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La reforma del sector combustibles: impuestos verdes, reducción del Fideicomiso del Boleto y más

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“Nuestra empatía se dirige naturalmente hacia los que nos son cercanos geográfica, étnica, culturalmente. […] El sesgo de la víctima identificable, por humano que sea, afecta a las políticas públicas […]. Una única víctima identificable impacta mucho más en las conciencias que miles de víctimas anónimas”

La economía del bien común, Jean Tirole. 2017

El Poder Ejecutivo envío su propuesta de revisión del sector combustibles al Parlamento el pasado 27 de enero, en base a varios informes elaborados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ANCAP y por un Comité de Expertos[1].

Como pilar de la reforma del sector se encuentra el mecanismo que ata los precios de los productos de ANCAP a los Precios de Paridad de Importación (PPI) calculados por la Ursea que establecieron los artículos 235 y 236[2] de la LUC (Ley de Urgente Consideración).

El plan del Poder Ejecutivo también establece distintos cambios a nivel de la distribución secundaria y de comercialización final de los combustibles. Hoy ese mercado tiene establecido los márgenes de los distribuidores, las bonificaciones de las estaciones de servicio y el precio de transporte en los contratos que celebra ANCAP con los distribuidores. Con la reforma y de forma gradual, la Ursea será la que pasará a establecer requisitos mínimos y pautas para los actores del mercado.

En cuanto a los biocombustibles, se planea eliminar la mezcla de biodiesel mientras se mantiene la mezcla de etanol en la nafta. Así, la propuesta del Ejecutivo determina el cierre de una planta instalada en Montevideo dónde se produce la mezcla de biodiesel y que emplea a 40 personas. Mientras tanto, la producción de etanol en Paysandú (200 personas empleadas) y Bella Unión (más de 2000 personas empleadas) se mantiene. Sobre estos últimos, un estudio contratado a la consultora Exante encontró que el costo de producir en Bella Unión es más del triple que el precio de importar el producto, mientras que la producción de Paysandú, más eficiente, tiene un sobrecosto del 51% frente al producto importado.

Algunos de los cambios proyectados han comenzado a levantar críticas de ciertos grupos involucrados en el tema[3]

Fortalecimiento de la Ursea y traspaso de competencias a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia

De acuerdo al plan, la Ursea asumirá nuevas competencias en materia de regulación en varios eslabones de la cadena. En ese sentido, el Comité de Expertos enfatiza varias veces en su informe la necesidad de otorgarle mayores recursos financieros. La propuesta del Poder Ejecutivo, en cambio, solo establece que la Ursea tenga la opción de solicitar en pase a comisión a funcionarios de ANCAP y UTE.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo prevé la eliminación de sus competencias en materia de defensa de la competencia de la Ursea (y de otros reguladores sectoriales) para concentrar la misma en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta propuesta no aparece como recomendación en el informe del Comité de Expertos pero si está a tono con la visión de algunos analistas que ven necesario la concentración de competencias sobre esta materia en un único organismo[4] .

A su vez, los Doctores en Economía Nestor Gandelman y Sebastian Fleitas han argumentado sobre la necesidad de darle mayor autonomía e independencia a la Comisión, separándola del Ministerio de Economía y Finanzas. Fleitas, lo ha hecho recientemente en un artículo[5] en el que la incluye en una agenda de reformas estructurales a impulsar para aumentar la productividad del país.

Gas licuado de petróleo (“Supergás)

El supergás es el único combustible líquido que se vende por debajo del precio de paridad de importación. De esta forma, el supergás está siendo subsidiado de forma indiscriminada, lo que trae varias consecuencias negativas, entre ellas, el destinar recursos en subvencionar el consumo de supergás a grupos que no tienen tal necesidad.

Fuente: Elaboración del Comité de Expertos en base a datos de la Ursea

El Poder Ejecutivo ha creado un equipo interministerial que determinará cómo se modifica el subsidio del producto, buscando focalizarlo en los hogares más vulnerables.

Fideicomiso del Boleto

El Fideicomiso del Boleto tiene como principal objetivo subsidiar el transporte público en todo el país para incentivar su uso y disminuir el de vehículos personales. El incentivar el transporte público favorece la eficiencia, la descongestión y la sustentabilidad de las zonas urbanas.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea reducir lo que se destina al Fideicomiso del Boleto, reduciendo así la subvención que recibe el transporte público en todo el país. También plantea un cambio de lógica en como se fondea el Fideicomiso, sustituyendo el cargo directo en el consumo de gasoil actual por otro que determinaría el Ministerio de Economía y Finanzas al modificar los impuestos que se aplican a los combustibles (IVA e IMESI) por impuestos variables relacionados a la emisión de dióxido de carbono de cada combustible. 

Esta medida, junto a la eliminación de la obligación de mezclar el gasoil con biodiesel, podrían hacer que el precio del gasoil, utilizado principalmente por los productores agrícolas y el transporte, baje en el corto plazo.

A su vez, el plan apuesta a que las ganancias de eficiencia tanto de ANCAP como de lo que sucede aguas debajo de la distribución primaria reduzca, a mediano plazo, el precio de la nafta y el gasoil.


[1] El comité estuvo integrado por Horacio Bafico (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Pablo Mautone (Ministerio de Economía y Finanzas), Andrés Hermida (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), Ricardo Gorosito (Congreso de Intendentes), Noelia Medina y Gonzalo Irrazabal (Ministerio de Industria, Energía y Minería)

[2] Estos artículos tienen la particular condición de haber sido votados por el Frente Amplio en el Parlamento y al mismo tiempo ser parte de aquellos artículos que ese partido buscar derogar a través del plebiscito contra la LUC

[3] La Diaria, “Reforma en el mercado de combustibles: críticas de estacioneros, gremial del agro y el Frente Amplio a las ideas que analiza el gobierno

[4]  Nestor Gandelman en El País, “Cambios en Defensa de la Competencia

[5] Sebastian Fleitas en Razones y Personas, “¿Cómo aumentar la productividad de Uruguay post-COVID?”


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