La entrada en recesión técnica de la economía uruguaya (dos trimestres consecutivos de caídas), puso sombras sobre la evolución futura de la actividad y hacen rever las proyecciones para el resto del año, lo que pone en discusión la necesidad del gobierno para tomar medidas de reactivación.
Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,9% en 2022, la actividad económica cayó en el cuarto trimestre 1,3% frente al tercer trimestre, que a su vez había mostrado una caída de 0,75% con respecto al segundo trimestre, por lo que se configura lo que denomina una “recesión técnica”.
En el último trimestre de 2022, la mayor contracción se registró en el sector primario (agropecuario, pesca y minería), con una caída interanual de 21,5%, debido al impacto de la sequía, mientras que la industria manufacturera cayó 4,3% en octubre-diciembre del año pasado frente a igual período de 2021.
De hecho, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, informó que la sequía tendrá un impacto de USD 1.175 millones en los diferentes rubros, según una estimación de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) que el secretario de Estado elevó al Parlamento.
Las pérdidas en la agricultura alcanzarán los USD 490 millones, debido a un millón de toneladas no cosechadas y a la caída de rendimientos, la ganadería dejará de percibir USD 440 millones debido a los terneros no nacidos y a la pérdida de peso vivo destinado a faenas y USD 145 millones en praderas perdidas, mientras se estima que la lechería tendrá una pérdida de USD 100 millones.
Otros sectores que mostraron una caída en la actividad fueron Energía, Gas y Agua (-5,7%), debido a menores exportaciones de energía hacia Argentina y Brasil, y la industria manufacturera (-4,3%), principalmente por una baja en la actividad de los frigoríficos debido a una menor demanda externa.
Aunque la sequía tuvo una incidencia fuerte en el nivel de actividad, no se puede desconocer que el atraso cambiario también jugó un rol negativo en la pérdida de competitividad y caída en las exportaciones, al tiempo que elevadas tasas de interés por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) para combatir la inflación generaron un enfriamiento de la economía más allá de lo deseado.
La inflación alcanzó un 8,29% en 2022, mientras que el dólar cayó 10,4% el año pasado y cerró a 39,95 pesos el 30 de diciembre, cuando según el índice Big Mac que elabora The Economist divulgado el 28 de enero, sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en 27,8% con respecto al dólar, por lo que la divisa estadounidense debería cotizar a 50 pesos.
Lejos de corregirse, el atraso cambiario se profundizó en el primer trimestre, dado que la inflación acumulada en el período fue de 3,50%, mientras que la cotización del dólar cayó 3,26% en enero-marzo.
La evolución dispar entre la inflación y la cotización del dólar, hizo por ejemplo que las exportaciones cayeran 6% en el primer trimestre sin contar las zonas francas y 3% incluidas las zonas francas.
Por otra parte, la diferencia cambiaria con Argentina provoca estragos en el comercio de los departamentos del litoral a raíz de las compras masivas en el país vecino, donde se encuentran precios hasta cinco veces más baratos, lo que según voceros comerciales llevará a la pérdida de entre 7.000 y 8.000 empleos en los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro y una caída total de USD 120 millones por concepto de IVA y aportes al BPS.
La recesión en la que entró el país, llevará que el crecimiento económico caiga desde 4,9% el año pasado a 2% en 2023, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un aumento del desempleo a 8,3% para fin de año, frente a 7,9% a fines de 2022.
El estancamiento por el que atraviesa el país pone en el debate público la necesidad de adopción de medidas activas del gobierno para salir rápidamente del contexto actual y generar una reactivación que permita al menos cumplir con las expectativas de crecimiento moderado este año y una mayor recuperación el año próximo.
En primer lugar, consideramos necesario una rebaja en la tasa de interés de referencia del Banco Central del Uruguay el próximo miércoles 19 de abril en al menos 0,25%, para pasar a 11,25% anual, dado que la inflación se desaceleró en los últimos meses y la baja restaría algo de atractivo a las colocaciones en pesos para fortalecer al dólar, además de tener una incidencia positiva en la actividad y el consumo.
Por otra parte y como una política monetaria que se sostenga en el tiempo, creemos pertinente el restablecimiento de una banda de flotación del dólar, no como un ancla cambiaria para contener la inflación, y a su vez generar atraso cambiario como en el pasado reciente, sino para dar previsibilidad y estabilidad a las inversiones y en definitiva a la rentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo.
Mediante dicha banda, que se utilizó en los años 90 hasta que se liberó el tipo de cambio durante la crisis de 2002 y cuyo piso y techo se movían en determinado porcentaje mensual prefijado, -de ahí el nombre de paridad deslizante- el precio del dólar debería de moverse mensualmente de forma similar a la inflación.
Con la regla fiscal vigente desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y un déficit fiscal previsto de 3,4% del PIB, el gobierno tiene algo de margen y algunos instrumentos para apoyar a los sectores que muestran mayores dificultades, como rebaja de impuestos a pequeños productores agropecuarios, créditos blandos, refinanciación de deudas y alivios impositivos y una baja del IVA y del IMESI en los departamentos del litoral.
Asimismo, una vez finalizada en estos días la obra de UPM 2 y el año que viene el ferrocarril central, el gobierno debe agilizar algunos proyectos de inversión pública como el de Arazatí, una planta potabilizadora de agua para abastecer a Montevideo, con una inversión de más de USD 200 millones, la mayor en 150 años y que alcanzará a USD 500 millones si OSE aprueba un plan de saneamiento para 60 ciudades.
Además, se deberá dar impulso al plan de viviendas y concretar las inversiones previstas en materia vial.
Por otro lado, al amparo de la nueva normativa con mayores beneficios fiscales, se deberá dar celeridad a múltiples iniciativas de inversión privada en tecnologías de la información, zonas francas y turismo, como lo es la posibilidad de contar con un puerto de cruceros a instalarse en el departamento de Colonia o Maldonado, después que el año pasado se aprobaron 706 proyectos de inversión en varios sectores por USD 1.194,3 millones, la mayor cifra en una década.