Cambio climático y pobreza

Cambio climático y pobreza

La cuestión climática ha comenzado a meterse en la agenda política de nuestro país. Entre algunos aciertos y muchas barbaridades que he leído, la que más me llamó la atención es el enojo que genera en algunos afirmar que los efectos del cambio climático golpean con mayor vigor a las personas más pobres.

Suele decirse que el medioambiente es un tópico de interés para personas con dinero o que “no tienen problemas de verdad”, por lo que debemos enfocarnos en temas “más importantes” que afectan a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Esta premisa, es una de las falacias más fuertes contra la que tenemos que luchar los políticos que llevamos la bandera ambiental en el pecho.

Es cierto que las personas que viven en contextos críticos tienen otras urgencias, no tiene sentido hablarle de captación de carbono o de emisión de gases de efecto invernadero a una persona que está pensando en cómo poner un plato de comida en su mesa, es difícil preocuparse por el mañana cuando no se tiene resuelto el hoy.

Ahora bien, cuando hablamos de cuidar el ambiente no nos referimos necesariamente a los osos polares que quedan varados sobre un pedacito de hielo ni nos referimos a esos lujosos autos eléctricos de Elon Musk, cuestiones que parecen lejanas o no son esenciales en nuestra cotidianidad.

Cuando hablamos del medioambiente desde una perspectiva batllista pensamos en los barrios que se inundan con tan solo algunos chaparrones aislados, zonas en las que muchas veces no hay vereda y la calle pasa de tierra a barro en tan solo unos minutos. Lamentablemente, el aumento de la temperatura global está provocando un significativo aumento de las precipitaciones, por tanto, habrá lluvias más intensas. ¿Quién sufre más esto, la gente con guita o los más vulnerables?

Si para muchos solventar las necesidades básicas es una odisea, imagínense por un momento lo que significa perder lo poco que se tiene producto de una inundación. Seamos sinceros: la basura, la falta de saneamiento, la existencia de metales pesados en ciertos afluentes, y la polución del aire no son problemáticas que existan recurrentemente en los barrios donde vive la gente con más recursos. Tal vez el gran problema del Arroyo Miguelete sea que no se extiende desde Pocitos a Carrasco, ¿será por eso que aún no hay cisnes?

Otro problema que genera la crisis climática son las famosas sequías, es increíble que nos estemos acostumbrando a ello, supongo que a veces olvidamos que el campo es nuestro petróleo y su suelo nuestro motor. Además de afectar fuertemente el trabajo de los productores, la escasez de oferta a causa de la seca conlleva al aumento de sus precios. En consecuencia, quienes tengan menor poder adquisitivo tendrán mayores dificultades para acceder a los alimentos. Otro punto en contra de los más vulnerables.

Por supuesto que la crisis climática nos afecta a todos los que habitamos el planeta, sin embargo, hay grandes diferencias en cuanto a la capacidad que tienen las personas de paliar sus efectos. Esto depende principalmente de las situaciones socioeconómicas de cada individuo. El razonamiento es simple: a mayor poder adquisitivo, menos violentos son los efectos, pero sí existe cierta vulnerabilidad socioeconómica, más duras son las consecuencias.

Cuando un Estado tiene debilidades ambientales, y sus servicios no llegan de forma equitativa a todos sus habitantes, los primeros en verse afectados son siempre los estratos más postergados de la sociedad. El cambio climático y la falta de medios económicos para afrontar sus consecuencias son factores que están íntimamente relacionados. Negarlo es hacer trampa jugando al solitario.

A pesar de la disminución de la pobreza a nivel global, las naciones aún mantienen serias dificultades para estar presentes de forma integral en las zonas más carenciadas de sus territorios, esto conlleva a que no se cumplan con las garantías mínimas que permitan un adecuado desarrollo social.

Si esto fuera una guerra, podríamos decir que los líderes mundiales han puesto a los más pobres a la vanguardia de las tropas, pero de forma forzada, y sin armamento ni escudos. Estos valientes soldados que no pidieron estar allí reciben a cada segundo toda la violencia del ataque enemigo, convirtiéndolos así en carne de cañón. Detrás de todas las filas y custodiados por selectos soldados con cuerpos rechonchos, los reyes ven como poco a poco se les acaba el tiempo. 

Gabril Boric y el nuevo gabinete al frente de Chile 

Gabril Boric y el nuevo gabinete al frente de Chile 

El domingo 21 de diciembre Gabriel Boric venció con casi el 56% de los votos a su contrincante electoral José Antonio Kast en segunda vuelta y de esta forma se confirmó como el nuevo presidente de Chile. Dentro de las varias promesas de campaña realizadas por Boric, una de las que más fuerte resonó fue la de construir un Chile ecológico, para lo que se necesitará profundos cambios. 

El presidente chileno dio una fuerte señal con la presentación de su gabinete, que por muchas – entendemos positivas – razones ha sido sorpresivo. Por ejemplo, fiel a su promesa de paridad, la distribución de ministerios es de 14 liderados por mujeres y 10 por hombres. También se ha buscado que los ministros provengan de diferentes regiones del país, y de distintas formaciones y bagajes socio-económicos. Mediante esto se propone generar un gobierno representativo, que, en palabras de Boric, “es un gabinete diverso, como diverso es nuestro país”. No es un detalle menor el hecho de que la distribución de sus ministros evoque esto, ya que Chile es un país donde ha habido una gran erosión de las instituciones más importantes del sistema democrático, como los partidos políticos o el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Erosión que ha llevado al grado de que explotaran las protestas de 2019, aún latentes en la memoria colectiva por lo turbulento de las mismas. 

Hace poco más de un mes acompañan a Boric los noveles ministros en su misión de transformar a Chile y recuperar la solidez democrática que se ha visto amenazada en los últimos tiempos. Dentro de este selecto grupo, y en los temas de esta sección, destaca Maisa Rojas como la actual Ministra de Ambiente. Ella proviene de la academia y es independiente políticamente (así como lo son otros 7 ministros del gabinete). Se desempeñó como directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile y posee un doctorado en la Universidad de Oxford. También integró el grupo de científicos que redactaron el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). No hay duda alguna de que sus credenciales y trayectoria de lucha contra el cambio climático la avalan ampliamente. 

Así como Maisa representa un importante cambio en el enfoque político que se le da a los temas ambientales en el más alto nivel político, también sorprenden positivamente otras de las designaciones ministeriales. Por ejemplo, el nuevo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, proviene del partido Frente Regionalista Verde Social y posee además presencial sindical y en la academia. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones está encabezado por el ingeniero civil Juan Carlos Muñoz,  que posee un doctorado en ingeniería civil y ambiental por la Universidad de Berkeley, habiendo anteriormente asesorado al mismo ministerio y formado parte de los directorios de los Metros de Valparaíso y  Santiago. Claudio Huepe encabeza el Ministerio de Energía y cuenta con estudios de posgrado en la University College London (UCL), no solo siendo especialista desde la academia sino también con amplia participación en anteriores gobiernos dentro de sus áreas de expertise. 

Estas designaciones ministeriales vislumbra la intención del presidente Boric de que el tema ambiental y ecológico sea trabajado de forma global e inter-ministerial, rompiendo con la tradición chilena de encarar el tema de forma independiente y en compartimientos estancos. En marzo se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático en Chile, que debiera ser un gran impulso para avanzar en las reformas. 

En definitiva, Gabriel Boric ha seleccionado a sus ministros buscando ampliar su apoyo popular en pos de promover las reformas que ha prometido en su campaña, de forma gradual y sostenible. En los papeles la expectativa es alta y la promesa del equipo grande, habrá que seguir de cerca el trabajo del Ejecutivo chileno para ver si logre cumplir con lo que se propone. 

La otra COP: ¿Qué es la COP15 y por qué es importante?

La otra COP: ¿Qué es la COP15 y por qué es importante?

Negociadores de 164 países se reunieron en Génova, Suiza desde el 14 al 29 de marzo en la búsqueda de consenso sobre los objetivos a incluir en el Marco Mundial de la Biodiversidad post-2020 (GBF), usualmente denominado como el “Acuerdo de París para la naturaleza” que será presentado en la COP15.

La Convención sobre Diversidad Biológica, es un tratado internacional que entró en vigor en 1993. La misma fue acordada en la conferencia de Río de 1992 que también dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde 1996 ha tomado forma de reunión entre los representantes de distintos gobiernos y autoridades regionales que ratificaron el tratado, reuniones también denominadas Conferencias de las Partes, en inglés: Conference of the Parties (COP). La COP15 estaba programada para llevarse a cabo en Kunming, China en 2020 pero fue suspendida debido a la pandemia. 

La primera parte de la COP15 fue realizada en formato híbrido en octubre de 2021. La propuesta por parte de China, quien preside la conferencia, para ese entonces fue aumentar la ambición política y no precipitarse a llegar a verdaderas negociaciones. Se espera que la segunda sesión tome forma en agosto del corriente año. De cara a ella, hubo una reunión en Génova el pasado mes de marzo, donde se trató de definir los detalles del Marco Mundial de la Biodiversidad- post 2020 y se espera una nueva reunión en junio que tendrá lugar en la ciudad de Nairobi. Si el texto es negociado con éxito, será adoptado en la segunda sesión de la COP15 en agosto.

¿Cuáles son los objetivos y qué implicancias tiene el texto con respecto al cambio climático?

Este documento fue identificado como el Acuerdo de París para la naturaleza, y tiene el objetivo de revertir la pérdida de biodiversidad global en la misma década que el Tratado propone para reducir las emisiones: desde 2020 hasta 2030. Los objetivos Aichi, denominados de esta forma en honor a la capital de Nagoya, y el plan estratégico sobre biodiversidad contienen 21 objetivos y 10 claves para llegar a 2030 con los objetivos cumplidos y en ruta para “vivir en armonía con la naturaleza en 2050”. Entre ellos, se destacan: reducir en un 50% la pérdida de hábitat natural eliminando subsidios que dañan la biodiversidad, así como también se espera que se incrementen las reservas naturales del mundo alcanzando un 17% en tierra, y un 10% en los océanos.

Las estrategias para preservar la biodiversidad y para combatir el cambio climático usualmente son vistas en planos diferentes, sin embargo, están intrínsecamente relacionadas. Varios estudios indican que un aumento por encima de los 1,5°C en la temperatura llevaría a que muchos ecosistemas no podrían adaptarse y colapsarían, las soluciones basadas en la protección de la naturaleza son un medio esencial para cumplir el objetivo de mantener la temperatura por debajo los 1,5°C. Llegar a un futuro en el que las personas coexisten con la naturaleza es posible, pero se requieren de objetivos de conservación más ambiciosos. Es por ello, que las negociaciones de la COP15 son trascendentales.

En este sentido, ¿cuáles fueron los puntos clave discutidos en Génova?

Uno de los objetivos discutidos fue el compromiso número 3, que llama a todos los países a asegurar que al menos el 30% de los espacios terrestres y marinos serán protegidos para 2030, lo que usualmente se ha denominado “30 en 30”. Para el final de la reunión, 91 países habían apoyado esta iniciativa. Sin embargo, en una carta dirigida hacia los delegados por parte del grupo Avaaz se estimó que, en base a estudios realizados por el IPCC, el objetivo del 30% es muy poco ambicioso, necesitándose una protección del 50%. También, se indicó en base a otra investigación  que para revertir la pérdida de biodiversidad y combatir el cambio climático se requiere que algunos países preserven más porcentaje de sus tierras que otros, por ejemplo, Brasil debería proteger un 51% de las suyas, y Argentina un 42%. Entre los países industrializados, el Reino Unido debería proteger un tercio de su territorio silvestre.

Así mismo, según dicho estudio hay cincuenta ecorregiones que más contribuyen en todo el mundo a mejorar la protección de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono mediante la adición de tierras actualmente desprotegidas. Es aquí cuando los países latinoamericanos vuelven a cobrar importancia; por la rareza de sus especies, la sabana uruguaya, los bosques andinos, el Chaco, el Cerrado brasileño, y la Selva del Napo que abarca Perú, Colombia y Ecuador son ecorregiones prioritarias. Debido a la cantidad de distintas especies juntas, indudablemente, el sur del Amazonas es otro sitio al que se le da prioridad.  

Durante la sesión plenaria final de la conferencia un grupo de países en vías de desarrollo realizó una petición de 100 millones de dólares al año para la protección de la biodiversidad. Gabón, en representación de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, el continente africano, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, India, Pakistán y Venezuela, declaró que el dinero debe ser adicional y distinto al financiado por las Naciones Unidas para el Acuerdo de París. La petición originó discrepancias entre estos países y los países desarrollados.

Otro tema relacionado con las finanzas fue el rol de los “subsidios dañinos”, como los que son destinados a la agricultura intensiva y a los combustibles fósiles. Un primer borrador sostiene el objetivo de redistribuirlos a causas medioambientales o reducirlos a 500 millones de dólares por año. Mientras que varias ONGs argumentaron que debían ser reducidos en su totalidad. Otra vez, este fue un tema que obtuvo divergencia de visiones. Otro tema discutido que causó tensión en Génova fue la “secuencia digital de información” por sus siglas en inglés DSI, un problema relativamente nuevo que concierne el uso de recursos genéticos provenientes de la naturaleza para la realización de medicamentos y tecnologías y la equitativa distribución de sus beneficios económicos.

Un área en la que sí hubo progreso fue en la inclusión de grupos marginados como comunidades nativas, mujeres y jóvenes debiendo ser incluidos en el Marco Mundial de la Biodiversidad, ya que se ha demostrado que tienen conocimiento sobre diversas áreas que pueden influir a la hora de la toma de decisiones, pero no siempre son tomados en cuenta.

A pesar de discusiones en puntos clave, los países no se han puesto de acuerdo y el progreso de las negociaciones está siendo lento. Se puede afirmar que ha habido progreso en lo concerniente a nuevos enfoques científicos, así como en el reconocimiento de la importancia de la pluralidad de actores en la búsqueda de soluciones conjuntas para un problema global.

Atar todo con Alambre: Ambiente, Economía y Desarrollo Sostenible

Atar todo con Alambre: Ambiente, Economía y Desarrollo Sostenible

Uruguay ha sido para el mundo pionero de las políticas sociales desde hace mucho tiempo; la sensibilidad con la que los constructores de las políticas públicas se han adelantado a la “cuestión social” ha sido el motor de desarrollo y consolidación del Estado de bienestar que conocemos hoy. No obstante, por la fuerza de los hechos y el desarrollo de las sociedades contemporáneas nos ha puesto una nueva variante a esta compleja ecuación: el ambiente.

El ambiente como tal ha sido parte del desarrollo teórico de diferentes corrientes y escuelas de pensamiento económico a lo largo de la historia; incluso anteriores a estas, podemos ubicar como un primer antecedente las reflexiones de Aristóteles. Con el paso del tiempo, tanto los fisiócratas como los mercantilistas abordaron la problemática en un desarrollo primigenio, pero no fue hasta los postulados de los clásicos y los neoclásicos que el ambiente tuvo un rol más preponderante dentro del análisis económico.

Desde entonces, la academia ha intentado encausar sus esfuerzos en optimizar la actividad económica hacia el concepto -mundialmente aceptado y reconocido- de desarrollo sostenible tratando de materializarlo en una realidad óntica y no en un mero ideal. Sin embargo, se ha insistido en el desarrollo del arte en comprender como el crecimiento económico impacta en el deterioro del medio ambiente. Sobre este punto, naturalmente, se advierte que es un tema controversial pero las mayorías de las investigaciones recientes se realizan bajo la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets. 

Distintos autores revindican la figura del Premio Nobel de Economía de 1971, Simón Kuznets, quien formuló una teoría que explica la evolución de la distribución del ingreso en los países. La relación cambiante entre ingreso per cápita y desigualdad del ingreso puede representarse con una curva en forma de «U» invertida, conocida como Curva de Kuznets.

Llevada a la praxis económico-ambiental, esta teoría encuentra sustento en el argumento que a mayores niveles de desarrollo implica -generalmente- un cambio de actividades económicas primarias a favor de actividades económicas secundarias y terciarias, siendo que estos últimos procesos de producción se basan en tecnologías más eficientes de esta manera reducen de manera significativa el deterioro del medio ambiente. Esta lógica sugiere que el crecimiento económico es clave para combatir y solucionar los problemas ambientales, fenómeno que se gesta al rebasar el punto de inflexión e interpretado en la reversión de los indicadores de deterioro ambiental.

Llegado a este punto, resulta inocente afirmar que la división “Norte-Sur” pareciera no ser ajena -tampoco- al fenómeno ambiental; para quienes son fundamentalistas de estos postulados el progreso tecnológico y la consolidación de ciertos sectores de la economía sería la solución -en gran medida- de la crisis climática. No obstante, la seriedad de la temática nos exige actuar y reflexionar con particular diligencia, es por eso que debemos remarcar una serie de importantes precisiones. 

La primera precisión, es que más de un economista se ha cuestionado cuáles indicadores deberían considerarse para estimar el deterioro ambiental, siendo este un punto que aún sigue siendo una controversia dentro de la academia. Siguiendo esta línea, se puede afirmar que con el paso del tiempo la Curva se complejiza al existir nuevos métodos de calificación y cuantificación del deterioro o daño al ambiente; dada por la evolución técnico-científico de la temática. Asimismo, podemos señalar que la consideración de la teoría como solución a los deterioros ambientales no es un marco favorable a los países de la región cuyas economías -como la nuestra- se basan en el desarrollo en gran medida del sector agropecuario.

La segunda precisión, radica en que diversos autores entienden y concuerdan que, a pesar de que se considera que el proceso de transición de una economía agrícola a una industrial es replicable, existe un gran número de economías de ingreso bajo y medio con alto porcentaje de su producción conformada por el sector de servicios -algunos países de Centro América y El Caribe-  lo que implica que puede constituir un indicador de desarrollo económico que no pasa por la industrialización convencional o incluso puede tratarse de un indicador de subdesarrollo. Además, algunas actividades englobadas en los servicios pueden generar tanta o más presión ambiental -directa o indirecta- que otras integradas en el sector industrial, por ejemplo, el transporte aéreo y el turismo masivo. 

En este sentido, los autores sostienen que hay ventajas comparativas que desalientan y dificultan el cambio de la matriz productiva regional hacia otros sectores con menor impacto ambiental como motor de crecimiento económico, ya que, la demanda de bienes primarios tiende a ser inelástica. Pretender que los países de la región usen este marco de forma exclusiva y excluyente para el diseño de políticas públicas en materia económica y ambiental sería en nuestro contexto sumamente inconveniente. Esto se deduce de las características que tiene un cambio en la matriz productiva para la consolidación de actividades económicas secundarias o terciarias tradicionales; en cuanto, supone un proceso lento y que la historia económica regional ha advertido los distintos desafíos que esto ha conllevado para estas economías. No es menor tampoco resaltar que los principales esfuerzos en diversificar la matriz productiva se han hecho en coyunturas internacionales muy beneficiosas muy distintas del contexto actual. En esta línea, no hay que sacar de la ecuación las distintas políticas que debería adoptar el Estado para garantizar la competitividad de estos bienes; los Estados eventualmente deberían subsidiar costos de producción, sumado al hecho de que no exista un mercado común consolidado a nivel regional hace inviable la colocación de tales bienes sin barreras arancelarias, lo que se traduce en una estrategia costosa e ineficiente.

La tercera precisión, subyace en que existe una gran cantidad de empresas que buscan entrar a los países en vías de desarrollo para aprovechar las barreras ambientales inferiores pues normalmente la inversión en estos países es por parte de una empresa transnacional proveniente de un país industrial que trae consigo tecnología ambiental superior; sin embargo, si este desplazamiento trae cambios en la composición de la economía, la situación se vuelve más compleja, y lo único que se está logrando es exportar la contaminación de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo.

Llegado a este punto podemos inferir que la “cuestión social” es también -y siempre lo fue-una cuestión de ambiente; cuya interrelación con las problemáticas sociales, económicas, culturales y de género no le son ajenas ni le deben ser; cuestiones que en nuestro país, región y continente presentan insoslayables diferencias con el “Norte”. Esta diferenciación nos coloca en un plano diametralmente distinto; obligándonos a tomar decisiones diametralmente distintas. Lo que no significa -llevado al lunfardo- que debamos “atar todo con alambre”, una mirada holística e interdisciplinaria enfocada en la revalorización del capital natural existente no desatendiendo las particularidades de nuestro contexto y ponderando el diálogo social como herramienta de transformación debe ser nuestra brújula en este nuevo panorama cada vez más incierto y apremiante. 

Aterrizando esta idea y a simple modo de ejemplo podemos advertir que el desarrollo y la consolidación en nuestro país de la industria biotecnológica, las tecnologías digitales, la intensificación agropecuaria sostenible, la agricultura sostenible de precisión y biorrefinería son fundamentales para aprovechar esta oportunidad en razón del avance del mercado mundial de bienes y servicios de base biológica, pudiendo también diversificar la estructura productiva e incrementar la agregación de valor de una manera sostenible, atendiéndose así concomitantemente otros indicadores de vital importancia nacional como ser el empleo, la educación y la inserción internacional.

La nueva revolución verde

La nueva revolución verde

Corrían los años 50, el planeta acababa de sufrir una de las peores catástrofes sociales de la historia, una guerra que afectó a cada uno de los ciudadanos del globo, provocando heridas profundas en la amplia variedad de culturas existentes que hasta ese entonces se creían ajenas unas de otras. Este evento fue el desencadenante de una nueva era de la humanidad, la era de la globalización.

Posterior a esta guerra, junto con la creación de las Naciones Unidas, la humanidad se bañaba de esperanza pensando en un futuro prometedor, gobernado por la paz y la prosperidad. Además, el período del conflicto bélico no fue solo un tiempo de muerte y destrucción, en tiempos de crisis la resiliencia florece y es considerada también una época de fuerte innovación tecnológica.

Debido a las condiciones de este nuevo mundo post guerra los economistas y demógrafos de la época predijeron un crecimiento poblacional sin precedentes, acompañado por una gran preocupación: ¿Cómo haremos para alimentar a toda esta gente?

La revolución verde es un término asignado a la renovación de las prácticas de agricultura que tiene origen en esta época, dónde la comunidad científica respondió a las predicciones previamente mencionadas y gracias a la innovación tecnológica no solo fueron capaces de acompasar la demanda alimenticia de la población, sino que incluso pudieron superarla, creando una nueva sociedad consumista que hoy día ignora la fragilidad de los sistemas alimentarios que la sostienen.

En el presente una nueva guerra amenaza la cadena alimenticia de todo el planeta. El conflicto entre Rusia y Ucrania puso en evidencia la problemática de una sociedad globalizada y dependiente de la economía del negocio. Estos países son los principales productores de trigo a nivel mundial, que en el caso de algunas naciones satisfacen el 100% de la demanda de consumo de este grano. Este acontecimiento a provocado un desequilibrio titánico en el mercado global, afectando incluso a nuestro país, aumentando precios y reduciendo la oferta de un insumo que, como en tantas otras culturas, compone la base de nuestra alimentación.

El paradigma de la industria agrícola moderna se tambalea ante esta nueva crisis. La revolución verde podría considerarse un milagro tecnológico, pero sus cimientos flaquean ante las condiciones de una nueva sociedad globalizada. Desde entonces existe una tendencia a la simplificación y homogenización de los cultivos. El maíz, el trigo, el arroz y la cebada, en su momento plantas raras que crecían solamente en determinadas locaciones, acaparan hoy día los ecosistemas a lo largo de todo el mundo y se han convertido en las principales fuentes de alimento de la cultura global.

La invasión rusa provocó un pequeño cimbronazo en la estructura de los sistemas alimenticios, que nos obliga a prestarle especial atención a las falencias de la industria agrícola. Pero, lamentablemente, esto es solo la punta del iceberg.

Hace ya varios años que es sabido dentro de la comunidad científica que las prácticas promovidas por la agroindustria tienen fecha de caducidad. La tecnología de producción agrícola comúnmente utilizada involucra el control de las variedades de cultivo por medio de modificación genética, la regulación de la productividad de los suelos por medio del uso de fertilizantes químicos, y el control de plagas con pesticidas químicos. El impacto negativo en el ambiente ocasionado por esta forma de cultivar es severo. La degradación de los suelos, la sobreexplotación de los cursos de agua destinados para el riego, la contaminación de estos debido al excesivo uso de agroquímicos y las condiciones climáticas adversas producto del calentamiento global han provocado un estancamiento en los rendimientos de la producción agrícola, y el futuro que se avecina es muy desalentador.

¡¿Cómo haremos para alimentar a toda esta gente?!

Una revolución verde 2.0 debe apoderarse de la manera en que producimos nuestros alimentos. Las prácticas tradicionales intensivistas como el monocultivo y el uso de químicos deben abandonarse. A fin de cuentas, el servicio ecosistémico más importante para nuestra sociedad es la provisión de alimentos por parte de la agricultura, por lo que resulta imperativo mantener la salud del medioambiente si queremos continuar habitando este planeta.

Las soluciones a nuestros problemas abundan. Un enfoque de productividad basado en el mantenimiento de los suelos y la proliferación de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas ha demostrado que puede incrementar la cantidad y la calidad de la producción de los cultivos, complaciendo la demanda de alimentos no sólo a nivel local sino también con la capacidad de abastecer las poblaciones de las regiones más vulnerables. Además, los beneficios económicos del mantenimiento de los suelos son inconmensurables, cada año 10 millones de hectáreas de suelo pierden sus propiedades de cultivo, causando perdidas millonarias en agricultores de todo el mundo. Por si fuera poco, técnicas revolucionarias como la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes naturales revierten los efectos de la agricultura intensiva, recuperando la salud de los suelos deteriorados y mitigando los efectos del cambio climático, asegurando la alimentación de los seres humanos no solo en la actualidad sino también en el futuro.

Sólo queda una cosa por hacer: seguir actuando del mismo modo, deteriorando la salud de nuestros ecosistemas, porque es más fácil y es la única manera que conocemos, o realizar el esfuerzo consciente de cambiar nuestra forma de producir, con tal de mejorar nuestra calidad de vida y poder entregarle a nuestros hijos y nietos un planeta sano con abundancia de comida.

Batllismo ambiental

Batllismo ambiental

Tomamos prestado este concepto al semiólogo compatriota Fernando Andacht, para darle un sentido distinto al que él le asignara originalmente.

Lo que Andacht escribió hace algunos años es que la idiosincracia uruguaya está indisolublemente unida a las ideas del batllismo, al punto que la vocación republicana y solidaria de Don Pepe Batlle se respira en el aire y explica nuestra trayectoria como nación, desde los albores del siglo XX hasta el presente.

Este batllismo ambiental que nos define amplía su significación si pensamos en una de las grandes responsabilidades políticas de la época actual: ¿por qué no embeber en nuestro espíritu liberal y democrático, también la defensa del ambiente?

Es un desafío inédito que tengo el honor de emprender, porque acabo de ser designada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, como Prosecretaría Nacional de Ambiente de nuestra colectividad política. Agradezco al secretario general, nuestro querido Presidente Sanguinetti, por una decisión que me confiere tan alto honor y responsabilidad.

Es la primera vez que esta materia, fundamental en los tiempos que corren, es jerarquizada por nuestro Partido con la designación de una Prosecretaría.

A ello se suma otro honor, el de que nuestro correligionario Adrián Peña sea ministro de Ambiente. Y que sea el primero del país, teniendo en cuenta que hasta el año pasado, una misma secretaría de Estado incluía tan importante destino junto a los de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Cuando le presentamos al Comité Ejecutivo Nacional nuestro proyecto Creación de la Prosecretaría Nacional de Ambiente, evocamos la Declaración de Estocolmo, ratificada por nuestro país en 1972, y la Cumbre de Río de 1992 donde se establecía sabiamente que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

Es muy significativo el adjetivo “solemne” usado en esa declaración: verdaderamente, la protección del ambiente debe emprenderse con solemnidad, con plena conciencia de que lo que cuidamos hoy, garantiza la supervivencia futura de nuestros descendientes.
Para lograrlo cabalmente, la otra palabra clave es sostenibilidad.

El único límite al avance tecnológico y la industrialización, es el que pone una consecuencia indeseable de su expansión: la contaminación y el empeoramiento de los recursos naturales. Un crecimiento económico sostenible es aquel que armoniza ambos factores. Se necesita la aplicación de tecnologías limpias y procesos de producción que no dañen el agua, el suelo y el aire, nuestro hábitat y el de nuestros hijos.

La ley número 17.283 de Protección del medio ambiente es muy clara al respecto. Postula que “los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado”. Y además, define el desarrollo sostenible como aquel “que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. No hace falta subrayar el espíritu batllista de esa aseveración.

Los países en vías de desarrollo tenemos el desafío manifiesto de promover acciones para la preservación ambiental: métodos de recogida selectiva, tecnologías limpias, limitaciones en el uso de la tierra, educación para la sostenibilidad, economía circular…

Los uruguayos tenemos mucho que aprender en esta temática y el Estado tiene la obligación de promoverla. Solo una adecuada conciencia ambiental liberará a las futuras generaciones de esos automatismos atávicos que, aún hoy, empobrecen nuestra convivencia.

Por esto, entre otros motivos, durante la actual legislatura presentamos un proyecto de ley en defensa de la calidad del aire. Debemos bregar por el desarrollo sostenible, la gobernanza y el acceso libre a la información ambiental. Ese espíritu alienta nuestro trabajo en la Prosecretaría Nacional de Ambiente del Partido Colorado.

Somos la colectividad política que se cimienta en la ética de la responsabilidad.

Desde esa convicción, lucharemos con nuestro mayor esfuerzo por promover una ética ambiental, pensando los recursos naturales como un bien público intergeneracional.

El camino está trazado.

En estos días iniciamos su marcha, con razón y corazón batllistas.

La produccion de granja y sus desafios

La produccion de granja y sus desafios

La producción granjera en Uruguay siempre ha sido postergada, principalmente en algunos de sus rubros como: la producción de verduras y hortalizas, la frutícola, o la producción apícola. Convengamos que cuando hablamos de producción granjera hablamos de la apicultura, la producción animal como también de la avicultura, la porcina, la producción frutícola, como también la producción de verduras y hortalizas.


Hoy la producción granjera en su totalidad es 85% llevada a cabo por productores familiares, pero sólo ocupa algo MENOS del 10% de la superficie productiva del país, esto nos demuestra la magnitud del problema que estos productores tienen a la hora de acceder a la tierra, convengamos también que muchas veces es muy intensiva en poca superficie y es netamente artesanal, donde se recolecta, en la mayoría de las veces, a mano. Como también sucede con la cosecha de verduras, frutas, y hortalizas… estamos en tiempos que es muy difícil encontrar mano de obra que quiera llevar este sacrificado trabajo adelante y en donde el avance tecnológico está lejos del bolsillo de muchos productores. También muchas veces los productores de verduras, frutas y hortalizas son castigados por la baja rentabilidad de sus productos a la hora de venderlos, que sin embargo, cuando vamos a las gondolas de los supermercados, verdulerías, etc. el precio de esa verdura o fruta, por la cual se le paga una limosna al productor, allí es mucho mayor. No hay un contralor respecto a esto, y hasta muchas veces considero que es una falta de respeto lo que se le paga a quien provee la materia prima, como pasa en tantos rubros en este país.


En el caso de la apicultura, durante años ha sido un sector muy hostigado a pesar de la importancia que tiene la abeja en la vida y del bienestar de nuestra producción, como lo es también a nivel mundial por la nobleza y la virtud que tiene la abeja con el don de la polinización, el avance en su momento de la agricultura, el uso excesivo de agroquímicos, ha hecho estragos en dicha producción, bajando sensiblemente el número de abejas y con ello de productores apícolas, a tal punto que llegó a perder mercados importantísimos, como el de Europa, por la presencia de glifosato en la miel. Hoy, por suerte, se ha podido paulatinamente corregir y posicionar a nuestra miel como una de las mejores del mundo nuevamente, gracias al enorme sacrificio y esfuerzo de los productores apícolas… en hora buena, pero quedan muchas carencias que atender en este sector.


Algo similar pasa con la producción animal, como es la porcina y la avicultura, por nombrar a dos producciones que todos conocemos. Como lo que pasa con la produccion de frutas, verduras y hortalizas… nos encontramos bajo la poca competitividad y rentabilidad a la hora de comercializar sus carnes, cuando tenemos en nuestro mercado de carnicerías y supermercados pollo brasileño o cerdo paraguayo, por ejemplo. Además la producción de estos genera una importante inversión, desde edilicia, sanitaria, alimenticia, etc. para poder garantizar un mínimo de producción y hallar la tan ansiada rentabilidad, que a la vez también genera mucha mano de obra que debe ser bien paga para poder conseguir empleados; y con los números arriba de la mesa es muy difícil poder cerrar con números positivos, y si a esto le sumamos los efectos de la pandemia de Covid19 en la economía del consumidor, ¡ahí tenemos cartón lleno!


Con la creación reciente de la UAM, el Instituto Nacional de la Granja, entre otras entidades y organismos que atienden la produccion granjera, se abre una puerta a la esperanza para que realmente se se le de el real protagonismo que esta producción tiene en la economía del país. La producción granjera espera ansiosamente que quienes están al frente de estos organismos tengan una mirada ecuánime y meridiana a la hora de llevar adelante políticas certeras para favorecer, apuntalar, dinamizar y arraigar a una producción que, en la mayoria de los casos, es netamente familiar.

Avance en derechos medioambientales: el Acuerdo de Escazú

Avance en derechos medioambientales: el Acuerdo de Escazú

América Latina y el Caribe entran en una nueva etapa de defensa del medio ambiente y de los habitantes de la región. El Acuerdo de Escazú representa unidad latinoamericana y cambios significativos que tendrán un impacto en el ambiente, la información y las futuras generaciones.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible“.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Dicho principio establece la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a la información, participación y a la justicia en cuestiones ambientales.

Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, y tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021.

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2018 se abrió a la firma el Acuerdo de Escazú

El acuerdo fue firmado por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. 24 firmas y 12 ratificaciones a la fecha, dentro de las cuales encontramos a Uruguay que, en el marco de la 74.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó el Acuerdo de Escazú el 26 de Septiembre de 2019.

¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?:

Tomando como antecedente y presente que América Latina y el Caribe es una de las regiones a nivel mundial que cuenta con menor cantidad de mecanismos de transparencia y acceso a la información ambiental, y donde se cometen más delitos contra las personas defensoras del medio ambiente, si vamos a los números, en el 2019, se cometieron 202 delitos contra los defensores del medio ambiente y 148 ocurrieron en la región. Este Acuerdo vincula y compromete a aquellos que han sido excluidos en los espacios de toma de decisiones y protege los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente.

Los objetivos:

Se promueve que todas las personas podamos:

  1. Tener acceso a la información sobre el estado del medio ambiente, sobre los proyectos que puedan afectarlo, así como sobre las decisiones y votaciones que realicen los responsables de la toma de decisiones.
  2. Gozar del derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con un enfoque intergeneracional.
  3. Ser consultadas y participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.
  4. Acudir a la justicia para pedir reparaciones si se daña el medio ambiente o si se excluye a las personas de los procesos de toma decisiones ambientales.
  5. Crear y fortalecer el desarrollo de las capacidades y la cooperación.

Este acuerdo hace una fuerte apuesta a las personas, fueron los actores sociales en distintos países los encargados de promover la creación del Acuerdo, incluso son los responsables de que se logre ratificar por la totalidad de países formantes, un proceso que lleva tiempo pero que se está logrando. Se creó el Mecanismo Público Regional, que permite legalmente la vinculación entre las autoridades y las organizaciones sociales, dándoles participación en las reuniones internacionales. El mecanismo en sí contribuye a la transparencia y actúa como complemento  para las acciones de participación a nivel nacional, logrando marcar la historia, porque anteriormente no existía un mecanismo que permita una representación como la que existe ahora.

Protesta en Brasil. 2019

Los Principios:

El Acuerdo va a guiarse por los principios de: a) igualdad y de no discriminación; b) de transparencia y rendición de cuentas; c) de no regresión y progresividad; d) de buena fe; e) preventivo; f) precautorio; g) de equidad intergeneracional; h) de máxima publicidad; i) de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; j) de igualdad soberana de los Estados y pro persona.

El contenido:

Dentro de las disposiciones generales, nos encontramos con que cada parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, se velará por que los derechos reconocidos en el Acuerdo sean libremente ejercidos; y que se adoptará todas las medidas necesarias, “de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra”, en el marco de las disposiciones internas de cada país, para garantizar la implementación del Acuerdo.

Se logra algo fundamental y necesario, se establece una relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente; promoviendo la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Acceso a la Justicia:

El Acuerdo ordena que cada país debe garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales y asegurar los procedimientos legales para que las personas puedan manifestar su disconformidad ante cualquier decisión relacionada con el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, o cualquier otra determinación que pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas relacionadas con el medio ambiente. También se encuentran los países en la obligación de crear mecanismos de apoyo y asistencia para atender las necesidades de las personas o grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La entrada en vigor:

El 22 de Abril, Día Internacional de la Madre Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Fue celebrado por la comunidad internacional, especialmente la Alta Comisionada de la ONU. Michelle Bachelet expresó que “Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de
las personas y del planeta”
. También remarcó que “Esto es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendiente”.

Quedan países por ratificar el Acuerdo y países por firmar, pero se dio un gran paso en materia de derechos relacionados al ambiente. La crisis climática, la depredación de nuestras tierras y el colapso de la biodiversidad nos interpela, invita y convoca a tomar decisiones, cambiar de actitud, y ponernos a trabajar por un planeta más sano para las futuras generaciones de seres humanos y animales.

Fuentes consultadas:
-https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacionla-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
-http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
-https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
-https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional

Las Áreas Protegidas y la LUC

Las Áreas Protegidas y la LUC

El 22 de febrero de 2000 se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a través de la ley 17234. La ley no fue reglamentada hasta el 16 de febrero de 2005. 

Se trata de un instrumento de aplicación de políticas y planes nacionales de protección ambiental de Uruguay. Permite conciliar la protección del ambiente con el desarrollo económico y social, para lo cual, además del cuidado y valorización del patrimonio natural del país, se promueve su disfrute y aprovechamiento a través de la generación de actividades productivas y servicios compatibles con la conservación.

Es un tema que despertó muchas controversias el año pasado durante la discusión de la LUC. La discusión se dio cuando el Poder Ejecutivo agregó los famosos artículos 501 y 502, los cuales no estaban incluidos en el borrador presentado en enero a los partidos políticos que integran la coalición.

Esas modificaciones felizmente no fueron aprobadas, pues plantean cierta regresión en derechos ambientales, y en todo caso, ameritaban un debate mucho más amplio que el dispuesto por los plazos de discusión de una ley de urgente consideración.  

Nuestra situación.

El total de territorio de áreas protegidas en Uruguay representa apenas el 1% de su superficie total. Nuestro país se encuentra actualmente en el último lugar en el ranking Sudaméricano, y es de los últimos en todo el continente. Según lo establecido por el Convenio sobre Biodiversidad del Protocolo de Nagoya, deberíamos tener aproximadamente un 17% de áreas protegidas en nuestro territorio.    

A pesar de contar con hermosos rincones naturales por todo el país, el Estado Uruguayo solo ha protegido una ínfima parte de los mismos, incurriendo en un gran debe con los uruguayos y la comunidad internacional. 

Con la creación del nuevo Ministerio de Ambiente puede notarse cierto avance del sistema político en la preocupación por la naturaleza. Sin embargo, y con mucho pesar, pueden notarse algunas señales del gobierno que son al menos preocupantes.

La LUC y el SNAP.

El año pasado, en plena discusión de la LUC se agregaron los que en su momento eran los artículos 501 y 502. Una peculiaridad es que inicialmente no estaban incluidos en el borrador presentado en enero del 2020 a los partidos políticos que integran la coalición.

Estos artículos dieron lugar a fuertes cruces con el Frente Amplio, académicos, organizaciones ambientales e incluso con algunos socios de la coalición. Estas disposiciones procuraban modificar la forma en que se crean nuevas áreas protegidas, estableciendo como condición que los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las áreas de interés debían brindar su consentimiento expreso.

La propuesta es fácilmente criticable desde una perspectiva ambiental, pues de aprobarse algo así, la inclusión de nuevas áreas pasaría a depender de la voluntad de particulares, primando el interés individual sobre el general. 

Si tuviéramos un sistema donde los propietarios deben dar su consentimiento expreso, podemos llegar a tener grandes dificultades para agregar nuevas áreas protegidas. Si un propietario se opone a ello, el Estado tiene dos opciones: expropiar el predio e incurrir en gastos altísimos, o directamente no sumar nuevas áreas.

Vale aclarar que al ingresar como área protegida, el dueño no pierde su derecho real de propiedad sobre su predio ni la capacidad de hacer una explotación agropecuaria. Simplemente debe ajustarla a actividades congruentes con los objetivos del área. 

Un cambio fallido.

Tras una fuerte discusión interna que tuvo la coalición, decidieron sustituir estos artículos con una nueva redacción, la cual tampoco estuvo exenta de críticas. 

El nuevo articulado, disponía que el Poder Ejecutivo sólo podría incorporar territorios al SNAP “a propuesta del Ministerio de Ambiente” y “en consulta con los gobiernos departamentales competentes”. Este cambio hizo prosperar la disposición en la cámara de senadores.

Sin embargo, cuando la discusión pasó a la comisión especial de la Cámara de Diputados, los artículos fueron modificados nuevamente. A la coordinación con los gobiernos departamentales competentes se le agregó el “cumplimiento de las directrices, programas nacionales e instrumentos departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes, de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 18.308 (ley de Ordenamiento Territorial)”.

Si bien los artículos fueron votados en la comisión, en el Plenario no obtuvo los votos necesarios para hacerlo prosperar, por lo que se decidió quitar los artículos de la LUC.

Una humilde reflexión.

El hecho de que se decidiera quitar estos artículos fue algo sumamente positivo. En cualquiera de las dos versiones se proponían cambios regresivos que afectarían el fortalecimiento del SNAP.

Si bien en la segunda versión se sustituyó el consentimiento del propietario de las tierras, se agregó que para  ampliar o incluir una nueva área protegida se debía contar con la voluntad de las autoridades departamentales en las que se encuentre ese territorio. Esto quiere decir que se pretendía supeditar una política nacional al consentimiento de los gobiernos departamentales.

Por supuesto que se debe trabajar de forma conjunta en materia ambiental con los gobiernos departamentales, en especial escuchando a las comunidades que allí residen pero no parece lógico que las propuestas de áreas protegidas que realice el Ministerio de Ambiente queden subordinadas a un ordenamiento territorial departamental. Estas cuestiones deben atenderse desde un enfoque nacional.

Los cambios que pretendía hacer la LUC no iban a mejorar la articulación de la conservación, sino que la limitaría a diestra y siniestra. Era algo así como un gol en contra en la hora, que nos llevaba directo al descenso.

La ley 17.283 sobre Protección del Medio Ambiente,  en su artículo 6 consagra los principios de la política ambiental del país, entre los que se encuentra el principio de gradualidad progresiva. Dicho principio significa en verdad, un beneficio para quienes realizan actividades contaminantes, pues no se les impone que se adopten mejoras ambientales de forma súbita, sino que les permite que sean paulatinas, dando la posibilidad de realizar una adaptación sostenida, constante y duradera. El hecho de que sea progresiva significa que no se puede retroceder en derechos y avances consagrados, a esto se le llama principio de no regresión. 

El otro anclaje que tiene la ley es el desarrollo sostenible, una vez que se avanza en el sentido de proteger el interés general tampoco se puede retroceder, se intenta de formar un equilibrio entre los intereses particulares y generales.

Algo que me preocupa pensando en el futuro son los dichos del presidente Luis Lacalle Pou el año pasado cuando expresó: “si vamos a áreas protegidas muy extensas, no las vamos a poder hacer cumplir” haciendo referencia a una pequeña extensión que se le hizo a la Quebrada de los Cuervos.

En cuanto a la afirmación per se, debo asistirle la razón al presidente. Sin embargo, me parece una locura comenzar a hablar de “áreas protegidas muy extensas”, cuando hoy en día representan apenas el 1% de nuestro territorio. ¿Acaso cree Lacalle que sumando un par de áreas más ya estamos en un porcentaje adecuado?

Estamos casi en la tabla del descanso en esta materia, para asegurar la preservación de nuestro Uruguay Natural solo podemos pensar en sumar victorias. Basta de regular limitación y regulemos el fomento de las áreas protegidas y de todas aquellas actividades que nos acerquen a ser de los mejores del mundo en materia ambiental.  

Día Mundial del Agua: valorando y conservando el recurso

Día Mundial del Agua: valorando y conservando el recurso

El 22 de Marzo se celebra el Día Mundial del Agua, cuya temática este 2021 se centró en reflexionar sobre el valor social, cultural, biológico y económico que tiene este recurso natural. Iniciativa por la cuál se busca entender el significado del agua para distintas comunidades, aplicando dichos parámetros para llegar a un manejo y conservación más equitativo de este recurso tan vital para el planeta.

Créditos: Ben Herbert vía Pexels

Uruguay, presenta seis grandes cuencas hidrográficas las cuales son utilizadas por su población para diversas actividades. Estas son:  Río Negro, Río Uruguay, Río Santa Lucía, Río de la Plata, Océano Atlántico y la Laguna Merín. Según IUCN, la cuenca hidrográfica es un sistema, una unidad geográfica e hidrológica, la que se conforma por un río principal y todos los territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Además de las interacciones que se dan entre los ecosistemas de su alrededor y el curso de agua en términos de cantidad y calidad. Por lo que el estado y calidad de estas cuencas depende mayoritariamente de los usos que se den a su alrededor.

Históricamente, la calidad del agua en nuestras cuencas, no se ha visto como un desafío a nivel país. Sin embargo, en las últimas décadas esta percepción ha cambiado, llevando a la preocupación por la calidad del agua que utilizamos. Principalmente en la zona sur y costera donde la intensidad de actividades y densidad poblacional es mayor (Alonso et al 2019). Cuencas que se caracterizan por drenar zonas con intensa producción agroindustrial y aguas servidas de asentamientos humanos se asocian con descargas de concentraciones elevadas de nutrientes, conllevando así a uno de los desafíos en términos de calidad de agua que se ha ganado el ojo público en el último tiempo: blooms de microalgas como las cianobacterias (Kruket al 2019).

¿Qué es un florecimiento de microalgas y cómo pone en juego la calidad de nuestras aguas y salud?

Las microalgas, también llamadas fitoplancton, son organismos compuestos por una sola célula capaces de realizar fotosíntesis. Es decir, producción de oxígeno y materia orgánica, a partir de dióxido de carbono (materia orgánica), agua y la luz solar. Son organismos con un tamaño menor a 0,0002 mts y los encargados de contribuir con la mayor cantidad de oxígeno que presenta el océano. Además, son la base de la cadena alimenticia en el mar, funcionando como alimento de múltiples organismos (Winder y Sommer, 2012).

Las microalgas son organismos microscópicos, no visibles al ojo humano, sin embargo cuando comienzan a reproducirse en grandes cantidades, se hacen visiblescreando los fenómenos conocidos como “Bloom de micro-algas” o florecimiento de algas nocivas.

Imagen satelital de un florecimiento de microalgas formado en Nueva Zelanda.
Créditos: NASA images by Robert Simmon and Jesse Allen, based on MODIS data.

Existen diversas condiciones físicas y químicas que propician a la ocurrencia de bloom de micro algas. El aumento de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, estimula el crecimiento de estos organismos productores primarios que disminuyen la calidad del agua, poniendo en jaque la funcionalidad del sistema; fenómeno denominado eutrofización. Este desequilibrio puede darse a causa natural o puede ser acelerado por la antropización cercana a la cuenca.

Si bien el fitoplancton es productor de oxígeno y juega un rol crucial en el ecosistema, este también lo consume en su respiración y descomposición, por lo que en un fenómeno de “Bloom”, el desequilibro consumo-producción de oxígeno se rompe, disminuyendo así la disponibilidad de oxígeno disuelto en la columna de agua. En consecuencia, menos oxígeno disponible para otrasespecies marinas que lo necesitan. El efecto de este fenómeno en humanos dependerá de qué especie es la que haya crecido en el Bloom, ya que existen especies de fitoplancton que generan toxinas muy peligrosas pudiendo ocasionar lesiones de órganos, paros cardíacos, náuseas, entre otros (Vidala et al 2015, Backer y McGillicuddy, 2006).

Humedal Arroyo Maldonado.
Créditos: Banco de Imágenes de Google.

La ocurrencia de floraciones de microalgas en nuestras costas no es ajena, y se ha convertido en una nueva normalidad en donde accionar es necesario no solo para tratar o prevenir el síntoma si no para disminuir su causa en casos puntuales de eutrofización. Y este, es solo uno de los desafíos que presentan nuestras cuencas. Nuestro deber como ciudadanos de informarnos sobre los desafíos o temáticas ambientales, ser curioso, e identificar cuáles serían las posibles soluciones que uno puede tomar es un paso fundamental para tomar decisiones integrales, inclusivas y equitativas.

Reflexionar sobre el valor de nuestros recursos, la calidad de estos, y el rol que cada uno cumple en ellos es una actividad que deberíamos hacer más de un día en el año. El valor cultural, social, ambiental y económico del recurso acuático varía de comunidad a comunidad, y con ello la gravedad de los desafíos que se presentan. Por lo que las cuencas hidrográficas y las actividades que allí se realicen deben ser manejadas y conservadas desde un enfoque ecosistémico e integral,contribuyendo lo mínimo posible a la contaminación de su entorno.

Bibliografía utilizada:

Alonso, J., Quintans, F.,Bonilla, S., Arocena, R., Haakonsson, S., Aubriot, L., Goyenola, G.,Muniz, P., Marrero, A., Hutton, M., Venturini, N., Pita, A. L., Iglesias, K., Conde, D., Rios, M.,Soutullo, A., Eguren, G.,Victoria, M., Tort, L. F., Mendez, H. (2019). Water Quality in Uruguay: current status and challenges. En Water Quality in the Americas: Risks and Opportunities.

Backer, L.C., McGillicuddy, D.J. (2006). Harmful Algal Blooms: At The Interface Between Coastal Oceanography and Human Health. Oceanography (Wash D C): 19(2): 94–106

Kruk, C., Martínez, A., Martínez de la Escalera, G., Trinchin, R., Manta, G., Segura, A. M., Piccina, C., Brena, B., Fabiano, G., Pirez, M., Gabito, L., Ancántara, I., Yannicelli, B. (2019). Floración excepcional de cianobacterias tóxicas en la costa de Uruguay, verano 2019. DOI: 10.26461/18.06.

International UnionforConservation of Nature – Cuenca Hidrográfica, Material Didáctico.

Vidal, F., Sedan, D., D´Agostino, D., Cavalieri, M.L., Mullen, E., Parot, M.M., Flores,C., Caixach, J., Andrinolo, D. (2017). Recreational Exposure during Algal Bloom in Carrasco Beach, Uruguay: A Liver Failure Case Report. Toxins (Basel) (9): 267.  doi: 10.3390/toxins9090267

Winder, M., Sommer, U. (2012). Phytoplankton response to a climate change. Hydrobiologia: 698, 5–16.