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Justicia que tarda, ¿es justicia?

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Entre el Covid, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo

El 13 marzo del 2020 la Suprema Corte de Justicia -órgano máximo del Poder Judicial- decretó la Feria Judicial Extraordinaria por razones sanitarias, es decir que, las oficinas del mencionado órgano, como el resto de las oficinas públicas, cerraban sus puertas.

Al mes siguiente y debido a que la situación permanecía incambiada, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) presentó un proyecto de ley ante la Comisión de “Constitución, códigos, legislación general y administración” de la Cámara de Representantes, relativo al uso de los medios electrónicos y telemáticos en los procesos judiciales y administrativos. En el mismo, sustancialmente, se proponía autorizar “la realización de actos procesales escritos por medios electrónicos o telemáticos”, así como la “Realización de actos orales a través de videoconferencia o medios técnicos similares”.
Ese proyecto inicial constaba de 12 artículos, el último de ellos establecía la vigencia del mismo, la que sería “durante todo el período en que el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mantengan las medidas especiales debidas a la emergencia sanitaria” quedando a consideración de los citados órganos mantener dichas medidas con posterioridad a la emergencia sanitaria o no. Por lo tanto, la intención inicial del CAU respecto del proyecto de ley presentado, era la de paliar de forma rápida y temporal la situación que atravesaba el Poder Judicial, los operadores jurídicos y la población en su conjunto.

Pasó el tiempo y en mayo de 2020, las oficinas del Poder Judicial reabrieron e instauraron un sistema de agenda que, con menos funcionarios judiciales -por razones de edad y/o enfermedades- y con algunas complicaciones, funcionaba.
Mientras tanto, la Comisión encargada de estudiar el proyecto solicitaba -y aún hoy continúa solicitando- informes a diferentes actores como son la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la UDELAR, la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, AGESIC, etc… El Representante Mario Colmán, según surge de la versión taquigráfica de la reunión realizada por la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración del día 02 de junio de 2021, sostuvo: “Incluso -lo digo a modo de reflexión-, recuerdo que esto nos llegó en un momento complicado de la pandemia, quizás demoramos mucho en tratarlo; después se superó, empezaron a funcionar de nuevo los juzgados, y lo dejamos un poco para atrás”. Tal como establece un axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Llegó diciembre y comenzó la Feria Judicial mayor -la que se adelantó unos días por el aumento de casos de Covid-, retomándose las actividades en febrero de 2021. Poco más de un mes duró la ilusión, cuando el 25 de marzo del corriente y por causa de la ola de contagios, nuevamente se decreta Feria Judicial Extraordinaria, la que inicialmente sería por unos días pero sabido era que se extendería. Y así fue; la Feria continuó hasta mediados de mayo y recién, muy paulatinamente para la presentación de determinados actos procesales y la celebración de audiencias, se está volviendo a la “nueva normalidad”, y se están comenzando a implementar algunas de las propuestas presentadas por el CAU.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia remitió su informe sobre el proyecto de ley a la Comisión y surgieron algunas desavenencias entre los Ministros de la Corte, y entre el Presidente de dicho órgano y el Presidente del CAU.

Ahora bien, luego de estas idas y venidas durante todos estos meses, me pregunto: ¿Quién se acordó de los derechos que hay en cada uno de los expedientes de las oficinas Poder Judicial?; ¿de las pensiones alimenticias, de las visitas, de los juicios laborales y civiles?; ¿y de los olvidados abogados, escribanos, procuradores? Trabajadores, la mayoría independientes, que estuvieron meses sin ingresos, como muchos otros trabajadores, claro está, pero a veces pareciera que existe una falsa creencia de que quien tiene un título universitario, tiene todo resuelto o le es todo más sencillo y lejos está eso de la realidad.
Y todo esto sin mencionar la saturación del sistema, el agotamiento de los funcionarios judiciales, a quienes los expedientes y papeles los pasaron por encima, la falta de horas para reservar agenda, y, lamentablemente, podría seguir…

En lugar de haber aprovechado lo sucedido el año pasado, así como el proyecto de ley presentado por el CAU que proponía modernizar y “aggiornar” al Poder Judicial, pareciera que seguimos casi en el mismo punto de partida. Con esto no estoy diciendo que se deben aprobar Proyectos de Ley “al grito”, de mala calidad y sin el estudio que requieren, sino que mientras el Poder Legislativo se toma su tiempo, la Suprema Corte de Justicia cierra las puertas del Poder Judicial por Covid sin brindar soluciones y discute con el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, hay miles de personas que esperan para poder ejercer sus derechos.

Luego de todo ese racconto y para finalizar, pareciera inevitable no pensar en la frase que reza: “justicia que tarda, no es justicia”, pero en contra de todos los pronósticos y con la misma convicción que hace unos años elegí esta profesión, yo elijo seguir creyendo en que si existe la justicia.


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