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Las Áreas Protegidas y la LUC

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El 22 de febrero de 2000 se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a través de la ley 17234. La ley no fue reglamentada hasta el 16 de febrero de 2005. 

Se trata de un instrumento de aplicación de políticas y planes nacionales de protección ambiental de Uruguay. Permite conciliar la protección del ambiente con el desarrollo económico y social, para lo cual, además del cuidado y valorización del patrimonio natural del país, se promueve su disfrute y aprovechamiento a través de la generación de actividades productivas y servicios compatibles con la conservación.

Es un tema que despertó muchas controversias el año pasado durante la discusión de la LUC. La discusión se dio cuando el Poder Ejecutivo agregó los famosos artículos 501 y 502, los cuales no estaban incluidos en el borrador presentado en enero a los partidos políticos que integran la coalición.

Esas modificaciones felizmente no fueron aprobadas, pues plantean cierta regresión en derechos ambientales, y en todo caso, ameritaban un debate mucho más amplio que el dispuesto por los plazos de discusión de una ley de urgente consideración.  

Nuestra situación.

El total de territorio de áreas protegidas en Uruguay representa apenas el 1% de su superficie total. Nuestro país se encuentra actualmente en el último lugar en el ranking Sudaméricano, y es de los últimos en todo el continente. Según lo establecido por el Convenio sobre Biodiversidad del Protocolo de Nagoya, deberíamos tener aproximadamente un 17% de áreas protegidas en nuestro territorio.    

A pesar de contar con hermosos rincones naturales por todo el país, el Estado Uruguayo solo ha protegido una ínfima parte de los mismos, incurriendo en un gran debe con los uruguayos y la comunidad internacional. 

Con la creación del nuevo Ministerio de Ambiente puede notarse cierto avance del sistema político en la preocupación por la naturaleza. Sin embargo, y con mucho pesar, pueden notarse algunas señales del gobierno que son al menos preocupantes.

La LUC y el SNAP.

El año pasado, en plena discusión de la LUC se agregaron los que en su momento eran los artículos 501 y 502. Una peculiaridad es que inicialmente no estaban incluidos en el borrador presentado en enero del 2020 a los partidos políticos que integran la coalición.

Estos artículos dieron lugar a fuertes cruces con el Frente Amplio, académicos, organizaciones ambientales e incluso con algunos socios de la coalición. Estas disposiciones procuraban modificar la forma en que se crean nuevas áreas protegidas, estableciendo como condición que los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las áreas de interés debían brindar su consentimiento expreso.

La propuesta es fácilmente criticable desde una perspectiva ambiental, pues de aprobarse algo así, la inclusión de nuevas áreas pasaría a depender de la voluntad de particulares, primando el interés individual sobre el general. 

Si tuviéramos un sistema donde los propietarios deben dar su consentimiento expreso, podemos llegar a tener grandes dificultades para agregar nuevas áreas protegidas. Si un propietario se opone a ello, el Estado tiene dos opciones: expropiar el predio e incurrir en gastos altísimos, o directamente no sumar nuevas áreas.

Vale aclarar que al ingresar como área protegida, el dueño no pierde su derecho real de propiedad sobre su predio ni la capacidad de hacer una explotación agropecuaria. Simplemente debe ajustarla a actividades congruentes con los objetivos del área. 

Un cambio fallido.

Tras una fuerte discusión interna que tuvo la coalición, decidieron sustituir estos artículos con una nueva redacción, la cual tampoco estuvo exenta de críticas. 

El nuevo articulado, disponía que el Poder Ejecutivo sólo podría incorporar territorios al SNAP “a propuesta del Ministerio de Ambiente” y “en consulta con los gobiernos departamentales competentes”. Este cambio hizo prosperar la disposición en la cámara de senadores.

Sin embargo, cuando la discusión pasó a la comisión especial de la Cámara de Diputados, los artículos fueron modificados nuevamente. A la coordinación con los gobiernos departamentales competentes se le agregó el “cumplimiento de las directrices, programas nacionales e instrumentos departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes, de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 18.308 (ley de Ordenamiento Territorial)”.

Si bien los artículos fueron votados en la comisión, en el Plenario no obtuvo los votos necesarios para hacerlo prosperar, por lo que se decidió quitar los artículos de la LUC.

Una humilde reflexión.

El hecho de que se decidiera quitar estos artículos fue algo sumamente positivo. En cualquiera de las dos versiones se proponían cambios regresivos que afectarían el fortalecimiento del SNAP.

Si bien en la segunda versión se sustituyó el consentimiento del propietario de las tierras, se agregó que para  ampliar o incluir una nueva área protegida se debía contar con la voluntad de las autoridades departamentales en las que se encuentre ese territorio. Esto quiere decir que se pretendía supeditar una política nacional al consentimiento de los gobiernos departamentales.

Por supuesto que se debe trabajar de forma conjunta en materia ambiental con los gobiernos departamentales, en especial escuchando a las comunidades que allí residen pero no parece lógico que las propuestas de áreas protegidas que realice el Ministerio de Ambiente queden subordinadas a un ordenamiento territorial departamental. Estas cuestiones deben atenderse desde un enfoque nacional.

Los cambios que pretendía hacer la LUC no iban a mejorar la articulación de la conservación, sino que la limitaría a diestra y siniestra. Era algo así como un gol en contra en la hora, que nos llevaba directo al descenso.

La ley 17.283 sobre Protección del Medio Ambiente,  en su artículo 6 consagra los principios de la política ambiental del país, entre los que se encuentra el principio de gradualidad progresiva. Dicho principio significa en verdad, un beneficio para quienes realizan actividades contaminantes, pues no se les impone que se adopten mejoras ambientales de forma súbita, sino que les permite que sean paulatinas, dando la posibilidad de realizar una adaptación sostenida, constante y duradera. El hecho de que sea progresiva significa que no se puede retroceder en derechos y avances consagrados, a esto se le llama principio de no regresión. 

El otro anclaje que tiene la ley es el desarrollo sostenible, una vez que se avanza en el sentido de proteger el interés general tampoco se puede retroceder, se intenta de formar un equilibrio entre los intereses particulares y generales.

Algo que me preocupa pensando en el futuro son los dichos del presidente Luis Lacalle Pou el año pasado cuando expresó: “si vamos a áreas protegidas muy extensas, no las vamos a poder hacer cumplir” haciendo referencia a una pequeña extensión que se le hizo a la Quebrada de los Cuervos.

En cuanto a la afirmación per se, debo asistirle la razón al presidente. Sin embargo, me parece una locura comenzar a hablar de “áreas protegidas muy extensas”, cuando hoy en día representan apenas el 1% de nuestro territorio. ¿Acaso cree Lacalle que sumando un par de áreas más ya estamos en un porcentaje adecuado?

Estamos casi en la tabla del descanso en esta materia, para asegurar la preservación de nuestro Uruguay Natural solo podemos pensar en sumar victorias. Basta de regular limitación y regulemos el fomento de las áreas protegidas y de todas aquellas actividades que nos acerquen a ser de los mejores del mundo en materia ambiental.  


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