por Ignacio Núñez | Mar 15, 2023 | Opinión y Análisis
Posterior a la victoria Oriental sobre el Ejército realista de Montevideo el 19 de mayo de 1811, José Gervasio Artigas pronunciaría una frase que quedaría en la historia cultural e idiosincrática del uruguayo promedio: “clemencia para los vencidos”.
Esta mentalidad conciliadora se vería reflejada un miércoles 8 de octubre al firmarse, en el nóvel Estado Oriental del Uruguay, el tratado de paz que pondría fin a la Guerra Grande posterior a 12 años de conflicto civil que destruyó la economía nacional, llevó a la búsqueda de refugio a miles de ciudadanos y peligró la misma existencia del Uruguay como nación independiente.
En busca de reconciliar las diferencias entre los bandos oponentes y comenzar la unificación nacional, la paz se firmó bajo el lema de “ni vencidos ni vencedores” que, si bien no evitaría conflictos civiles posteriores, seguiría enquistando la identidad concertadora del ciudadano uruguayo.
Pasadas las turbulencias cívicas del siglo XIX, el siglo XX sería caracterizado por los cambios sociales que pondrían a nuestro país a la vanguardia mundial en materia de derechos y convivencia cívica. Este rasgo conciliador, sería la culminación del rechazo a los extremos políticos y a las prácticas intolerantes que llevaron a otros países de la época al conflicto interno y al autoritarismo.
Con la efervescencia política que existe en nuestro país hoy día, empiezan a resonar la voz de muchos actores políticos y organizaciones sociales que aprovechan el miedo y la incertidumbre general para convencer a la ciudadanía de una realidad social en constante conflicto y sin posibilidad de consenso alguno, para atraer nuevos adherentes a sus causas.
Esta polarización se ha vivido en el pasado y culminó en violencia y en el debilitamiento institucional. ¿Esto significa que debemos resignarnos a un destino en el que existe una línea divisoria entre la izquierda y la derecha en continua guerra civil?
Para responder esta pregunta es necesario ir a los números; en una encuesta política llevada a cabo por Cifra y presentada en una columna del programa radial “Rompkbzas”, el periodista Leonardo Haberkorn mostró que el 72% de la ciudadanía votante se identifica con el centro político, la centro-izquierda y la centro-derecha.
Estos números hablan de la mentalidad colectiva de la mayoría de los ciudadanos, a los cuales las revoluciones bruscas y las transformaciones inmediatas les resulta ajeno y, al mismo tiempo, tiende a rechazar el retroceso a los cambios sociales que se han emprendido. Es por este motivo que el centro político tiene el imperativo moral de hacerse presente a través de un proyecto político que logre combatir la polarización y extremismo creciente que tanto daño le ha hecho al país en el pasado.
No dudo que un gran polo de centro que se base en los valores conocidos de racionalidad, convivencia, reformismo y progreso logre captar y entusiasmar a la ciudadanía a acercarse a él, dado que, estos son la base misma de nuestra identidad nacional.
por Ignacio Núñez | Ago 17, 2022 | Política
Pasados los dos años y medio de la presidencia del Dr. Lacalle Pou y de la legislatura de la “coalición multicolor”, han comenzado los movimientos internos en preparación de las elecciones de 2024. Dentro de las estrategias que se han planteado, ha estado resonando la idea de algunos dirigentes y figuras públicas de emular la receta del Frente Amplio, cristalizando el acuerdo programático de los integrantes de la coalición gobernante en un lema común que algunos han denominado “coalición republicana”. El argumento central de esta estrategia se basa en que el lema común daría la posibilidad a trabajar en un programa en conjunto sin la necesidad de hacer acuerdos posteriores a la primera vuelta y el balotaje, brindando mayor posibilidad de ganar los siguientes comicios.
El tema con esto es que la experiencia de la coalición ha demostrado que esta estrategia no solo no es necesaria, sino que encima resulta inconveniente. Con respecto al prospecto electoral, la existencia del balotaje ya permite que el votante opte por el candidato y programa que entienda mejor lo representa, independiente de las posibilidades de que llegue a la segunda vuelta. Será tarea de los partidos defender sus programas presentados con los demás partidos, para no defraudar al votante que confío en su propuesta. En estas líneas, cuanto mayor diversidad de opciones y programas existan, mejor será para que los ciudadanos estén mejor representados por los legisladores.
Otro aspecto que se ha ido notando con mayor frecuencia durante este tiempo son las diferencias ideológicas existentes entre los distintos partidos que conforman la “coalición multicolor” que ha generado una discordia sana en su interna. El riesgo que surge en un lema común es que se vayan subyugando y disolviendo las diferencias ideológicas de los integrantes mediante la imposición del pensamiento de las mayorías. Similar a lo que ocurre en el Frente Amplio con la disciplina partidaria, la separación real entre los partidos genera una protección al pensamiento y accionar de los partidos políticos. Algunos de los ejemplos donde su discrepancia ha sido marcada han sido los debates referentes a las leyes propuestas sobre la eutanasia, la tenencia compartida y la desmonopolización de ANCAP, teniendo a todos los integrantes de la coalición con posiciones distintas a cada uno de estos proyectos. En caso de existir un lema común, no existiría ningún impedimento para que distintos grupos accionen de forma coordinada para impedir el libre accionar de un grupo minoritario mediante la disciplina partidaria o la amenaza de la expulsión, en efecto, coaccionando las distintas decisiones existentes. Esto culminaría en la disolución ideológica e identitaria de los distintos miembros a ser dominada por el grupo mayoritario que utilizaría su influencia para silenciar la oposición interna.
¿Cuál es la alternativa electoral entonces?
La alternativa radica en el fortalecimiento electoral de las opciones existentes, con los partidos de la coalición representando a la mayor cantidad de votantes posibles, y posteriormente cooperando en el trabajo gubernamental. Esto no solamente aportaría en que la ciudadanía esté mejor representada en el parlamento, pero también evitaría el surgimiento de figuras populistas y radicales que abusen del lema para aumentar su poder sin el control de las demás figuras.
Estamos a menos de 4 meses para comenzar el año preelectoral, y todos los partidos y actores políticos están comenzando a hacer movimientos en este sentido, pero no dejemos que la efervescencia electoral y el cortoplacismo nos empuje a tomar decisiones que ponen en riesgo algo más importante que los partidos políticos, sino, nuestra identidad nacional.
por Ignacio Núñez | Jun 7, 2022 | Opinión y Análisis
Un tema que está en constante discusión en nuestro país es el debate relacionado al consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína y la pasta base. Según un informe comparativo del consumo de drogas en América llevado a cabo por la OEA en 2019, Uruguay tiene la segunda mayor tasa de consumo de alcohol, tabaco y marihuana de Sudamérica y la primera en el consumo de cocaína en Sudamérica. Este hecho tiene ramificaciones en todas las esferas de nuestra sociedad y genera consecuencias sociales y económicas enormes para nuestro país.
Al centrarse en la marihuana, uno puede apreciar que su consumo ha estado en constante crecimiento desde el año 2001, llegando al 30% de la población que admite haberla consumido en algún momento de su vida (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Lo más llamativo de esto es que el mayor crecimiento en el consumo se ha dado en las personas entre 18-25 y 26-35 años, llegando a un 47.2% de las personas del primer grupo y 51.6% del segundo consumiendo marihuana en algún momento de su vida. El peligro de este aumento radica en la percepción de riesgo de consumo que se tiene sobre dicha sustancia (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Esta ha descendido de forma constante entre 2006 y 2014, aumentando levemente entre 2014 y 2018. Esto significa que la población general está consumiendo cada vez más, iniciando su consumo en forma cada vez más temprana y entendiendo que hay nulo o poco riesgo asociado.
Estos datos implican una gran amenaza para nuestra salud pública, dado que el consumo sostenido de marihuana conlleva grandes efectos perjudiciales para la salud física y mental. En el caso de las consecuencias físicas, se ha observado un mayor riesgo de desarrollo de cuadros pulmonares como broncoespasmos y EPOC. En cuanto a los efectos psicológicos, se encuentran afectaciones en la memoria a corto y largo plazo y en la atención. A su vez, es un agente que agrava los cuadros clínicos de ansiedad y depresión, genera descompensaciones en los trastornos bipolares y es un factor en el desarrollo de trastornos psicóticos (Iglesias & Tomás, 2010). A su vez, se ha observado que estas alteraciones tienen un impacto directo en el rendimiento de los estudiantes de liceo, con un deterioro en los resultados académicos.
Lo que no se debe perder de vista es que, al ser la marihuana una sustancia cuya legalidad es reciente, todavía no se han podido identificar todos los riesgos que conlleva su consumo a largo plazo, como tampoco sus efectos positivos que son potenciados por el emergente mercado de marihuana medicinal.
Por lo tanto, el país se encuentra con un incremento general del consumo de una sustancia que pasó de la clandestinidad a la aceptación cultural, con políticas prohibicionistas que no han sido efectivas en desestimular su consumo y una postura ambigua del Estado que parece no saber cómo actuar ante esta situación.
Un posible camino para buscar un descenso de consumo es repitiendo una experiencia exitosa de regulaciones que bajaron radicalmente el consumo de una sustancia: el tabaco. Al comparar las situaciones uno puede apreciar cierta similitud con el de la marihuana, ambas son sustancias legales que se consumen de forma masiva y son culturalmente aceptadas. Es más, el consumo de tabaco era sumamente mayor. En el año 1998, el 43.9% de la población masculina fumaba tabaco de forma diaria frente al 13.1% de consumo diario de marihuana (González Mora & Barbero Portela, 2020). En este caso, la disminución se debió a una mezcla de políticas públicas que dificultaron el acceso al tabaco (aumentaron la carga impositiva sobre cada producto), prohibieron la publicidad de los productos, iniciaron una campaña masiva de información sanitaria sobre los efectos del tabaco, colaborando con otros países para disminuir el consumo. Como dice el informe del control de tabaco en Uruguay, “las políticas para el control del tabaco deben simultáneamente acompañarse de acciones dirigidas a la sensibilización de la población en relación con el tema, a través de acciones de promoción, educación y difusión de información” (González Mora & Barbero Portela, 2020, 47). Los resultados de estas políticas han sido contundentes, se ha pasado de un 35.6 % de la población que fumaba tabaco en el año 2000 al 21.9% en el 2020 (González Mora & Barbero Portela, 2020).
Claro está que no se puede ni debe retornar a un prohibicionismo de la marihuana, pero la actual reglamentación tampoco ha sido efectiva para disminuir su consumo. Frente a este panorama queda clara la necesidad de una reforma que permita desarrollar las políticas públicas que prioricen la disminución. Experiencias de éxito tiene el Uruguay, es un tema de proponérselo.
Bibliografía:
- Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas, (2019). Informe sobre el consumo de drogas en América. Organización de Estados Americanos.
- González Mora, F. & Barbero Portela, M., (2020), El control del tabaco en Uruguay: Perspectiva histórica. Montevideo, Uruguay: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
- Iglesias, E. B. & Tomás, C. B., (2010). Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Valencia, España: Socidrogalcohol.
- Observatorio Uruguayo de Drogas, (2019). VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General. Junta Nacional de Drogas.
por Ignacio Núñez | Mar 22, 2022 | Política
A menos de dos semanas del referéndum que determinará sí se mantienen los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la campaña entró en su momento más intenso con los militantes trabajando para captar a los votantes indecisos necesarios para ganar la elección. Con las últimas encuestas dando una moderada mayoría al “No” por encima del “Sí”, todo parecería indicar que no se llegaría a los votos necesarios para anular los artículos en disputa. Este hecho parece haber resonado en la dirigencia de la campaña por el “Sí”, que ha redoblado sus esfuerzos de militancia para aumentar su porcentaje de voto. Tristemente, esto ha implicado el aumento de las mentiras empleadas en una campaña donde han abundado las medias verdades y las falsedades por parte de los dirigentes que promueven la derogación. Estas han incluido la amenaza de una privatización de las empresas públicas y el sistema de educación, el aumento de la cantidad de muertes a causa de los efectivos policiales (el llamado “gatillo fácil”) o el “desalojo express” en el cual un sinnúmero de personas serían echadas de su hogar por incumplimiento de pagos gracias a la modificación en la normativa que genera la LUC. Esto contrasta directamente con los hechos de la realidad, ya que, posterior a un año y medio de vigencia de la los artículos en disputa, no ha habido un aumento de muertes debido a causas policiales ni la cantidad de desalojos realizados (en la actualidad, de los 1.400 contratos firmados bajo la nueva reglamentación solamente se desalojaron a 30 inquilinos). A su vez, este discurso choca con los hechos ocurridos en el parlamento ya que la ley de fijación de precio del petróleo mediante la paridad de importación (artículo sujeto a derogación) fue aprobada con votos de todos los partidos políticos.
El problema de fondo es que el centro de la discusión nunca fue la LUC como normativa legal, sino que fue la LUC como excusa de generar un hecho política. En este caso, el hecho político sería el de generarle una derrota a un gobierno que, hasta el momento ha consecutivamente tenido números altos de aprobación. Tal es así que los referentes por el “Sí” están llamando a votar anulado para bajar el porcentaje de votos válidos y necesarios para obtener la victoria. A medida que fue pasando el tiempo la campaña fue desviando su foco de los artículos a conceptualizaciones generales que poco tienen que ver con las normativas vigentes, potenciado en una campaña de marketing que únicamente ha aportado mentiras, exageraciones y victimizaciones. A esto se le ha sumado unos expertos que, utilizando su conocimiento profesional, buscaron generar errores conceptuales sobre el significado de los artículos para fomentar el desconocimiento general de las leyes (el ejemplo más claro siendo la supuesta subyugación del derecho a la vida por debajo del de la propiedad). Uno de los últimos episodios fue cuando durante una manifestación convocada por los partidos a favor del “no” una señora se puso en el medio de 18 de Julio para insultar y agredir a los autos pasantes y, al ser retirada por la policía, se buscó aprovechar la situación para martirizar a la señora como forma de comprobar las consecuencias negativas de las acciones del gobierno. La jugada salió mal dado que los hechos fueron filmados y divulgados quedando descubierta la mentira. Esto, más allá de las fallas éticas que implican y la pérdida total de credibilidad que le genera a los autores, tampoco sirven para convencer a los indecisos que ven la mentira por lo que es.
Volviendo al último llamado de anular el voto, queda claro que hay poco argumento real para derogar cada uno de los artículos y que lo que se busca es generar una victoria política. Frente a este escenario yo pregunto, sí para convencer a las masas para derogar una norma se debe mentir y manipular sobre las implicancias sus implicancias, realmente conviene derogar, y peor, premiar las malas prácticas empleadas brindando el voto o conviene dar un mensaje claro de rechazo hacia estas prácticas que dañan a nuestro sistema político?
por Ignacio Núñez | Sep 20, 2021 | Economía
Durante los últimos 10 años hemos sido víctimas de un manejo sumamente perjudicial de las cuentas públicas. Estas políticas de gasto descontrolado y gestiones ineficientes han llevado al aumento de la deuda externa, un crecimiento excesivo de la plantilla estatal y la necesaria financiación millonaria de las empresas públicas como consecuencia de sus malas administraciones. Esto, sumado a la incapacidad de las políticas públicas adoptadas en resolver los problemas estructurales del país, por ejemplo el empeoramiento de la calidad de la educación pública y la incapacidad de revertir el aumento de la fractura social, han generado un hartazgo entendible en varios sectores de la sociedad que ven en el Estado un gasto innecesario e ineficiente. A raíz de esto, se ha acrecentado la cantidad de personas que ven a la política como un antagonismo entre el Estado y el Mercado, y que entienden que, para el desarrollo general del país, el primero debe ser llevado a su mínima expresión mientras que se prioriza las necesidades del segundo. En este apartado, propongo una alternativa a estas cuestiones del Estado y su reforma desde una perspectiva socialdemócrata contemporánea.
El economista Jean Tirole (galardonado con el Premio Nobel en Economía en 2014) postula que “el debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos” (Tirole, 2017, 177). Dicha figura considera que el Estado moderno ha pasado de ser un suministrador de empleo a través de las empresas públicas a ser el que fija las reglas de juego, interviene cuando existen fallas o insuficiencias en el mercado y regula para crear igualdad de oportunidades y una competencia sana entre los actores comerciales. Termina posteriormente su análisis de la relación complementaria entre el Estado y el mercado proclamando que “el Estado define las reglas del juego y responsabiliza a los actores que, desde ese momento, puede (¡y deben!) perseguir su interés propio”(Tirole, 2017, 178).
A su vez, este nuevo Estado mantiene una clara preocupación por la cantidad y calidad del gasto estatal, cambiando la concepción del funcionario público. Utilizando el ejemplo de Suecia, este vivió un proceso de reforma estatal entre 1991 y 1997 que incluyó: la disminución del gasto público en un 10% del PBI, la disminución en el número de funcionarios públicos de 400.000 a 250.000 mediante la contratación del sector privado y la delegación de las funciones relacionadas con el control de las contrataciones y remuneraciones a agencias independientes y especializadas (Tirole, 2017). Estas políticas llevaron a que la creación del cargo público tenga la función única de brindar una prestación de un servicio público de calidad y no la de crear empleo como fin en sí mismo (cosa que en los hechos no ocurre ya que se deben aumentar los impuestos para financiar dicho empleo). Esto asegura que las personas contratadas tengan libertad de gestión y sean sometidos a evaluaciones estrictas de resultados, siendo sustituídos sí no cumplen con sus cometidos, incentivando el mejoramiento del funcionamiento Estatal y las prestaciones de sus servicios. En cuanto a las redes de seguridad social que brinda el Estado, Tirole mantiene que se debe contar con medios financieros necesarios para que se mantengan, aunque “su supervivencia pasaba por una gestión rigurosa de las finanzas públicas” (Tirole, 2017, 187) y que se puede ahorrar sin perder la esencia de la seguridad social, perfeccionando la formación de empresas, que son volcadas hacia los más débiles y las necesidades de las empresas (Tirole, 2017).
En línea con la modernización propuesta, el economista Ricardo Pascale en su obra “Del freno al impulso”, hace un desarrollo por los principales procesos históricos por los que ha pasado la economía uruguaya, llegando a la conclusión de que la economía nacional debe empezar a encaminarse hacia la economía del conocimiento para empezar a acercarse a los niveles de avance de los países del mundo desarrollado. Ésta, definida como la producción de bienes y servicios basados en actividades generadoras de conocimiento que contribuyen al desarrollo tecnológico y científico, tienen cómo componente clave la dependencia de las capacidades intelectuales por encima de las físicas o de los recursos naturales (Powell & Snellman, 2004). Para el economista, el Estado debe ser un emprendedor que fomenta la innovación y aporta a la creación de nuevos mercados. “Cuando se organiza de forma efectiva, la mano del Estado es un socio clave del sector privado. Un Estado innovador no solo disminuye o elimina riesgos del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de forma efectiva en él para conseguir que las cosas ocurran (Pascale, 2021, 174)”.
De esta forma se fomenta el desarrollo del mercado y la creación de los nuevos, poniendo un especial énfasis en el activo principal que tienen las personas, la creatividad. Es mediante este proceso psicológico que las personas utilizan las herramientas que son recibidas mediante la educación formal para producir y crear nuevos emprendimientos y servicios. Claro está que para que esto se genere se debe realizar una reforma educativa en la que no solo se brindan los conocimientos formales sino que también se fomenta el pensamiento crítico y el razonamiento abstracto dentro de un marco de contención y cohesión social. De esta forma se podrán preparar a las nuevas generaciones para enfrentar y adaptarse a las complejidades de este mundo cada vez más dinámico y exigente.
Uruguay ha sido pionero por su constante reforma que ha traído una continua estabilidad social y económica en una región caracterizada por crisis institucionales y financieras. Hemos sufrido un enlentecimiento de nuestro desarrollo durante los últimos años en comparación con los países de primer mundo, pero lo bueno es que tenemos las condiciones para reformar a la sociedad y volver a estar entre los ejemplos mundiales de países desarrollados. Los cimientos están establecidos, depende de nosotros llevarlo a cabo.
Bibliografía:
Pascale, R., (2021). Del Freno al impulso. Montevideo: Planeta.
Powell, W., & Snellman, K., (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology, 30(1), 199-220. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037
Tirole, J., (2017). La economía del bien común. Barcelona: Penguin Random House Group.
