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La construcción como punta de lanza del gobierno para reactivar la economía

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La pandemia se infiltró en nuestro país desnudando varias falencias y profundizando la recesión de una economía que ya estaba maltrecha. El impacto socioeconómico de este cisne negro fue fulminante. La crisis sanitaria desmanteló las previsiones sobre crecimiento económico de los principales organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que se recuperará el crecimiento posterior a la crisis ocasionada por el COVID 19 para comienzos de 2022.

En este escenario distópico, el gobierno busca la simbiosis entre el cuidado de la ciudadanía y la reactivación económica.

Este país, ante una crisis de cualquier índole, tiene arraigada la capacidad de unirse para administrar los disensos, para ayudar y proteger a los más débiles; donde el estado, con sus diferentes partidos políticos, los privados, los sindicatos y las organizaciones civiles, enfilan juntos para buscar una solución.

La construcción no fue ajena a ese sentir. Pocos días después del viernes 13 de marzo, la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el Sindicato Único de la Construcción y el gobierno llegaron a un acuerdo para disponer de una licencia especial. Posteriormente, y luego de acordadas y aprobadas las condiciones y medidas sanitarias (Tripartita de la Industria de la Construcción), fue de los primeros sectores en retomar sus actividades.

La construcción representa entre el 10 y el 13% del PBI y es un importante generador de empleo. A pesar de la pérdida de puestos de trabajo, hoy emplea a más de 40.000 trabajadores de forma directa y, además, nutre a otros rubros adyacentes como el transporte y pequeños comercios, por citar algún ejemplo. Es por esto que el gobierno apostó a introducir cambios en dos leyes para estimular la generación de empleo e inversión.

Vivienda promovida

La Ley 17.895 nace en el año 2011 para incentivar la construcción en zonas rezagadas de Montevideo y de las ciudades del interior. Promueve la construcción y refacción de viviendas, exonerando de IVA a los materiales directos de la construcción, de Impuesto al Patrimonio por 10 años, exoneración de IVA al precio de venta y exoneración del I.R.P.F o I.R.A.E a los alquileres por 10 años. Asimismo, exonera de ITP a la primera enajenación. En 2014, se decidió modificar la ley con topes de precio sobre el 25 % de las unidades. Esto, sumado a la recesión económica, desaceleró la inversión en este tipo de proyectos.

En abril de 2020, se decreta que la vivienda promovida vuelva a las reglas originales, siendo esta la primera medida para reactivar el sector. Se eliminaron los topes y se volvió a permitir la construcción de monoambientes. Estos últimos, inicialmente, estaban contemplados por la normativa, pero luego se prohibieron por entender que no constituían una solución habitacional válida o que podían usarse como oficina. En el proyecto de 2011, por otra parte, se restringían las cantidades de apartamentos de 1 dormitorio. Este nuevo proyecto consagra la libertad de construir un proyecto entero con esta tipología o, como se adelantara, con monoambientes; considerando de esta forma, la creciente demanda por este tipo de unidades y orientando los proyectos a edificios dinámicos que favorezcan a la independencia de los jóvenes.

Megaproyectos

El 24 de noviembre del corriente año se firmó un decreto para impulsar a las construcciones que no estaban comprendidas en los beneficios de los “megaproyectos” ni en las viviendas promovidas. Para realizar esta medida se disminuyó el rango de la inversión para acceder a las exoneraciones. Ahora, los proyectos que se ubiquen en el rango de USD 2.200.000 y USD 4.400.000 sin IVA ni terreno estarán exonerados de IRAE en un 5 % de la inversión promovida. Los proyectos dentro del rango de inversión de USD 4.400.000 y USD 6.600.000 obtendrán una exoneración del 10 % de la inversión promovida.

Al igual que en los megaproyectos, los promotores estarán exonerados del IVA de los bienes y servicios asociados a la obra y a los tributos en la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra, siempre y cuando no sean competidores con la industria nacional.

Otro de los cambios es en el área destinada a espacios comunes. Para proyectos menores a los USD 6.000.000, los espacios comunes deberán abarcar un 5% en lugar del 10% de los megaproyectos.

Este decreto exige que los proyectos se presenten ante la COMAP hasta el 31 de diciembre de 2021 como plazo máximo y que las obras no se extiendan más del 30 de abril de 2025.

Según informa la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), ya hay más de 100 proyectos aprobados con estas nuevas modalidades.

En la presentación del presupuesto, la ministra de economía Azucena Arbeleche manifestó que el gran objetivo era buscar un mayor crecimiento que redunde en un aumento del empleo.

Las medidas adoptadas en materia de política económica reflejan que la construcción es una de las armas elegidas para afrontar ese desafío.


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