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Sistema penitenciario Uruguayo

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El sistema penitenciario uruguayo sufrió un cambio en el año 2010 cuando se declaró dentro de las cárceles la “emergencia sanitaria”, lo que motivó  a que se incluyeran funcionarios civiles, conocidos como operadores penitenciarios. La inclusión de esta nueva figura traía consigo una mirada desde los Derechos Humanos, tratar al recluso como un sujeto de derecho, trabajar en su vida cotidiana, en su hábitos de higiene, de trabajo, incluirlo en el sistema educativo, etc. Hasta ese momento en las cárceles solo trabajaban funcionarios policiales, lo que hacía imposible esta mirada de derechos: no sólo a causa de que la policía es quien “atrapa al delincuente” y luego debe “cuidarlo” dentro de la cárcel; sino también por la naturaleza y perfil propio de dicho funcionariado (enfocado a una tarea fuertemente ejecutiva, de enfrentamiento y represión al delito: “seguridad”).

La formación solicitada para trabajar en un empleo público como operador penitenciario es la de ciclo básico completo, esto hace que el personal penitenciario que se obtiene -debido también al estigma que posee el ámbito penitenciario en sí- es de poca formación educativa. Por más que sepa o se le enseñe la normativa penitenciaria no basta, ya que luego la dinámica propia del sistema y las características de una institución total como lo es la cárcel terminan provocando que se reproduzcan esquemas, formas y modos de actuación que han demostrado ser poco eficaces.

Muchos de los centros de privación de libertad se encuentran superpoblados, la enorme mayoría de las personas allí recluidas son hombres; con esta perspectiva (una cárcel que se encuentra hacinada) creo que es muy difícil pensar en intervenciones socioeducativas eficaces, por ejemplo: hay habitaciones donde conviven 5, 6 o incluso más personas (celdas que fueron construidas para alojar un máximo de 3), esto trae como consecuencia poca higiene, mayor facilidad para el contagio de enfermedades, poca intimidad, incremento de situaciones de violencia, etc). A su vez se generan en los propios reclusos conductas que se rigen por ciertos “códigos”: normas y  jerarquías propias de una “sub-cultura” paralela establecida y consolidada en todo el sistema penitenciario, que generan climas de violencia que hacen muy difícil la convivencia y el trabajo.

Todos estos inconvenientes podrían mejorarse con una administración menos pasiva de los problemas penitenciarios y que impulse programas de intervención adecuados.

En cuanto a las mujeres recluidas, al ser minoría no se las tiene en cuenta; el espacio en el cual se encuentran alojadas en muchos de los casos es parte de la infraestructura vieja. Cuando se creó una nueva cárcel para alojar más personas, se pensó solo en la población masculina y no en la población femenina. No solo viven en un espacio que debe ser constantemente reparado, sino que también conviven de a 7, 10 o incluso más, pero a diferencia del alojamiento masculino -en el cual la celda está creada para 3 personas y conviven más por la superpoblación- el de las mujeres ya fue creado así, lo que trae mayores problemas de convivencia, entre otras cosas porque no cuentan con intimidad; comparten muchas personas el mismo baño; comen en el mismo espacio donde duermen, etc.

Las mujeres sufren mucho más el proceso de pérdida de la libertad y posterior reclusión: son las que menos visitas tienen; generalmente son separadas bruscamente de sus hijos (que quedan en manos de una Institución estatal o de algún familiar); pierden contacto con sus afectos y por sus características propias (tanto físicas como emocionales) atraviesan un proceso de cambios fuertes al llegar a un sistema que no está diseñado para atenderlas de forma adecuada.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, resulta necesario pensar otra forma de entender y encarar la problemática de la privación de libertad para así reducir las consecuencias nocivas que afectan a las personas en prisión; y que lo harán cuando el sujeto deba enfrentarse a una sociedad en constante cambio a su egreso. Una mirada que permita a la persona ser un partícipe activo de su proceso y así lograr que su paso por la cárcel no lo incapacite a poder rehacer su vida -o peor aún- termine reforzando sus conductas delictivas.

En ese sentido considero fundamental implementar y desarrollar la educación emocional como una política que puede resolver situaciones personales y sociales; forjando actitudes de convivencia pacífica y resolución de conflictos.

Debemos personalizar el proceso de privación de libertad, dejando de tratar a la persona como un número, como un sujeto pasivo de aquello que sobre él se disponga: despojándolo así de su importancia, de su capacidad de decidir, su historia personal y lo más importante de su potencial de superación.

La actividad dentro de los establecimientos penitenciarios (educación, deporte, recreación, culto a la fe, etc) ha demostrado ser un agente muy fuerte para reducir los niveles de conflictividad, bajando notoriamente la violencia y produciendo una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Creo que es coherente e inteligente apostar por dichas actividades, sumándolas a un trabajo que enlace el “adentro” con el “afuera” (fortaleciendo lazos entre la ppl y su familia por ejemplo) para comenzar a revertir el espiral de violencia y marginalidad que se ha generado -cada vez más pronunciado- y que se observa más fácil en el ámbito penitenciario.

Cabe destacar que según he investigado, existen varios proyectos (sobre todo en el interior del país) con cárceles pequeñas donde se trabaja de buena forma y en el sentido que exponía antes, logrando buenos resultados.

Para llevar adelante una reforma sustancial de esta realidad, la política penitenciaria debe empezar a ser una política de Estado (es decir que involucre a todos los actores políticos, la sociedad civil y todos los que de una u otra forma intervienen o interactúan con ella) abriendo las cárceles y generando sinergias. De esta forma se solucionarían varios problemas, entre ellos: la imagen negativa que existe en una parte de la sociedad acerca de la cárcel; la escasez de recursos; el cambio constante – y muchas veces errático – de rumbo producto de la impronta personal y/o política de quien esté a cargo; el quiebre y la grieta existente entre la realidad “interior” y “exterior”..

No es tarea sencilla, pero sí considero que es fundamental para avanzar como sociedad llevarla adelante de la mejor manera posible. Como decía Fiódor Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. Utilizando esa métrica, estamos lejos de lo que -creo yo- el pueblo uruguayo aspira a ser.


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