en un lugar donde se violan los derechos humanos, en donde existen escasas oportunidades, y en donde reina prácticamente la anarquía?

Es importante que nuestro país siga el ejemplo de los países que lograron obtener los mejores resultados en seguridad a nivel mundial gracias a la inversión en las cárceles, gracias a apostar por mejorar la calidad de vida de los presos orientándolos hacia una vida sana, de trabajo, y dotándolos de oportunidades y herramientas para rehabilitarse.

Es momento de que sigamos el ejemplo de Don José Batlle y Ordóñez, mirando a las sociedades más “desarrolladas” para estar un paso adelante y así ser un País Modelo.

¡Es el momento de Reformar las cárceles!



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