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Hacia un nuevo Estado Uruguayo

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Durante los últimos 10 años hemos sido víctimas de un manejo sumamente perjudicial de las cuentas públicas. Estas políticas de gasto descontrolado y gestiones ineficientes han llevado al aumento de la deuda externa, un crecimiento excesivo de la plantilla estatal y la necesaria financiación millonaria de las empresas públicas como consecuencia de sus malas administraciones. Esto, sumado a la incapacidad de las políticas públicas adoptadas en resolver los problemas estructurales del país, por ejemplo el empeoramiento de la calidad de la educación pública y la incapacidad de revertir el aumento de la fractura social, han generado un hartazgo entendible en varios sectores de la sociedad que ven en el Estado un gasto innecesario e ineficiente. A raíz de esto, se ha acrecentado la cantidad de personas que ven a la política como un antagonismo entre el Estado y el Mercado, y que entienden que, para el desarrollo general del país, el primero debe ser llevado a su mínima expresión mientras que se prioriza las necesidades del segundo. En este apartado, propongo una alternativa a estas cuestiones del Estado y su reforma desde una perspectiva socialdemócrata contemporánea. 

El economista Jean Tirole (galardonado con el Premio Nobel en Economía en 2014) postula que “el debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos” (Tirole, 2017, 177). Dicha figura considera que el Estado moderno ha pasado de ser un suministrador de empleo a través de las empresas públicas a ser el que fija las reglas de juego, interviene cuando existen fallas o insuficiencias en el mercado y regula para crear igualdad de oportunidades y una competencia sana entre los actores comerciales. Termina posteriormente su análisis de la relación complementaria entre el Estado y el mercado proclamando que “el Estado define las reglas del juego y responsabiliza a los actores que, desde ese momento, puede (¡y deben!) perseguir su interés propio”(Tirole, 2017, 178). 

A su vez, este nuevo Estado mantiene una clara preocupación por la cantidad y calidad del gasto estatal, cambiando la concepción del funcionario público. Utilizando el ejemplo de Suecia, este vivió un proceso de reforma estatal entre 1991 y 1997 que incluyó: la disminución del gasto público en un 10% del PBI, la disminución en el número de funcionarios públicos de 400.000 a 250.000 mediante la contratación del sector privado y la delegación de las funciones relacionadas con el control de las contrataciones y remuneraciones a agencias independientes y especializadas (Tirole, 2017). Estas políticas llevaron a que la creación del cargo público tenga la función única de brindar una prestación de un servicio público de calidad y no la de crear empleo como fin en sí mismo (cosa que en los hechos no ocurre ya que se deben aumentar los impuestos para financiar dicho empleo). Esto asegura que las personas contratadas tengan libertad de gestión y sean sometidos a evaluaciones estrictas de resultados, siendo sustituídos sí no cumplen con sus cometidos, incentivando el mejoramiento del funcionamiento Estatal y las prestaciones de sus servicios. En cuanto a las redes de seguridad social que brinda el Estado, Tirole mantiene que se debe contar con medios financieros necesarios para que se mantengan, aunque “su supervivencia pasaba por una gestión rigurosa de las finanzas públicas” (Tirole, 2017, 187) y que se puede ahorrar sin perder la esencia de la seguridad social, perfeccionando la formación de empresas, que son volcadas hacia los más débiles y las necesidades de las empresas (Tirole, 2017).

En línea con la modernización propuesta, el economista Ricardo Pascale en su obra “Del freno al impulso”, hace un desarrollo por los principales procesos históricos por los que ha pasado la economía uruguaya, llegando a la conclusión de que la economía nacional debe empezar a encaminarse hacia la economía del conocimiento para empezar a acercarse a los niveles de avance de los países del mundo desarrollado. Ésta, definida como la producción de bienes y servicios basados en actividades generadoras de conocimiento que contribuyen al desarrollo tecnológico y científico, tienen cómo componente clave la dependencia de las capacidades intelectuales por encima de las físicas o de los recursos naturales (Powell & Snellman, 2004). Para el economista, el Estado debe ser un emprendedor que fomenta la innovación y aporta a la creación de nuevos mercados. “Cuando se organiza de forma efectiva, la mano del Estado es un socio clave del sector privado. Un Estado innovador no solo disminuye o elimina riesgos del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de forma efectiva en él para conseguir que las cosas ocurran (Pascale, 2021, 174)”. 

De esta forma se fomenta el desarrollo del mercado y la creación de los nuevos, poniendo un especial énfasis en el activo principal que tienen las personas, la creatividad. Es mediante este proceso psicológico que las personas utilizan las herramientas que son recibidas mediante la educación formal para producir y crear nuevos emprendimientos y servicios. Claro está que para que esto se genere se debe realizar una reforma educativa en la que no solo se brindan los conocimientos formales sino que también se fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto dentro de un marco de contención y cohesión social. De esta forma se podrán preparar a las nuevas generaciones para enfrentar y adaptarse a las complejidades de este mundo cada vez más dinámico y exigente.

Uruguay ha sido pionero por su constante reforma que ha traído una continua estabilidad social y económica en una región caracterizada por crisis institucionales y financieras. Hemos sufrido un enlentecimiento de nuestro desarrollo durante los últimos años en comparación con los países de primer mundo, pero lo bueno es que tenemos las condiciones para reformar a la sociedad y volver a estar entre los ejemplos mundiales de países desarrollados. Los cimientos están establecidos, depende de nosotros llevarlo a cabo.

Bibliografía:

Pascale, R., (2021). Del Freno al impulso. Montevideo: Planeta.

Powell, W., & Snellman, K., (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 30(1), 199-220. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

Tirole, J., (2017). La economía del bien común. Barcelona: Penguin Random House Group.  


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