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Los precios al consumo y el rol del Estado. Una breve aproximación

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El mantenimiento de la estabilidad de precios es uno de los objetivos predominantes de la política monetaria en la mayoría de los países. Dicha estabilidad suele presentarse, entre otros aspectos, como una condición necesaria del crecimiento sustentable y del fortalecimiento del poder de compra de la moneda nacional. Los efectos adversos de la inflación operan a nivel micro y macroeconómico. Los costos de búsquedas asociados con los incentivos de los agentes de no mantener dinero en efectivo y buscar alternativas de colocación que paguen interés o signifiquen un resguardo ante la inflación. Los costos relacionados con todos los inconvenientes de los empresarios de modificar frecuentemente los precios de lista en lugar de aplicar atención y recursos en actividades más productivas e incluso llevan a la especulación en circunstancias excepcionales como la que vivimos hoy.

Históricamente, no existen experiencias internacionales que de manera clara muestren los beneficios del establecimiento de controles de precios. Por ello, resulta importante entender qué función tienen los precios en una economía y cuáles son los riesgos de controlarlos artificialmente, así como los potenciales efectos negativos para la misma población que se pretende beneficiar.

El precio es el mecanismo que permite equilibrar la oferta de servicios y productos con la demanda de éstos. Es el valor de un producto o servicio que para el consumidor tiene en términos monetarios. Es el mecanismo que permite a una empresa, que produce un bien o servicio, encontrar el nivel al que el mercado y los consumidores están dispuestos a pagar en entornos donde existe cierto nivel de competencia.
La creación de mecanismos artificiales de precio genera una afectación en la creación de utilidades de corto plazo para las empresas, lo que termina por afectar la inversión privada, que históricamente es el principal motor del crecimiento económico futuro.

Existen otras formas de control de precios, que se refieren al establecimiento de precios mínimos, los llamados precios de referencia. Con ello se busca el establecimiento de subsidios que permitan, por ejemplo, en precios de productos agrícolas, garantizar un mínimo nivel de ingreso a los productores de ciertos bienes. Este tipo de controles también genera distorsiones importantes. Una canalización de recursos fiscales que deberían de beneficiar a toda la población apoya un grupo específico al margen de sus niveles de productividad y de la rentabilidad de su actividad. En estos casos, también el afectado termina por ser el consumidor final. Porque está comprando productos que tienen en su origen un precio artificialmente elevado. En nuestro país hay una larga historia en este rubro por ejemplo, en setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.

El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus intereses.

Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929 coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituida en 1929, proclive a la línea política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en su momento de apogeo, quince años atrás.” (Nahum, Cocchi, Frega y Trochón – Crisis política y recuperación económica. 1930-1958. Ed. Banda Oriental. P. 15)

Los alcances de la intervención del Estado aparecen caracterizados en un editorial de “Acción” del 13/12/948: “(la intervención del Estado) en ningún momento ha querido asumir el carácter de una interferencia con actividades que también conceptuamos deben o merecen no ser desplazadas de la órbita particular” a la vez que “el espíritu de empresa del hombre debe ser estimulado”.

Sin embargo, la intervención del Estado debe alcanzar otros niveles en determinadas circunstancias: “En primer término corresponde al Estado asumir la defensa del interés general. Cuando la empresa privada desconoce ese interés y pretende aprovechar la libertad que se le acuerda con fines contrarios al mismo, el intervencionismo estatal será impuesto como un deber primordial. Si un excesivo afán de lucro, configurando incluso las formas del agio o de la especulación abusiva, atenta contra las conveniencias de la colectividad, la intervención del Estado no debe extrañar a quienes la provocan. Corresponde igualmente a esta, suplantar a los particulares allí donde el particular por desidia, indiferencia o falta de capacidad material para hacerlo no puede notoriamente llegar. Es un caso de intervencionismo constructivo y de beneficio común”.

La Reforma Monetaria y Cambiaria de diciembre de 1959 se propuso lograr la estabilidad interna y externa del dinero y reiniciar el crecimiento económico; el fin del plan se suele fechar hacia 1963 y la devaluación de mayo de ese año. El Plan de 1968 estuvo caracterizado por perseguir la detención de la inercia inflacionaria utilizando instrumentos de shock y política de ingresos (la “congelación de precios y salarios”) para alinear rápidamente los indicadores; hacia 1972 puede darse como agotado el plan, lo que estuvo acompañado de una importante crisis bancaria y devaluación.

El Plan de Estabilización de 1978 acompañó a la estrategia más general de liberalización financiera vigente en Uruguay desde 1973 y significó el establecimiento de la “tablita”; en un contexto de muy elevado déficit fiscal y fuga de capitales, el plan colapsó en noviembre de 1982, trayendo consigo una crisis financiera de carácter sistémico. Hacia fines de 1990 se implementa un nuevo plan de estabilización de precios, de carácter gradualista, basado en variables presupuestadas y, luego, de anuncios aperiódicos de las autoridades y el establecimiento de una banda de flotación cambiaria. De hecho, el plan siguió un derrotero similar al de sus antecesores y con la devaluación de junio de 2002 se habría llegado a un nuevo fracaso en la historia de los planes de estabilización.

La crisis del 2002 tiene varios puntos de análisis. Para algunos economistas se remonta a la cesación de pagos de Rusia en 1998. Esto afectó a Brasil que tuvo que devaluar la moneda el 13 de octubre de 1999. En Argentina el problema estaba en la existencia de problemas en su sistema cambiario, tenía una paridad U$S -$ quedando expuesta su política fiscal derivada de su dependencia del mercado brasilero. En el 2001 Argentina tenía problemas con su deuda pública, y la confianza de los ahorristas se complicaba sacando ahorros. La respuesta fue congelar los retiros llamados comúnmente “corralito”. El drama se extendió a la política obligando a la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa el 20 de diciembre del 2001. Se sucedieron dos presidentes en el plazo de 10 días. En nuestro país la percepción era, como históricamente lo había sido, de algo transitorio que aumentaba el proceso inflacionario.

La realidad era mucho más profunda: la devaluación inmediata presenta con crudeza problemas estructurales y fragilidades endémicas. El PBI tuvo un descenso del 11%. El cierre fiscal aumentó el endeudamiento bruto que estaba dolarizado en su mayoría. Esto agregaba otra debilidad hacia el sistema cambiario. Por otro lado hubo una serie de problemas coyunturales como una gran sequía que afecto al agro y a la generación de energía. Todo esto culmina con un brote de fiebre aftosa en el marco de negociaciones de venta de carne a los Estados Unidos. La realidad era que se trataba de una crisis regional con circunstancias locales que en conjunto generaron una tormenta perfecta.
Si las elecciones de 1958 habían determinado un primer intento de cambiar al país provocando la rotación de partidos en el poder, las elecciones de 1966 marcaron aun con más fuerza ese sentimiento, no solo con una nueva rotación partidaria sino también con una nueva Constitución.

El Caso ANCAP:

ANCAP fue creada el 15 de octubre de 1931 por la Ley Nº 8764 que estableció en su artículo 1º: “Créase un Ente Industrial del Estado, que se denominará Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland con el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados, y de fabricar portland.”
Se declara de utilidad pública a efectos de intervenir en nombre del Estado en tres campos estratégicos. En materia de combustibles, estableció el monopolio estatal de la importación y refinación de petróleo crudo y con la condición de producir al menos, el 50% de la nafta consumida en el país, la extensión del mismo a la importación y exportación de cualquier tipo de carburante líquido, semi líquido o gaseoso.

En materia de alcoholes, consagró el monopolio integral sobre la importación, exportación y fabricación de alcohol y de las bebidas alcohólicas destiladas, para las cuales el Ente lo solicitara de manera expresa.
En lo que refiere al Pórtland, se autorizó la instalación de fábricas de pórtland y productos afines, para abastecer las necesidades de obras públicas, que se buscaron incrementar a efectos de absorber la gran desocupación provocada por la crisis de 1929. En 1933 ingresó a un mercado de competencia en combustibles líquidos refinados, a través de la importación y venta de productos en todo el país, y se instalaron las dos primeras estaciones de servicio en Montevideo, una en 18 de julio y Sierra y la otra en Uruguayana y Capurro. ANCAP construye sus primeras instalaciones petroleras para operar como distribuidora y en 1935 inicia la segunda etapa con el montaje de la primer y única Refinería de combustibles del país, que se inauguró dos años más tarde, con una capacidad de refinación de 600 m³ diarios, lo que llevó al cese de las importaciones de productos elaborados.

En la década del 40, logró superar las restricciones de aprovisionamiento derivadas de la escasez de materia prima para sus industrias básicas, alcoholes y combustibles, generando la capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda interna. La planta de ANCAP de La Teja es un ejemplo de las primeras realizaciones de arquitectura moderna en nuestro país. La obra en su mayoría fue realizada por el arquitecto Rafael Lorente Escudero durante los años 1934 y 1938. Hubo una serie de obras como el cuartelillo de bomberos en 1934, el edificio de las oficinas administrativas, el vestuario de los obreros, la gerencia y los laboratorios. También debemos mencionar el imponente edificio de las oficinas centrales. En 1961 se inaugura la nueva Refinería que permitió elevar de 4500 metros cúbicos a 6500 la capacidad de procesamiento del crudo.
También permitió ampliar la capacidad de producción de combustibles gaseosos como el supergas. Para llevar adelante este proyecto se incorporaron ingenieros y personal especializado. En 1965 entró en funcionamiento una Planta de Desulfuración de gasoil y kerosene.

Por medio del decreto 786/968 del 26 de diciembre de 1968 el Poder Ejecutivo autorizó a ANCAP a realizar los estudios para instalar una boya para la carga y descarga de petróleo en aguas juridisccionales uruguayas. En 1968 la flota marítima de la administración estuvo integrada por: a) de ultramar con buques propios “ANCAP TERCERO” y “ANCAP CUARTO” buque arrenrados a la Armada Nacional b) cabotaje con buques propios como el “ANCAP QUINTO” y “ANCAP SEXTO”. Desde el punto de vista administrativo se puso en marcha en 1968 por intermedio de la consultora Arthur Young Co. Una reorganización de la Administración con nuevos modelos de gestión. Con el objetivo de abaratar los costos se decidió instalar una terminal petrolera capaz de recibir barcos de 150.000 toneladas. El lugar elegido fue José Ignacio a 3.600 metros de la costa. Se instaló una monoboya giratoria de amarre de origen holandés. La misma fue adquirida en 1977. La monoboya fue conectada por un oleoducto a un parque de tanques y que sigue paralelo a la Ruta Interbalnearia hasta La Teja en 1975 comenzaron las obras, en 1977 culminaron las obras y se inauguró el 9 de junio de 1978.

Las Empresas Públicas:

El plebiscito del 13 de diciembre de es un antecedente para comprender las connotaciones especiales que tiene en el Uruguay la discusión acerca de las empresas del Estado. La norma impulsada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle proveía un marco para que el Estado concediese permisos para la prestación de servicios públicos a su cargo, y facultaba a Antel a asociarse con capitales privados para el cumplimiento de sus cometidos. Sancionada en el Parlamento tras 18 meses de negociaciones, la acción política coordinada del Frente Amplio y el movimiento sindical derivó en la convocatoria a un referéndum. La estrategia prevalente de la impugnación parcial propició alianzas con sectores de los partidos tradicionales. El debate giró en torno a la «defensa del patrimonio nacional». La adhesion al recurso determinó que la ley de Empresas Públicas fuese sometida a la voluntad popular. En dicha evolución tuvo un activo rol el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, y errores de comunicación de representantes del gobierno blanco. El Foro Batllista resolvió su respaldo al recurso. El 71,6 % resolvió en las urnas la derogación parcial de la ley de Empresas Públicas.

La reforma en materia de combustibles impulsada por el gobierno de Jorge Batlle en 2001 se inició con los contactos políticos entablados por el gobierno para sondear el apoyo a su política, basada en la asociación de Ancap con una petrolera extranjera que promovía su titular, Jorge Sanguinetti, a fin de poder competir en el exterior en la comercialización de sus productos El debate sobre los combustibles tomó estado parlamentario al ingresar a la Cámara de Senadores un breve proyecto de ley que derogaba los monopolios estatales de refinación e importación de petróleo. Lo firmaban los diez senadores colorados y el presidente del cuerpo, Luis Hierro López. La receptividad hallada en los demás partidos generó entendimientos entre las bancadas a propósito de una nueva estructura para el mercado y de la asociación de Ancap. La Federación Ancap (fancap) se movilizó en rechazo a la convocatoria del ente a empresas interesadas en conformar una sociedad y al proyecto desmonopolizador. Una razón para la alianza estratégica era sanear la inversión realizada en la Argentina al asociarse con la empresa Sol Petróleo. Durante la administración de Eduardo Ache se había decidido la expansión al vecino país para abrir nuevas bocas de expendio, a través de una red de estaciones de servicio en la cual Ancap tenía la mayoría de las acciones. El negocio había arrojado cuantiosas pérdidas que se pretendía revertir, al menos en parte, traspasando la cadena de distribución a un socio de porte que fuera productor de petróleo.

El debate vuelve con fuerza en el marco de las negociaciones de la Coalición de Gobierno.
La visión liberal del Dr. Jorge Batlle durante su presidencia y a pesar de la gran crisis que enfrentó, derrotó la visión intervencionista y de contralor histórica del batllismo.
Es claro que los gobiernos desempeñan un papel importante en el control de las élites y en generar una justa, o por lo menos lo más justa redistribución de la riqueza. Quizás el primer paso es la igualdad ante la Ley. Desde el punto de vista económico, los liberales desde Locke a Hayek siempre se mostraron reacios a una distribución forzada de la riqueza obligada por el Estado. Y durante la crisis del Corona Virus Lord Keynes vive y lucha con la intervención del Estado y en los acuerdos de precios promovidos por el equipo económico actual.

Ver: Nahum,B. y otros ANCAP, lo que nos mueve es todo un país.75 años de Ancap 1931-2006


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