Tributación Mínima Global ¿Por qué es importante para Uruguay?

Tributación Mínima Global ¿Por qué es importante para Uruguay?

Apple, Google y otras empresas multinacionales muy rentables tributan menos impuestos de lo que desean los gobiernos de sus países de residencia. Por ese motivo los países más ricos que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) promueven una tributación mínima global y un nuevo modelo de tributación para la economía digital.

Ante crisis económicas y financieras, o gastos extraordinarios como los generados por el COVID, la necesidad de fondos extraordinarios se torna indispensable para los gobernantes.

Es así que el año pasado los gobiernos de los países más ricos promovieron una disruptiva reforma tributaria global que les permita recaudar a partir del año 2023 un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias de las empresas multinacionales con mayores ingresos.

Sin embargo, para entender cabalmente la problemática, no puede desconocerse que los sistemas tributarios no solo cumplen un fin recaudatorio.

A modo de ejemplo, a pesar de resignar recaudación, los países más ricos han decidido exonerar algunas de las rentas que sus empresas residentes obtienen en el extranjero para expandirse globalmente y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entre otros fines. 

Adicionalmente, algunos países con mercados domésticos pequeños y poco desarrollados encuentran dificultades para la creación de grandes corporaciones globales que compitan en igualdad de condiciones con los países más destacados. Esto constituye un obstáculo para la generación de riqueza, empleo y calidad de vida para sus habitantes.

Para mitigar esta asimetría de oportunidades, algunos de estos países acuden a los incentivos fiscales para atraer inversiones y así generar riqueza y empleo para sus residentes. Este ha sido el caso de países como Suiza, Países Bajos y Bélgica en Europa, Singapur y Hong Kong en Asia y en América se destacan Costa Rica, Panamá y, por supuesto, Uruguay.

En nuestro país, regímenes como las Zonas Francas o la exoneración tributaria otorgada al sector del software constituyen algunos de los ejemplos exitosos del uso de incentivos tributarios como instrumento para el desarrollo y la atracción de inversiones.

Sin embargo, en una minoría de casos, estos regímenes pueden ser utilizados de manera abusiva buscando reducir la carga tributaria de personas y empresas de manera ficticia o ilícita.

Atendiendo a esta situación, durante la década pasada la OCDE ha promovido diversas acciones para contribuir a la transparencia y evitar la reducción artificial de la tributación, revisó la normativa de cada país y propuso modificaciones a los gobiernos nacionales so pena de ingreso a listas de países no cooperantes con consecuencias negativas en el comercio internacional de bienes y servicios.

Países como Uruguay debieron modificar su normativa doméstica para evitar esas consecuencias negativas. A modo de ejemplo, Uruguay debió adaptar su régimen de Zonas Francas y de beneficios otorgados al sector de software para adaptarse a los anteriormente referidos estándares internacionales sugeridos por la OCDE.

Actualmente, se propone por parte de la OCDE dar un paso más en esta mirada globalizada de la tributación y promover una reforma a través de dos pilares:

  • Pilar 1: Nuevo marco de tributación a la economía digital
  • Pilar 2: Impuesto mínimo global

En lo que refiere al Pilar 2, que motiva este artículo, se estima que la recaudación adicional que pueden percibir los gobiernos por su aplicación sea de aproximadamente  150.000 millones de dólares.

¿Cómo puede afectar esta reforma a Uruguay?

En principio, este cambio aplicaría a entidades multinacionales que obtengan ingresos superiores a los 750 millones de Euros. Por tanto, no se prevé un gran impacto en las empresas de origen uruguayo que en general no superan ese monto.

Sin embargo, sí puede afectar a empresas extranjeras de esa envergadura que operen en nuestro país. Si estas empresas tuvieran en Uruguay un tratamiento tributario preferencial, podrían verse obligadas a reconocer un ajuste fiscal y pagar tributos adicionales en sus países de origen.

Simplificando al máximo para una mejor comprensión, si una empresa usuaria de zona franca tributara 0% (o sea, exonerada en Uruguay y que no se le aplicaran retenciones tributarias en el extranjero) y si su grupo económico superara el monto de ingresos para que le aplicara la tributación mínima global, debería tributar en su país de origen el tributo adicional equivalente a la diferencia entre el 15% y 0%. 

Esto implicaría que la resignación tributaria que Uruguay realiza para atraer esta clase de inversiones perdería el efecto buscado.

Además, esa tributación adicional no sería recaudada por nuestro Fisco sino por uno extranjero a pesar de que las rentas se generen en nuestro país. Si bien esto se aparta radicalmente de los principios más reconocidos en materia de tributación internacional y es técnicamente discutible, así parece ser la implementación propuesta por la OCDE.

¿Qué puede hacer nuestro país ante este nuevo escenario?

Uruguay debe extremar esfuerzos para mantener y profundizar la generación de empleo de calidad técnica y altamente remunerada que aporta la inversión extranjera que puede verse afectada por este cambio global. 

Sin perjuicio de la actuación a través de la representación que Uruguay tiene en los organismos internacionales para el tratamiento de estas temáticas, deberá adaptarse el sistema de incentivos para la atracción de inversiones de las empresas multinacionales que queden comprendidas en este nuevo método de imposición global.

Alternativas como las de gravar rentas hoy exoneradas en el Uruguay por un monto similar a las tasas complementarias que se les pueda aplicar en el extranjero, no deben descartarse. Sin desconocer las dificultades técnicas que esto representa, en caso de lograr articularlo exitosamente el gobierno nacional podría obtener financiamiento adicional para la búsqueda de nuevos mecanismos de incentivos no tributarios que puedan motivar a las empresas multinacionales a invertir en nuestro país y fomentar el emprendedeurismo local y la innovación.

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas han mencionado públicamente que el gobierno se encuentra analizando las medidas a adoptarse en los próximos meses respecto a este tema. Adaptarse a esta nueva realidad mejorando nuestro potencial para la atracción de inversiones es el desafío que se nos presenta.

Hacia un nuevo Estado Uruguayo

Hacia un nuevo Estado Uruguayo

Durante los últimos 10 años hemos sido víctimas de un manejo sumamente perjudicial de las cuentas públicas. Estas políticas de gasto descontrolado y gestiones ineficientes han llevado al aumento de la deuda externa, un crecimiento excesivo de la plantilla estatal y la necesaria financiación millonaria de las empresas públicas como consecuencia de sus malas administraciones. Esto, sumado a la incapacidad de las políticas públicas adoptadas en resolver los problemas estructurales del país, por ejemplo el empeoramiento de la calidad de la educación pública y la incapacidad de revertir el aumento de la fractura social, han generado un hartazgo entendible en varios sectores de la sociedad que ven en el Estado un gasto innecesario e ineficiente. A raíz de esto, se ha acrecentado la cantidad de personas que ven a la política como un antagonismo entre el Estado y el Mercado, y que entienden que, para el desarrollo general del país, el primero debe ser llevado a su mínima expresión mientras que se prioriza las necesidades del segundo. En este apartado, propongo una alternativa a estas cuestiones del Estado y su reforma desde una perspectiva socialdemócrata contemporánea. 

El economista Jean Tirole (galardonado con el Premio Nobel en Economía en 2014) postula que “el debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos” (Tirole, 2017, 177). Dicha figura considera que el Estado moderno ha pasado de ser un suministrador de empleo a través de las empresas públicas a ser el que fija las reglas de juego, interviene cuando existen fallas o insuficiencias en el mercado y regula para crear igualdad de oportunidades y una competencia sana entre los actores comerciales. Termina posteriormente su análisis de la relación complementaria entre el Estado y el mercado proclamando que “el Estado define las reglas del juego y responsabiliza a los actores que, desde ese momento, puede (¡y deben!) perseguir su interés propio”(Tirole, 2017, 178). 

A su vez, este nuevo Estado mantiene una clara preocupación por la cantidad y calidad del gasto estatal, cambiando la concepción del funcionario público. Utilizando el ejemplo de Suecia, este vivió un proceso de reforma estatal entre 1991 y 1997 que incluyó: la disminución del gasto público en un 10% del PBI, la disminución en el número de funcionarios públicos de 400.000 a 250.000 mediante la contratación del sector privado y la delegación de las funciones relacionadas con el control de las contrataciones y remuneraciones a agencias independientes y especializadas (Tirole, 2017). Estas políticas llevaron a que la creación del cargo público tenga la función única de brindar una prestación de un servicio público de calidad y no la de crear empleo como fin en sí mismo (cosa que en los hechos no ocurre ya que se deben aumentar los impuestos para financiar dicho empleo). Esto asegura que las personas contratadas tengan libertad de gestión y sean sometidos a evaluaciones estrictas de resultados, siendo sustituídos sí no cumplen con sus cometidos, incentivando el mejoramiento del funcionamiento Estatal y las prestaciones de sus servicios. En cuanto a las redes de seguridad social que brinda el Estado, Tirole mantiene que se debe contar con medios financieros necesarios para que se mantengan, aunque “su supervivencia pasaba por una gestión rigurosa de las finanzas públicas” (Tirole, 2017, 187) y que se puede ahorrar sin perder la esencia de la seguridad social, perfeccionando la formación de empresas, que son volcadas hacia los más débiles y las necesidades de las empresas (Tirole, 2017).

En línea con la modernización propuesta, el economista Ricardo Pascale en su obra “Del freno al impulso”, hace un desarrollo por los principales procesos históricos por los que ha pasado la economía uruguaya, llegando a la conclusión de que la economía nacional debe empezar a encaminarse hacia la economía del conocimiento para empezar a acercarse a los niveles de avance de los países del mundo desarrollado. Ésta, definida como la producción de bienes y servicios basados en actividades generadoras de conocimiento que contribuyen al desarrollo tecnológico y científico, tienen cómo componente clave la dependencia de las capacidades intelectuales por encima de las físicas o de los recursos naturales (Powell & Snellman, 2004). Para el economista, el Estado debe ser un emprendedor que fomenta la innovación y aporta a la creación de nuevos mercados. “Cuando se organiza de forma efectiva, la mano del Estado es un socio clave del sector privado. Un Estado innovador no solo disminuye o elimina riesgos del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de forma efectiva en él para conseguir que las cosas ocurran (Pascale, 2021, 174)”. 

De esta forma se fomenta el desarrollo del mercado y la creación de los nuevos, poniendo un especial énfasis en el activo principal que tienen las personas, la creatividad. Es mediante este proceso psicológico que las personas utilizan las herramientas que son recibidas mediante la educación formal para producir y crear nuevos emprendimientos y servicios. Claro está que para que esto se genere se debe realizar una reforma educativa en la que no solo se brindan los conocimientos formales sino que también se fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto dentro de un marco de contención y cohesión social. De esta forma se podrán preparar a las nuevas generaciones para enfrentar y adaptarse a las complejidades de este mundo cada vez más dinámico y exigente.

Uruguay ha sido pionero por su constante reforma que ha traído una continua estabilidad social y económica en una región caracterizada por crisis institucionales y financieras. Hemos sufrido un enlentecimiento de nuestro desarrollo durante los últimos años en comparación con los países de primer mundo, pero lo bueno es que tenemos las condiciones para reformar a la sociedad y volver a estar entre los ejemplos mundiales de países desarrollados. Los cimientos están establecidos, depende de nosotros llevarlo a cabo.

Bibliografía:

Pascale, R., (2021). Del Freno al impulso. Montevideo: Planeta.

Powell, W., & Snellman, K., (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 30(1), 199-220. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

Tirole, J., (2017). La economía del bien común. Barcelona: Penguin Random House Group.  

¿Por qué adoptar una Regla Fiscal?

¿Por qué adoptar una Regla Fiscal?

La política fiscal uruguaya ha sido procíclica durante prolongados períodos y además con un alto componente  de discrecionalidad en las finanzas públicas. Dadas las desventajas que estas características implican, se considera como muy positivo la adopción de una regla fiscal.

La capacidad de la política fiscal para desempeñar un rol estabilizador en la economía en el corto plazo y su grado de efectividad, ha sido objeto de grandes debates entre las principales corrientes económicas. Hoy en día parece bastante zanjado el tema y la adopción de una regla fiscal se aprecia por lo general como una medida muy positiva por los diferentes analistas.

Cuando el gasto público es procíclico ”recalienta” a la economía en los períodos expansivos y se contrae fuertemente en los períodos contractivos del ciclo. Lo que no permite una sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo.

La regla fiscal debe ser mantenida con políticas eficientes. Por ejemplo, las reglas deben ser respaldadas por reformas estructurales en áreas claves del sector público, esto es, en aquellos gastos que más inciden en la generación de desequilibrios (el caso de la seguridad social en los países con población “envejecida” como el nuestro), o en la estructura impositiva, o en la eficacia y eficiencia del gasto público. Esta última temática muy bien entendida y llevada a cabo por la actual administración.

El tope de aumento del gasto público que impone la regla fiscal es de 2,3% anual. Lo que está vinculado a una estimación del crecimiento potencial de la economía, o sea cuando la economía se encuentra en plena utilización de sus factores de producción.

En la medida que la aplicación de una regla permite ahorrar en tiempos de bonanza, se debería considerar la creación de un fondo de estabilización o contingencia, lo que implicaría evaluar a su vez en que moneda invertir y que hacer con los recursos disponibles.

El economista Mario Bergara critica la regla fiscal por no tener una consecuencia su no cumplimiento y limitarse a ser una meta indicativa, una señal. Esperamos que dicha carencia sea corregida por futuras administraciones. Pero está claro que el puntapié inicial liderado por la señora ministro Arbeleche es más que contundente y logra algo que era impensado desde las filas de la oposición.

Finalmente, en la actualidad se han logrado ahorros fiscales en los últimos dos ejercicios, lo que ya es un logro en sí mismo. Y dicho ahorro puede ser eventualmente redirigido hacia el Fondo Coronavirus.

Los Frutos del Buenismo: La Paridad de importación y la destrucción del bienestar nacional.

Los Frutos del Buenismo: La Paridad de importación y la destrucción del bienestar nacional.

En las semanas anteriores hemos visto un aumento importante en los precios de los combustibles, hasta alcanzar los $71 y $51, para nafta súper y gasoil, respectivamente. Esto, en el marco del contexto de recuperación económica tras la recesión provocada por la pandemia, es un duro golpe que se traslada a todos los precios del mercado (la típica frase de “a mí no me importa que suba la nafta porque ando a pie”, no es válida, todos los bienes en algún momento deben ser transportados y distribuidos, y con el ya mencionado aumento, los precios finales de los productos aumentan).

            Este aumento de precios se debe principalmente al sistema de Paridad de Importación. En pocas palabras, este sistema trata de calcular el precio local de bienes (en este caso, los combustibles), de calidad similar a los producidos localmente, suponiendo que estos se puedan importar libremente (sin trabas arancelarias, por ejemplo), considerando los costos teóricos existentes en nuestro país.[1]

            Sin embargo, este nuevo sistema no surge de la nada. Es producto del “buenismo” del actual gobierno, donde, por cuestiones discursivas y políticas típicas de quienes no viven el día a día, terminan pagando los más vulnerables.

¿A que me refiero con “buenismo”? Principalmente, a la poca voluntad de cambio presente en el gobierno con respecto de las declaraciones de los principales dirigentes de la coalición en campaña. Siempre ha habido un trecho entre las declaraciones y las acciones de los políticos, pero en esta ocasión es más que evidente. Esto, sumado a la política cada vez más continuista en términos generales (puede verse en los lineamientos macroeconómicos del gobierno, establecidos en el presupuesto, los cuales no difieren de los anteriores), ha llevado a que organizaciones comúnmente relacionadas por la sociedad a los partidos gobernantes, como Un Solo Uruguay, hayan realizado quejas al accionar gubernamental y reivindicaciones a lo establecido en el programa de gobierno.

Otras visiones apelan a que la actual coalición busca hacer gala de la búsqueda de consenso, tratando de decantar para sí los votos del “centro”, siendo esto apalancado con la buena gestión de la pandemia y la vacunación.

Es entendible que, en el marco de un gobierno de coalición, puedan surgir rispideces a la hora de tratar ciertos temas. Sin embargo, en tópicos tan importantes como este, lo que prima es el bienestar de la sociedad. Y este bienestar pasa por no tener los combustibles más caros de la región, pasa por tener, si se me permite la expresión (que espero no despierte resquemores a los lectores, y cale profundo entre los que son blancos), “aire libre y carne gorda”. 

La política gubernamental ha demostrado ser muy continuista, y a la vez, mediocre en ese sentido. Continuista porque, pese a lo dicho en campaña, se ha optado por mantener el monopolio de ANCAP, aunque incorporando el sistema de Paridad de Importación. Y mediocre, por los resultados de este nuevo sistema. Entiéndase, la situación previa no era sostenible, dada la situación contable de ANCAP y la intentona (que permanece) de mantener rubros totalmente deficitarios. Sin embargo, este remedio producto de las medias tintas del gobierno, ha demostrado ser peor, en lo inmediato, al bolsillo de la gente. Y la gente no lo olvida. Primero está el país, no el partido, no la coalición. La búsqueda de medias tintas para no hacer molestar a nadie, no sirve. Los que se inclinan hacia un lado no lo van a dejar de hacer porque uno deje de inclinarse tanto hacia el lado opuesto. Es decir, no vas a “quitarle” votos a la oposición por ser más moderado de lo esperado. Y en el medio de estas intentonas, los que se ven afectados son los uruguayos de a pie, no los herederos de los “colachata”.

Mientras el oficialismo juega al continuismo, a no romper con el status quo con el que le fue entregado el país, la oposición basa sus argumentos, entre otras cosas, en la “soberanía”. Me gustaría saber que soberanía puede haber en pagar los combustibles más caros de la región (tanto ahora, con un sistema de paridad, como antes de su implementación), que soberanía hay en hacerle pagar extra al uruguayo del campo, de la ciudad, de donde sea, por delirios obsoletos de la política nacional, que parece desconectada de la situación de la gente. La soberanía, en todo caso, radica en la cultura, en nuestra identidad como orientales, así como en el bienestar de nuestros compatriotas, no en defender a capa y espada a un ente público que les ha dificultado la vida.

La situación no está para distraerse con juegos políticos que perjudican a los uruguayos, mientras se destruye el bienestar de nuestro país. El rumbo está claro, la desmonopolización es necesaria. Aun así, es menester implementar otras medidas. De acuerdo con la composición de los precios presentada por ANCAP, un amplio porcentaje de los mismos está representado por impuestos tales como el IMESI o el IVA[2], dependiendo del bien en cuestión.

Recordemos, nuestra tasa de IVA es de las más altas en el mundo, con un 22%. Con una reducción ordenada de los mismos, aunada a la desmonopolización, los precios de los combustibles se verían reducidos, y eso conllevaría una reducción de los precios en general, al reducirse los costes de transporte. Sin embargo, la política de “buenismo” del gobierno, que por su poca disposición a poner las cuentas fiscales en orden nos va a dejar un 5,4% de déficit fiscal[3], no ve (salvo contadas excepciones en sus filas), en la reducción del gasto superfluo, ni en la posterior reforma impositiva que se podría implementar a partir de ella (en la cual los combustibles deberían ser prioridad, a mi entender), una senda de crecimiento y recuperación de lo perdido (económicamente hablando) durante la pandemia.

En vez de tomar ejemplos como el de Nueva Zelanda en materia de combustibles[4], el gobierno parece estar empecinado en la senda de la mediocridad y el fracaso económico, lo que, de hacerse más patente, se va a trasladar a las urnas, volviendo, en definitiva, un fracaso total a la política “buenista” actual.

O buscamos cambiar la situación que aqueja a nuestro país ahora, o esperamos a cosechar los frutos del buenismo gubernamental.


[1] https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/politicas-y-gestion/precios-paridad-importacion

[2] https://www.ancap.com.uy/2147/1/composicion-de-precio-y-comparacion-ursea.html

[3] https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-uruguay-2021-3/

[4] https://www.nzherald.co.nz/business/refining-nz-to-switch-marsden-point-to-import-only-terminal/6USM7NNWSYT7ZQHLWH57D5UD3E/

Coyuntura económica

Coyuntura económica

Al existir una remisión en los casos de COVID-19, debido al alto porcentaje de vacunación en nuestro país, se está observando en los indicadores de avance de la economía una tan esperada reactivación.

Gracias a esta reactivación el Banco Central del Uruguay (BCU) este miércoles pasado realizo un aumento en la tasa de interés a la que se prestan los Bancos (Call) de 4,5% a 5% anual.

Este aumento en el precio del dinero, se debe a que el BCU observa un aumento en la demanda de bienes y servicios y busca en primer lugar que dicho incremento no se traslade a precios desencadenando presiones inflacionarias y en segundo lugar buscando aumentar el ahorro por encima del consumo. A sabiendas de que a mayor ahorro mayor es la inversión.

El BCU sabe que esta contracción demorará varios períodos en comenzar a sentirse debido a la gran liquidez que disponen los Bancos actualmente. Y que la Política Monetaria por definición tiene un rezago importante. Por lo que la Política Monetaria está pensada para que el BCU encuadre a la inflación dentro del rango meta a fines de 2022.

Actualmente, la inflación se encuentra en 7,3% en el acumulado a 12 meses y el BCU tiene un rango meta de 3% a 7%, el cual bajará de 3% a 6% para fines de 2022.

El objetivo del BCU parece bastante realista, a pesar de que existen presiones inflacionarias de corto plazo como pasó recientemente con los precios del crudo y de la carne. Los cuales ponen en riesgo los resultados de inflación. Por otro lado se calcula que la tasa de interés puede alcanzar hasta el 9 % sin ser una política monetaria netamente contractiva. Lo que le permite un amplio margen de maniobra al BCU para alcanzar su rango meta inflacionario.

La cultura del ahorro: falta de educación financiera.

La cultura del ahorro: falta de educación financiera.

“Un centavo ahorrado es un centavo ganado” — Benjamin Franklin


INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de la palabra “ahorro”, ¿A qué hacemos referencia? Primero que nada, veamos su origen: La palabra ahorro proviene del árabe “hurr”, que quiere decir libre, en oposición a ser esclavo. En la Edad Media se usaba la palabra “horro”, que quería decir “dar libertad a un esclavo”. Más adelante se transformó en algo más parecido a lo que conocemos hoy en día: “librar a alguien de algo” haciendo referencia a liberarnos del esfuerzo del gasto. Entonces, entendiendo su origen, ¿Qué quiere decir “ahorrar”?, ¿Para qué? ¿Por qué ahorramos? ¿Necesitamos hacerlo? y, lo más importante, ¿Sabemos cómo hacerlo?
Ahora veamos que es el “ahorrar” como fin en sí mismo: hay varias definiciones, pero voy a dar una un tanto personal, y es que, el ahorro, es un consumo diferido, y con esto me refiero a que el ahorro es la parte de mis ingresos que aparto para cumplir mis objetivos financieros. Es de alguna manera, un sacrificio que hacemos hoy para algo mejor el día de mañana.
Ahora bien, dijimos la palabra “objetivo”, y tal vez, esto sea lo más importante, el para qué ahorramos, y definirlo, es la clave para entender el ahorro en sí mismo. Podemos entender los objetivos como, por ejemplo, mi jubilación, una casa, un viaje, pero ¿sabemos cómo definir dichos objetivos? ¿Los uruguayos tenemos objetivos financieros? y, por otro lado, ¿tenemos la capacidad de realizar ese ahorro para dicho objetivo?
Algunos puntos para definir nuestros objetivos financieros es que deben ser puntuales, si quiero comprar “x” cosa, mi objetivo debería ser “necesito tanta cantidad de dinero para comprarme ‘x’ artículo”. Por otro lado, tenemos que definir un tiempo para llegar a dicho objetivo, poner plazos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Otro punto es que tenemos que hacerlo lo más tangible posible, los objetivos no son algo que podamos tocar o sentir, entonces si anotamos dichos objetivos, se nos haría más “motivante” de alcanzarlos.

LOS DETERMINANTES DEL AHORRO SON
MULTICAUSALES

La realidad es que los uruguayos tenemos poca capacidad de ahorro, ya sea por temas puramente económicos, pero también por factores externos, por decir algunos ejemplos, vivimos en un mundo en el que queremos todo ya, ahora, en que si compro un celular nuevo hoy lo quiero para ayer, necesitamos ese estímulo de dopamina constantemente. Por otro lado, hay una falta de hábito, todos tenemos hábitos en nuestro día a día, pero un hábito se construye en base a, entre otras cosas, una necesidad, y si yo no siento esa necesidad de ahorrar, va a ser difícil generar dicho hábito. Y por último la falta de educación financiera: en Uruguay la educación financiera no forma parte de los programas de estudios obligatorios de primaria y de secundaria, por lo tanto, nunca recibimos este tipo de información desde edades tempranas con el fin de que podamos, en el futuro, tener un mejor control sobre nuestro dinero. Es cierto que las finanzas y la economía en general tiene muchas herramientas y lenguaje técnico que a mucha gente se nos dificulta comprender y aplicar a nuestro día a día, pero si logramos transmitir estos conocimientos técnicos en un lenguaje mucho más sencillo, con ejemplos del día a día, sería mucho más interesante para las personas que estamos por fuera del mundo de las finanzas el aplicarlo a nuestra vida cotidiana.

EL AHORRO COMO SINÓNIMO DE LIBERTAD

Durante muchos años decir la palabra ahorro era sinónimo de recortar, de “ir por todo”, de mala palabra. No se habla mucho del tema (tal vez por lo dicho anteriormente), pero lo que sí es seguro es que es algo sumamente importante en nuestro día a día.
Ahora bien, como vimos más arriba, el ahorro tiene raíces en la libertad, pero ¿libertad de qué? ¿Por qué decimos que tener ahorros nos hace más libres? Creo que lo mejor para responder esta pregunta es plantearlo con ejemplos del día a día, uno de ellos podría ser la pérdida de nuestro empleo, planificar nuestra jubilación (pensando en el largo plazo), o mismo pensando en épocas de crisis (actualmente la pandemia). Entonces imaginemos que sucede algún hecho en el cual nuestras fuentes de ingresos se ven afectadas, es ahí donde juega un papel importante el ahorro, donde lo podemos usar como una reserva en momentos en los cuales nos es difícil recibir ingresos y de esa forma no depender de un tercero para poder subsistir. El ahorro puede darnos tranquilidad, ya que con este podemos dejar de preocuparnos tanto por el dinero.
Podemos lograr libertad con nuestras finanzas y en consecuencia en nuestra vida de manera más sencilla, apoyándonos en la educación financiera y sus tecnologías.

EDUCACIÓN FINANCIERA, UN PLAN A FUTURO


Por último, me gustaría hablar un poco de qué es la educación financiera.

Una buena definición es: “el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de la información, instrucción y/o asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a donde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico” – OECD, 2005.

Como vemos, la educación es la pieza fundamental para entender nuestras
finanzas. Los beneficios que ofrece la educación financiera son varios, tanto para la economía de cada persona como para la economía de un país. En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para nuestro futuro y a la administración de los recursos. Así, los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que luego se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía.
La educación financiera puede verse hasta desde el punto de vista de una responsabilidad, siempre hablamos de derechos y más derechos (lo cual me parece perfecto), pero nunca hablamos de las responsabilidades de los individuos, y la educación financiera puede verse como una responsabilidad de los individuos. Cuando hablamos de educación financiera hablamos de hacernos responsables de nuestro futuro, creo que es hora de comenzar a hacernos responsables, pensar más en el largo plazo, no digo que únicamente sea eso, pero si creo que seria bueno empezar a usar un poco menos el plan para el finde y más para nuestro futuro, o
mejor dicho, para ambas cosas, y así, en la medida que podamos, depender lo menos posible de terceros.

Robinhood y las Criptomonedas: Aprendizajes Forzosos

Robinhood y las Criptomonedas: Aprendizajes Forzosos

No todo han sido pérdidas en la pandemia. Algunos ganadores han logrado mantener sus ingresos estables y ahorrar más a partir de la reducción en el consumo provocado por la disminución de la movilidad y las restricciones a eventos sociales. Otros han percibido más ingresos porque trabajan en rubros que han experimentado más demanda. En Estados Unidos, las tasas estimadas de ahorro a partir de los ingresos pasaron de ser poco más del 8% en febrero de 2020, a un 32% en abril del mismo año.

Si de esos ahorristas, alguno invirtió 2.000 dólares en un instrumento que siga al famoso índice bursátil de S&P con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos a principios de abril del 2020, en diciembre hubiera tenido 2.500 dólares. Y hoy más. ¿Cómo multiplicar así los ahorros? Invirtiendo a través de la bolsa, en el momento adecuado, en los activos adecuados.

Pero las ganancias que produce la volatilidad del mundillo financiero, que es especialmente elevada en épocas de crisis, no son accesibles para el común de los uruguayos. Los costos y las comisiones para operar en las bolsas son altas, tanto que para acceder a esas inversiones con el asesoramiento necesario hay mínimos en todas las instituciones y en Uruguay es difícil conseguir aceptación en una corredora de bolsa o asesor financiero con menos de 20.000 dólares para invertir. No sería rentable: ni para el ahorrista, ni para el asesor, ni para toda la estructura que debe movilizarse para intercambiar y conservar en cartera instrumentos financieros como bonos o acciones.

Queda allí un mercado marginado, de pequeños ahorristas que desean proteger sus magros ahorros y lo encuentran difícil en las tasas que ofrecen los depósitos a plazo fijo, más accesibles pero de rentabilidad tan baja que muchas veces ni siquiera protegen contra la inflación. ¿Cómo querer ahorrar si sé que en el futuro voy a poder consumir menos con ese dinero que si lo utilizara hoy? Evitar que eso ocurra es un problema que excede a Uruguay y que se da incluso en países primermundistas como Estados Unidos. ¿Y multiplicar los ahorros con rentabilidades más interesantes que la inflación? Imposible.

O así era, hasta que la conjugación de ahorros, falta de empleo y falta de accesibilidad a los mercados resultó explosiva. Todo comenzó con la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, que pasó de valer 10.500 dólares en setiembre de 2020 a más de 60.000 en marzo de 2021. Traducido: si compraste 100 dólares de bitcoin en setiembre, en marzo tenías aproximadamente 600 dólares. Sí, 100 o 50 o 10. Esa es una de las claves detrás de todo. No eran grandes fortunas, eran grandes cantidades de pequeños, arriesgados e ilusionados ahorristas en busca de ganancias.

Sí, las criptomonedas tienen cada vez más valor inherente (o al menos las más conocidas), ya que en parte se aceptan en intercambios por bienes reales y eso les da una cierta utilidad. Pero tienen muchos desafíos por delante antes de volverse el nuevo dólar o el nuevo oro. Por ejemplo: el desafío que representa el consumo energético de minarlas, la criptomonedas en vías de creación por parte de algunos Bancos Centrales, que su valor se vuelva más estable para que individuos racionales quieran tener todos sus ahorros/ganancias en estas monedas sin mayores preocupaciones, las posibles futuras regulaciones y la falta de regulaciones también, es decir, que no sean una vía libre de intercambio para el narcotráfico y el terrorismo, cada vez más ahuyentados del sistema bancario. ¿La mayoría de quienes las han comprado lo hacen pensando en su valor práctico y a largo plazo o en ganar dinero con su volatilidad (aumentos y descensos repentinos)? De eso depende si su valor actual es justo o excesivo. En el largo plazo los valores tienden a lo justo y esos ajustes dejan perdedores, que compraron a un valor demasiado alto y deben vender por debajo. Por ejemplo, quien compró un bitcoin a más de 60.000 dólares en marzo y hoy tiene un equivalente de alrededor de 35.000 dólares, sin pistas reales de si recuperará su dinero o cuándo lo vaya a hacer.

El exceso de ahorros y la ansiedad por ganancias fáciles no solo afectó el valor de las criptomonedas a comienzos de este año.

A través, principalmente, de Robinhood, una de las pocas aplicaciones que permiten acceder al mercado financiero con muy pequeños montos (pero sin asesoramiento), un tumulto de inversores organizados vía internet se volcaron a una sola acción, GameStop, a principios de este año. La acción se elevó de 19,11 dólares el 11 de enero a 357,71 dólares 16 días después. En criollo, si habías comprado una acción de GameStop el 11 de enero por 813 pesos, a las dos semanas tenías 14952 pesos1. Si en una acción de pocas compras y ventas diarias irrumpen muchos compradores de golpe los precios se disparan: los que entraron primero se van a llevar ganancias que no hubieran obtenido con esa facilidad con ningún otro negocio o empleo, pero los que entraron últimos van a salir perdiendo. ¿Cómo saber si estoy al final de la subida de precios y luego de comprar el valor de eso que adquirí va a descender en picada? Imposible (salvo que seas Elon Musk, quien merece un artículo aparte).

Este escrito no busca dilucidar a qué precio debería estar el Bitcoin o a cuál deberían estar las acciones de Gamestop. Sí intenta traer luz a un punto en común muy interesante entre ambos fenómenos: que se realizan con dos de los pocos medios de inversión accesibles para el (muy) pequeño ahorrista y que son populares entre jóvenes ávidos de ganancias aunque sea a riesgos altísimos. Esto representa desafíos tanto para profesionales de las finanzas como para políticos y educadores. ¿Comprendemos el riesgo de perderlo todo en mercados utilizados para la mera especulación? ¿Qué estamos haciendo por la educación financiera de las personas? ¿Qué les ofrecemos para que puedan generar ganancias de sus ahorros sin mayores dificultades aunque no lleguen a las decenas de miles de dólares?

Es posible que a medida que las actividades se retomen las personas vuelvan a sus niveles de ahorro habitual y los inviertan por los medios en los que lo hacían habitualmente (si es que generaban algún ahorro), bajando el nivel de riesgo de que estos fenómenos de sobrecalentamiento repentino se repitan en los próximos meses. Pero aún queda tiempo de pandemia y nos hemos llevado tantas enseñanzas como interrogantes. Una de ellas es que los pequeños ahorristas organizados pueden distorsionar el mercado.

¿Comprenden todos ellos lo que arriesgan?

1 A la cotización del dólar de esos días

https://time.com/nextadvisor/banking/savings/us-saving-rate-soaring/

Entendiendo más a las criptomonedas

Entendiendo más a las criptomonedas

El Bitcoin y las criptomonedas irrumpieron en el escenario mundial en 2008, a partir de la publicación anónima de un documento de carácter técnico que planteó una nueva forma de transferir valor a través de Internet. En los años siguientes, esta nueva tecnología disruptiva ha pasado por varias fases, mercados alcistas y retrocesos en picada, períodos de optimismo y momentos de decepción. Pero a medida que el mercado de criptomonedas entra en su segunda década de vida, una cosa está muy clara: las criptomonedas y la tecnología blockchain llegaron para quedarse. Sin embargo, hoy día, todavía pocas personas entienden qué es o cómo funcionan las criptomonedas. ¿Es una moneda alternativa? ¿Una tecnología? ¿Un tipo de inversión riesgosa? En esta columna intentaré darles algo de claridad al respecto.

Para entender las criptomonedas es importante centrarnos en la creación del Bitcoin, la primera de todas las criptomonedas, que fue creada por un programador informático anónimo, que trabajaba bajo el alias “Satoshi Nakamoto”. Este autor publicó un documento titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (Un sistema de efectivo electrónico entre pares). El autor describió una visión de cómo las personas podrían retener, enviar y recibir artículos de valor digitalmente, sin ningún intermediario, como podría ser un banco o un procesador de pagos. Poco después, en enero de 2009, se emitió el primer bitcoin.

No es un detalle menor destacar que el Bitcoin no surge como un capricho, sino como la respuesta a un problema financiero que los bancos y las plataformas digitales de pagos no han podido solucionar aún, la transferencia de valor de forma digital de forma ágil y sin grandes costos. El problema es que transferir dinero en línea es difícil, mucho más difícil que transferir información básica, como mensajes de texto, correos electrónicos y fotos. Pongamos un ejemplo real: el 12 de abril de 2020, alguien transfirió 161.500 bitcoins, con un valor de más de 1,1 mil millones de USD en ese momento, en una sola transacción. La transacción se liquidó en 10 minutos y la tarifa por procesarla fue de 0,68 USD. Si comparamos esto con una transferencia de dinero internacional a través de una institución financiera, que solo se puede enviar durante el horario bancario, demoraría de uno a dos días en liquidarse y con tarifas significativamente más altas. La diferencia es asombrosa.

La solución de Nakamoto a este problema, y la idea central detrás de todas las bases de datos blockchain en la actualidad, fue crear una única base de datos distribuida en todo el mundo, que sea accesible para todos, donde cualquier persona en cualquier parte del planeta pueda ver los saldos y enviar transacciones en todo momento. Y lo más importante, estos saldos no están controlados por ninguna institución financiera, gobierno, persona o entidad.

La mejor forma de entender cómo funciona exactamente es seguir una transacción de Bitcoin de principio a fin.

Digamos que una persona A tiene 10 bitcoins que quiere enviar a una persona B. Entonces A envía un mensaje a todas las computadoras que ejecutan una copia de la base de datos actualizada (“la red Bitcoin”) que dice “Quiero enviar 10 bitcoins a B”.

La persona A tiene una contraseña única que le permite firmar el mensaje para que la red sepa que el mensaje proviene de ella y no de nadie más. Las computadoras en la red bitcoin pueden confirmar fácilmente que A tiene 10 bitcoins para enviar porque cada una tiene una copia de la base de datos actual. Es importante destacar que en este punto solo se ha propuesto la transacción; ninguna computadora ha actualizado los saldos. Las transacciones se colocan inicialmente en lo que equivale a una sala de espera, donde aguardan por la confirmación.

Debido a que la transacción solo se propone y no se liquida en esta instancia, el sistema puede transmitir rápidamente el mensaje para asegurarse de que todos los participantes la conozcan.

La persona A no está sola: mientras envía su mensaje, otros también están enviando mensajes, queriendo enviar sus bitcoins a uno o varios destinatarios.

Aquí es donde entra un participante especial: los “mineros de bitcoin”. Los mineros son servidores de procesamiento que se encuentran dispersos por todo el mundo y forman una parte fundamental de la red bitcoin. Su trabajo consiste en agregar grupos de transacciones nuevas y válidas, como la de la persona A, y proponerlas para su liquidación. Estos grupos de transacciones son llamados “bloques”, que es de donde proviene el “bloque” en “blockchain”.

En un momento dado, miles de estas computadoras compiten entre sí por el derecho a resolver el siguiente bloque. La competencia consiste en resolver un desafiante acertijo matemático, y los mineros pueden proponer un nuevo bloque solo si resuelven el acertijo actual. Quien encuentre la solución primero tiene derecho a una recompensa, que consiste en bitcoins recién emitidos y posibles pagos por la transacción. Este pago es significativo y es lo que incentiva a los mineros a realizar el trabajo necesario para verificar las transacciones y mantener la base de datos.

Aproximadamente cada 10 minutos se resuelven nuevos bloques en la red bitcoin, aunque el tiempo exacto depende de qué tan rápido se resuelva el rompecabezas.

Volvamos a la transacción de A y B que estaba en espera. Una vez que un minero resuelve el acertijo, solo ese participante de la red (el minero que propuso el nuevo bloque de transacciones) puede ver los saldos completamente actualizados; todos los demás participantes solo ven los bloques más antiguos.

Competir para liquidar cada bloque de transacciones es caro, por diseño, resolver el rompecabezas requiere una potencia informática significativa y además consume energía, y saber cuál de los miles de mineros existentes resolverá el problema primero es imposible.

Sin embargo, una vez que un minero resuelve el caso, puede publicar la solución y proponer un bloque de transacciones a la red.

La genialidad del sistema es que, aunque resolver el acertijo matemático es difícil y costoso, verificar el resultado es muy fácil. Y cuando un minero publica una solución y un nuevo bloque de transacciones, otros miembros de la red verifican el trabajo. Si las transacciones son válidas y la solución del rompecabezas es correcta, los participantes de la red actualizan su copia de la base de datos para reflejar las nuevas transacciones. En ese momento, la transacción de la persona A se considera resuelta y liquidada.

Es importante destacar que la competencia para liquidar el siguiente bloque de transacciones dependerá de incluir la información del bloque de A y B ya liquidado, lo que proporciona un incentivo para que los participantes del mercado actualicen rápidamente su copia de la base de datos y asegura que la manipulación de un bloque liquidado sea muy difícil. Este “encadenamiento de bloques” es la razón por la que esta arquitectura de base de datos se llama “blockchain”.

La parte más ingeniosa del proceso diseñado por Nakamoto, es que el incentivo para intentar defraudar al sistema es mínimo.  Los participantes de la red examinan cada transacción en cada bloque propuesto y rechazan los bloques con transacciones no válidas. Se ha demostrado su eficacia con un historial de funcionamiento y almacenamiento de miles de millones de dólares de forma segura y válida. La base de datos nunca ha sido pirateada y actualmente liquida aproximadamente el mismo valor de transacciones cada año que empresas como PayPal, todo sin un solo empleado o intermediario. Es un verdadero avance de innovación, de diseño de software y está teniendo un impacto significativo en el mundo.

Bitcoin no es la única criptomoneda que existe. Se estima que existen más de seis mil  criptomonedas diferentes y cada mes se crean nuevas. Aunque la mayoría de estos activos son pequeños, muchos están valorados en más de mil millones de dólares. Desde sus inicios, las criptomonedas se han caracterizado por tres atributos principales: altos rendimientos, alta volatilidad y baja correlación con activos tradicionales.

A medida que los inversores avanzan por el camino de las criptomonedas, deberán tener en cuenta varias consideraciones y también asumir algunos riesgos adicionales con respecto a los activos tradicionales. Un desafío particular para los inversores es la custodia, es decir, cómo se mantiene y almacena de forma segura una criptomoneda. Cuando se invierte en este tipo de instrumentos, se genera una contraseña o “clave privada”. Si esa contraseña se pierde o se roba, el activo relacionado se pierde para siempre. Esta clave, que es necesaria para permitir algunas de las ventajas clave de las criptomonedas, como la liquidación rápida, también presenta un riesgo significativo si no se maneja adecuadamente.

En cuanto a impuestos y regulaciones, el terreno es aún muy confuso. El tratamiento regulatorio varía y evoluciona según la jurisdicción. Y los inversores deberían esperar que esta evolución continúe en los próximos años. Con respecto a la parte impositiva, el gran problema que muchos analistas ven es que es muy común tratar a las criptomonedas como una divisa más, y no como un activo digital. Las criptomonedas distan mucho de una divisa común, y al contrario de como suele creerse, no son instrumentos similares. El mercado de divisas tiene una estructura de mercado diferente, y también una gama mucho más amplia de participantes. La volatilidad histórica que han manejado las criptomonedas las alejan mucho del comportamiento del mercado de divisas tradicional. Sin embargo, para que, en un futuro, quizá puedan desarrollarse relaciones más sustanciales entre las criptomonedas y las divisas, las primeras deberán cambiar en varios aspectos, principalmente regulatorios e iniciar una incursión en el mercado de forma más profunda.

Los precios al consumo y el rol del Estado. Una breve aproximación

Los precios al consumo y el rol del Estado. Una breve aproximación

El mantenimiento de la estabilidad de precios es uno de los objetivos predominantes de la política monetaria en la mayoría de los países. Dicha estabilidad suele presentarse, entre otros aspectos, como una condición necesaria del crecimiento sustentable y del fortalecimiento del poder de compra de la moneda nacional. Los efectos adversos de la inflación operan a nivel micro y macroeconómico. Los costos de búsquedas asociados con los incentivos de los agentes de no mantener dinero en efectivo y buscar alternativas de colocación que paguen interés o signifiquen un resguardo ante la inflación. Los costos relacionados con todos los inconvenientes de los empresarios de modificar frecuentemente los precios de lista en lugar de aplicar atención y recursos en actividades más productivas e incluso llevan a la especulación en circunstancias excepcionales como la que vivimos hoy.

Históricamente, no existen experiencias internacionales que de manera clara muestren los beneficios del establecimiento de controles de precios. Por ello, resulta importante entender qué función tienen los precios en una economía y cuáles son los riesgos de controlarlos artificialmente, así como los potenciales efectos negativos para la misma población que se pretende beneficiar.

El precio es el mecanismo que permite equilibrar la oferta de servicios y productos con la demanda de éstos. Es el valor de un producto o servicio que para el consumidor tiene en términos monetarios. Es el mecanismo que permite a una empresa, que produce un bien o servicio, encontrar el nivel al que el mercado y los consumidores están dispuestos a pagar en entornos donde existe cierto nivel de competencia.
La creación de mecanismos artificiales de precio genera una afectación en la creación de utilidades de corto plazo para las empresas, lo que termina por afectar la inversión privada, que históricamente es el principal motor del crecimiento económico futuro.

Existen otras formas de control de precios, que se refieren al establecimiento de precios mínimos, los llamados precios de referencia. Con ello se busca el establecimiento de subsidios que permitan, por ejemplo, en precios de productos agrícolas, garantizar un mínimo nivel de ingreso a los productores de ciertos bienes. Este tipo de controles también genera distorsiones importantes. Una canalización de recursos fiscales que deberían de beneficiar a toda la población apoya un grupo específico al margen de sus niveles de productividad y de la rentabilidad de su actividad. En estos casos, también el afectado termina por ser el consumidor final. Porque está comprando productos que tienen en su origen un precio artificialmente elevado. En nuestro país hay una larga historia en este rubro por ejemplo, en setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.

El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus intereses.

Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929 coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituida en 1929, proclive a la línea política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en su momento de apogeo, quince años atrás.” (Nahum, Cocchi, Frega y Trochón – Crisis política y recuperación económica. 1930-1958. Ed. Banda Oriental. P. 15)

Los alcances de la intervención del Estado aparecen caracterizados en un editorial de “Acción” del 13/12/948: “(la intervención del Estado) en ningún momento ha querido asumir el carácter de una interferencia con actividades que también conceptuamos deben o merecen no ser desplazadas de la órbita particular” a la vez que “el espíritu de empresa del hombre debe ser estimulado”.

Sin embargo, la intervención del Estado debe alcanzar otros niveles en determinadas circunstancias: “En primer término corresponde al Estado asumir la defensa del interés general. Cuando la empresa privada desconoce ese interés y pretende aprovechar la libertad que se le acuerda con fines contrarios al mismo, el intervencionismo estatal será impuesto como un deber primordial. Si un excesivo afán de lucro, configurando incluso las formas del agio o de la especulación abusiva, atenta contra las conveniencias de la colectividad, la intervención del Estado no debe extrañar a quienes la provocan. Corresponde igualmente a esta, suplantar a los particulares allí donde el particular por desidia, indiferencia o falta de capacidad material para hacerlo no puede notoriamente llegar. Es un caso de intervencionismo constructivo y de beneficio común”.

La Reforma Monetaria y Cambiaria de diciembre de 1959 se propuso lograr la estabilidad interna y externa del dinero y reiniciar el crecimiento económico; el fin del plan se suele fechar hacia 1963 y la devaluación de mayo de ese año. El Plan de 1968 estuvo caracterizado por perseguir la detención de la inercia inflacionaria utilizando instrumentos de shock y política de ingresos (la “congelación de precios y salarios”) para alinear rápidamente los indicadores; hacia 1972 puede darse como agotado el plan, lo que estuvo acompañado de una importante crisis bancaria y devaluación.

El Plan de Estabilización de 1978 acompañó a la estrategia más general de liberalización financiera vigente en Uruguay desde 1973 y significó el establecimiento de la “tablita”; en un contexto de muy elevado déficit fiscal y fuga de capitales, el plan colapsó en noviembre de 1982, trayendo consigo una crisis financiera de carácter sistémico. Hacia fines de 1990 se implementa un nuevo plan de estabilización de precios, de carácter gradualista, basado en variables presupuestadas y, luego, de anuncios aperiódicos de las autoridades y el establecimiento de una banda de flotación cambiaria. De hecho, el plan siguió un derrotero similar al de sus antecesores y con la devaluación de junio de 2002 se habría llegado a un nuevo fracaso en la historia de los planes de estabilización.

La crisis del 2002 tiene varios puntos de análisis. Para algunos economistas se remonta a la cesación de pagos de Rusia en 1998. Esto afectó a Brasil que tuvo que devaluar la moneda el 13 de octubre de 1999. En Argentina el problema estaba en la existencia de problemas en su sistema cambiario, tenía una paridad U$S -$ quedando expuesta su política fiscal derivada de su dependencia del mercado brasilero. En el 2001 Argentina tenía problemas con su deuda pública, y la confianza de los ahorristas se complicaba sacando ahorros. La respuesta fue congelar los retiros llamados comúnmente “corralito”. El drama se extendió a la política obligando a la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa el 20 de diciembre del 2001. Se sucedieron dos presidentes en el plazo de 10 días. En nuestro país la percepción era, como históricamente lo había sido, de algo transitorio que aumentaba el proceso inflacionario.

La realidad era mucho más profunda: la devaluación inmediata presenta con crudeza problemas estructurales y fragilidades endémicas. El PBI tuvo un descenso del 11%. El cierre fiscal aumentó el endeudamiento bruto que estaba dolarizado en su mayoría. Esto agregaba otra debilidad hacia el sistema cambiario. Por otro lado hubo una serie de problemas coyunturales como una gran sequía que afecto al agro y a la generación de energía. Todo esto culmina con un brote de fiebre aftosa en el marco de negociaciones de venta de carne a los Estados Unidos. La realidad era que se trataba de una crisis regional con circunstancias locales que en conjunto generaron una tormenta perfecta.
Si las elecciones de 1958 habían determinado un primer intento de cambiar al país provocando la rotación de partidos en el poder, las elecciones de 1966 marcaron aun con más fuerza ese sentimiento, no solo con una nueva rotación partidaria sino también con una nueva Constitución.

El Caso ANCAP:

ANCAP fue creada el 15 de octubre de 1931 por la Ley Nº 8764 que estableció en su artículo 1º: “Créase un Ente Industrial del Estado, que se denominará Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland con el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados, y de fabricar portland.”
Se declara de utilidad pública a efectos de intervenir en nombre del Estado en tres campos estratégicos. En materia de combustibles, estableció el monopolio estatal de la importación y refinación de petróleo crudo y con la condición de producir al menos, el 50% de la nafta consumida en el país, la extensión del mismo a la importación y exportación de cualquier tipo de carburante líquido, semi líquido o gaseoso.

En materia de alcoholes, consagró el monopolio integral sobre la importación, exportación y fabricación de alcohol y de las bebidas alcohólicas destiladas, para las cuales el Ente lo solicitara de manera expresa.
En lo que refiere al Pórtland, se autorizó la instalación de fábricas de pórtland y productos afines, para abastecer las necesidades de obras públicas, que se buscaron incrementar a efectos de absorber la gran desocupación provocada por la crisis de 1929. En 1933 ingresó a un mercado de competencia en combustibles líquidos refinados, a través de la importación y venta de productos en todo el país, y se instalaron las dos primeras estaciones de servicio en Montevideo, una en 18 de julio y Sierra y la otra en Uruguayana y Capurro. ANCAP construye sus primeras instalaciones petroleras para operar como distribuidora y en 1935 inicia la segunda etapa con el montaje de la primer y única Refinería de combustibles del país, que se inauguró dos años más tarde, con una capacidad de refinación de 600 m³ diarios, lo que llevó al cese de las importaciones de productos elaborados.

En la década del 40, logró superar las restricciones de aprovisionamiento derivadas de la escasez de materia prima para sus industrias básicas, alcoholes y combustibles, generando la capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda interna. La planta de ANCAP de La Teja es un ejemplo de las primeras realizaciones de arquitectura moderna en nuestro país. La obra en su mayoría fue realizada por el arquitecto Rafael Lorente Escudero durante los años 1934 y 1938. Hubo una serie de obras como el cuartelillo de bomberos en 1934, el edificio de las oficinas administrativas, el vestuario de los obreros, la gerencia y los laboratorios. También debemos mencionar el imponente edificio de las oficinas centrales. En 1961 se inaugura la nueva Refinería que permitió elevar de 4500 metros cúbicos a 6500 la capacidad de procesamiento del crudo.
También permitió ampliar la capacidad de producción de combustibles gaseosos como el supergas. Para llevar adelante este proyecto se incorporaron ingenieros y personal especializado. En 1965 entró en funcionamiento una Planta de Desulfuración de gasoil y kerosene.

Por medio del decreto 786/968 del 26 de diciembre de 1968 el Poder Ejecutivo autorizó a ANCAP a realizar los estudios para instalar una boya para la carga y descarga de petróleo en aguas juridisccionales uruguayas. En 1968 la flota marítima de la administración estuvo integrada por: a) de ultramar con buques propios “ANCAP TERCERO” y “ANCAP CUARTO” buque arrenrados a la Armada Nacional b) cabotaje con buques propios como el “ANCAP QUINTO” y “ANCAP SEXTO”. Desde el punto de vista administrativo se puso en marcha en 1968 por intermedio de la consultora Arthur Young Co. Una reorganización de la Administración con nuevos modelos de gestión. Con el objetivo de abaratar los costos se decidió instalar una terminal petrolera capaz de recibir barcos de 150.000 toneladas. El lugar elegido fue José Ignacio a 3.600 metros de la costa. Se instaló una monoboya giratoria de amarre de origen holandés. La misma fue adquirida en 1977. La monoboya fue conectada por un oleoducto a un parque de tanques y que sigue paralelo a la Ruta Interbalnearia hasta La Teja en 1975 comenzaron las obras, en 1977 culminaron las obras y se inauguró el 9 de junio de 1978.

Las Empresas Públicas:

El plebiscito del 13 de diciembre de es un antecedente para comprender las connotaciones especiales que tiene en el Uruguay la discusión acerca de las empresas del Estado. La norma impulsada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle proveía un marco para que el Estado concediese permisos para la prestación de servicios públicos a su cargo, y facultaba a Antel a asociarse con capitales privados para el cumplimiento de sus cometidos. Sancionada en el Parlamento tras 18 meses de negociaciones, la acción política coordinada del Frente Amplio y el movimiento sindical derivó en la convocatoria a un referéndum. La estrategia prevalente de la impugnación parcial propició alianzas con sectores de los partidos tradicionales. El debate giró en torno a la «defensa del patrimonio nacional». La adhesion al recurso determinó que la ley de Empresas Públicas fuese sometida a la voluntad popular. En dicha evolución tuvo un activo rol el intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, y errores de comunicación de representantes del gobierno blanco. El Foro Batllista resolvió su respaldo al recurso. El 71,6 % resolvió en las urnas la derogación parcial de la ley de Empresas Públicas.

La reforma en materia de combustibles impulsada por el gobierno de Jorge Batlle en 2001 se inició con los contactos políticos entablados por el gobierno para sondear el apoyo a su política, basada en la asociación de Ancap con una petrolera extranjera que promovía su titular, Jorge Sanguinetti, a fin de poder competir en el exterior en la comercialización de sus productos El debate sobre los combustibles tomó estado parlamentario al ingresar a la Cámara de Senadores un breve proyecto de ley que derogaba los monopolios estatales de refinación e importación de petróleo. Lo firmaban los diez senadores colorados y el presidente del cuerpo, Luis Hierro López. La receptividad hallada en los demás partidos generó entendimientos entre las bancadas a propósito de una nueva estructura para el mercado y de la asociación de Ancap. La Federación Ancap (fancap) se movilizó en rechazo a la convocatoria del ente a empresas interesadas en conformar una sociedad y al proyecto desmonopolizador. Una razón para la alianza estratégica era sanear la inversión realizada en la Argentina al asociarse con la empresa Sol Petróleo. Durante la administración de Eduardo Ache se había decidido la expansión al vecino país para abrir nuevas bocas de expendio, a través de una red de estaciones de servicio en la cual Ancap tenía la mayoría de las acciones. El negocio había arrojado cuantiosas pérdidas que se pretendía revertir, al menos en parte, traspasando la cadena de distribución a un socio de porte que fuera productor de petróleo.

El debate vuelve con fuerza en el marco de las negociaciones de la Coalición de Gobierno.
La visión liberal del Dr. Jorge Batlle durante su presidencia y a pesar de la gran crisis que enfrentó, derrotó la visión intervencionista y de contralor histórica del batllismo.
Es claro que los gobiernos desempeñan un papel importante en el control de las élites y en generar una justa, o por lo menos lo más justa redistribución de la riqueza. Quizás el primer paso es la igualdad ante la Ley. Desde el punto de vista económico, los liberales desde Locke a Hayek siempre se mostraron reacios a una distribución forzada de la riqueza obligada por el Estado. Y durante la crisis del Corona Virus Lord Keynes vive y lucha con la intervención del Estado y en los acuerdos de precios promovidos por el equipo económico actual.

Ver: Nahum,B. y otros ANCAP, lo que nos mueve es todo un país.75 años de Ancap 1931-2006

Desempleo, entre la realidad y las cifras

Desempleo, entre la realidad y las cifras

           Debemos enmarcar el crecimiento del desempleo en Uruguay producto de las consecuencias de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2. En ese plano el desempleo salto de un 8,5% en enero de 2020 a 10,5% en febrero de 2020, según datos extraídos del INE (Instituto Nacional De Estadística) el pico más alto de desempleo se dio en octubre de 2020 llegando a alcanzar 11,2%.

           Ahora bien, debemos pensar en el trabajo como “un factor abstracto de la producción”. Según el premio nobel de economía Paul Samuelson, las personas buscan empleo no solo para satisfacer sus necesidades básicas sino también sus deseos. “Economía 18va edición” Paul Samuelson (pág. 238). En este contexto iniciado en 2020 donde el desempleo subió a cifras elevadas a nivel nacional, buena parte de la población no alcanzó a obtener un trabajo que lograra cubrir esas necesidades y deseos, generando una brecha más alta de desigualdad y capacidad de acceso a los diferentes servicios. A propósito, el Gobierno nacional tomó diversas medidas, pasando por el plano social a través de incrementos en los periodos de subsidio por desempleo otorgados desde el Banco de Previsión Social, así como creación de empleos sociales con un cupo de 15.000 empleos a nivel nacional, sin perjuicio de no detener la actividad económica en su totalidad.

           Existe una relación entre la cantidad de trabajo y la cantidad de producción, ahora bien, debemos analizar cómo influye eso en la cantidad de empleos que se perdieron producto de la pandemia. En Uruguay la actividad económica mermó, pero a los efectos reales nunca se detuvo (a diferencia de otros países), recibió rezagos producto de una economía internacional desgastada y con escaso movimiento, pero aun así la capacidad financiera del país le ha permitido hasta ahora sostener parte del mercado. Debemos tomar el factor de desempleo no solo por la afectación de las medidas, sino por el aumento en la demanda de mano de obra calificada que dejó muchas personas por fuera del mercado laboral, incluso antes de la pandemia, y que hoy forman parte de ese enorme grupo de 225 mil personas que se inscribieron al programa “Jornales solidarios” por un salario de $12.500 nominales. A propósito de las cuestiones salariales, la degradación del sistema educativo a lo largo de los años en un país como Uruguay que tiene escasa producción industrial sería un factor importante para deducir porque en un llamado de 15 mil puestos de trabajo y menos de USD 300 al mes se inscribieron 225 mil personas.

            En síntesis, la demanda de mano de obra calificada dejó muchas personas por fuera del mercado laboral, producto de problemas estructurales en el sistema educativo y la baja producción actual, lo cual hace que exista mayor demanda de trabajo y menor oferta, esto deriva en que existan personas dispuestas a trabajar por menor salario y puestos laborales inestables generando una contradicción con lo mencionado por premio nobel de economía P. Samuelson al respecto de que las personas con el trabajo buscan satisfacer sus necesidades y deseos, ya que lo segundo no sería posible con un salario sumergido y destinado a la mera supervivencia.

Ahora bien, pensemos en medidas concretas que se han tomado como el Programa Jornales Solidarios que se sustenta sobre el Fondo Coronavirus creado por la ley nro. 19.874 promulgada el 08/04/2020. El Fondo COVID-19 actualmente se compone de utilidades generadas en diversos organismos del Estado, distintos mecanismos de crédito internacional, recaudación impositiva a los trabajadores públicos con determinado nivel de ingresos líquidos y donaciones tanto nacionales como internacionales.

Es necesario aclarar que si bien el cometido de la ley que crea el fondo COVID-19 no es específicamente la creación de empleo, el Articulo nro. 1 numeral 1 de la ley, deja apertura para que se tomen medidas de protección a las personas, derivadas de los daños colaterales de la pandemia, claramente, en esos daños colaterales puede encajar perfectamente el empleo. Tanto es así que el programa Jornales Solidarios obtiene sus recursos del fondo COVID-19.

Por otra parte, la ley nro. 19.952 crea directamente el programa “Oportunidad Laboral” dándole un marco jurídico más específico. En síntesis, se financia con la ley nro. 19.874 y se ejecuta y reglamenta con la ley nro. 19.952.

La desocupación en Uruguay alcanza aproximadamente 196.000 personas (9,7% de la población según el INE), el impacto de los 15.000 empleos sería una reducción de 0,77% menos en la tasa de desempleo actual (suponiendo que no existan variaciones en la tasa actual). Por otra parte, existe una incongruencia muy grande entre la cantidad de inscriptos al programa de jornales solidarios y la cantidad de desempleados según INE. Esto deja un desafío muy grande que tiene que ver con conocer la cifra real de desempleo, un estudio más detallado, evaluar bajo que parámetros hoy en día se considera una persona empleada y ajustarlos a una medida más precisa dadas las circunstancias. Todo esto deja abierto otro foco de discusión, si se publica un desempleo de aproximadamente 196.000 y se anotan 225.000 personas para trabajar por un sueldo de menos de 300 dólares al mes ¿Que tan sinceros han sido los gobiernos anteriores al respecto del desempleo real? ¿El Gobierno actual piensa corregir esa incongruencia o piensa darle continuidad a una cifra que a todas luces no es real?