El presidente Luis Lacalle Pou anunció el pasado viernes 3 de marzo en un encuentro con la bancada de legisladores oficialistas en la residencia de Suárez y Reyes, medidas para, por lo menos, comenzar a revertir el atraso cambiario existente, aunque las mismas pueden no ser suficientes para alcanzar dicho objetivo.
Ante dos interrogantes, formuladas por el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, y por el diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez, el mandatario precisó que el Banco Central del Uruguay (BCU) dejará de subir las tasas de interés en pesos y que las empresas públicas, principalmente ANCAP, UTE y ANTEL, comprarán dólares en el mercado para sostener su precio.
Cabe recordar que el BCU viene endureciendo su política monetaria a los efectos de combatir la inflación desde agosto de 2021 hasta el pasado 30 de diciembre de 2022 y la tasa de interés de referencia pasó de 4,5% a 11,5% anual en ese período, lo que hace atractivo la inversión en opciones en pesos, como las Letras de Regulación Monetaria y el llamado “carry trade”, es decir la venta de dólares para posicionarse en moneda nacional.
La inflación alcanzó un 8,29% en 2022, mientras que el dólar cayó 10,4% el año pasado y cerró a 39,95 pesos el 30 diciembre, cuando según el índice Big Mac que elabora The Economist divulgado el 28 de enero, sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en 27,8% con respecto al dólar, por lo que la divisa estadounidense debería cotizar a 50 pesos.
Al igual que en épocas pasadas, por ejemplo en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera o en 2018 bajo el segundo mandato de Tabaré Vázquez, el rezago del dólar comenzó a ser un tema de agenda en la información tanto política como económica.
Es que, tal como lo mencionábamos en un artículo para El Día publicado el 5 de febrero, los atrasos cambiarios encienden luces amarillas y muchas veces rojas, justamente por el impacto en la competitividad, la rentabilidad, el empleo y los salarios de las empresas con alta exposición a los mercados externos.
También cabe recordar que las devaluaciones que siguen a los atrasos cambiarios, como fue el caso de las de 1982 y 2002, provocan estragos en toda la economía y en las condiciones de vida de la gente.
Una de esas luces amarillas fue el dato de desempleo de enero, que se ubicó en 8,5%, el mayor guarismo desde septiembre de 2021, en plena pandemia de Covid-19.
Desde el ámbito empresarial una de las preocupaciones no es tanto aumentar los puestos de trabajo como sí sostenerlos y varios sectores alertan desde diciembre pasado que los efectos del atraso cambiario en la competitividad, tarde o temprano pondrán en riesgo las fuentes laborales.
La baja del dólar en términos reales y en términos relativos respecto a los países con los que Uruguay comercia o compite comercialmente, hace que sea dificultoso para los sectores que exportan o compiten con el mercado interno con productos importados, mantener los puestos de trabajo.
En la última encuesta trimestral de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) el 16% de los comerciantes de Montevideo dijo que espera aumentar su plantilla, pero el 6% prevé reducirla. En el interior, las cifras son 12% y 7%, respectivamente.
Los salarios de Uruguay medidos en dólares subieron en promedio 22% durante 2022, lo que consolida a Uruguay como el país de mayor ingreso per cápita en la región, pero lo que genera a su vez para las empresas un aumento en uno de sus principales costos que se hace muy difícil de sobrellevar sin reducción de plantillas o menores incrementos salariales.
Por otra parte, las exportaciones cayeron 8% en febrero con respecto a igual mes de 2022 y se ubicaron en los USD 939 millones para ese mes, mientras que la caída es de 4% en el primer bimestre del año.
Los daños potenciales del atraso cambiario habían comenzado a ser advertidos, además de por el sector agroexportador y el comercio fronterizo –cuya situación es crítica-, por economistas como Javier De Haedo y el director del CERES, Ignacio Munyo, para quien esta problemática “complica y está complicando al Uruguay productivo y a las inversiones”, al tiempo que coincidió con la medida del gobierno en cuanto a que “lo más conveniente sería hacer una pausa (en la suba de tasas) y esperar”.
Un ex vicepresidente del Banco Central que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo a El Día que optaría como política cambiaria llevar a cabo “minidevaluaciones sin aviso y pequeñísimas” y “que ni siquiera las haga el BCU”, sino mediante compras del Banco República y de las empresas públicas.
Las “minidevaluaciones” se aplicaron en 1972 a comienzos del gobierno de Juan María Bordaberry, con el quincista Francisco Forteza como ministro de economía y tenían como objetivo evitar el atraso cambiario, aunque en un escenario inflacionario como el de entonces, estos movimientos generaron mayores expectativas de precios a futuro y no lograron los objetivos esperados.
A las medidas ya anunciadas por el gobierno, creemos que es necesario el restablecimiento de una banda de flotación del dólar, no como un ancla cambiaria para contener la inflación y a su vez generar atraso cambiario como en el pasado reciente, sino para dar previsibilidad y estabilidad a las inversiones y en definitiva a la rentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo.
Mediante dicha banda, que se utilizó en los años 90 hasta que se liberó el tipo de cambio durante la crisis de 2002 y cuyo piso y techo se movían en determinado porcentaje mensual prefijado, -de ahí el nombre de paridad deslizante- el precio del dólar debería de moverse mensualmente de forma similar a la inflación.
Este régimen, salvo situaciones imprevistas de crisis, evitaría que la divisa estadounidense caiga a un precio que haga imposible exportar, competir con bienes importados del exterior o recibir turistas, o en el otro extremo, que su elevado precio dificulte para amplios estratos de ingresos bajos y mediobajos la compra de una gran variedad de electrodomésticos y productos electrónicos, o la adquisición misma de petróleo para el país, o insumos importados para la industria, por poner algunos ejemplos.
De esta forma, el BCU debería de fijar un objetivo de devaluación mensual acorde a la inflación existente e intervenir con compras cuando el dólar cae por debajo de determinado nivel o con ventas cuando el precio de la divisa excede a los objetivos planteados, tal como la autoridad monetaria lo ha hecho hasta hace poco tiempo.
No creemos que estos movimientos más realistas del dólar, en un contexto inflacionario en el cual se pretenden menores aumentos de precios –entre 3% y 6% anual-, puedan impedir ese objetivo o, peor aún, llevar a escenarios inflacionarios vistos en nuestro país en el pasado, dado que la actual política fiscal, con la reducción del déficit, hacen absolutamente posible mantener la suba de precios en un dígito.
Los créditos hipotecarios en Uruguay rondan los USD 240 millones anuales, aunque la cifra se mantiene lejos de los USD 321 millones concedidos por la banca pública y privada en 2014 y 2018.
No obstante, más allá de los altibajos en el mercado, el acceso de las familias al crédito hipotecario no resulta para nada sencillo y una familia deberá contar con elevados ingresos o un importante ahorro previo para financiar una vivienda.
A la hora de tomar la decisión de recibir un préstamo para la compra de vivienda, el solicitante deberá tener cuenta aspectos varios, como en primer el lugar lo que cuesta el inmueble y los gastos operativos de la adquisición del mismo, como la comisión de la inmobiliaria, escribanía, etc.
También es importante conocer que porcentaje del total del precio de la vivienda habrá que pedir y para eso es necesario también tener bien claros cuales son los ahorros que podemos destinar a nuestro futuro inmueble. En general, los bancos suelen prestar hasta el 80% del precio de la vivienda, salvo el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que presta hasta 100% del mismo.
Por otra parte, el otorgamiento del crédito va a depender del monto solicitado, del plazo y de los ingresos del solicitante, ya que en este último caso, los bancos exigen que la cuota mensual de la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de quien recibe el préstamo. Además, muchas entidades solicitan una determinada antigüedad laboral, por ejemplo dos años para empleados dependientes.
En cuando a los plazos, muchos bancos otorgan créditos a 25 o 30 años, pero exigen la condición de que la última cuota se pague antes de cumplir 80 años, por lo que la edad máxima para solicitar ese crédito sería de 50 años.
Lo cierto y más allá de los detalles anteriores, es que una persona sola o una familia uruguaya, deberá disponer de un ingreso de al menos 90.000 pesos, para acceder a los préstamos más “blandos” del mercado.
Mediante un simulador que disponen la mayoría de las entidades bancarias en sus páginas web, se puede concluir que si se pide un préstamo en el BHU de USD 100.000 para financiar la compra de un inmueble de USD 120.000, que es el precio promedio de un apartamento de un dormitorio en Ciudad Vieja, Cordón, Tres Cruces o el Prado, se deberá pagar una cuota de 27.361 pesos durante 25 años.
En este caso, el BHU, creado en 1892 y nacionalizado en 1912, que como ya se indicó presta hasta 100% del valor del inmueble a comprar, a una tasa de 3,75% anual en Unidades Indexadas (UI), la más baja del mercado, requiere para ese tipo de préstamo un ingreso de 91.270 pesos, al tiempo que no es necesario ser ahorrista del banco para acceder al crédito.
Para el caso de que quien busca un préstamo hipotecario recurra al banco Scotiabank para solicitar la misma cantidad, la entidad le ofrecerá un plan con una cuota con tasa de 4,5%, a pagar en 180 cuotas en UI equivalentes a 32.751 pesos, para lo cual se requiere un ingreso mínimo de 90.094 pesos.
Por su parte, el Banco Santander, también para otorgar USD 100.000, exigirá una cuota de USD 827 (equivalentes a 32.501 pesos durante 25 años a una tasa de 4,25% anual en dólares y para lo que se requerirá un ingreso individual o familiar de 169.516 pesos.
También en Santander, si el mismo monto del préstamo, es decir USD 100.000 se quisieran pagar en 10 años, la cuota se elevará a USD 1.100 mensuales y el ingreso requerido será de 223.742 pesos. En cambio, si se reduce a USD 50.000 la cantidad a solicitar, a pagar en 15 años, la cuota se reducirá a USD 416 mensuales, con un ingreso mínimo de 84.859 pesos.
En el caso del banco HSBC, un préstamo en UI equivalente a USD 100.000 a 25 años, pagará una tasa de 4,5% anual y la cuota será de 24.648 pesos mensuales, una de las más bajas entre las opciones rastreadas y que no indica ingreso mensual mínimo requerido.
El Banco Itaú otorga préstamos hipotecarios a 20 años, con una tasa anual de 4,75% en UI y la cuota no puede superar el 25% de los ingresos. La entidad ofrece la posibilidad de acceder a USD 80.000 a pagar en 20 años con una cuota de 24.214 pesos mensuales, para lo que se deberá contar con un ingreso de 96.821 pesos.
El Fondo de Garantía de Créditos hipotecarios de la Agencia Nacional de Vivienda (FGCH) facilita el acceso a préstamos de los bancos Hipotecario, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank. Para ello será necesario un ahorro inicial de entre 10% y 25% y se puede financiar hasta el 90% del valor de la vivienda en un plazo máximo de 25 años a través de los mencionados bancos, al tiempo que el ingreso del núcleo familiar no puede superar los 149.600 pesos uruguayos.
Aún con esta alternativa, se hace muy difícil el acceso a los préstamos hipotecarios para un trabajador promedio o una familia de ingresos medios, que se sitúan en 84.698 pesos mensuales.
El ahorro previo en algunos casos, así como la exigencia de elevados ingresos y límites al porcentaje de financiación respecto a la vivienda, dejan afuera del mercado de préstamos a importantes segmentos de la población que no pueden satisfacer su demanda de vivienda.
De acuerdo a datos elaborados por organizaciones públicas y privadas, sólo el 9% de las familias montevideanas puede acceder hoy por sus ingresos a un crédito hipotecario, mientras que cerca de 11% de las familias tienen hipotecas.
Los bancos otorgan actualmente unos 240 préstamos por mes, una cifra que si bien tiene altibajos de acuerdo a la situación económica del momento, se considera “muy bajo”, si se tiene en cuenta que en mayo de 2012 llegaron a otorgarse hasta 500 préstamos mensuales.
El endeudamiento de las familias uruguayas por créditos hipotecarios asciende USD 2.300 millones, sobre un total de USD 6.200 millones, según la consultora Exante. El 95% de las carteras hipotecarias está nominada en Unidades Indexadas y 5% en dólares.
Los últimos datos sobre la economía uruguaya que se divulgaron en enero, mostraron que continúan las dificultades para alcanzar un descenso de la inflación, a pesar de la suba de tasas de interés por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) y de una contención de los precios de las tarifas públicas, al tiempo que la caída del dólar y el atraso cambiario encienden luces amarillas sobre la competitividad y en definitiva, la rentabilidad de las empresas, el empleo y el salario.
En primer lugar, el gobierno volvió a fracasar –al igual que en administraciones anteriores- en alcanzar un enlentecimiento de la inflación, y por el contrario, el Indice de Precios al Consumo (IPC) se ubicó en 8,29% en 2022, frente a 7,96% en 2021, evolución que se explica por una alta inflación internacional y regional y que fue impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania y dificultades en las cadenas de suministros, tras dejar atrás lo peor de la pandemia de Covid-19.
El BCU mostró una actitud firme en su contribución a la caída de la inflación mediante sucesivas subas de tasas de interés en pesos, que hicieron atractivas las colocaciones en moneda nacional, como es el caso de los Bonos en Unidades Indexadas y las Letras de Tesorería en pesos, instrumentos ambos cuya rentabilidad supera a las opciones en dólares.
Como contrapartida, la suba de tasas en pesos, contribuyó a deprimir aún más la demanda por dólares, dado el abundante ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias y del ingreso de turistas y por efecto del llamado “carry trade”, es decir, vender dólares para posicionarse en pesos.
Sin intervenciones del BCU, el dólar cayó 3,5% frente al peso en enero, en la mayor baja mensual en casi un año, la que se suma a un declive de 10,4% para todo 2022. La divisa estadounidense en su versión billete BCU cerró el 31 de enero a 38,681 pesos frente a 39,95 el 30 de diciembre, en los menores niveles en tres años.
El Indice Big Mac que elabora The Economist, divulgado el 28 de enero, sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en 27,8% con respecto al dólar, por lo que la divisa estadounidense debería cotizar a 50 pesos.
El denominado atraso cambiario (o inflación en dólares) genera un problema serio de competitividad para quienes venden sus productos o servicios (exportaciones, turismo), que cada vez reciben menos pesos por la misma cantidad de dólares.
Por otra parte, el Indice de Tipo de Cambio real (TCR, que mide la competitividad con otros países) se desplomó 13,7% en diciembre de 2022 con respecto a diciembre de 2021, lo que profundizó la preocupación y el reclamo de los exportadores y otros agentes económicos.
Los atrasos cambiarios encienden luces amarillas y muchas veces rojas, justamente por el impacto en la competitividad, la rentabilidad, el empleo y el salario de las empresas con alta exposición a los mercados externos. Cabe recordar que las devaluaciones que siguen a los atrasos cambiarios, como fue el caso de las de 1982 y 2002, provocan estragos en toda la economía y en las condiciones de vida de la gente (nos referiremos a ello en una próxima nota).
En materia de precios, fue positiva la decisión del gobierno de aumentar las tarifas de ANTEL, UTE y OSE por debajo de la inflación, así como mantener el precio de las naftas y el gasoil para febrero, aunque sí se produjo un aumento de 10 pesos por kilo en las garrafas de supergás.
En este combustible solamente se mantuvo un descuento de 50% para 130.000 usuarios del Mides, a los efectos de reducir un subsidio que le cuesta a ANCAP alrededor de USD 88 millones anuales
Vale la pena aclarar, que el supergás no es un insumo de uso suntuoso, ni que utilicen solamente los hogares de menores ingresos, ya que es el combustible elegido por el 80% de los hogares para el caso de la cocción de alimentos.
Finalmente, en materia de ingresos y empleo, el salario real registró un aumento de 1,03% en 2022. La suba fue de 1,2% para los trabajadores privados y de 0,7% para los públicos. Si bien son datos alentadores, el salario real permanece 2% por debajo de los niveles prepandemia, lo que obliga al gobierno y al sector privado en el marco de los consejos de salarios, a continuar los esfuerzos en este aspecto.
El Ingreso Medio de los Hogares para el total del país alcanzó a 84.698 pesos en el cuarto trimestre de 2022 y el Ingreso Medio per cápita se estimó en 30.021 pesos.
El desempleo, por su parte, se situó en 7,9% en diciembre, lo que implica un aumento de 0,9% en la comparación interanual, dato que ratifica la necesidad de mantener políticas activas para lograr el descenso de esos niveles de desocupación, particularmente el incentivo a las inversiones y programas focalizados en empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 40 años, segmentos que presentan las mayores dificultades a la hora de conseguir trabajo.
La utilización de tarjetas de crédito crece a un promedio de 20% en Uruguay, donde de acuerdo a datos del Banco Central del Uruguay (BCU), los plásticos emitidos superan los 3,7 millones, las operaciones con los mismos alcanzan los 100 millones por año y el gasto se eleva a más de USD 3.000 millones anuales, aunque el uso inadecuado del “dinero plástico” lleva muchas veces a contraer deudas difíciles de pagar.
El gran impulso al mercado de tarjetas de crédito se registró después de 2014, cuando se sancionó la Ley de Inclusión Financiera, que descontaba 2% de IVA cuando se pagaba mediante esta modalidad, lo que fue eliminado por el gobierno actual de Luis Lacalle Pou, así como fue suprimida mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC) la bancarización obligatoria, que estaba dispuesta en aquella ley.
La expansión en el uso de tarjetas de crédito, tuvo como contracara un aumento en el endeudamiento de personas y familias y dificultades para el pago de los créditos.
Por otra parte, las tasas elevadas de interés que cobran los bancos por sus préstamos, así como las tarjetas de crédito, puso una vez más el tema en la mira por parte de actores políticos.
En tal sentido, Cabildo Abierto presentó en 2021 un proyecto de Ley contra la usura y su líder, el senador y ex Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, señaló que “según el Presidente del BCU (Diego Labat) hay 633.000 deudores irrecuperables. Una ley del Frente Amplio permitió a las financieras prestar a intereses de más del 100%, permitiéndoles expoliar a los uruguayos. Eso es usura pura y dura. Urge aprobar la Ley que propone Cabildo”.
Una de las entidades que apoya la regulación de la usura es la Asociación de Magistrados del Uruguay, una de cuyas integrantes, Dora Szafir, dijo en una comisión parlamentaria que los deudores “una vez que fallan en el pago de una cuota, por los intereses ya no pueden salir de la situación de deuda”. Puso como ejemplo que una persona sacó en su momento un crédito de 30.000 pesos en 30 cuotas. Cuando apenas había cancelado tres, se desató la crisis de 2002 y ya no pudo pagar. Aplicados los intereses, esa persona que teóricamente debía 27.000 pesos, quedó debiendo 1.361.000 pesos.
También está el caso de Juan, quien al no poder alcanzar un pago mínimo en su estado de cuenta de 67.575 pesos, debió refinanciar una deuda total de 149.604 pesos con la tarjeta VISA-Santander en 48 cuotas mensuales de 6.000 pesos.
Según datos del Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto divulgado el año pasado, el 69% de los uruguayos tenía algún tipo de endeudamiento vigente, sea un préstamo y/o tarjeta de crédito, mientras que el endeudamiento de las familias alcanza a 30% de sus ingresos anuales, de acuerdo al BCU.
El Clearing de informes presentó meses atrás en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un documento en el que se detalla que el 35% -unas 980.000 personas- de quienes están en la base de datos de su historial crediticio tiene un informe negativo al registrar un incumplimiento en el pago de sus deudas. Además, cuanto menores son los ingresos de las personas, mayor es la concentración de la deuda total.
Para un buen uso de una tarjeta de crédito siempre fue conveniente llevar un registro escrito o guardar las boletas de las compras para no perder la cuenta de lo gastado y no excederse en las erogaciones, aspecto que hoy en día es muy fácil de seguir a través de las aplicaciones de las tarjetas para ese rastreo, ya sea en los celulares o en las páginas web.
El disponer de un límite de crédito alto con ingresos medianos, no llevar registro de las compras realizadas en el mes, comprometerse al pago de un excesivo número de cuotas, especialmente en moneda extranjera, y caer en la tentación de los “beneficios” que ofrecen las tarjetas, como descuentos en comercios y diversos servicios que otorgan, lleva muchas veces a los usuarios a una utilización inadecuada de este recurso.
Dos de los “errores” más frecuentes y que muchas veces pasan inadvertidos, son por ejemplo la tenencia de tarjetas que no se utilizan, aún cuando se debe pagar un costo anual por ellas, así como optar por el pago mínimo o solo de una parte de la factura en vez de cancelar todo el importe cuando llega el estado de cuenta.
La masificación del uso de tarjetas y el acceso a las mismas de personas con ingresos medio-bajos o incluso bajos, combinados con límites de crédito altos, aunque los bancos emisores analizan el perfil del cliente, lleva muchas veces a afectar una mayor proporción de la recomendable de esos ingresos al pago de la tarjeta.
Hoy los requisitos para el acceso a una tarjeta de crédito son cumplibles para una enorme mayoría de la población activa y el disponer de un plástico para uso regional o internacional ya no se considera un lujo.
El Banco de la República (BROU) exige para otorgar a sus clientes las tarjetas Visa o Mastercard en sus tres formatos (Internacional, Oro y Platinium) un ingreso mínimo líquido de 15.000 pesos uruguayos y una antigüedad de un año en el empleo.
El Banco Itaú exige una entrada de 25.000 pesos líquidos para acceder a sus tarjetas del programa “Volar” –que acumula millas en aerolíneas- Visa y Mastercard, mientras que un matrimonio puede tener una OCA con un ingreso conjunto de 15.000 pesos.
El Banco Santander pide tan sólo un ingreso de 10.000 pesos para otorgar la tarjeta VISA Hiper Mas Disco-Devoto-Geant.
Otro de los factores que pueden incidir en un endeudamiento excesivo que se haga difícil de afrontar es disponer de un elevado límite de crédito con respecto a los ingresos.
Para un ingreso ya sea por trabajo o por jubilación del entorno de 35.000 pesos líquidos, el banco HSBC ofrece con su tarjeta VISA un límite de crédito de alrededor de 500 dólares o su equivalente en pesos, al tiempo que el límite con dicho ingreso se sitúa justamente en 35.000 pesos (la totalidad del ingreso) en el caso de la tarjeta VISA Hiper Más Santander.
En el caso del banco HSBC, también se puede obtener la tarjeta mediante un depósito en la institución, que dará un límite de crédito mensual del 10% del mismo. Es decir que un depósito de 100.000 pesos dará un límite de crédito de 10.000 pesos por mes.
También pesa a la hora de decidir la tenencia o no de una tarjeta su costo anual, dado que muchas veces el mismo supera lo que el usuario puede ahorrar en descuentos al usarla.
Por ejemplo una tarjeta VISA o Mastercard del Banco Itaú tiene para el titular un costo anual de entre 4.000 y 5.000 pesos, mientras que una VISA emitida por el banco HSBC, exclusiva para clientes, tiene un costo anual de 85 dólares más IVA.
Por lo general el costo de la tarjeta se debe pagar a partir de la renovación del plástico, dado que los bancos ofrecen este producto de forma gratuita por el primer año.
Con respecto a las formas de pago de los consumos financiados por las tarjetas, la VISA Hiper Mas de Santander tiene una Tasa Efectiva Anual (T.E.A) de 70% anual en pesos para financiación y 80% por mora, al tiempo que en dólares las tasas son de 4,5% y 5%, respectivamente. En el caso de OCA, las tasas se sitúan en un nivel prácticamente igual.
Pago mínimo
La opción por el pago mínimo que viene establecido en el estado de cuenta, implicará que al mes siguiente se deba pagar el saldo de la deuda no cancelada más los intereses, a lo que se sumará el importe de los bienes adquiridos en un solo pago o con cuotas pendientes y los débitos automáticos por servicios generados durante el mes en curso, lo que por cierto aumenta el riesgo de acumular una deuda que puede tornarse luego difícil de saldar si los ingresos del usuario se mantienen estables.
Así, por ejemplo en un estado de cuenta de OCA con un total a pagar por 35.829 pesos, se establece un pago mínimo de 9.437 pesos, por lo que de elegirse esta opción, quedan para saldar en agosto los restantes 26.392 pesos más el consumo del mes anterior.
También es necesario tener en cuenta que como el crédito siempre es un pago a futuro y que muchas veces puede significar el desembolso de cuotas durante 12 o 24 meses, el usuario no tiene la certeza de poder afrontar ese compromiso en su totalidad, si se sufre por ejemplo un cambio en sus condiciones de ingresos o variaciones en el tipo de cambio si la deuda es en moneda extranjera.
Los principales estrategas y analistas de Wall Street prevén un avance de los mercados accionarios de Estados Unidos en 2023, luego de culminar un 2022 que fue el peor desde 2008 en ocasión de la crisis financiera, dado que las bolsas fueron golpeadas por las subas de tasas de interés y los temores por una eventual recesión en el año que recién se inicia.
El índice S&P 500 cerrará 2023 en 4.000 puntos, según el pronóstico promedio de 17 estrategas de Wall Street encuestados por Bloomberg, lo que significaría un avance de 5% con respecto a los niveles actuales.
La proyección más alta la dio el estratega de Deutsche Bank, Binkly Chadlha, con 4.500 puntos, mientras que la más baja surgió de Greg Boutle, de BNP Paribas con 3.000 puntos.
A pesar de que en general el pronósitco es favorable, algunos expertos son más cautos, ya que por ejemplo, señalan que “en 2023 esperamos menos dolor, pero tampoco ganancias”, adelantó en noviembre un equipo de analistas de Goldman Sachs dirigido por David Kostin.
Los analistas detallaron un escenario en el que es probable que el índice de referencia S&P 500 permanezca sin cambios este año, opacado por un crecimiento cero de las ganancias en las empresas estadounidenses.
“El (pobre) desempeño de las acciones de EEUU en 2022 se debió a una dolorosa reducción de la valoración, pero la historia de las acciones para 2023 será sobre la falta de crecimiento de las ganancias corporativas”, escribieron los analistas de Goldman Sachs.
El índice S&P 500 cayó 19,4% en 2022 y concluyó el año en 3.839,50 puntos, lo que significó el peor desempeño desde 2008.
La tónica del año que finalizó estuvo dada por siete subas consecutivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que llevaron los tipos a un rango de entre 4,25% y 4,50%, el mayor guarismo desde 2007, a los efectos de combatir una inflación que superó el 8% anualizado, el mayor guarismo en 40 años.
El 2022 fue particularmente duro para algunas acciones tecnológicas como Apple (AAPL), que el martes 27 de diciembre cayeron a mínimos desde junio 2021, debido a las preocupaciones de los inversores sobre el suministro de iPhone en el período clave de vacaciones de fin de año, un problema derivado de la escasez de chips a nivel mundial y que también afecta la fabricación de otros dispositivos y vehículos eléctricos.
Por otra parte, Amazon (AMZN) perdió en el año la mitad de su valor de mercado, que hoy se sitúa en USD 844 mil millones, mientras que las acciones de Meta (META) cayeron 64% en 2022, en ambos casos en la peor sangría desde que reventó la burbuja de las dot.com en el 2000.
El año que finalizó fue también uno de los peores en las últimas dos décadas para los medios de comunicación y el entreteniminto, con caídas anuales de 43,90% en Disney (DIS) y de 60% en la recientemente creada Warner Brothers Discovery (WBD) desde que ésta comenzó a operar el 11 de abril en el Nasdaq.
Bob Iger, de 71 años, retomó en noviembre la conducción de Disney, con la finalidad de tomar medidas a corto plazo que podrían incluir la restricción de algunas operaciones y la reestructura de servicios de streaming como Disney+, que en el tercer trimestre perdió USD 1.500 millones.
Por su parte, Warner Brothers Disconvery, que nació de la fusión de Warner Media y Discovery Communications por USD 43.000 millones, atraviesa una difícil situación financiera y aunució que asumirá costos de reestructuras por USD 5.300 millones hasta 2024, USD 1.000 millones más de lo previsto originalmente.
En el tercer trimestre, Warner Brothers Discovery registró una pérdida de USD 0,95 por acción, cuando los analistas esperaban un déficit de USD 0,19 por título.
Del lado opuesto, las acciones de la petrolera ExxonMobil (XOM) se dispararon 87% en 2022 y registraron su mejor año en la era moderna, gracias a los altos precios del petróleo que fueron impulsados por la guerra entre Rusia y Ucrania que se inició en febrero del año pasado.
La empresa, heredera de la Standard Oil fundada por John D. Rockefeller, anunció un plan de recompra de acciones por USD 50.000 millones hasta 2024, después de obtener ganancias récord en el segundo y tercer trimestre.
Muchas son las refrendas que se le hacen hoy a la economia de libre mercado, peyorativamente llamado “capitalismo”.
Vivimos una época donde la inmediatez de información que nos facilitan los medios de comunicación digitales, nos permite enterarnos casi al instante de las injusticias y carencias que sufren las personas de los lugares más recónditos del planeta; esta inmediatez provoca una indignación e impotencia enormes, a las que buscamos explicación de manera casi siempre simplista. Es en este sentido que surgen la mayoría de cuestionamientos al sistema de libre mercado, en el cual la libertad para comerciar, poseer bienes y dinero es amplia. Se piensa que la acumulación de riqueza por parte de algunos -como se repite incansablemente “hay un puñado de personas que poseen la mitad de la riqueza del mundo” lo que no voy a ocuparme de refutar en ésta ocasión- es la gran causante de los avatares que sufren esas personas. Esta falacia se suma al razonamiento igualmente equivocado y sesgado que establece al libre mercado como la causa de la marginación social. Pruebas irrefutables de que nada de esto es cierto resultan: el análisis del sentido de los flujos migratorios, que se da casi exclusivamente de regiones con libertad económica casi inexistente hacia los que, por el contrario, son más “liberales” en este rubro; y el nivel de calidad de vida que poseen los habitantes de las naciones enumeradas primero en el punto anterior.
Los razonamientos en este sentido (contrarios al libre mercado) son en apariencia coherentes, ya que la acumulación de la riqueza en sí misma es sinónimo de desigualdad -hay quienes tienen mucho, otros tienen menos-. Pero dicha acumulación es consecuencia, casi siempre, del buen desempeño en los negocios que éstos individuos tuvieron, proceso en el que se produjeron también riqueza para otros, se fomentó los avances tecnológicos que mejoraron la calidad de vida de todos y se realizaron enormes contribuciones para palear las situaciones de emergencia, desastres naturales y hambrunas en el mundo.
¿Quiere decir esto que los grandes “capitalistas”, las multinacionales, los rockefeller son unas “blancas carmelitas”? Por supuesto que no, han sucedido muchos abusos de su parte, son quienes definen por momentos el rumbo del planeta, pero al poner en la balanza no podemos ser ciegos ante la evidencia. El mundo es hoy enormemente más justo que hace 30 años, los avances en calidad de vida se suceden a velocidades jamás vistas, todo al abrigo de un sistema de libre comercio, que hoy más que nunca se ve amenazado, no solo por los relatos anti-mercado, sino por los nacionalismos exacerbados de algunas potencias que con el fin de “defender” sus intereses, echan por tierra lo que llevó muchos lustros construir: CONFIANZA, entre las naciones para comerciar libremente.
Otro aspecto que quiero resaltar es el hecho de que la mayoría de las críticas a la libertad comercial se dan desde el ceno de sociedades enormemente “capitalistas”, pero a la luz de los hechos, es la libertad de que se goza en estos estados la que permite este tipo de críticas, ya que como sabemos, la economía controlada centralmente, solo puede aplicarse en la práctica por medio de coercion a quien ose cuestionar a la cúpula directriz; esto se hace evidente en las naciones que funcionan bajo sistemas similares, dígase Corea del Norte, China, Cuba.. ¿Son acaso estas ejemplo de respeto a los derechos humanos? ¿Son acaso sustentables sin el apoyo del mundo “capitalista”? Por el contrario, a la luz de algunos bloqueos económicos caen en la miseria y no logran brindar un mínimo de calidad de vida a sus habitantes. A la luz de la ineptitud de los burócratas que se erigen al frente de las mismas, no logran controlar un mercado que cambia casi tan rápido como las personas que allí habitan, generando productos y servicios ineficientes, caros y con un coste ecológico altísimo.
Algo que se observa constantemente, sobre todo en países sudamericanos, es la antología que se aplica entre los conceptos de liberalismo y progresismo; y yo me pregunto ¿Acaso puede aspirar el individuo que vive en una sociedad occidental, democrática y capitalista a alcanzar el progreso equitativo sin libertades económicas, sin libertades personales? ¿Acaso las regulaciones que la sociedad se da para evitar los excesos de quienes ocupan posiciones de ventaja económica, significan una limitación a la libertad? ¿En qué instante se pasa de la defensa de la libertad a la negación de la realidad social? ¿O es acaso comparable ésta actitud a la de quien, definiéndose progresista, pretende limitar y regular todo cuanto sucede? ¿Es ésto posible sin caer en ineficiencias y corrupciones extremas, como sucedió siempre en los estados socialistas? Basta mirar lo sucedido en Chernobyl para comprender a lo que lleva este sistema en la práctica.
Al reflexionar sobre estas cuestiones es que nos damos cuenta que luego de casi 55 años construyendo un sistema democrático y de libre mercado mundial con amplias garantías individuales y colectivas, sistema que como mencioné ha generado los mejores niveles de bienestar jamas vistos; ahora nos avocamos desde su comodidad a boicotearlo. Unos por delirios de mayor “libertad”, otros cegados por un análisis erróneo de las causas de las problemáticas sociales; pero ambos con idéntico nivel de tozudez que logran únicamente la construcción de un nuevo “muro de Berlín”, pero ésta vez dentro de las sociedades, intangible, que una vez más nos divide en grupos, cada uno en su isla, arrojando piedras a la otra. Piedras que jamás llenarán el mar de inconsistencias que las separa, fogueando la lucha de clases SXXI.
En definitiva algo de razón tendrá el dicho de que las personas “no saben lo que tienen, hasta que lo pierden”. En momentos de calma y al abrigo de un sistema que, aún con todos sus defectos, nos permite desarrollarnos en base a nuestras actitudes y aptitudes; nos despachamos iracundamete en su contra, cual niños caprichosos en casa de sus padres.
“La cuestión es solo entre la libertad y el despotismo”
Apple, Google y otras empresas multinacionales muy rentables tributan menos impuestos de lo que desean los gobiernos de sus países de residencia. Por ese motivo los países más ricos que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) promueven una tributación mínima global y un nuevo modelo de tributación para la economía digital.
Ante crisis económicas y financieras, o gastos extraordinarios como los generados por el COVID, la necesidad de fondos extraordinarios se torna indispensable para los gobernantes.
Es así que el año pasado los gobiernos de los países más ricos promovieron una disruptiva reforma tributaria global que les permita recaudar a partir del año 2023 un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias de las empresas multinacionales con mayores ingresos.
Sin embargo, para entender cabalmente la problemática, no puede desconocerse que los sistemas tributarios no solo cumplen un fin recaudatorio.
A modo de ejemplo, a pesar de resignar recaudación, los países más ricos han decidido exonerar algunas de las rentas que sus empresas residentes obtienen en el extranjero para expandirse globalmente y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entre otros fines.
Adicionalmente, algunos países con mercados domésticos pequeños y poco desarrollados encuentran dificultades para la creación de grandes corporaciones globales que compitan en igualdad de condiciones con los países más destacados. Esto constituye un obstáculo para la generación de riqueza, empleo y calidad de vida para sus habitantes.
Para mitigar esta asimetría de oportunidades, algunos de estos países acuden a los incentivos fiscales para atraer inversiones y así generar riqueza y empleo para sus residentes. Este ha sido el caso de países como Suiza, Países Bajos y Bélgica en Europa, Singapur y Hong Kong en Asia y en América se destacan Costa Rica, Panamá y, por supuesto, Uruguay.
En nuestro país, regímenes como las Zonas Francas o la exoneración tributaria otorgada al sector del software constituyen algunos de los ejemplos exitosos del uso de incentivos tributarios como instrumento para el desarrollo y la atracción de inversiones.
Sin embargo, en una minoría de casos, estos regímenes pueden ser utilizados de manera abusiva buscando reducir la carga tributaria de personas y empresas de manera ficticia o ilícita.
Atendiendo a esta situación, durante la década pasada la OCDE ha promovido diversas acciones para contribuir a la transparencia y evitar la reducción artificial de la tributación, revisó la normativa de cada país y propuso modificaciones a los gobiernos nacionales so pena de ingreso a listas de países no cooperantes con consecuencias negativas en el comercio internacional de bienes y servicios.
Países como Uruguay debieron modificar su normativa doméstica para evitar esas consecuencias negativas. A modo de ejemplo, Uruguay debió adaptar su régimen de Zonas Francas y de beneficios otorgados al sector de software para adaptarse a los anteriormente referidos estándares internacionales sugeridos por la OCDE.
Actualmente, se propone por parte de la OCDE dar un paso más en esta mirada globalizada de la tributación y promover una reforma a través de dos pilares:
Pilar 1: Nuevo marco de tributación a la economía digital
Pilar 2: Impuesto mínimo global
En lo que refiere al Pilar 2, que motiva este artículo, se estima que la recaudación adicional que pueden percibir los gobiernos por su aplicación sea de aproximadamente 150.000 millones de dólares.
¿Cómo puede afectar esta reforma a Uruguay?
En principio, este cambio aplicaría a entidades multinacionales que obtengan ingresos superiores a los 750 millones de Euros. Por tanto, no se prevé un gran impacto en las empresas de origen uruguayo que en general no superan ese monto.
Sin embargo, sí puede afectar a empresas extranjeras de esa envergadura que operen en nuestro país. Si estas empresas tuvieran en Uruguay un tratamiento tributario preferencial, podrían verse obligadas a reconocer un ajuste fiscal y pagar tributos adicionales en sus países de origen.
Simplificando al máximo para una mejor comprensión, si una empresa usuaria de zona franca tributara 0% (o sea, exonerada en Uruguay y que no se le aplicaran retenciones tributarias en el extranjero) y si su grupo económico superara el monto de ingresos para que le aplicara la tributación mínima global, debería tributar en su país de origen el tributo adicional equivalente a la diferencia entre el 15% y 0%.
Esto implicaría que la resignación tributaria que Uruguay realiza para atraer esta clase de inversiones perdería el efecto buscado.
Además, esa tributación adicional no sería recaudada por nuestro Fisco sino por uno extranjero a pesar de que las rentas se generen en nuestro país. Si bien esto se aparta radicalmente de los principios más reconocidos en materia de tributación internacional y es técnicamente discutible, así parece ser la implementación propuesta por la OCDE.
¿Qué puede hacer nuestro país ante este nuevo escenario?
Uruguay debe extremar esfuerzos para mantener y profundizar la generación de empleo de calidad técnica y altamente remunerada que aporta la inversión extranjera que puede verse afectada por este cambio global.
Sin perjuicio de la actuación a través de la representación que Uruguay tiene en los organismos internacionales para el tratamiento de estas temáticas, deberá adaptarse el sistema de incentivos para la atracción de inversiones de las empresas multinacionales que queden comprendidas en este nuevo método de imposición global.
Alternativas como las de gravar rentas hoy exoneradas en el Uruguay por un monto similar a las tasas complementarias que se les pueda aplicar en el extranjero, no deben descartarse. Sin desconocer las dificultades técnicas que esto representa, en caso de lograr articularlo exitosamente el gobierno nacional podría obtener financiamiento adicional para la búsqueda de nuevos mecanismos de incentivos no tributarios que puedan motivar a las empresas multinacionales a invertir en nuestro país y fomentar el emprendedeurismo local y la innovación.
Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas han mencionado públicamente que el gobierno se encuentra analizando las medidas a adoptarse en los próximos meses respecto a este tema. Adaptarse a esta nueva realidad mejorando nuestro potencial para la atracción de inversiones es el desafío que se nos presenta.
Durante los últimos 10 años hemos sido víctimas de un manejo sumamente perjudicial de las cuentas públicas. Estas políticas de gasto descontrolado y gestiones ineficientes han llevado al aumento de la deuda externa, un crecimiento excesivo de la plantilla estatal y la necesaria financiación millonaria de las empresas públicas como consecuencia de sus malas administraciones. Esto, sumado a la incapacidad de las políticas públicas adoptadas en resolver los problemas estructurales del país, por ejemplo el empeoramiento de la calidad de la educación pública y la incapacidad de revertir el aumento de la fractura social, han generado un hartazgo entendible en varios sectores de la sociedad que ven en el Estado un gasto innecesario e ineficiente. A raíz de esto, se ha acrecentado la cantidad de personas que ven a la política como un antagonismo entre el Estado y el Mercado, y que entienden que, para el desarrollo general del país, el primero debe ser llevado a su mínima expresión mientras que se prioriza las necesidades del segundo. En este apartado, propongo una alternativa a estas cuestiones del Estado y su reforma desde una perspectiva socialdemócrata contemporánea.
El economista Jean Tirole (galardonado con el Premio Nobel en Economía en 2014) postula que “el debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos” (Tirole, 2017, 177). Dicha figura considera que el Estado moderno ha pasado de ser un suministrador de empleo a través de las empresas públicas a ser el que fija las reglas de juego, interviene cuando existen fallas o insuficiencias en el mercado y regula para crear igualdad de oportunidades y una competencia sana entre los actores comerciales. Termina posteriormente su análisis de la relación complementaria entre el Estado y el mercado proclamando que “el Estado define las reglas del juego y responsabiliza a los actores que, desde ese momento, puede (¡y deben!) perseguir su interés propio”(Tirole, 2017, 178).
A su vez, este nuevo Estado mantiene una clara preocupación por la cantidad y calidad del gasto estatal, cambiando la concepción del funcionario público. Utilizando el ejemplo de Suecia, este vivió un proceso de reforma estatal entre 1991 y 1997 que incluyó: la disminución del gasto público en un 10% del PBI, la disminución en el número de funcionarios públicos de 400.000 a 250.000 mediante la contratación del sector privado y la delegación de las funciones relacionadas con el control de las contrataciones y remuneraciones a agencias independientes y especializadas (Tirole, 2017). Estas políticas llevaron a que la creación del cargo público tenga la función única de brindar una prestación de un servicio público de calidad y no la de crear empleo como fin en sí mismo (cosa que en los hechos no ocurre ya que se deben aumentar los impuestos para financiar dicho empleo). Esto asegura que las personas contratadas tengan libertad de gestión y sean sometidos a evaluaciones estrictas de resultados, siendo sustituídos sí no cumplen con sus cometidos, incentivando el mejoramiento del funcionamiento Estatal y las prestaciones de sus servicios. En cuanto a las redes de seguridad social que brinda el Estado, Tirole mantiene que se debe contar con medios financieros necesarios para que se mantengan, aunque “su supervivencia pasaba por una gestión rigurosa de las finanzas públicas” (Tirole, 2017, 187) y que se puede ahorrar sin perder la esencia de la seguridad social, perfeccionando la formación de empresas, que son volcadas hacia los más débiles y las necesidades de las empresas (Tirole, 2017).
En línea con la modernización propuesta, el economista Ricardo Pascale en su obra “Del freno al impulso”, hace un desarrollo por los principales procesos históricos por los que ha pasado la economía uruguaya, llegando a la conclusión de que la economía nacional debe empezar a encaminarse hacia la economía del conocimiento para empezar a acercarse a los niveles de avance de los países del mundo desarrollado. Ésta, definida como la producción de bienes y servicios basados en actividades generadoras de conocimiento que contribuyen al desarrollo tecnológico y científico, tienen cómo componente clave la dependencia de las capacidades intelectuales por encima de las físicas o de los recursos naturales (Powell & Snellman, 2004). Para el economista, el Estado debe ser un emprendedor que fomenta la innovación y aporta a la creación de nuevos mercados. “Cuando se organiza de forma efectiva, la mano del Estado es un socio clave del sector privado. Un Estado innovador no solo disminuye o elimina riesgos del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de forma efectiva en él para conseguir que las cosas ocurran (Pascale, 2021, 174)”.
De esta forma se fomenta el desarrollo del mercado y la creación de los nuevos, poniendo un especial énfasis en el activo principal que tienen las personas, la creatividad. Es mediante este proceso psicológico que las personas utilizan las herramientas que son recibidas mediante la educación formal para producir y crear nuevos emprendimientos y servicios. Claro está que para que esto se genere se debe realizar una reforma educativa en la que no solo se brindan los conocimientos formales sino que también se fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto dentro de un marco de contención y cohesión social. De esta forma se podrán preparar a las nuevas generaciones para enfrentar y adaptarse a las complejidades de este mundo cada vez más dinámico y exigente.
Uruguay ha sido pionero por su constante reforma que ha traído una continua estabilidad social y económica en una región caracterizada por crisis institucionales y financieras. Hemos sufrido un enlentecimiento de nuestro desarrollo durante los últimos años en comparación con los países de primer mundo, pero lo bueno es que tenemos las condiciones para reformar a la sociedad y volver a estar entre los ejemplos mundiales de países desarrollados. Los cimientos están establecidos, depende de nosotros llevarlo a cabo.
Bibliografía:
Pascale, R., (2021). Del Freno al impulso. Montevideo: Planeta.
Powell, W., & Snellman, K., (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 30(1), 199-220. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037
Tirole, J., (2017). La economía del bien común. Barcelona: Penguin Random House Group.
La política fiscal uruguaya ha sido procíclica durante prolongados períodos y además con un alto componente de discrecionalidad en las finanzas públicas. Dadas las desventajas que estas características implican, se considera como muy positivo la adopción de una regla fiscal.
La capacidad de la política fiscal para desempeñar un rol estabilizador en la economía en el corto plazo y su grado de efectividad, ha sido objeto de grandes debates entre las principales corrientes económicas. Hoy en día parece bastante zanjado el tema y la adopción de una regla fiscal se aprecia por lo general como una medida muy positiva por los diferentes analistas.
Cuando el gasto público es procíclico ”recalienta” a la economía en los períodos expansivos y se contrae fuertemente en los períodos contractivos del ciclo. Lo que no permite una sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo.
La regla fiscal debe ser mantenida con políticas eficientes. Por ejemplo, las reglas deben ser respaldadas por reformas estructurales en áreas claves del sector público, esto es, en aquellos gastos que más inciden en la generación de desequilibrios (el caso de la seguridad social en los países con población “envejecida” como el nuestro), o en la estructura impositiva, o en la eficacia y eficiencia del gasto público. Esta última temática muy bien entendida y llevada a cabo por la actual administración.
El tope de aumento del gasto público que impone la regla fiscal es de 2,3% anual. Lo que está vinculado a una estimación del crecimiento potencial de la economía, o sea cuando la economía se encuentra en plena utilización de sus factores de producción.
En la medida que la aplicación de una regla permite ahorrar en tiempos de bonanza, se debería considerar la creación de un fondo de estabilización o contingencia, lo que implicaría evaluar a su vez en que moneda invertir y que hacer con los recursos disponibles.
El economista Mario Bergara critica la regla fiscal por no tener una consecuencia su no cumplimiento y limitarse a ser una meta indicativa, una señal. Esperamos que dicha carencia sea corregida por futuras administraciones. Pero está claro que el puntapié inicial liderado por la señora ministro Arbeleche es más que contundente y logra algo que era impensado desde las filas de la oposición.
Finalmente, en la actualidad se han logrado ahorros fiscales en los últimos dos ejercicios, lo que ya es un logro en sí mismo. Y dicho ahorro puede ser eventualmente redirigido hacia el Fondo Coronavirus.
En las semanas anteriores hemos visto un aumento importante en los precios de los combustibles, hasta alcanzar los $71 y $51, para nafta súper y gasoil, respectivamente. Esto, en el marco del contexto de recuperación económica tras la recesión provocada por la pandemia, es un duro golpe que se traslada a todos los precios del mercado (la típica frase de “a mí no me importa que suba la nafta porque ando a pie”, no es válida, todos los bienes en algún momento deben ser transportados y distribuidos, y con el ya mencionado aumento, los precios finales de los productos aumentan).
Este aumento de precios se debe principalmente al sistema de Paridad de Importación. En pocas palabras, este sistema trata de calcular el precio local de bienes (en este caso, los combustibles), de calidad similar a los producidos localmente, suponiendo que estos se puedan importar libremente (sin trabas arancelarias, por ejemplo), considerando los costos teóricos existentes en nuestro país.[1]
Sin embargo, este nuevo sistema no surge de la nada. Es producto del “buenismo” del actual gobierno, donde, por cuestiones discursivas y políticas típicas de quienes no viven el día a día, terminan pagando los más vulnerables.
¿A que me refiero con “buenismo”? Principalmente, a la poca voluntad de cambio presente en el gobierno con respecto de las declaraciones de los principales dirigentes de la coalición en campaña. Siempre ha habido un trecho entre las declaraciones y las acciones de los políticos, pero en esta ocasión es más que evidente. Esto, sumado a la política cada vez más continuista en términos generales (puede verse en los lineamientos macroeconómicos del gobierno, establecidos en el presupuesto, los cuales no difieren de los anteriores), ha llevado a que organizaciones comúnmente relacionadas por la sociedad a los partidos gobernantes, como Un Solo Uruguay, hayan realizado quejas al accionar gubernamental y reivindicaciones a lo establecido en el programa de gobierno.
Otras visiones apelan a que la actual coalición busca hacer gala de la búsqueda de consenso, tratando de decantar para sí los votos del “centro”, siendo esto apalancado con la buena gestión de la pandemia y la vacunación.
Es entendible que, en el marco de un gobierno de coalición, puedan surgir rispideces a la hora de tratar ciertos temas. Sin embargo, en tópicos tan importantes como este, lo que prima es el bienestar de la sociedad. Y este bienestar pasa por no tener los combustibles más caros de la región, pasa por tener, si se me permite la expresión (que espero no despierte resquemores a los lectores, y cale profundo entre los que son blancos), “aire libre y carne gorda”.
La política gubernamental ha demostrado ser muy continuista, y a la vez, mediocre en ese sentido. Continuista porque, pese a lo dicho en campaña, se ha optado por mantener el monopolio de ANCAP, aunque incorporando el sistema de Paridad de Importación. Y mediocre, por los resultados de este nuevo sistema. Entiéndase, la situación previa no era sostenible, dada la situación contable de ANCAP y la intentona (que permanece) de mantener rubros totalmente deficitarios. Sin embargo, este remedio producto de las medias tintas del gobierno, ha demostrado ser peor, en lo inmediato, al bolsillo de la gente. Y la gente no lo olvida. Primero está el país, no el partido, no la coalición. La búsqueda de medias tintas para no hacer molestar a nadie, no sirve. Los que se inclinan hacia un lado no lo van a dejar de hacer porque uno deje de inclinarse tanto hacia el lado opuesto. Es decir, no vas a “quitarle” votos a la oposición por ser más moderado de lo esperado. Y en el medio de estas intentonas, los que se ven afectados son los uruguayos de a pie, no los herederos de los “colachata”.
Mientras el oficialismo juega al continuismo, a no romper con el status quo con el que le fue entregado el país, la oposición basa sus argumentos, entre otras cosas, en la “soberanía”. Me gustaría saber que soberanía puede haber en pagar los combustibles más caros de la región (tanto ahora, con un sistema de paridad, como antes de su implementación), que soberanía hay en hacerle pagar extra al uruguayo del campo, de la ciudad, de donde sea, por delirios obsoletos de la política nacional, que parece desconectada de la situación de la gente. La soberanía, en todo caso, radica en la cultura, en nuestra identidad como orientales, así como en el bienestar de nuestros compatriotas, no en defender a capa y espada a un ente público que les ha dificultado la vida.
La situación no está para distraerse con juegos políticos que perjudican a los uruguayos, mientras se destruye el bienestar de nuestro país. El rumbo está claro, la desmonopolización es necesaria. Aun así, es menester implementar otras medidas. De acuerdo con la composición de los precios presentada por ANCAP, un amplio porcentaje de los mismos está representado por impuestos tales como el IMESI o el IVA[2], dependiendo del bien en cuestión.
Recordemos, nuestra tasa de IVA es de las más altas en el mundo, con un 22%. Con una reducción ordenada de los mismos, aunada a la desmonopolización, los precios de los combustibles se verían reducidos, y eso conllevaría una reducción de los precios en general, al reducirse los costes de transporte. Sin embargo, la política de “buenismo” del gobierno, que por su poca disposición a poner las cuentas fiscales en orden nos va a dejar un 5,4% de déficit fiscal[3], no ve (salvo contadas excepciones en sus filas), en la reducción del gasto superfluo, ni en la posterior reforma impositiva que se podría implementar a partir de ella (en la cual los combustibles deberían ser prioridad, a mi entender), una senda de crecimiento y recuperación de lo perdido (económicamente hablando) durante la pandemia.
En vez de tomar ejemplos como el de Nueva Zelanda en materia de combustibles[4], el gobierno parece estar empecinado en la senda de la mediocridad y el fracaso económico, lo que, de hacerse más patente, se va a trasladar a las urnas, volviendo, en definitiva, un fracaso total a la política “buenista” actual.
O buscamos cambiar la situación que aqueja a nuestro país ahora, o esperamos a cosechar los frutos del buenismo gubernamental.
