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Empresas portuarias acusan al Gobierno de infringir la legislación vigente

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Mientras los gobiernos de Uruguay y Argentina mantienen una puja por la profundidad proyectada para el canal de acceso portuario, un nuevo conflicto en el Puerto de Montevideo, vuelve a poner al Gobierno entre la espada y la pared. Esta vez, por el choque de intereses entre dos de sus operadores.

El Gobierno Uruguayo y la empresa belga, Katoen Natie, alcanzaron en las pasadas jornadas un acuerdo por el cual, esta última, dejaría de lado su demanda por USD 1.500 millones contra el Estado uruguayo, y en cambio se dispone a desarrollar inversiones por USD 455 millones. El Estado uruguayo se compromete, a su vez, a respetar la legalidad vigente en materia portuaria y prolongar la concesión por 50 años.

Katoen Natie es propietaria del 80% de la TCP (Terminal Cuenca del Plata), y pretendía avanzar en un litigio con el Estado uruguayo por violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay.

Fue durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en octubre de 2019, cuando la empresa comunicó su decisión de demandar al Estado, asegurando que nuestro país, mediante acciones y omisiones, le ha “causado un daño a TCP” y sus inversores, fomentando la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por un operador en los muelles públicos, haciendo directa referencia a la empresa Montecon S.A.

Los detalles del acuerdo por el cual Katoen Natie anunció su decisión de no iniciar las acciones legales antes mencionadas, y en cambio se compromete a un incremento en las inversiones, son desconocidos hasta el momento.

Según la empresa chilena-canadiense Montecon, que opera en los muelles públicos del Puerto de Montevideo, este nuevo acuerdo representaría un privilegio ilegítimo para la empresa belga sobre la Terminal Cuenca del Plata, anunciando que procederían, dentro del marco normativo, con todas las acciones legales correspondientes para defender su posición en cuanto al derecho al trabajo y las inversiones de accionistas, relativas al tratado de protección de inversiones que el Estado uruguayo mantiene vigente tanto con Chile como con Canadá.

Mediante una comunicación interna de la empresa enviada al personal, a la cual accedió el diario El País, Montecon explica que, a su entender, «lo grave del acuerdo es que este se basa en otorgarle por decreto la prioridad de atraque de los buques porta contenedores a la terminal especializada», algo que, en caso de concretarse, «constituiría una grave e ilegítima intervención del Gobierno en el mercado, priorizando a un privado y perjudicando a otros».

Montecon asegura que la concesión otorgada a Katoen Natie no respeta la libre competencia consagrada en la Ley de Puertos, ni la ley 17.243 del año 2000 que rigió la base de la subasta por la terminal especializada.

«Nuestro competidor siempre ha querido quedarse con el monopolio del Puerto de Montevideo y desde hace años ha presionado a sucesivos gobiernos para nuestra desaparición. Hasta el momento ninguno ha cedido a tal propósito», agrega el comunicado.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, ha defendido la negociación y el marco de reserva con que se manejó la misma, ante los pedidos de informes surgidos desde la oposición y las críticas al mismo desde el Sindicato Portuario.

¿Qué opinan los demás actores sobre este acuerdo?

Existe preocupación entre los demás operarios de muelles públicos. Algunas voces vinculadas a estas empresas explicaron a El Día que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Katoen Natie es visto como el establecimiento de un monopolio ilegal, por ser violatorio del Artículo 85 de la Constitución de la República. Muchos operadores concuerdan con el reclamo de Montecon, y afirman que la medida viola los Artículos 1°, 7° y 13° de la Ley de Puertos 16.246.

Las empresas afectadas señalan con preocupación, que acuerdos de este tipo puedan hacerse extensivos a otras actividades portuarias, como la celulosa y granos, agravando el desequilibrio que quedaría en el mercado de los contenedores. 

Si los detalles del acuerdo que trascendieron se confirman, la prioridad que se brindaría a TCP dejaría a los operadores de muelles públicos, como Montecon, un margen de negocio muy reducido en el que se pasaría a brindar servicio solamente a aquellos clientes que TCP no pueda absorber. Una lógica de este tipo, señalan, enviaría a la ruina a varias empresas y pondría en jaque el servicio que hoy brinda el Puerto de Montevideo, ya que nada garantiza que subsistan empresas que puedan dar el servicio en los muelles públicos, si se aplica la lógica de prioridad de atraque en la terminal de TCP.

Un punto en el que todos los operadores potencialmente afectados concuerdan, es que el acuerdo atenta contra la libre competencia, yendo en contra del espíritu de la Ley de Puertos. Tanto la ley como el decreto reglamentario que crean la terminal especializada, indican que debe realizar su actividad en competencia con otros operadores. Dar una prioridad de atraque de este tipo, iría en contra de la libertad de los Armadores para elegir libremente su proveedor. 

En entrevista con Radio Carve, el Ministro de Transporte Luis Alberto Heber defendió la negociación, indicando que la Ley de Puertos estipula que el Puerto de Montevideo debe pasar a operar en formato de “terminales especializadas”, y que el hecho de no haber progresado en ese sentido disparó el conflicto y la potencial demanda de TCP al Estado uruguayo. Los operadores consultados señalan que el Ministro confunde los términos “terminales especializadas” con “instalaciones especializadas”, referidas en el Artículo 72 del Decreto 183/994. En realidad son las “instalaciones especializadas” las mencionadas en el Decreto, y estas existen hoy día tanto en muelles privados como públicos. De acuerdo a los operadores, TCP pretendería que se asimilen ambos conceptos, instalación con terminal, pero ello iría en contra de la Ley 17243, y la ley prevalece contra el decreto, afirman los operadores.

Ya existe una ronda de reuniones con legisladores de varios partidos y representantes de las empresas portuarias potencialmente afectadas. Además de los argumentos ya esgrimidos, se agrega que si este acuerdo se concreta como está planteado, la ANP pasaría a perder millones de dólares en concepto de alquiler de espacios en muelles públicos, producto de la baja o nula operativa de los operadores en desventaja.

En las próximas jornadas, el Ministro Heber comparecerá ante el Parlamento con los detalles de la negociación. 


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3 comentarios

  • Héctor Nuñez
    Héctor Nuñez

    Lo qué quiten es que a los muelles públicos se les dé prioridad a los buque contenedores sobre otros buques
    Es decir primero el contenedor después el arrocero después el de madera después el gránele ro después el pesquero eso es un monopolio de los muelles públicos de una empresa que no construyó ningún mueble y compite deslealmente pues utiliza sobre todos los otros los muelles públicos
    Además no deja a TCP usar los muelles públicos

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  • Lola
    Lola

    No tienen vergüenza

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  • Marcos Lopez
    Marcos Lopez

    O lo del juicio con Katoen era jodido de verdad y se venía la mano muy negra, o hubo maletín negociador de por medio

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