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Abuso y maltrato en la vejez: ¿Objetos o sujetos de Derecho?

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Uruguay presenta el índice más alto de envejecimiento de la región; según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011) en esa fecha el 14% de la población del país eran personas mayores de 65 años. Hoy en día seguimos siendo una sociedad muy envejecida, lastimosamente no contamos con números exactos en referencia a las personas de mayor edad, quizá por ser un sector de la población bastante discriminado.

La vejez en nuestro país no es la mejor etapa de la vida de una persona, o al menos no parece serlo. La prueba de ello son los residenciales para personas mayores, que en la mayoría de los casos se encuentran en estados deplorables. Pero ésta no es la única prueba, tambien lo es el maltrato familiar hacia estas personas.  

Existen varios factores que facilitan a que se presenten situaciones de maltrato, y están relacionados con la pérdida de la independencia y de la condición de sujeto de derecho.

El factor más relevante a tener en cuenta, es el relacionado con la imagen de la vejez. Los estereotipos facilitan la relación de discriminación de las personas de edad, de ellas con su entorno y del contexto en que se encuentran hacia ellas. Sin lugar a dudas la vejez es una etapa completamente descalificada.

La familia es y será siempre el apoyo fundamental en cualquier sociedad y principal proveedora de cuidados para las personas en su vejez, pero el rol de la familia se ha desdibujado mucho en estos últimos tiempos. Se ha pasado de familias en las que convivían variedad de generaciones a la “familia del trabajo” en la cual no se dispone de tiempo suficiente como para cuidados.

La falta de políticas, programas y planes que respondan a necesidades reales de la población de mayor edad es tambien una forma de maltrato, esta falta de políticas deriva a que las personas mayores deban someterse al maltrato de su familia, ya que no tienen otra forma de vivir que no sea con ellos, o en un residencial en malas condiciones.

La solución actual en nuestro país es enviar a nuestros padres, o abuelos a un “hogar de ancianos”, cuidarlos nosotros mismos dejando a un lado nuestro trabajo, o contratar a una persona que se encargue de sus cuidados, lo cual es bastante costoso. No existen medidas positivas para salvaguardar la integridad mental y física de las personas de mayor edad, se encuentran en una situación completamente vulnerable.

Lo cierto es que la persona mayor sigue siendo sujeto de derecho, es decir, que es acreedora de derechos y deberes. Los derechos humanos deben preservarse y hacerse valer siempre. La declaración universal de derechos humanos establece derechos fundamentales como el de igualdad y la prohibición de discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a condiciones de vida adecuadas, los que son aplicables por extensión a las personas mayores y de gran importancia para el desarrollo de la libertad en la vejez.

En Uruguay existen normas que tienden a proteger a las personas mayores, a través de la ley 19430 se aprobó la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho de las mismas a no ser discriminadas por razones de edad, a no sufrir ningún tipo de maltrato y a poder disfrutar de una vida plena, sobre todo autónoma e independiente. Se establece el deber del Estado de tomar las medidas necesarias como para asegurarle a la persona mayor el goce del derecho a la vida y a vivir con dignidad en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Pero fundamentalmente se establece que estas personas puedan elegir como y con quien vivir, es decir seguir llevando las riendas de su vida y no solamente acatar decisiones como meros objetos de derecho.

Tambien tenemos disposiciones en la Constitución de la Republica acerca de la igualdad ante la ley, la libertad y la obligación del Estado de dar asilo a las personas inhabilitadas que se encuentren en inferioridad física o mental. Debe tenerse en cuenta por su importancia lo previsto en el artículo 67, por el que se consagra el principio de la generalidad de la seguridad social, tanto en el campo de aplicación, como en el de los riesgos que cubre y reafirma el derecho a la pensión a la vejez de aquellos que carezcan de recursos y lleguen al límite de la edad productiva.

El maltrato está afectando enormemente a las personas de mayor edad, conllevando a una gran desestabilidad emocional, terminando en un asilamiento profundo, y muchos cuadros de depresión. La pandemia del Covid-19 ha acentuado aún más estos problemas, y el conflicto que tenemos como país es que estas situaciones en la gran mayoría de los casos no se denuncian.

Una sociedad para todos significa una sociedad sin discriminación por motivos de edad, una sociedad en que cada persona pueda realizarse libremente y  llevar una vida productiva, una sociedad en la que todos seamos tratados como sujetos de derecho, porque en niños y personas mayores esto muchas veces se nos olvida.


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