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Derecho a un hogar

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LA LUC Y EL REGIMEN DE ARRENDAMIENTOS SIN GARANTIAS

Introducción:

            Uruguay se caracteriza por ser un país vanguardista a la hora de legislar en pro de los derechos humanos. En la Constitución de 1934 art. 45 declaro que, “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa”.  Esto es muy importante, porque establece el acceso a la  vivienda como un derecho fundamental. Galiana Ángeles establece que, sea un derecho fundamental implica que luego el mismo pueda ser exigible jurídicamente, y se logre satisfacer. [1] La legislación internacional no se quedó atrás, y en la Declaración de Derechos Humanos, como en otros diversos Pactos Internacionales, también se estableció a la vivienda como un derecho humano, que cada Estado parte debía de garantizar.

            La consagración constitucional ocasionó que nuestro país pasara por una serie de legislaciones que buscaran de diferentes formas lograr cumplir con el acceso a la vivienda digna. Dentro de estas encontramos las que se vinculan con el arrendamiento. La normativa más importante fue el decreto ley 14.219 que marcó un antes y después en el mundo arrendaticio. Este decreto es proteccionista del arrendatario dando una estabilidad en la finca y un amplio plazo para ser desalojado; pero además también otorga seguridad al arrendador, ya que se puede exigir garantías de alquiler antes de dar en arrendamiento la finca.

            El derecho a la vivienda tiene que ser garantizado por el Estado a todos los habitantes de la República, cuando se habla de habitantes se hace referencia a todas las personas que están en el país y no solo a los ciudadanos. Otorgar este derecho es fundamental y necesario, ya que junto con el mismo vienen otra cantidad de derechos,  como son el de la igualdad, dignidad de la persona humana, desarrollo, integridad física y moral, libertad de residencia, no discriminación, entre otros.

¿Cuál es la problemática de los migrantes y la vivienda?

            Históricamente nuestro país se caracteriza por un flujo migratorio constante, el mismo se ha dado por diversas razones, pero todas generan que un grupo de personas se desplacen eligiendo como opción para establecerse nuestro país. En este siglo, los grandes flujos migratorios pertenecen a los países del Cono Sur y Centro América.  Estos sectores, llegan a nuestro país con condiciones económicas muy desfavorables, teniendo que trabajar de forma informal, y vivir en pensiones no habilitadas por los Gobiernos Departamentales para cumplir con su objetivo, enviar remesas al resto de sus familiares.

            En el año 2008, se aprobó la ley 18.250 (Ley de Migraciones), que tuvo como objetivo regular varios aspectos de la migración, dentro de estos el art. 8 establece cuáles son los derechos de los migrantes  que deciden residir en nuestro país, y uno de ellos es la vivienda. Este derecho se tiene que brindar al pie de igualdad con el de los nacionales, teniendo la misma protección y amparo. Es aquí donde vuelve aquel concepto del art. 45 de la Constitución “todos los habitantes de la República”.

            Si bien la ley es vanguardista, y declara una lista de derechos fundamentales, la misma no se aplicaba en la práctica. El derecho a la vivienda es un problema estructural de nuestro país, tanto nacionales como migrantes sufren de los problema en acceder a las mismas. El círculo chileno de inmigrantes en Uruguay declara “…el tema de los requisitos para préstamos… te piden años de trabajo, los contratos, a personas que llevan…poco tiempo”[2]. Dentro de las dificultades que sufren los inmigrantes para poder acceder a una vivienda encontramos la incomodidad en los espacios reducidos, la violencia, la prohibición de tener niños, los altos costos, escaso saneamiento, etc.  Si analizamos los requisitos que se piden para poder solicitar un plan de vivienda en nuestro país  encontramos que necesariamente se debe  “ser ciudadano”, esto contradice notoriamente el art. 45 de la constitución y el art. 8 de la ley 18.250.

            El acceder a una vivienda propia no es opción para la gran mayoría de los inmigrantes, por lo tanto deben arrendar inmuebles. Pero cuando deciden seguir este camino también se encuentran ante muchos obstáculos, si bien el DL en su art. 36 regula las garantías y según la doctrina a la cual me adhiero no es obligatorio exigir las mismas, sino que los arrendadores por la autonomía de la voluntad pueden solicitarlas. [3] En la práctica se observa que en todos los contratos de arrendamiento urbano se exige las mismas.

            Tenemos dos tipos de garantías que se pueden exigir: por un lado las reales que el ejemplo típico es el depósito de alquiler; o las personales que el ejemplo es la fianza o seguros. En cuanto a los depósitos, en general los inmigrantes cuando llegan a nuestro país no lo hacen con un respaldo económico grande para poder realizar estos (la mayoría de ellos provienen de los países con mayor índice de pobreza); y en cuanto a los seguros exigen requisitos para comenzar el trámite que son un año de trabajo formal, recibo de los tres últimos meses y la cédula de identidad. Para poder tramitar la cedula de identidad si sos inmigrantes que no pertenecen al MERCOSUR, el trámite lleva entre diez a doce meses, y para poder tener un empleo formal también necesitan de este requisito. Es imposible poder acceder a este tipo de garantías. [4]

¿Cuál es el objetivo del nuevo régimen sin garantía de la ley 19.889 (LUC)?

            Desde mi punto de vista, por medio de este nuevo régimen (que no deroga el anterior), lo que se busca es facilitar el acceso a la vivienda a nuevos grupos de la población. El régimen de arrendamiento sin garantía, cumple con lo que dispone nuestro art. 45 de la Constitución, y promueve la posibilidad de que más grupos de inmigrantes decidan Uruguay como destino para emprender una nueva vida.

            Este régimen no es la solución a los problemas que sufren los inmigrantes día a día, pero contribuye a cumplir con lo mandatado en el art. 8 de la ley 18.250, en cuanto le da la posibilidad a los inmigrantes de acceder a viviendas dignas, sin tener que conseguir una garantía de alquiler.

            La actual oposición busca derogar los artículos que regulan este régimen. Una oposición que aprobó una ley para migración sin dar líneas claras de acción para hacer cumplir los derechos que se consagraban en la misma. Uruguay, tierra de inmigrantes tiene un gran debe con la estos grupos poblacionales, hoy la colación multicolor se hizo cargo, aprobando un régimen vanguardista que pretende que más personas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Bibliografía:

FOSSATTI, URIARTE, “viviendo sin derecho. Migraciones Latinoamericanas y acceso a la vivienda en Montevideo”, Revista La Rivada 6.

GALIANA SAURA ÁNGELES, “La vivienda como objeto de estudio desde el derecho: la vivienda como derecho humano y la catedra de la UNESCO sobre la vivienda”, Hábitat y sociedad, n° 10, 2017

JABOBO, “Las garantías en el contrato de arrendamiento, régimen especial del fiador”, en ciclo de conferencias sobre arrendamiento urbano, Colegio de Abogados del Uruguay, tomo I, Montevideo, 1986        

MIDES, Informe oficial “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”, 2017


[1] GALIANA SAURA ÁNGELES, “La vivienda como objeto de estudio desde el derecho: la vivienda como derecho humano y la catedra de la UNESCO sobre la vivienda”, Hábitat y sociedad, n° 10, 2017, pág. 129.

[2] MIDES, Informe oficial “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”, 2017, pág. 109.

[3] JABOBO, “Las garantías en el contrato de arrendamiento, régimen especial del fiador”, en ciclo de conferencias sobre arrendamiento urbano, Colegio de Abogados del Uruguay, tomo I, Montevideo, 1986, pág. 77 a 104.

[4] FOSSATTI, URIARTE, “viviendo sin derecho. Migraciones Latinoamericanas y acceso a la vivienda en Montevideo”, Revista La Rivada 6, 2018, pág. 48.


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