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Avance en derechos medioambientales: el Acuerdo de Escazú

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América Latina y el Caribe entran en una nueva etapa de defensa del medio ambiente y de los habitantes de la región. El Acuerdo de Escazú representa unidad latinoamericana y cambios significativos que tendrán un impacto en el ambiente, la información y las futuras generaciones.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible“.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Dicho principio establece la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a la información, participación y a la justicia en cuestiones ambientales.

Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, y tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021.

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2018 se abrió a la firma el Acuerdo de Escazú

El acuerdo fue firmado por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. 24 firmas y 12 ratificaciones a la fecha, dentro de las cuales encontramos a Uruguay que, en el marco de la 74.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó el Acuerdo de Escazú el 26 de Septiembre de 2019.

¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?:

Tomando como antecedente y presente que América Latina y el Caribe es una de las regiones a nivel mundial que cuenta con menor cantidad de mecanismos de transparencia y acceso a la información ambiental, y donde se cometen más delitos contra las personas defensoras del medio ambiente, si vamos a los números, en el 2019, se cometieron 202 delitos contra los defensores del medio ambiente y 148 ocurrieron en la región. Este Acuerdo vincula y compromete a aquellos que han sido excluidos en los espacios de toma de decisiones y protege los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente.

Los objetivos:

Se promueve que todas las personas podamos:

  1. Tener acceso a la información sobre el estado del medio ambiente, sobre los proyectos que puedan afectarlo, así como sobre las decisiones y votaciones que realicen los responsables de la toma de decisiones.
  2. Gozar del derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con un enfoque intergeneracional.
  3. Ser consultadas y participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.
  4. Acudir a la justicia para pedir reparaciones si se daña el medio ambiente o si se excluye a las personas de los procesos de toma decisiones ambientales.
  5. Crear y fortalecer el desarrollo de las capacidades y la cooperación.

Este acuerdo hace una fuerte apuesta a las personas, fueron los actores sociales en distintos países los encargados de promover la creación del Acuerdo, incluso son los responsables de que se logre ratificar por la totalidad de países formantes, un proceso que lleva tiempo pero que se está logrando. Se creó el Mecanismo Público Regional, que permite legalmente la vinculación entre las autoridades y las organizaciones sociales, dándoles participación en las reuniones internacionales. El mecanismo en sí contribuye a la transparencia y actúa como complemento  para las acciones de participación a nivel nacional, logrando marcar la historia, porque anteriormente no existía un mecanismo que permita una representación como la que existe ahora.

Protesta en Brasil. 2019

Los Principios:

El Acuerdo va a guiarse por los principios de: a) igualdad y de no discriminación; b) de transparencia y rendición de cuentas; c) de no regresión y progresividad; d) de buena fe; e) preventivo; f) precautorio; g) de equidad intergeneracional; h) de máxima publicidad; i) de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; j) de igualdad soberana de los Estados y pro persona.

El contenido:

Dentro de las disposiciones generales, nos encontramos con que cada parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, se velará por que los derechos reconocidos en el Acuerdo sean libremente ejercidos; y que se adoptará todas las medidas necesarias, “de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra”, en el marco de las disposiciones internas de cada país, para garantizar la implementación del Acuerdo.

Se logra algo fundamental y necesario, se establece una relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente; promoviendo la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Acceso a la Justicia:

El Acuerdo ordena que cada país debe garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales y asegurar los procedimientos legales para que las personas puedan manifestar su disconformidad ante cualquier decisión relacionada con el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, o cualquier otra determinación que pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas relacionadas con el medio ambiente. También se encuentran los países en la obligación de crear mecanismos de apoyo y asistencia para atender las necesidades de las personas o grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La entrada en vigor:

El 22 de Abril, Día Internacional de la Madre Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Fue celebrado por la comunidad internacional, especialmente la Alta Comisionada de la ONU. Michelle Bachelet expresó que “Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de
las personas y del planeta”
. También remarcó que “Esto es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendiente”.

Quedan países por ratificar el Acuerdo y países por firmar, pero se dio un gran paso en materia de derechos relacionados al ambiente. La crisis climática, la depredación de nuestras tierras y el colapso de la biodiversidad nos interpela, invita y convoca a tomar decisiones, cambiar de actitud, y ponernos a trabajar por un planeta más sano para las futuras generaciones de seres humanos y animales.

Fuentes consultadas:
-https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacionla-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
-http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
-https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
-https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional


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