Del Cannabis y su riesgo

Del Cannabis y su riesgo

Un tema que está en constante discusión en nuestro país es el debate relacionado al consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína y la pasta base. Según un informe comparativo del consumo de drogas en América llevado a cabo por la OEA en 2019, Uruguay tiene la segunda mayor tasa de consumo de alcohol, tabaco y marihuana de Sudamérica y la primera en el consumo de cocaína en Sudamérica. Este hecho tiene ramificaciones en todas las esferas de nuestra sociedad y genera consecuencias sociales y económicas enormes para nuestro país.

Al centrarse en la marihuana, uno puede apreciar que su consumo ha estado en constante crecimiento desde el año 2001, llegando al 30% de la población  que admite haberla consumido en algún momento de su vida (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Lo más llamativo de esto es que el mayor crecimiento en el consumo se ha dado en las personas entre 18-25 y 26-35 años, llegando a un 47.2% de las personas del primer grupo y 51.6% del segundo consumiendo marihuana en algún momento de su vida. El peligro de este aumento radica en la percepción de riesgo de consumo que se tiene sobre dicha sustancia (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Esta ha descendido de forma constante entre 2006 y 2014, aumentando levemente entre 2014 y 2018. Esto significa que la población general está consumiendo cada vez más, iniciando su consumo  en forma  cada vez más temprana y entendiendo que hay  nulo o poco riesgo asociado.

Estos datos implican una gran amenaza para nuestra salud pública, dado que el consumo sostenido de marihuana conlleva grandes efectos perjudiciales para la salud física y mental. En el caso de las consecuencias físicas, se ha observado un mayor riesgo de desarrollo de cuadros pulmonares como broncoespasmos y EPOC. En cuanto a los efectos psicológicos, se encuentran afectaciones en la memoria a corto y largo plazo y en la atención. A su vez, es un agente que agrava los cuadros clínicos de ansiedad y depresión, genera descompensaciones en los trastornos bipolares y es un factor en el desarrollo de trastornos psicóticos (Iglesias & Tomás, 2010). A su vez, se ha observado que estas alteraciones tienen un impacto directo en el rendimiento  de  los estudiantes de liceo, con un deterioro en los  resultados académicos.

Lo que no se debe perder de vista es que, al ser la marihuana una sustancia cuya legalidad es reciente, todavía no se han podido identificar todos los riesgos que conlleva su consumo a largo plazo, como tampoco sus efectos positivos que son potenciados por el emergente mercado de marihuana medicinal. 

Por lo tanto, el país se encuentra con un incremento general del consumo de una sustancia que pasó de la clandestinidad a la aceptación cultural, con políticas prohibicionistas que no han sido efectivas en desestimular su consumo y una postura ambigua del Estado que parece no saber cómo actuar ante esta situación. 

Un posible camino para buscar un descenso de consumo es repitiendo una experiencia exitosa de regulaciones que bajaron radicalmente el consumo de una sustancia: el tabaco. Al comparar las situaciones uno puede apreciar cierta similitud con el de la marihuana, ambas son sustancias legales que se consumen de forma masiva y son culturalmente aceptadas. Es más, el consumo de tabaco era sumamente mayor. En el año 1998, el 43.9% de la población masculina fumaba tabaco de forma diaria frente al 13.1% de consumo diario de marihuana (González Mora & Barbero Portela, 2020). En este caso, la disminución se debió a una mezcla de políticas públicas que dificultaron el acceso al tabaco (aumentaron la carga impositiva sobre cada producto), prohibieron la publicidad de los productos, iniciaron una campaña masiva de información sanitaria sobre los efectos del tabaco, colaborando con otros países para disminuir el consumo. Como dice el informe del control de tabaco en Uruguay, “las políticas para el control del tabaco deben simultáneamente acompañarse de acciones dirigidas a la sensibilización de la población en relación con el tema, a través de acciones de promoción, educación y difusión de información” (González Mora & Barbero Portela, 2020, 47). Los resultados de estas políticas han sido contundentes, se ha pasado de un 35.6 % de la población que fumaba tabaco en el año 2000 al 21.9% en el 2020 (González Mora & Barbero Portela, 2020). 

Claro está que no se puede ni debe retornar a un prohibicionismo de la marihuana, pero la actual reglamentación tampoco ha sido efectiva para disminuir su consumo. Frente a este panorama queda clara la necesidad de una reforma que permita desarrollar las políticas públicas que prioricen la disminución. Experiencias de éxito tiene el Uruguay, es un tema de proponérselo. 

Bibliografía:

  • Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas, (2019). Informe sobre el consumo de drogas en América. Organización de Estados Americanos. 
  • González Mora, F. & Barbero Portela, M., (2020), El control del tabaco en Uruguay: Perspectiva histórica. Montevideo, Uruguay: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. 
  • Iglesias, E. B. & Tomás, C. B., (2010). Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Valencia, España: Socidrogalcohol.
  • Observatorio Uruguayo de Drogas, (2019). VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General. Junta Nacional de Drogas. 
¿Y la LUC?

¿Y la LUC?

 A menos de dos semanas del referéndum que determinará sí se mantienen los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la campaña entró en su momento más intenso con los militantes trabajando para captar a los votantes indecisos necesarios para ganar la elección. Con las últimas encuestas dando una moderada mayoría al “No” por encima del “Sí”, todo parecería indicar que no se llegaría a los votos necesarios para anular los artículos en disputa. Este hecho parece haber resonado en la dirigencia de la campaña por el “Sí”, que ha redoblado sus esfuerzos de militancia para aumentar su porcentaje de voto. Tristemente, esto ha implicado el aumento de las mentiras empleadas en una campaña donde han abundado las medias verdades y las falsedades por parte de los dirigentes que promueven la derogación. Estas han incluido la amenaza de una privatización de las empresas públicas y el sistema de educación,  el aumento de la cantidad de muertes a causa de los efectivos policiales (el llamado “gatillo fácil”) o el “desalojo express” en el cual un sinnúmero de personas serían echadas de su hogar por incumplimiento de pagos gracias a la modificación en la normativa que genera la LUC. Esto contrasta directamente con los hechos de la realidad, ya que, posterior a un año y medio de vigencia de la los artículos en disputa, no ha habido un aumento de muertes debido a causas policiales ni la cantidad de desalojos realizados (en la actualidad, de los 1.400 contratos firmados bajo la nueva reglamentación solamente se desalojaron a 30 inquilinos). A su vez, este discurso choca con los hechos ocurridos en el parlamento ya que la ley de fijación de precio del petróleo mediante la paridad de importación (artículo sujeto a derogación) fue aprobada con votos de todos los partidos políticos. 

     El problema de fondo es que el centro de la discusión nunca fue la LUC como normativa legal, sino que fue la LUC como excusa de generar un hecho política. En este caso, el hecho político sería el de generarle una derrota a un gobierno que, hasta el momento ha consecutivamente tenido números altos de aprobación. Tal es así que los referentes por el “Sí” están llamando a votar anulado para bajar el porcentaje de votos válidos y necesarios para obtener la victoria. A medida que fue pasando el tiempo la campaña fue desviando su foco de los artículos a conceptualizaciones generales que poco tienen que ver con las normativas vigentes, potenciado en una campaña de marketing que únicamente ha aportado mentiras, exageraciones y victimizaciones. A esto se le ha sumado unos expertos que, utilizando su conocimiento profesional, buscaron generar errores conceptuales sobre el significado de los artículos para fomentar el desconocimiento general de las leyes (el ejemplo más claro siendo la supuesta subyugación del derecho a la vida por debajo del de la propiedad). Uno de los últimos episodios fue cuando durante una manifestación convocada por los partidos a favor del “no” una señora se puso en el medio de 18 de Julio para insultar y agredir a los autos pasantes y, al ser retirada por la policía, se buscó aprovechar la situación para martirizar a la señora como forma de comprobar las consecuencias negativas de las acciones del gobierno. La jugada salió mal dado que los hechos fueron filmados y divulgados quedando descubierta la mentira. Esto, más allá de las fallas éticas que implican y la pérdida total de credibilidad que le genera a los autores, tampoco sirven para convencer a los indecisos que ven la mentira por lo que es. 

     Volviendo al último llamado de anular el voto, queda claro que hay poco argumento real para derogar cada uno de los artículos y que lo que se busca es generar una victoria política. Frente a este escenario yo pregunto, sí para convencer a las masas para derogar una norma se debe mentir y manipular sobre las implicancias sus implicancias, realmente conviene derogar, y peor, premiar las malas prácticas empleadas brindando el voto o conviene dar un mensaje claro de rechazo hacia estas prácticas que dañan a nuestro sistema político?

Hacia un nuevo Estado Uruguayo

Hacia un nuevo Estado Uruguayo

Durante los últimos 10 años hemos sido víctimas de un manejo sumamente perjudicial de las cuentas públicas. Estas políticas de gasto descontrolado y gestiones ineficientes han llevado al aumento de la deuda externa, un crecimiento excesivo de la plantilla estatal y la necesaria financiación millonaria de las empresas públicas como consecuencia de sus malas administraciones. Esto, sumado a la incapacidad de las políticas públicas adoptadas en resolver los problemas estructurales del país, por ejemplo el empeoramiento de la calidad de la educación pública y la incapacidad de revertir el aumento de la fractura social, han generado un hartazgo entendible en varios sectores de la sociedad que ven en el Estado un gasto innecesario e ineficiente. A raíz de esto, se ha acrecentado la cantidad de personas que ven a la política como un antagonismo entre el Estado y el Mercado, y que entienden que, para el desarrollo general del país, el primero debe ser llevado a su mínima expresión mientras que se prioriza las necesidades del segundo. En este apartado, propongo una alternativa a estas cuestiones del Estado y su reforma desde una perspectiva socialdemócrata contemporánea. 

El economista Jean Tirole (galardonado con el Premio Nobel en Economía en 2014) postula que “el debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos” (Tirole, 2017, 177). Dicha figura considera que el Estado moderno ha pasado de ser un suministrador de empleo a través de las empresas públicas a ser el que fija las reglas de juego, interviene cuando existen fallas o insuficiencias en el mercado y regula para crear igualdad de oportunidades y una competencia sana entre los actores comerciales. Termina posteriormente su análisis de la relación complementaria entre el Estado y el mercado proclamando que “el Estado define las reglas del juego y responsabiliza a los actores que, desde ese momento, puede (¡y deben!) perseguir su interés propio”(Tirole, 2017, 178). 

A su vez, este nuevo Estado mantiene una clara preocupación por la cantidad y calidad del gasto estatal, cambiando la concepción del funcionario público. Utilizando el ejemplo de Suecia, este vivió un proceso de reforma estatal entre 1991 y 1997 que incluyó: la disminución del gasto público en un 10% del PBI, la disminución en el número de funcionarios públicos de 400.000 a 250.000 mediante la contratación del sector privado y la delegación de las funciones relacionadas con el control de las contrataciones y remuneraciones a agencias independientes y especializadas (Tirole, 2017). Estas políticas llevaron a que la creación del cargo público tenga la función única de brindar una prestación de un servicio público de calidad y no la de crear empleo como fin en sí mismo (cosa que en los hechos no ocurre ya que se deben aumentar los impuestos para financiar dicho empleo). Esto asegura que las personas contratadas tengan libertad de gestión y sean sometidos a evaluaciones estrictas de resultados, siendo sustituídos sí no cumplen con sus cometidos, incentivando el mejoramiento del funcionamiento Estatal y las prestaciones de sus servicios. En cuanto a las redes de seguridad social que brinda el Estado, Tirole mantiene que se debe contar con medios financieros necesarios para que se mantengan, aunque “su supervivencia pasaba por una gestión rigurosa de las finanzas públicas” (Tirole, 2017, 187) y que se puede ahorrar sin perder la esencia de la seguridad social, perfeccionando la formación de empresas, que son volcadas hacia los más débiles y las necesidades de las empresas (Tirole, 2017).

En línea con la modernización propuesta, el economista Ricardo Pascale en su obra “Del freno al impulso”, hace un desarrollo por los principales procesos históricos por los que ha pasado la economía uruguaya, llegando a la conclusión de que la economía nacional debe empezar a encaminarse hacia la economía del conocimiento para empezar a acercarse a los niveles de avance de los países del mundo desarrollado. Ésta, definida como la producción de bienes y servicios basados en actividades generadoras de conocimiento que contribuyen al desarrollo tecnológico y científico, tienen cómo componente clave la dependencia de las capacidades intelectuales por encima de las físicas o de los recursos naturales (Powell & Snellman, 2004). Para el economista, el Estado debe ser un emprendedor que fomenta la innovación y aporta a la creación de nuevos mercados. “Cuando se organiza de forma efectiva, la mano del Estado es un socio clave del sector privado. Un Estado innovador no solo disminuye o elimina riesgos del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de forma efectiva en él para conseguir que las cosas ocurran (Pascale, 2021, 174)”. 

De esta forma se fomenta el desarrollo del mercado y la creación de los nuevos, poniendo un especial énfasis en el activo principal que tienen las personas, la creatividad. Es mediante este proceso psicológico que las personas utilizan las herramientas que son recibidas mediante la educación formal para producir y crear nuevos emprendimientos y servicios. Claro está que para que esto se genere se debe realizar una reforma educativa en la que no solo se brindan los conocimientos formales sino que también se fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto dentro de un marco de contención y cohesión social. De esta forma se podrán preparar a las nuevas generaciones para enfrentar y adaptarse a las complejidades de este mundo cada vez más dinámico y exigente.

Uruguay ha sido pionero por su constante reforma que ha traído una continua estabilidad social y económica en una región caracterizada por crisis institucionales y financieras. Hemos sufrido un enlentecimiento de nuestro desarrollo durante los últimos años en comparación con los países de primer mundo, pero lo bueno es que tenemos las condiciones para reformar a la sociedad y volver a estar entre los ejemplos mundiales de países desarrollados. Los cimientos están establecidos, depende de nosotros llevarlo a cabo.

Bibliografía:

Pascale, R., (2021). Del Freno al impulso. Montevideo: Planeta.

Powell, W., & Snellman, K., (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 30(1), 199-220. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

Tirole, J., (2017). La economía del bien común. Barcelona: Penguin Random House Group.  

Política y política

Política y política

Durante los inicios de la guerra civil española, el 12 de octubre de 1936, un grupo del Bando Sublevado dirigidos por el General José Millán-Astray (amigo íntimo de Francisco Franco) invadieron el paraninfo de la Universidad de Salamanca, bajo el cántico, “mueran los intelectuales”, interrumpiendo una disertación del filósofo Miguel de Unamuno y obligando la finalización de los actos festivos del descubrimiento de América. Frente a este hecho arbitrario y violento, el filósofo les respondió con una frase que quedaría señalada en la historia de la época: “venceréis, pero no convenceréis”.

Mediante esta anécdota pretendo diferenciar 2 conceptos que a mi juicio resultan antagónicos: la “política” y la “Política”. La primera incluye aquellas acciones que buscan únicamente el crecimiento de una organización política por encima del bienestar de la sociedad, sin considerar el impacto que sus acciones tengan sobre el resto de los ciudadanos. Su accionar está orientado por la ley del más fuerte, y su método habitual para alcanzar sus objetivos se basa en la violencia y en el hostigamiento a sus rivales. En contraposición, la segunda entiende el servicio público como una forma de trabajar para la sociedad y se basa en la discusión de ideas, nutriéndose del debate para llegar a una solución que enaltece la sociedad en su conjunto y concluye con el mejoramiento de las condiciones para todos los ciudadanos. Siendo un valor idílico, debe ser el accionar a aspirar de toda persona que incurre en la política, ya que fomenta su crecimiento intelectual y su tolerancia que contribuirán a su mejor desempeño como servidor público.

Esta reflexión surge como consecuencia de haber visto, en los últimos días, la peor cara de la “política” ya que desde que se anunció el programa periodístico Santo y Seña donde se investigaban las deudas del Senador Oscar Andrade con la Intendencia Municipal de Canelones, los distintos militantes y dirigentes del Frente Amplio se han dedicado a cerrar sus filas en defensa del Senador comunista, incurriendo en todo tipo de agravios y bajezas para desviar la atención del tema, llegando al extremo de llamar al boicot al programa lo que desnuda su falta de compromiso con la libertad de expresión. Esta defensa a ultranza fue realizada sin siquiera contemplar la posibilidad de la culpabilidad del Senador Andrade y el intento de dañar el programa, paradójicamente, lo llevó a su mayor nivel de audiencia desde que comenzó la temporada. Lo más deplorable de este episodio es que, con tal de evitar el reconocimiento del error y su pronta rectificación, se relativizó el incumpliento de los deberes y responsabilidades legales de un ciudadano (en este caso un Senador de la República) lo que deja implícito el siguiente mensaje: “no todos los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones, depende de su afiliación partidaria”, lo que empeora la percepción y la desconfianza de los ciudadanos para con la política y profundiza la polarización existente entre los ciudadanos y la agresividad latente entre ellos.

Esta agresividad se manifestó el día martes 3 de agosto cuando, en una reunión entre los Ministros de Industria y Educación, integrantes del Sindicato del supergás se manifestaron de forma violenta, tirando una bomba de estruendo que rompió una ventana del piso en el que estaban reunidos y dañando el vehículo particular del Ministro de Medioambiente. Independientemente de las ilegalidades que implican estos hechos, son muestra de una radicalización cada vez mayor en ciertos sectores de la sociedad, que se manejan con una intolerancia e intransigencia que no coinciden con los valores que históricamente ha caracterizado a nuestra sociedad, cómo la convivencia cívica y el disenso basado en el debate de ideas con argumentos sólidos y filosofías contrastantes.

Lo más peligroso de este tipo de acciones es que no son patrimonio exclusivo de un sector de la sociedad, como quedó demostrado con la discusión sobre la reforma al régimen de la tenencia compartida, en la que unos grupos de personas buscaron presionar el voto afirmativo de los legisladores mediante insultos y amenazas.

La importancia que tiene aspirar a hacer “Política” es la de promover la tolerancia, la convivencia y la calidad democrática y republicana de nuestro país. A modo de conclusión, la frase que el filósofo Miguel de Unamuno utilizó en el paraninfo fue seguida por la siguiente fundamentación “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España.” Por ende, es imperioso que toda la clase “Política”, heredera de una larga tradición Democrática y Republicana, vele por la defensa de la razón y el derecho y que éstos no sean avasallados por aquellos grupos intolerantes e intransigentes. que pretenden imponer su postura por la fuerza.

Comunismo Democrático

Comunismo Democrático

Las recientes manifestaciones y protestas que se están desarrollando en Cuba por las faltas de libertades civiles y la incapacidad del gobierno en enfrentar la situación sanitaria exitosamente ha dejado expuesto el autoritarismo real que existe en la isla caribeña. Este hecho ha conmocionado el escenario político, con líderes de todos los países americanos comentando sobre los desenlaces que ocurren en dicho país. A nivel local, este hecho ha servido para seguir acrecentando la división entre los partidos que componen la “coalición multicolor” y el Frente Amplio, con los primeros proclamando su apoyo a los manifestantes cubanos, y los segundos, al gobierno y el proceso revolucionario.

Esto ha generado críticas para con la coalición de izquierda y, en particular, el Partido Comunista quien, apoyando abiertamente al gobierno cubano, es acusado de autoritario. El problema con las críticas es que se basan en la idea de que el Partido Comunista se rige bajo los mismos principios filosóficos que los que fundaron nuestra República: los valores de la ilustración y el liberalismo. El Partido Comunista basa su accionar bajo la dialéctica materialista, definida como “la tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos, es la base de todo orden social; de que en todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos, y junto a ella la división social de los hombres en clases o estamentos, es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce y por el modo de cambiar sus productos”. En el primer artículo de los estatutos aprobados por el 5to Congreso Extraordinario en el año 2007, se establece que el Partido Comunista “es la unión voluntaria y combativa de los comunistas, que orientados por la ideología científica del marxismo leninismo, luchan para que la clase obrera uruguaya desempeñe su misión histórica, social, política, ideológica y guíe la marcha de los trabajadores y el pueblo uruguayo hacia el socialismo y la posterior edificación del comunismo”. 

Para entender las implicaciones del artículo mencionado, es necesario tener claras las concepciones teóricas de Marx y Lenin sobre la democracia y el liberalismo. En el Manifiesto Comunista escrito en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, postulan que a través de toda la historia humana, la sociedad se dividió en 2 clases sociales antagónicas: los explotadores que, siendo minoría, controlan los medios de producción (su versión actual siendo la burguesía) y los explotados que, siendo la mayoría, sobreviven apenas para darles los frutos de sus esfuerzos al primer grupo (la clase proletaria). Según los autores, la burguesía se ha desarrollado en base a su capacidad de explotar a los proletarios cada vez a mayor escala, y es debido al crecimiento del nivel de explotación que los antagonismos entre las clases y las contradicciones del sistema económico en el que se encuentran culminará en la emancipación de los vulnerados mediante una revolución violenta, una centralización y división ecuánime de los medios de producción en manos del Estado. Como consecuencia del fin de la explotación, el Estado (cuyo motivo de existencia es la facilitación de la explotación y represión burgués) se extingue bajo el peso de sus propias contradicciones, creando así una sociedad sin clases sociales, opresores y oprimidos conocidos como el comunismo. En sus palabras, “El proletariado se valdrá del del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posibles las energías productivas”.

Este proceso fue desarrollado en mayor profundidad por el revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin quien en su obra Estado y Revolución hace mención a la democracia y al republicanismo como elementos del aparato estatal opresor y, por ende, objetos a ser disueltos. Entiende a la República democrática como “la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar (a través de los Pakhinski, los Chernov, los Tsereteli y Cía.) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este poder.” Sobre la democracia, considera que “es una forma de Estado, una de las variedades del Estado. Y, consiguientemente, representa, como todo Estado, la aplicación organizada y sistemática de la violencia sobre los hombres.” Argumenta que el peligro del parlamentarismo está en su forma de aplacar el fervor revolucionario, “decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías constitucionales parlamentarias, sino en las repúblicas más democráticas”. De esta forma, queda claro que para el marxismo-leninismo la democracia liberal y el republicanismo no son más que un privilegio burgués que funciona en pos de mantener vigente al Estado opresor y, como consecuencia, debe ser llevado a la extinción una vez realizada la revolución proletaria.

Retomando las manifestaciones en Cuba y la postura adoptada por el Partido Comunista de Uruguay, uno entiende que es completamente coherente con la filosofía desarrollada. El problema no es con la coherencia sino la convivencia, y acá surgen las interrogantes ¿Cómo puede coexistir en nuestro sistema republicano un partido que abiertamente rechaza sus bases filosóficas? y ¿Cómo puede un partido político buscar perfeccionar a la República democrática cuando su objetivo es destruirla?

Bibliografía:

  • Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. Engels, F. (1880).
  • Estatutos del Partido Comunista de Uruguay (2007).
  • Estado y Revolución. Lenin, V. I., (1917).
  • Manifiesto Comunista. Marx, C. & Engles, F. (1848).