El presidente Luis Lacalle Pou anunció el pasado viernes 3 de marzo en un encuentro con la bancada de legisladores oficialistas en la residencia de Suárez y Reyes, medidas para, por lo menos, comenzar a revertir el atraso cambiario existente, aunque las mismas pueden no ser suficientes para alcanzar dicho objetivo.
Ante dos interrogantes, formuladas por el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, y por el diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez, el mandatario precisó que el Banco Central del Uruguay (BCU) dejará de subir las tasas de interés en pesos y que las empresas públicas, principalmente ANCAP, UTE y ANTEL, comprarán dólares en el mercado para sostener su precio.
Cabe recordar que el BCU viene endureciendo su política monetaria a los efectos de combatir la inflación desde agosto de 2021 hasta el pasado 30 de diciembre de 2022 y la tasa de interés de referencia pasó de 4,5% a 11,5% anual en ese período, lo que hace atractivo la inversión en opciones en pesos, como las Letras de Regulación Monetaria y el llamado “carry trade”, es decir la venta de dólares para posicionarse en moneda nacional.
La inflación alcanzó un 8,29% en 2022, mientras que el dólar cayó 10,4% el año pasado y cerró a 39,95 pesos el 30 diciembre, cuando según el índice Big Mac que elabora The Economist divulgado el 28 de enero, sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en 27,8% con respecto al dólar, por lo que la divisa estadounidense debería cotizar a 50 pesos.
Al igual que en épocas pasadas, por ejemplo en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera o en 2018 bajo el segundo mandato de Tabaré Vázquez, el rezago del dólar comenzó a ser un tema de agenda en la información tanto política como económica.
Es que, tal como lo mencionábamos en un artículo para El Día publicado el 5 de febrero, los atrasos cambiarios encienden luces amarillas y muchas veces rojas, justamente por el impacto en la competitividad, la rentabilidad, el empleo y los salarios de las empresas con alta exposición a los mercados externos.
También cabe recordar que las devaluaciones que siguen a los atrasos cambiarios, como fue el caso de las de 1982 y 2002, provocan estragos en toda la economía y en las condiciones de vida de la gente.
Una de esas luces amarillas fue el dato de desempleo de enero, que se ubicó en 8,5%, el mayor guarismo desde septiembre de 2021, en plena pandemia de Covid-19.
Desde el ámbito empresarial una de las preocupaciones no es tanto aumentar los puestos de trabajo como sí sostenerlos y varios sectores alertan desde diciembre pasado que los efectos del atraso cambiario en la competitividad, tarde o temprano pondrán en riesgo las fuentes laborales.
La baja del dólar en términos reales y en términos relativos respecto a los países con los que Uruguay comercia o compite comercialmente, hace que sea dificultoso para los sectores que exportan o compiten con el mercado interno con productos importados, mantener los puestos de trabajo.
En la última encuesta trimestral de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) el 16% de los comerciantes de Montevideo dijo que espera aumentar su plantilla, pero el 6% prevé reducirla. En el interior, las cifras son 12% y 7%, respectivamente.
Los salarios de Uruguay medidos en dólares subieron en promedio 22% durante 2022, lo que consolida a Uruguay como el país de mayor ingreso per cápita en la región, pero lo que genera a su vez para las empresas un aumento en uno de sus principales costos que se hace muy difícil de sobrellevar sin reducción de plantillas o menores incrementos salariales.
Por otra parte, las exportaciones cayeron 8% en febrero con respecto a igual mes de 2022 y se ubicaron en los USD 939 millones para ese mes, mientras que la caída es de 4% en el primer bimestre del año.
Los daños potenciales del atraso cambiario habían comenzado a ser advertidos, además de por el sector agroexportador y el comercio fronterizo –cuya situación es crítica-, por economistas como Javier De Haedo y el director del CERES, Ignacio Munyo, para quien esta problemática “complica y está complicando al Uruguay productivo y a las inversiones”, al tiempo que coincidió con la medida del gobierno en cuanto a que “lo más conveniente sería hacer una pausa (en la suba de tasas) y esperar”.
Un ex vicepresidente del Banco Central que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo a El Día que optaría como política cambiaria llevar a cabo “minidevaluaciones sin aviso y pequeñísimas” y “que ni siquiera las haga el BCU”, sino mediante compras del Banco República y de las empresas públicas.
Las “minidevaluaciones” se aplicaron en 1972 a comienzos del gobierno de Juan María Bordaberry, con el quincista Francisco Forteza como ministro de economía y tenían como objetivo evitar el atraso cambiario, aunque en un escenario inflacionario como el de entonces, estos movimientos generaron mayores expectativas de precios a futuro y no lograron los objetivos esperados.
A las medidas ya anunciadas por el gobierno, creemos que es necesario el restablecimiento de una banda de flotación del dólar, no como un ancla cambiaria para contener la inflación y a su vez generar atraso cambiario como en el pasado reciente, sino para dar previsibilidad y estabilidad a las inversiones y en definitiva a la rentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo.
Mediante dicha banda, que se utilizó en los años 90 hasta que se liberó el tipo de cambio durante la crisis de 2002 y cuyo piso y techo se movían en determinado porcentaje mensual prefijado, -de ahí el nombre de paridad deslizante- el precio del dólar debería de moverse mensualmente de forma similar a la inflación.
Este régimen, salvo situaciones imprevistas de crisis, evitaría que la divisa estadounidense caiga a un precio que haga imposible exportar, competir con bienes importados del exterior o recibir turistas, o en el otro extremo, que su elevado precio dificulte para amplios estratos de ingresos bajos y mediobajos la compra de una gran variedad de electrodomésticos y productos electrónicos, o la adquisición misma de petróleo para el país, o insumos importados para la industria, por poner algunos ejemplos.
De esta forma, el BCU debería de fijar un objetivo de devaluación mensual acorde a la inflación existente e intervenir con compras cuando el dólar cae por debajo de determinado nivel o con ventas cuando el precio de la divisa excede a los objetivos planteados, tal como la autoridad monetaria lo ha hecho hasta hace poco tiempo.
No creemos que estos movimientos más realistas del dólar, en un contexto inflacionario en el cual se pretenden menores aumentos de precios –entre 3% y 6% anual-, puedan impedir ese objetivo o, peor aún, llevar a escenarios inflacionarios vistos en nuestro país en el pasado, dado que la actual política fiscal, con la reducción del déficit, hacen absolutamente posible mantener la suba de precios en un dígito.