Andrade, un compañero

Andrade, un compañero

Hace poco más de dos semanas, en el programa Santo y Seña de Canal 4, se dieron a conocer algunas deudas e irregularidades que mantenía el senador Óscar Andrade respecto a su casa ubicada en el Balneario San Luis, departamento de Canelones.
De dicha investigación surgió que Andrade compró un terreno baldío en el año 2011, comenzó a construir su casa sin regularizarla ante el Banco de Previsión Social (BPS) y nunca pagó la contribución inmobiliaria correspondiente ante la Intendencia de Canelones.

En los diferentes medios de comunicación en los que se le consultó, en un primer momento afirmó que no había pagado sus deudas por “los temas del divorcio”, que una vez solucionado el mismo, iban a resolver las deudas. Esto último es una desinformación absoluta, nada tiene que ver un proceso de divorcio con estar al día con el pago de la contribución inmobiliaria ni con regularizar las construcciones ante BPS.
Asimismo, través de su cuenta de Twitter expresó “Nadie elige no pagar, mi situación es la de miles”, eligiendo faltar nuevamente a la verdad. Primero que nada, el senador Andrade sí eligió no pagar, pudiendo hacerlo eligió donar su sueldo a la Fundación SUNCA Solidario y a otras instituciones. Acción más que loable, aplaudible e imitable, pero uno puede donar lo que le pertenece, donar lo que no te pertenece lo podría hacer cualquiera. Y un segundo punto, alguien debería haberle avisado —antes de publicar sus descargos— que él no es asimilable a miles; él es uno de los 30 senadores de la República Oriental del Uruguay, él es uno de los que promueve y aprueba proyectos de ley que luego obligan a todos los ciudadanos, él es el que dice defender a los trabajadores pero elige no pagar los impuestos que sirven para costear los salarios de los funcionarios municipales y así podríamos continuar dando ejemplos de que Óscar Andrade no es uno de miles.

Pero, como te digo una cosa, te digo la otra… A partir del estado público que tomó esta situación, pasados diez días del hecho, el senador Andrade terminó asumiendo su error, entendiendo que él no es uno de miles y celebrando un convenio con el Municipio de La Floresta por el pago de lo adeudado por contribución inmobiliaria —convenio también envuelto en polémicas, que culminó con la destitución de un director de la Intendencia de Canelones—.

Pero más allá de todas estas incongruencias, explicaciones sin sentido, lo que realmente indigna es el apoyo prácticamente absoluto del Frente Amplio. Cualquiera diría que es imposible de defender, siendo lo más lógico asumir que el compañero se equivocó y “sanseacabó”. Pero no, de ninguna manera, si es compañero se defiende, haga lo que haga, se crean y creen sus mentiras y se cierran filas; pero sobre todo eligen colocarlo en una posición de víctima, la posición más fácil y cómoda que existe.

Un ejemplo de ello fue la intendente de Montevideo, Carolina Cosse, quien irónicamente expresó en su Twitter “Landran Sancho…” arrobando al senador Andrade. Sabido es como continúa esa frase, ahora bien, yo me pregunto: ¿Podría la intendenta Cosse seguir “avanzando” si todos los obligados a pagar la contribución inmobiliaria de Montevideo dejarán de hacerlo?

Por su parte y a diferencia de Cosse, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi afirmó que “Los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logran de un día para el otro y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para los que quieran ponerse al día”. Sin entrar en el tema de fondo ni haciendo un juicio de valor, diciendo sin decir, dio su opinión y fue claro.

Y eso es lo que exijo y lo que corresponde, del Frente Amplio como de cualquier partido político. Más allá del tema puntual, lo que nos debería indignar, lo que tenemos que criticar y cuestionar es la falta de honestidad intelectual, de objetividad, sea del partido que sea. Si seguimos “tapando” y defendiendo acciones que no están bien, lo único que logramos es perder credibilidad y alimentar las constantes críticas a los políticos y a la política. Entonces si de verdad queremos cambiar las cosas y generar confianza, si queremos que más gente se acerque a la política y contribuya, terminemos de apañar las cosas que están mal y seamos realmente sinceros y justos.  

Justicia que tarda, ¿es justicia?

Justicia que tarda, ¿es justicia?

Entre el Covid, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo

El 13 marzo del 2020 la Suprema Corte de Justicia -órgano máximo del Poder Judicial- decretó la Feria Judicial Extraordinaria por razones sanitarias, es decir que, las oficinas del mencionado órgano, como el resto de las oficinas públicas, cerraban sus puertas.

Al mes siguiente y debido a que la situación permanecía incambiada, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) presentó un proyecto de ley ante la Comisión de “Constitución, códigos, legislación general y administración” de la Cámara de Representantes, relativo al uso de los medios electrónicos y telemáticos en los procesos judiciales y administrativos. En el mismo, sustancialmente, se proponía autorizar “la realización de actos procesales escritos por medios electrónicos o telemáticos”, así como la “Realización de actos orales a través de videoconferencia o medios técnicos similares”.
Ese proyecto inicial constaba de 12 artículos, el último de ellos establecía la vigencia del mismo, la que sería “durante todo el período en que el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mantengan las medidas especiales debidas a la emergencia sanitaria” quedando a consideración de los citados órganos mantener dichas medidas con posterioridad a la emergencia sanitaria o no. Por lo tanto, la intención inicial del CAU respecto del proyecto de ley presentado, era la de paliar de forma rápida y temporal la situación que atravesaba el Poder Judicial, los operadores jurídicos y la población en su conjunto.

Pasó el tiempo y en mayo de 2020, las oficinas del Poder Judicial reabrieron e instauraron un sistema de agenda que, con menos funcionarios judiciales -por razones de edad y/o enfermedades- y con algunas complicaciones, funcionaba.
Mientras tanto, la Comisión encargada de estudiar el proyecto solicitaba -y aún hoy continúa solicitando- informes a diferentes actores como son la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la UDELAR, la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, AGESIC, etc… El Representante Mario Colmán, según surge de la versión taquigráfica de la reunión realizada por la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración del día 02 de junio de 2021, sostuvo: “Incluso -lo digo a modo de reflexión-, recuerdo que esto nos llegó en un momento complicado de la pandemia, quizás demoramos mucho en tratarlo; después se superó, empezaron a funcionar de nuevo los juzgados, y lo dejamos un poco para atrás”. Tal como establece un axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Llegó diciembre y comenzó la Feria Judicial mayor -la que se adelantó unos días por el aumento de casos de Covid-, retomándose las actividades en febrero de 2021. Poco más de un mes duró la ilusión, cuando el 25 de marzo del corriente y por causa de la ola de contagios, nuevamente se decreta Feria Judicial Extraordinaria, la que inicialmente sería por unos días pero sabido era que se extendería. Y así fue; la Feria continuó hasta mediados de mayo y recién, muy paulatinamente para la presentación de determinados actos procesales y la celebración de audiencias, se está volviendo a la “nueva normalidad”, y se están comenzando a implementar algunas de las propuestas presentadas por el CAU.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia remitió su informe sobre el proyecto de ley a la Comisión y surgieron algunas desavenencias entre los Ministros de la Corte, y entre el Presidente de dicho órgano y el Presidente del CAU.

Ahora bien, luego de estas idas y venidas durante todos estos meses, me pregunto: ¿Quién se acordó de los derechos que hay en cada uno de los expedientes de las oficinas Poder Judicial?; ¿de las pensiones alimenticias, de las visitas, de los juicios laborales y civiles?; ¿y de los olvidados abogados, escribanos, procuradores? Trabajadores, la mayoría independientes, que estuvieron meses sin ingresos, como muchos otros trabajadores, claro está, pero a veces pareciera que existe una falsa creencia de que quien tiene un título universitario, tiene todo resuelto o le es todo más sencillo y lejos está eso de la realidad.
Y todo esto sin mencionar la saturación del sistema, el agotamiento de los funcionarios judiciales, a quienes los expedientes y papeles los pasaron por encima, la falta de horas para reservar agenda, y, lamentablemente, podría seguir…

En lugar de haber aprovechado lo sucedido el año pasado, así como el proyecto de ley presentado por el CAU que proponía modernizar y “aggiornar” al Poder Judicial, pareciera que seguimos casi en el mismo punto de partida. Con esto no estoy diciendo que se deben aprobar Proyectos de Ley “al grito”, de mala calidad y sin el estudio que requieren, sino que mientras el Poder Legislativo se toma su tiempo, la Suprema Corte de Justicia cierra las puertas del Poder Judicial por Covid sin brindar soluciones y discute con el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, hay miles de personas que esperan para poder ejercer sus derechos.

Luego de todo ese racconto y para finalizar, pareciera inevitable no pensar en la frase que reza: “justicia que tarda, no es justicia”, pero en contra de todos los pronósticos y con la misma convicción que hace unos años elegí esta profesión, yo elijo seguir creyendo en que si existe la justicia.

Este año, yo elijo no marchar

Este año, yo elijo no marchar

“Prorrógase desde el 19 de febrero de 2021 y por el plazo de treinta días la limitación legal, por razones de salud pública, del derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución de la República y la suspensión de las aglomeraciones a los efectos de tutelar la salud colectiva, establecida por el artículo 1º de la Ley N° 19.932, de 21 de diciembre de 2020.”, dispone el primer artículo del Decreto Nº 61/2021, de fecha 18 de febrero, aprobado por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros.

El mencionado Decreto extiende la limitación de aglomeraciones por 30 días contados desde el 19 de febrero lo que implica que, en principio, la prohibición continúa vigente hasta el 20 de marzo.

En ese período iba a tener lugar, como todos los años, la multitudinaria Marcha por el Día Internacional de la Mujer pero, como consecuencia del mencionado decreto, la misma no podrá realizarse y aquí está la cuestión…

¿Vamos a la Marcha y hacemos caso omiso al Decreto?

Acaso lo que sufrimos todos los días las mujeres, que nos golpean, nos violan y nos matan, no es también una pandemia y aún no tenemos solución?

¿No marchar este año, es sinónimo de callarnos, perder derechos y ceder terrenos?

Adelantando mi opinión, considero que, como excepción, no marchar este año no implica un retroceso en los derechos de las mujeres, en todo lo que hemos conquistado -y aún nos queda por conquistar-, no lo concibo como un avance o victoria del machismo ni que implique “perder una pulseada”.
La lucha que tenemos que dar, tanto hombres y mujeres, en contra del machismo (muchas veces mal interpretada -por ignorancia o con intención- como lucha en contra de los hombres) no debe ceñirse únicamente a las marchas que hacemos todos los 8M. Con esto no estoy desconociendo el valor que ellas tienen. Las manifestaciones colectivas nos empoderan, dan visibilidad a un problema que muchas veces se quiere ocultar o queda “de la puerta para adentro”, cada año somos más, más marchando, más comprometidos y más conscientes de que este es un problema de TODOS; pero este año yo elijo no marchar, y no marchar no es sinónimo de ser vencidas o doblegadas; es sinónimo de sentido común, de humanidad y solidaridad.

Como todos los años y tal como quedó demostrado este año de pandemia y encierro, uno de nuestros mayores desafíos radica en eliminar los micromachismos cotidianos (uno de los orígenes del resto de los problemas), en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en el trabajo, donde aún queda mucho por hacer. Porque, siendo completamente sinceros, cuántas de esas más de 300.000 personas que asistieron a la marcha del 8M el año pasado conviven y reproducen esos micromachismos? Si al llegar a nuestras casas seguimos siendo las mismas que hacen todas las tareas, se ocupan solas de sus hijos, trabajan fuera del hogar, dejamos pasar los chistes machistas y reproducimos ese patrón que nos vino impuesto –y así podría continuar con una infinidad de ejemplos diarios-, nada cambió. Sin embargo, si trabajáramos para revertirlo sería mucho más productivo que los efectos que generaríamos marchando este 08 de marzo de 2021, en medio de la pandemia.

Con esto no estoy diciendo que dejemos de preocuparnos y ocuparnos por la lucha contra la violencia de género, por lograr una paridad real, por tener el mismo sueldo que los hombres, por estar “en la mesa chica” de las decisiones; no estoy desconociendo la influencia que tiene el contexto en el que nacimos y nos criamos, las herramientas con las que cuenta cada una, nuestra educación y la posible dependencia económica que podemos tener de un hombre. Estoy diciendo que si ponemos en la balanza ir o no a la marcha este año, al final del día, cuando pasemos raya, seguramente el resultado no sea positivo.

En esta línea, por esa razón y a modo de ejemplo, la Marcha del Silencio en el mes de mayo, por primera vez en 25 años se realizó de forma virtual y no por ello su reivindicación perdió fuerza o vigencia; en Madrid  el próximo 8 M no se autorizarán movilizaciones de más de 500 personas (recordemos que tiene alrededor de 6,6 millones de habitantes y sólo el movimiento feminista de Madrid está integrado por 350 organizaciones, las que comunicaron que a la marcha asistirán, como máximo, 250 mujeres), o la propia Intersocial Feminista de Uruguay que, con la consigna “todas las mujeres en todas las calles”, de cierto modo se está afiliando a lo dispuesto en el Decreto Nº 61/2021.

Por todo esto y más, este año elijo no marchar, pero diariamente elijo luchar contra esos micromachismos y volver, más pronto que tarde, a marchar todos los 8M que sean necesarios, hasta que logremos esa igualdad real que hoy, vemos lejana y por momentos creemos utópica.